Efe, Comunidad Valenciana

El eurodiputado del grupo Los Verdes David Hammerstein aseguró ayer que la Comisión Europea llevará a los tribunales el próximo 21 de marzo la Ley Urbanística valenciana porque « no cumple » con la directiva europea de Contratación Pública. Así lo manifestó en declaraciones a los periodistas en Almería, durante el encuentro mantenido en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía entre representantes de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y de la Consejería de Obras Públicas. Hammerstein explicó que la medida por parte de la CE se adoptará con objeto de frenar un modelo urbanístico «fuera de cualquier control » que « hace caso omiso» a la legislación europea ambiental. La normativa urbanística valenciana, comunidad a la que la delegación llegó ayer para visitar un total de 12 municipios, violaría, según el eurodiputado y miembro de la Comisión de Peticiones, Directiva Hábitats, Directiva de Evaluaciones Ambientales y la de Evaluaciones Estratégicas. Además, la figura del urbanizador incluida en la legislación valenciana incumpliría sobre todo con la Directiva de Contratación Pública, por su « falta de transparencia, igualdad de trato y la existencia de contrataciones y adjudicaciones no abiertas a concurso público », añadió. Hammerstein respondió a las críticas recibidas por parte del president de la Generalitat, Francisco Camps -quien manifestó que la delegación pretende « distorsionar la campaña electoral » de forma «indigna e injustificada» - que «sólo falta que acabe culpando a la UE de la burbuja inmobiliaria» .

El eurodiputado señaló que Camps muestra una "ignorancia escandalosa" sobre el funcionamiento del Parlamento Europeo

Hammerstein subrayó que la comisión de Peticiones del Parlamento organiza delegaciones de investigación "no por motivos partidistas sino en respuesta a peticiones planteadas por ciudadanos y grupos cívicos de una región o un país concreto". "En este caso hay muchas peticiones relacionadas con el 'boom urbanístico' valenciano que están siendo estudiadas tanto por la comisión de Peticiones como por la Comisión Europea", señaló.  

"Para el señor Camps todo es una cuestión de imagen y marketing, pero lo que 'mancilla' y mancha la imagen de la Comunidad Valenciana es la palpable realidad del salvaje oeste urbanístico fomentado por el propio Camps en los últimos años", criticó Hammerstein a través de un comunicado.  

Señaló que es "falso" que se produzca una "atención exagerada" del Parlamento Europeo al urbanismo valenciano y puso como ejemplo que recientemente se han mandado misiones a Italia (sobre el AVE) y Malta (sobre la caza) y pronto habrá otra a Polonia (autovías en zonas protegidas) sobre "asuntos de alta sensibilidad política y ambiental y con gobiernos regionales y estatales de distinto color político".  

El eurodiputado de los Verdes negó además que la delegación "busque castigar al PP" o que haya una mayoría socialista, y dijo que los parlamentarios visitarán distintas localidades gobernadas por el PSOE tanto en Alicante como en Almería. Afirmó que es la decisión del PP europeo de no participar en la delegación la que evita que ésta tenga una mayoría conservadora, puesto que hasta ahora han confirmado su asistencia el conservador polaco Marcin Libicki y el socialista británico Michael Cashman.  

"No es verdad que estemos ya en campaña electoral. Todavía faltan más de dos meses antes de empezar la campaña. Si el Parlamento Europeo tuviera que inhibirse ante las múltiples y largas precampañas en cada país y región tendríamos que paralizar buena parte de nuestra actividad parlamentaria", concluyó Hammerstein. 

1. DEL PELOTAZO URBANÍSTICO AL URBANISMO CON VOCACIÓN COLECTIVA

Es necesario desarrollar un urbanismo con clara vocación colectiva y una clara definición del interés público, social y ambiental para justificar cada nueva urbanización tal como ha exigido el Parlamento Europeo en su informe sobre el urbanismo valenciano. Urbanizar no es un valor en sí mismo. Ha de aplicarse del Principio de Precaución antes de impulsar cualquier nuevo proyecto urbanizador para valorar en su integridad los posibles impactos y daños ecológicos, sociales y culturales que genera. Las nuevas construcciones deben guiarse por un desarrollo lento y no destructivo, que no traspase la capacidad de carga ambiental y que no altere los equilibrios de los ecosistemas y de las zonas ricas en bienes y capitales naturales.

