1. De la mascotización a la moral de cuidado y protección de los animales domésticos
Las relaciones humanas con los animales no humanos, se alimentan obsesivamente de una razón instrumental que elimina todo valor del animal por sí mismo convirtiéndolo en un mero medio o recurso al servicio de fines exclusivamente humanos. En la actual sociedad de consumo los animales domésticos pasan de ser objetos productivos a objetos mercantiles de disfrute y valorados por su utilidad hedonista. Es lo que llamamos mascotización, que en realidad es una forma de antropocentrismo que anula la consideración del animal doméstico como sujeto en sí mismo y como ser moralmente significativo y valioso. La mascota asume las cualidades de un simple objeto más de consumo y hace del animal vivo un simple producto del mercado que puede sufrir todos los usos propios de nuestra mentalidad consumista: el “usar y tirar”, la distinción social que da la adquisición de lo exótico, lo escaso y lo extinguible, la manía coleccionista, y el sobre-consumo. Para subvertir estos procesos de explotación sobre seres vivos sintientes es preciso redefinir nuestras concepciones y relaciones con los animales a partir del reconocimiento de la valía moral de los mismos. Debemos dejar de criar y usar animales domésticos y salvajes como simples medios para fines humanos hedonistas. Tenemos que desmantelar la aplicación de la idea de propiedad privada a los animales y sustituirla por la tutorización y el cuidado de los mismos. Mejor ser tutores responsables de un animal en familia que ser sus amos y propietarios, y así podremos favorecer los cambios socioculturales a favor de un trato moral y ético más digno sobre aquellos seres, que libremente conviven con nosotros.
2. Por una demografía de los animales en sociedad que visibilice el problema socio-ambiental de la tenencia y abandono de animales.
Los escasos estudios y la débil conciencia sociológica sobre la problemática animal ayudan al desconocimiento actualmente existente sobre la cantidad y realidad práctica de los animales domésticos que cohabitan en nuestro país. Se suele “presuponer” que cerca de la mitad de los hogares españoles tienen una animal doméstico, donde el perro y el gato resultan los líderes en el ranking de consumo. Pero salvo esta presunción, apenas hay interés en analizar con los instrumentos científicos de los estudios sociales la población animal existente, su repercusión social y los efectos económicos de estos animales, y por supuesto tampoco se conoce con datos fiables la cantidad de abandonos que generamos. Sin embargo, no es difícil inferir fundadamente que las cifras sobre la circulación y finalmente abandono de animales superan anualmente el millón. Se trata de una altísima cifra que no puede aligerarse por el porcentaje de hogares españoles predispuestos para la acogida y adopción. Por ello, la mayoría de dichos animales acaban en un Centro de Recogida y acaban siendo sacrificados sin más. Los testimonios de muchos activistas en la protección de animales señalan que estas cifras, apenas cambian de un año para otro. Es urgente la realización de estudios científicos que nos indiquen claramente las cifras de venta, posesión, abandono y sacrificio de animales de compañía. Creemos que levantar acta científica sobre la precariedad y la atroz realidad que sufre la gran parte de la población animal de nuestro país, es un paso imprescindible para la concienciación social sobre el maltrato animal.
3. Del abandono en las perreras a los Centros de Acogida de animales
Hasta ahora el estereotipo del abandono era el perro abandonado en la carretera o en lugares despoblados. Esta imagen todavía sigue siendo parte de la realidad, pero ya no solo se trata de este viejo modelo generalizado e incontrolado. Hoy nos encontramos con el abandono controlado, regulado y pautado para mayor eficacia social y sanitaria. Las administraciones han generado una opción más organizada y viable para aquél o aquella que desee deshacerse de su animal de compañía sin que ello suponga el cometer una ilegalidad y ocasionar cierto desorden social y sanitario. Partiendo de la necesidad social del abandono, se ha optado por una gestión supuestamente más racionalizada mediante el aprovechamiento de la proliferación de empresas privadas o públicas que actúan como mediadoras del problema mediante centros de recogida. Se trata de un nuevo servicio de recogida de un animal que puede ser depositado fácilmente en estos centros de manera regulada. Es decir, se cede a la empresa privada o a la gestión municipal dicho animal, y legalmente desaparece el posible delito al considerarse una simple cesión en lugar de abandono. De esta manera, el control por parte de la administración pública acaba siendo totalizador aunque es ocultamente muy traumático para los animales: no hay animales en las calles, todos se recogen en centros, y son eliminados en breves días. Mediante esta política pública de eliminación de los animales domésticos se legitima el abandono, como práctica sociocultural y se incentiva la dejación de responsabilidades del tutor o tutora del animal, apuntalando así una conciencia de débil compromiso hacia la hermandad animal que convive en nuestras casas. Las administraciones eliminan la responsabilidad moral y legal de un abandono convirtiéndolo en el negocio y lucro de empresas privadas o perreras, o bien descarga las responsabilidades cívicas y políticas sobre los centros de acogida altruistas o albergues de las asociaciones protectoras de animales. Además, la administración apuesta perversamente por racionalizar el gasto y la viabilidad económica en una perrera que sacrifica el animal a los diez días, antes que por una sociedad protectora que alarga la vida y el bienestar animal, aunque el coste económico resulte mayor. Contrariamente, las administraciones han de promover iniciativas de ejemplariedad moral, legal y social que protejan al animal del abandono. Las instituciones públicas han de dar prioridad a la gestión de centros de recogida llevados por las Sociedades protectoras legalmente constituidas, y han de apoyar su desarrollo para garantizar un trato humanitario a los animales abandonados.