2. DE LA AUTONOMÍA SECUESTRADA A LA PLANIFICACIÓN SUPRAMUNICIPAL

No dejemos a los municipios solos ante el peligro en la tarea de frenar “la actual fiebre urbanística”. Se hace necesaria y urgente una planificación territorial supramunicipal con fuertes objetivos sociales y ambientales. Reducir la actual autonomía municipal sobre la planificación y la zonificación de los usos del suelo los haría más resistentes a la presión de las grandes constructoras que actualmente acosan a los municipios. En muchos municipios la autonomía municipal alimenta los voraces abusos urbanísticos.

3. LUZ Y TAQUIGRAFOS

La ciudadanía urbana exige condiciones de transparencia, de igualdad de trato y participación pública en las contrataciones públicas de los agentes urbanizaciones. Han de fijarse estrictas reglas para evitar los conflictos de intereses, los abusos, el favoritismo y los beneficios desmedidos en las recalificaciones urbanísticas y en la fijación de precios. La Directiva Europea de contratación pública debe ser aplicada con rigor. Hay que evitar el solapamiento opaco de los poderes públicos y de los intereses privados en la selección de proyectos y en la constitución de empresas mixtas urbanizadoras.

4. ESTADO DE DERECHO FRENTE A LA CIUDAD SIN LEY

Es necesario aumentar los recursos del sistema judicial para agilizar y fortalecer su aplicación frente a posibles casos de corrupción urbanística, y con ello acabar con la ineficacia en la que están las actuales vías judiciales: costosas, lentas y tortuosas. Hace falta un plan de actuación eficaz contra el blanqueo de capitales económicos procedentes del narcotráfico.

5. LO PEQUEÑO ES HERMOSO

La pequeña propiedad necesita más protección legal y jurídica frente al poder de los urbanizadores, ya que estos privatizan la gestión pública y la misma política al suplantar la acción de las instituciones públicas en los planes urbanizadores. Los derechos de propiedad sobre viviendas y suelos no pueden sacrificarse sin una clara justificación de índole social o ambiental.

6. DINERO PARA LOS MUNICIPIOS QUE NO DESTRUYEN.

Más beneficios y oportunidades para las buenas prácticas en política municipal. Tiene que reformarse la forma de financiación municipal para que puedan obtener una ampliación y mejora de los recursos locales como recompensa de una política territorial responsable y conservadora de los valores principales del municipio. Esta financiación debe ser supra-municipal para premiar y dar ventajas a los municipios que conservan mejor sus valores ambientales y culturales, y desanimar con ello el crecimiento desbocado del municipio.

7. LA VIDA ES SIEMPRE ANTES QUE EL LADRILLO.

Todos los planes urbanizadores deben implicar la realización de una evaluación estratégica de los impactos ambientales que generan según exige la legislación europea. Especialmente deben valorarse aspectos como son: la conservación de la calidad y cantidad de los recursos hídricos a medio y largo plazo y de acuerdo con la Directiva Marco de Agua de la Unión Europea; la estricta protección de los espacios naturales al amparo de la Directiva Hábitat y la Directiva de Aves.

8. EL CAMBIO CLIMÁTICO EXIGE CAMBIO URBANÍSTICO

Los planes urbanísticos deben ser acompañados con planes de movilidad sostenible que impliquen giros y reequilibrios a favor del transporte público y de un balance energético eficaz con el fin de no aumentar el transporte motorizado y las emisiones contaminantes que contribuyen al cambio climático global. Todas las nuevas viviendas deben poseer la tecnológica ecológica más avanzada y los materiales menos dañinos para el medio ambiente.

9. LA CIUDAD MEDITERRANEA JUNTO AL MUNDO RURAL CONSERVADO

Conservar antes que destruir. Conservar y rehabilitar es innovación y es memoria, también es bienestar humano y natural. Las ciudades y pueblos compactos y abigarrados son mejores para la habitabilidad urbana y para la salud del planeta. Es prioritaria la conservación de los barrios históricos, la salida a mercado de las viviendas vacías, y la restauración de las zonas degradadas de las ciudades. Con un “crecimiento y mejora hacia adentro” hay que poner límites a la inacabable y voraz expansión urbana. Es necesario un freno radical a la invasión y sustitución de capitales naturales por el cemento y el ladrillo, y esto puede hacerse marcando claras diferencias y fronteras entre la ciudad y el campo, y poniendo estrictos límites al crecimiento difuso que como manchas de aceite se extiende alrededor de los cascos urbanos existentes. Hay que preservar los bienes y servicios naturales que son parte de la riqueza e identidad de la vida rural.

10. CIUDADES PARA LAS PERSONAS Y SU DIVERSIDAD.

Hay que salir de la fealdad repetida y anodina que está masivamente presente en las actuales formas urbanísticas. Al planificar el futuro urbanístico de deben tomar en cuenta las necesidades de grupos específicos y singulares, sus hábitos prácticos y sus culturas propias. Colectivos y grupos específicos como pueden ser las mujeres, la infancia, los discapacitados, o las personas mayores, suelen necesitar un entorno urbano más verde, más seguro y más saludable, más peatonal, con más transporte público, con más lugares para la calma para el disfrute y el encuentro social.

David Hammerstein

1. De la mascotización a la moral de cuidado y protección de los animales domésticos  

Las relaciones humanas con los animales no humanos, se alimentan obsesivamente de una razón instrumental que elimina todo valor del animal por sí mismo convirtiéndolo en un mero medio o recurso al servicio de fines exclusivamente humanos. En la actual sociedad de consumo los animales domésticos pasan de ser objetos productivos a objetos mercantiles de disfrute y valorados por su utilidad hedonista. Es lo que llamamos mascotización, que en realidad es una forma de antropocentrismo que anula la consideración del animal doméstico como sujeto en sí mismo y como ser moralmente significativo y valioso. La mascota asume las cualidades de un simple objeto más de consumo y hace del animal vivo un simple producto del mercado que puede sufrir todos los usos propios de nuestra mentalidad consumista: el “usar y tirar”, la distinción social que da la adquisición de lo exótico, lo escaso y lo extinguible, la manía coleccionista, y el sobre-consumo. Para subvertir estos procesos de explotación sobre seres vivos sintientes es preciso redefinir nuestras concepciones y relaciones con los animales a partir del reconocimiento de la valía moral de los mismos. Debemos dejar de criar y usar animales domésticos y salvajes como simples medios para fines humanos hedonistas. Tenemos que desmantelar la aplicación de la idea de propiedad privada a los animales y sustituirla por la tutorización y el cuidado de los mismos. Mejor ser tutores responsables de un animal en familia que ser sus amos y propietarios, y así podremos favorecer los cambios socioculturales a favor de un trato moral y ético más digno sobre aquellos seres, que libremente conviven con nosotros.  

2. Por una demografía de los animales en sociedad que visibilice el  problema socio-ambiental de la tenencia y abandono de animales.  

Los escasos estudios y la débil conciencia sociológica sobre la problemática animal ayudan al desconocimiento actualmente existente sobre la cantidad y realidad práctica de los animales domésticos que cohabitan en nuestro país. Se suele “presuponer” que cerca de la mitad de los hogares españoles tienen una animal doméstico, donde el perro y el gato resultan los líderes en el ranking de consumo. Pero salvo esta presunción, apenas hay interés en analizar con los instrumentos científicos de los estudios sociales la población animal existente, su repercusión social y los efectos económicos de estos animales, y por supuesto tampoco se conoce con datos fiables la cantidad de abandonos que generamos. Sin embargo, no es difícil inferir fundadamente que las cifras sobre la circulación y finalmente abandono de animales superan anualmente el millón. Se trata de una altísima cifra  que no puede aligerarse por el porcentaje de hogares españoles predispuestos para la acogida y adopción. Por ello, la mayoría de dichos animales acaban en un Centro de Recogida y acaban siendo sacrificados sin más. Los testimonios de muchos activistas en la protección de animales señalan que estas cifras, apenas cambian de un año para otro. Es urgente la realización de estudios científicos que nos indiquen claramente las cifras de venta, posesión, abandono y sacrificio de animales de compañía. Creemos que levantar acta científica sobre la precariedad y la atroz realidad que sufre la gran parte de la población animal de nuestro país, es un paso imprescindible para la concienciación social sobre el maltrato animal.  