4. Los animales salvajes como objetos exóticos para la distinción social.
No sólo los perros y gatos son objeto de mercancía y abandono, ya que cada vez más se perciben como objetos comunes y vulgares que pierden su valor social de distinción. Se ha puesto de moda comprar y regalar animales “exóticos” (loros, iguanas, ardillas, camaleones, hurones, tortugas, serpientes…). Su compra y adquisición marca una diferencia y reconocimiento social distintivo, y las razones para su compra pueden ser de diferente tipo: por snobismo, decoración del hogar, por un falso acercamiento a la naturaleza. La consecuencia de una decisión inicialmente frívola suele ser una conciencia superficial de compromiso, y finalmente buena parte de estos animales son abandonados, tirados a la basura o acaban muriendo por falta de cuidados adecuados. Estos animales, que habían nacido libres y en sus ecosistemas naturales, son condenados a unas condiciones extrañas y muy artificializadoras en la estrechez de un terrario, una jaula o una pecera, cuando su hábitat natural es el inmenso espacio del aire, el agua o el bosque. Su aniquilación ya comienza en el proceso de captura y transporte en el que el 80% de estos animales mueren, ya que se transportan en condiciones dantescas: atados y amordazados, envueltos en papel de periódico, en el fondo de cisternas o contenedores, en cajas y maletas, y siempre en la más absoluta oscuridad de los almacenes de barcos y camiones. En paralelo, esta maquinaria lucrativa incentiva la esquilmación de los ecosistemas de origen y la biodiversidad en países generalmente periféricos y sin leyes y mecanismos de protección. Es urgente frenar y condenar la adquisición de estos animales como objetos de consumo con todo tipo de controles y medidas legales, lo que además ayudaría a la protección medioambiental en los países de origen y al desarrollo de una conciencia ética medioambiental de respeto a la naturaleza y a los seres vivos que la habitan.
5. Una ley estatal para acabar con la gestión pública municipal favorece la superpoblación, el maltrato y abandono de animales
Las mismas instituciones públicas pueden desarmar, dejar sin operatividad o incluso pervertir el espíritu de una ley teóricamente benéfica para el bienestar animal. La gestión pública que promueve el establecimiento de las leyes tiende a desconocer las consecuencias sociales generadas por su misma aplicación o por la ausencia de leyes reguladoras. Se pervierten así las leyes de cuidado animal si a la vez no se acompañan de una planificación estratégica, de una comunicación y participación sociocultural, o de una adecuada gestión de los recursos. Suele darse una correlación entre la rigidez en al aplicación de la normativa en contextos sociales de desinformación y los abandonos masivos de animales en ciertas zonas de nuestro país; igualmente, defectos en la política de comunicación entre las administraciones responsables y la ciudadanía han producido a menudo tipos de alarma social en relación a la tenencia de animales, por ejemplo la “perrofobia”. En las autoridades locales y la administración municipal están las competencias en la regulación de los animales domésticos, pero estas apenas aplican las leyes que tienen a su disposición siendo por tanto coparticipes de la superpoblación, maltrato y abandono de animales domésticos. Paradójicamente, al ser los únicos responsables en la ejecución de las leyes resulta casi imposible sancionar a la propia administración por incumplimientos legales. Además, existen legislaciones autonómicas muy diferentes dentro del Estado, lo que dificulta aún más la aplicación de sanciones. Por ello, resulta necesaria la creación de una ley estatal que unifique, ordene y aglutine las respuestas y soluciones al maltrato y abandono de animales que se produce en todo el estado español. Es urgente una ley estatal que vigile y sancione el reiterado incumplimiento de las administraciones locales., y a la vez, también son precisas unas dotaciones suficientes de los recursos adecuados para su aplicación eficaz. Además, no pueden dejarse de lado los objetivos de impulsar cambios sociales a favor del cuidado y el respeto hacia los animales en muchos hábitos cristalizados de nuestras creencias y costumbres.