3. Del abandono en las perreras a los Centros de Acogida de animales 

Hasta ahora el estereotipo del abandono era el perro abandonado en la carretera o en lugares despoblados. Esta imagen todavía sigue siendo parte de la realidad, pero ya no solo se trata de este viejo modelo generalizado e incontrolado. Hoy nos encontramos con el abandono controlado, regulado y pautado para mayor eficacia social y sanitaria.  Las administraciones han generado una opción más organizada y viable para aquél o aquella que desee deshacerse de su animal de compañía sin que ello suponga el cometer una ilegalidad y ocasionar cierto desorden social y sanitario. Partiendo de la necesidad social del abandono, se ha optado por una gestión supuestamente más racionalizada mediante el aprovechamiento de la proliferación de empresas privadas o públicas que actúan como mediadoras del problema mediante centros de recogida. Se trata de un nuevo servicio de recogida de un animal que puede ser depositado fácilmente en estos centros de manera regulada.  Es decir, se cede a la empresa privada o a la gestión municipal dicho animal, y legalmente desaparece el posible delito al considerarse una simple cesión en lugar de abandono. De esta manera, el control por parte de la administración pública acaba siendo totalizador aunque es ocultamente muy traumático para los animales: no hay animales en las calles, todos se recogen en centros, y son eliminados en breves días. Mediante esta política pública de eliminación de los animales domésticos se legitima el abandono, como práctica sociocultural y se incentiva la dejación de responsabilidades del tutor o tutora del animal, apuntalando así una conciencia de débil compromiso hacia la hermandad animal que convive en nuestras casas. Las administraciones eliminan la responsabilidad moral y legal de un abandono convirtiéndolo en el negocio y lucro de empresas privadas o perreras, o bien descarga las responsabilidades cívicas y políticas sobre los centros de acogida altruistas o albergues de las asociaciones protectoras de animales. Además, la administración apuesta perversamente por  racionalizar el gasto y la viabilidad económica en una perrera que sacrifica el animal a los diez días, antes que por una sociedad protectora que alarga la vida y el bienestar animal, aunque el coste económico resulte mayor. Contrariamente, las administraciones han de promover iniciativas de ejemplariedad moral, legal y social que protejan al animal del abandono. Las instituciones públicas han de dar prioridad a la gestión de centros de recogida llevados por las Sociedades protectoras legalmente constituidas, y han de apoyar su desarrollo para garantizar un trato humanitario a los animales abandonados.  

4. Los animales salvajes como objetos exóticos para la distinción social.  

No sólo los perros y gatos son objeto de mercancía y abandono, ya que cada vez más se perciben como objetos comunes y vulgares que pierden su valor social de distinción. Se ha puesto de moda comprar y regalar animales “exóticos” (loros, iguanas, ardillas, camaleones, hurones, tortugas, serpientes…). Su compra y adquisición marca una diferencia y reconocimiento social distintivo, y las razones para su compra pueden ser de diferente tipo: por snobismo, decoración del hogar, por un falso acercamiento a la naturaleza. La consecuencia de una decisión inicialmente frívola suele ser una conciencia superficial de compromiso, y finalmente buena parte de estos animales son abandonados, tirados a la basura o acaban muriendo por falta de cuidados adecuados. Estos animales, que habían nacido libres y en sus ecosistemas naturales, son condenados a unas condiciones extrañas y muy artificializadoras en la estrechez de un terrario, una jaula o una pecera, cuando su hábitat natural es el inmenso espacio del aire, el agua o el bosque. Su aniquilación ya comienza en el proceso de captura y transporte en el que el 80% de estos animales mueren, ya que se transportan en condiciones dantescas: atados y amordazados, envueltos en papel de periódico, en el fondo de cisternas o contenedores, en cajas y maletas, y siempre en la más absoluta oscuridad de los almacenes de barcos y camiones. En paralelo, esta maquinaria lucrativa incentiva la esquilmación de los ecosistemas de origen y la biodiversidad en países generalmente periféricos y sin leyes y mecanismos de protección. Es urgente frenar y condenar la adquisición de estos animales como objetos de consumo con todo tipo de controles y medidas legales, lo que además ayudaría a la protección medioambiental en los países de origen y al desarrollo de una conciencia ética medioambiental de respeto a la naturaleza y a los seres vivos que la habitan.  

5. Una ley estatal para acabar con la gestión pública municipal favorece la superpoblación, el maltrato y abandono de animales  

Las mismas instituciones públicas pueden desarmar, dejar sin operatividad o incluso pervertir el espíritu de una ley teóricamente benéfica para el bienestar animal. La gestión pública que promueve el establecimiento de las leyes tiende a desconocer las consecuencias sociales generadas por su misma aplicación o por la ausencia de leyes reguladoras. Se pervierten así las leyes de cuidado animal si a la vez no se acompañan de una planificación estratégica, de una comunicación y participación sociocultural, o de una adecuada gestión de los recursos. Suele darse una correlación entre la rigidez en al aplicación de la normativa en contextos sociales de desinformación y los abandonos masivos de animales en ciertas zonas de nuestro país; igualmente, defectos en la política de comunicación entre las administraciones responsables y la ciudadanía han producido a menudo tipos de alarma social  en relación a la tenencia de animales, por ejemplo la “perrofobia”. En las autoridades locales y la administración municipal están las competencias en la regulación de los animales domésticos, pero estas apenas aplican las leyes que tienen a su disposición siendo por tanto coparticipes de la superpoblación, maltrato y abandono de animales domésticos. Paradójicamente, al ser los únicos responsables en la ejecución de las leyes resulta casi imposible sancionar a la propia administración por incumplimientos legales. Además, existen legislaciones autonómicas muy diferentes dentro del Estado, lo que dificulta aún más la aplicación de sanciones. Por ello, resulta necesaria la creación de una ley estatal que unifique, ordene y aglutine las respuestas y soluciones al maltrato y abandono de animales que se produce en todo el estado español. Es urgente una ley estatal que vigile y sancione el reiterado incumplimiento de las administraciones locales., y a la vez, también son precisas unas dotaciones suficientes de los recursos adecuados para su aplicación eficaz. Además, no pueden dejarse de lado los objetivos de impulsar cambios sociales a favor del cuidado y el respeto hacia los animales en muchos hábitos cristalizados de nuestras creencias y costumbres.  

6. Por el control estricto del comercio y la cría de animales.   

El comercio de animales sin regulación se supedita a la lógica del máximo beneficio privado y reduce al animal a una mera mercancía. Incluso, si de diera el caso excepcional de un “criador” que posea la licencia de núcleo zoológico para permitirle criar y vender animales legalmente, esto no asegura el cumplimiento de un catálogo de buenas prácticas de bienestar animal. En muchos casos estos criaderos que alimentan las tiendas de mascotas y centros comerciales de nuestras ciudades, son simplemente “fábricas de cachorros”. Desde hace unos años están entrando en el Estado Español una gran cantidad de perros provenientes de los países del Este de Europa, llegan en camiones abarrotados y su precio es muy bajo. Las malas condiciones del largo viaje son causa de la altísima mortalidad de cachorros cuya pérdida económica se suple con los bajos precios de adquisición. Aun así, una vez vendidos a particulares, muchos animales fallecen debido a diferentes factores (como son los defectos congénitos inherentes a las razas llamadas “puras” y debilidad del animal, entre otros). Sin embargo, esto no es una práctica aislada; muchos criadores de razas específicas, aun procediendo del mismo Estado Español, realizan prácticas eugenésicas que extenúan y acortan la vida de las perras y gatas haciéndolas parir sin descanso, y se deshacen de los cachorros que no cumplen con los cánones de perfección establecidos. Por ello, es preciso el control legal y sancionador estricto de las condiciones de cría y del comercio con animales, domésticos y salvajes, con la aplicación estricta de sanciones a aquellos que no estén habilitados para tal fin. Además, esta reglamentación debería contemplar la regulación de canales informales de compra-venta de animales.  