6. Por el control estricto del comercio y la cría de animales.
El comercio de animales sin regulación se supedita a la lógica del máximo beneficio privado y reduce al animal a una mera mercancía. Incluso, si de diera el caso excepcional de un “criador” que posea la licencia de núcleo zoológico para permitirle criar y vender animales legalmente, esto no asegura el cumplimiento de un catálogo de buenas prácticas de bienestar animal. En muchos casos estos criaderos que alimentan las tiendas de mascotas y centros comerciales de nuestras ciudades, son simplemente “fábricas de cachorros”. Desde hace unos años están entrando en el Estado Español una gran cantidad de perros provenientes de los países del Este de Europa, llegan en camiones abarrotados y su precio es muy bajo. Las malas condiciones del largo viaje son causa de la altísima mortalidad de cachorros cuya pérdida económica se suple con los bajos precios de adquisición. Aun así, una vez vendidos a particulares, muchos animales fallecen debido a diferentes factores (como son los defectos congénitos inherentes a las razas llamadas “puras” y debilidad del animal, entre otros). Sin embargo, esto no es una práctica aislada; muchos criadores de razas específicas, aun procediendo del mismo Estado Español, realizan prácticas eugenésicas que extenúan y acortan la vida de las perras y gatas haciéndolas parir sin descanso, y se deshacen de los cachorros que no cumplen con los cánones de perfección establecidos. Por ello, es preciso el control legal y sancionador estricto de las condiciones de cría y del comercio con animales, domésticos y salvajes, con la aplicación estricta de sanciones a aquellos que no estén habilitados para tal fin. Además, esta reglamentación debería contemplar la regulación de canales informales de compra-venta de animales.
7. De los valores culturales y la educación antropocéntrica a un biocéntrismo no especista.
A inicio del siglo XXI, el sistema de enseñanza mantiene en sus planes de estudios, asignaturas, y proyectos curriculares de docencia e investigación un prejuicio antropocéntrico incuestionado y que parte del siguiente falso supuesto: que sólo los seres humanos son objetos de consideración y responsabilidad moral, mientras que ésta es negada a entidades naturales no humanas o a la naturaleza. La Naturaleza es concebida así como un mero objeto inerte de explotación sin límites. Es necesario modificar esta percepción cultural y los valores que la sustentan otorgando un lugar diferente y dignificado moralmente a la Naturaleza y los animales , en el que juegue un papel central la ética de la compasión, el cuidado y la empatía como nuevas virtudes morales importantes en nuestra sociedad. Tenemos que generar cambios en el concepto moderno y reduccionista de la moral, el derecho y la política al incorporar la consideración y trato moral de los animales y el medioambiente. Es preciso que las instituciones impulsen la eliminación del antropocentrismo fuerte dentro de las leyes y políticas medioambientales, económicas, culturales y jurídicas. La alternativa es situar a la vida y sus valores básicos de cuidado, salud, disfrute y continuidad como principio y categoría central –desde lo íntimo a lo planetario- en un continuo cualitativo que constituye la propia existencia, conservando y ampliando así las aportaciones históricas y culturales del mejor humanismo europeo, pero sin sucumbir a su propio mito fáustico de superioridad humana en base a sus sueños omnipotentes de “razón y progreso”. La dependencia, la conexión, la modestia y la generosidad con los “otros animales” también han de reconocerse como virtudes morales de guía y orientación práctica en nuestras formas de vida. Los seres humanos y nuestras sociedades no somos una especie superior que pueda escapar de los límites y determinismos naturales y ecosistémicos. Es preciso reconsiderar que cada organismo vivo y sintiente merece el reconocimiento de lo que le es propio y el respeto hacia lo que la propia naturaleza le otorgó con su existencia.