7. De los valores culturales y la educación antropocéntrica a un biocéntrismo no especista.  

A inicio del siglo XXI, el sistema de enseñanza mantiene en sus planes de estudios, asignaturas, y proyectos curriculares de docencia e investigación un prejuicio antropocéntrico incuestionado y que parte del siguiente falso supuesto: que sólo los seres humanos son objetos de consideración y responsabilidad moral, mientras que ésta es negada a entidades naturales no humanas o a la naturaleza. La Naturaleza es concebida así como un mero objeto inerte de explotación sin límites. Es necesario modificar esta percepción cultural y los valores que la sustentan otorgando un lugar diferente y dignificado moralmente a la Naturaleza y los animales , en el que juegue un papel central la ética de la compasión, el cuidado y la empatía como nuevas virtudes morales importantes en nuestra sociedad. Tenemos que generar cambios en el concepto moderno y reduccionista de la moral, el derecho y la política al incorporar la consideración y trato moral de los animales y el medioambiente. Es preciso que las instituciones impulsen la eliminación del antropocentrismo fuerte dentro de las leyes y políticas medioambientales, económicas, culturales y jurídicas. La alternativa es situar a la vida y sus valores básicos de cuidado, salud, disfrute y continuidad como principio y categoría central –desde lo íntimo a lo planetario- en un continuo cualitativo que constituye la propia existencia, conservando y ampliando así las aportaciones históricas y culturales del mejor humanismo europeo, pero sin sucumbir a su propio mito fáustico de superioridad humana en base a sus sueños omnipotentes de “razón y progreso”. La dependencia, la conexión, la modestia y la generosidad con los “otros animales” también han de reconocerse como virtudes morales de guía y orientación práctica en nuestras formas de vida. Los seres humanos y nuestras sociedades no somos una especie superior que pueda escapar de los límites y determinismos naturales y ecosistémicos. Es preciso reconsiderar que cada organismo vivo y sintiente merece el reconocimiento de lo que le es propio y el respeto hacia lo que la propia naturaleza le otorgó con su existencia.  

8. Las Sociedades Protectoras son gestoras del bienestar de los animales abandonados. 

Ninguna empresa sin un estricto código ético de conducta basada en el bienestar animal debería estar autorizada para la recogida de animales abandonados en la calle. Los ayuntamientos realizan contratos con empresas con ánimo de lucro para el tratamiento de los animales pese a que existen asociaciones y ciudadanía organizada que solicitan realizar el mismo servicio, y que además ya asumen un estricto código ético en el trato con los animales. Muchas de estas empresas realizan prácticas ilegales, tales como negar la alimentación a los animales, sacrificarlos de manera dolorosa, ausencias de veterinarios, o la no localización de sus tutores. Cientos de miles de perros y gatos son sacrificados anualmente en el estado español,  y los ayuntamientos prefieren pagar con dinero público las matanzas sistemáticas sin que se les de una mínima oportunidad de vida digna a los animales. Con estas políticas mercantilizadoras del maltrato animal las administraciones debilitan a la vez al movimiento ciudadano emergente y altamente comprometido, que aglutina en su diversidad todo el espectro de edades, ideologías políticas y perfiles sociales. El activismo y la constancia de las sociedades protectoras es un ejemplo cívico de acción colectiva comprometida y orientada a la resolución de problemas y conflictos prácticos, pero que no abandona una perspectiva crítica sobre las graves responsabilidades y la implicación de la administración en el agravamiento del problema. Es preciso, que las mismas administraciones ayuden a fortalecer este movimiento ciudadano para el cuidado animal. La eficacia y la autoridad moral de las asociaciones protectoras deberían primar sobre el interés lucrativo de las empresas privadas.  

9. De los sacrificios sistemáticos y las ventas ilegales a las esterilizaciones e identificaciones obligatorias.  

Al aceptar la entrada de un animal doméstico en nuestra vida estamos implícitamente comprometiéndonos como tutores con cierta planificación sobre la capacidad reproductiva del animal recién llegado. Si el abandono no ha de ser una opción posible y el sacrificio es moralmente despreciable, sólo quedará la opción de influir sobre la capacidad reproductiva del animal: la esterilización. Pero actualmente en el Estado Español no es obligatoria la esterilización de los animales de compañía como sucede en otros países europeos. La esterilización es una realidad ampliamente aceptada en los países más desarrollados, donde el bienestar del animal es primordial para su tutor. Mientras que esta práctica nos se generalice, se generarán anualmente cientos de miles de perros y gatos que la propia sociedad no puede asumir. Esto conduce al sacrificio sistemático y éticamente injustificado que se desarrolla en las propias clínicas veterinarias y en las empresas privadas y públicas habilitadas para tal fin. Debemos exigir la implicación de la administración y promover la aceptación social de la esterilización de sus animales de compañía; así como  evitar, sobre todo, la política de supresión de los animales excedentes y finalizar de una vez por todas con las matanzas sistemáticas de animales en las perreras, una práctica que se sigue dando en la mayoría de las poblaciones del estado español. Además de la gestión de la población de animales, es exigible la identificación del animal. No es posible una eficiente política sobre dicha población, su seguimiento, su protección en todos los sentidos si no se identifican los animales y se ubican en un núcleo familiar. Sin embargo, la identificación de animales, pese a ser obligatoria por ley, sigue sin ser sometida a control por parte de la administración local, lo que favorece la desidia y despreocupación por parte de la ciudadanía.  

10. De las ilegalidades y el maltrato animal a la creación de la figura del Defensor del Animal.  

Dentro del marco legislativo de los animales de compañía se ha de crear la nueva figura del “Defensor/a del Animal” dado que los colectivos proteccionistas, en innumerables ocasiones se encuentran indefensos ante determinadas vulneraciones de la legislación vigente en materia de protección de los animales de compañía. Son necesarios más mecanismos que protejan a los ciudadanos de los errores o el malfuncionamiento de las administraciones. Igualmente, cuando el animal empieza a ser reconocido con cierto estatus de ciudadanía (al menos como objeto de ciertos derechos, y su tutor sujeto a ciertas obligaciones), es preciso disponer de una añadida figura jurídica de protección que vigile que las disfunciones. Una tarea principal del Defensor del Animal ha de ser la de  perseguir las «irregularidades» que cometen instituciones y algunos ayuntamientos que incumplen la legislación vigente, y que en este momento tan solo se pueden perseguir mediante la presentación de contenciosos administrativos. También es importante la creación del “Consejo Asesor para la Protección de los Animales” para la coordinación y expresión pública de las necesidades y problemas que tienen las organizaciones cívicas de protección animal, tradicionalmente muy olvidadas por algunas instituciones.  

David Hammerstein

1. Ciencia abierta

 Los Verdes queremos un máximo de transferencia e intercambio libre de conocimientos científicos e informaciones técnicas. Deben evitarse aquellas patentes que puedan ser un obstáculo a la innovación para pequeñas y/o jóvenes empresas. Por el contrario, todos aquellos incentivos que fomenten el compartir de conocimientos y la transferencia de tecnologías han de promoverse, para que las empresas, a la sociedad civil y las universidades puedan desarrollar, gracias a dicha intercomunicación, puentes entre la investigación y la necesaria renovación económica y tecnológica en las sociedades actuales.

2. Ciencia por y para la gente

 Debe fomentarse un dialogo abierto entre científicos y ciudadanos. Las opiniones de los investigadores han de confluir con aquellas de quienes no son necesariamente expertos, pero si personas conciencias con la sociedad y el medio ambiente. En otras palabras, la participación y el debate público en el ámbito de las políticas de investigación a seguir es un elemento fundamental de su éxito.

3. Lo pequeño es hermoso

 La financiación de pequeños laboratorios, pequeñas universidades y PYMES debiera ser una prioridad en los programas europeos. Ellos crean la mayor parte del empleo y son fuente de estabilidad económica. Por tanto, han de promoverse iniciativas como las de crear clusters de pequeñas empresas a nivel europeo -en lugar de tender exclusivamente a su concentración-, el fomento de la labor de los parques tecnológicos, donde las PYMES puedan usar y explotar el conocimiento compartido. Sin duda alguna, es un hecho que la imaginación compartida es el camino para progresar para la gran mayoría de de empresas y negocios europeos.