8. Las Sociedades Protectoras son gestoras del bienestar de los animales abandonados.
Ninguna empresa sin un estricto código ético de conducta basada en el bienestar animal debería estar autorizada para la recogida de animales abandonados en la calle. Los ayuntamientos realizan contratos con empresas con ánimo de lucro para el tratamiento de los animales pese a que existen asociaciones y ciudadanía organizada que solicitan realizar el mismo servicio, y que además ya asumen un estricto código ético en el trato con los animales. Muchas de estas empresas realizan prácticas ilegales, tales como negar la alimentación a los animales, sacrificarlos de manera dolorosa, ausencias de veterinarios, o la no localización de sus tutores. Cientos de miles de perros y gatos son sacrificados anualmente en el estado español, y los ayuntamientos prefieren pagar con dinero público las matanzas sistemáticas sin que se les de una mínima oportunidad de vida digna a los animales. Con estas políticas mercantilizadoras del maltrato animal las administraciones debilitan a la vez al movimiento ciudadano emergente y altamente comprometido, que aglutina en su diversidad todo el espectro de edades, ideologías políticas y perfiles sociales. El activismo y la constancia de las sociedades protectoras es un ejemplo cívico de acción colectiva comprometida y orientada a la resolución de problemas y conflictos prácticos, pero que no abandona una perspectiva crítica sobre las graves responsabilidades y la implicación de la administración en el agravamiento del problema. Es preciso, que las mismas administraciones ayuden a fortalecer este movimiento ciudadano para el cuidado animal. La eficacia y la autoridad moral de las asociaciones protectoras deberían primar sobre el interés lucrativo de las empresas privadas.
9. De los sacrificios sistemáticos y las ventas ilegales a las esterilizaciones e identificaciones obligatorias.
Al aceptar la entrada de un animal doméstico en nuestra vida estamos implícitamente comprometiéndonos como tutores con cierta planificación sobre la capacidad reproductiva del animal recién llegado. Si el abandono no ha de ser una opción posible y el sacrificio es moralmente despreciable, sólo quedará la opción de influir sobre la capacidad reproductiva del animal: la esterilización. Pero actualmente en el Estado Español no es obligatoria la esterilización de los animales de compañía como sucede en otros países europeos. La esterilización es una realidad ampliamente aceptada en los países más desarrollados, donde el bienestar del animal es primordial para su tutor. Mientras que esta práctica nos se generalice, se generarán anualmente cientos de miles de perros y gatos que la propia sociedad no puede asumir. Esto conduce al sacrificio sistemático y éticamente injustificado que se desarrolla en las propias clínicas veterinarias y en las empresas privadas y públicas habilitadas para tal fin. Debemos exigir la implicación de la administración y promover la aceptación social de la esterilización de sus animales de compañía; así como evitar, sobre todo, la política de supresión de los animales excedentes y finalizar de una vez por todas con las matanzas sistemáticas de animales en las perreras, una práctica que se sigue dando en la mayoría de las poblaciones del estado español. Además de la gestión de la población de animales, es exigible la identificación del animal. No es posible una eficiente política sobre dicha población, su seguimiento, su protección en todos los sentidos si no se identifican los animales y se ubican en un núcleo familiar. Sin embargo, la identificación de animales, pese a ser obligatoria por ley, sigue sin ser sometida a control por parte de la administración local, lo que favorece la desidia y despreocupación por parte de la ciudadanía.
10. De las ilegalidades y el maltrato animal a la creación de la figura del Defensor del Animal.
Dentro del marco legislativo de los animales de compañía se ha de crear la nueva figura del “Defensor/a del Animal” dado que los colectivos proteccionistas, en innumerables ocasiones se encuentran indefensos ante determinadas vulneraciones de la legislación vigente en materia de protección de los animales de compañía. Son necesarios más mecanismos que protejan a los ciudadanos de los errores o el malfuncionamiento de las administraciones. Igualmente, cuando el animal empieza a ser reconocido con cierto estatus de ciudadanía (al menos como objeto de ciertos derechos, y su tutor sujeto a ciertas obligaciones), es preciso disponer de una añadida figura jurídica de protección que vigile que las disfunciones. Una tarea principal del Defensor del Animal ha de ser la de perseguir las «irregularidades» que cometen instituciones y algunos ayuntamientos que incumplen la legislación vigente, y que en este momento tan solo se pueden perseguir mediante la presentación de contenciosos administrativos. También es importante la creación del “Consejo Asesor para la Protección de los Animales” para la coordinación y expresión pública de las necesidades y problemas que tienen las organizaciones cívicas de protección animal, tradicionalmente muy olvidadas por algunas instituciones.
David Hammerstein