4. Menos burocracia y más transparencia

 El acceso público claro e inteligible a la información ha de garantizarse para todo el proceso de evaluación y financiación de proyectos de la UE. La Comisión Europea debe reducir los costosos procedimientos administrativos, ya que suponen la marginalización de los grupos de investigación, empresas y ONGs que por su tamaño reducido no puede hacerles frente, y por tanto, quedan en la cuneta de la financiación comunitaria.

5. De vuelta a lo básico

La investigación científica básica debe ser apoyada abiertamente y con mas fondos. La política científica europea no debe regirse exclusivamente por lo que dicten los intereses tecnológicos en los mercados de valores de compañías multinacionales. Ha de haber un respaldo público a la investigación básica con objetivos sociales y medio ambientales a medio y largo plazo. De hecho, los fondos estructurales debieran financiar infraestructuras para posibilitar dicha investigación básica. Sin duda alguna, la investigación y el desarrollo puede en muchos casos ser más beneficiosa a largo plazo que más carreteras y aeropuertos.

6. Investigar en salud

La ingente cantidad de dinero destinada a financiar el desarrollo farmacéutico debiera ser reconducida, ya que se destina primordialmente a la investigación para mejorar los tratamientos que no son los más útiles socialmente. Mientras tanto, la financiación de la investigación destinada a la precaución esta marginada. La salud pública y la medicina preventiva necesitan mucho más dinero del que actualmente reciben, para poder realizar estudios de la importancia de los análisis epidemiológicos y toxicológicos sobre las causas de multitud de 'enfermedades modernas'. Temas de gran relevancia como la salud reproductiva y la prevención en la salud infantil merecen mayor atención. Igualmente, aquellas enfermedades que tienden a afectar o afectan exclusivamente al Sur de nuestro planeta debieran inmediatamente de estar infra-financiadas.

7. Ciencia para un buen clima:

Los programas de investigación europeos debieran prestar mayor atención a los proyectos dedicados a estudiar el cambio climático. La investigación en favor de las energías renovables debería aumentarse al menos al nivel del EURATOM o del programa de fusión ITER. La situación actual en Europa, en la cual toda la inversión en energías renovables junta tan solo supone una fracción de la invertida en investigación en energía nuclear debe cambiar radicalmente.

8. ¡Las ciencias sociales son también ciencia!

Comprender el mundo en el que vivimos, la interdependencia de los problemas que hemos de afrontar en las sociedades actuales, tales como el cambio climático, la pobreza, los choques culturales, etc. es igualmente una labor a realizar y que no debemos subestimar. Por ello, la financiación de la investigación en ciencias sociales es un complemento imprescindible para el avance en la investigación en ciencias naturales.

9. Un Consejo Europeo de Investigación independiente

Ha de promoverse la creación de un verdaderamente independiente CEI, que promueva los proyectos de alta calidad, y que se rigen por la mera curiosidad científica (y no por intereses económicos). Dicho organismo debiera financiar proyectos a largo plazo, ya que la investigación científica necesita tiempo. La garantía de la continuidad es un elemento fundamental para una investigación sólida y fructífera. Y, además, quizás esta sea la mejor vía que Europa pueda seguir si quiere recuperar la competitividad perdida en comparación con otras regiones planetarias.

10. Principio de Precaución frente a la sociedad del riesgo

El principio de precaución debe ser integrado en todas nuestras prioridades de investigación.   Este principio entra en contradicción clara con  financiación masiva de la creación de organismos genéticamente modificados, de algunas formas peligrosas de la nanotecnología y de muchos programas nucleares y al mismo tiempo crea oportunidades en nuevos campos de innovación ecológica.   En cambio, fondos públicos deben ser orientados hacía la fomento de alternativas a las tecnologías potencialmente dañinas y sustancias químicas tóxicas. También necesitamos un apoyo fuerte para desarrollar a las alternativas existentes a  las pruebas científicas con animales.

David Hammerstein