EUROPA A LOS CINCUENTA:
SER O NO SER UN ACTOR POLÍTICO
Todos conocemos el problema básico de la Unión Europea. Con cada nueva cuestión, se repite hasta la saciedad. Se trata de la tensión entre los intereses comunes de Europa y los intereses particulares de sus estados miembros. El interés común es la respuesta europea a los problemas que van más allá de la capacidad para resolverlos de los estados. Los intereses particulares es la gran resistencia de los Estados a perder algo del control y reconocer los aspectos comunes de Europa es de una naturaleza muy diferente de las necesidades particulares de cada nación europea.
Hoy, nos encontramos en trance de una crisis muy grave. Como ha afirmado el filósofo Jorgen Habermas: "Los estados miembros están más lejos que nunca de perseguir un proyecto común".
Los partidos políticos llamados europeos son insignificantes, ya que carecen de líderes conocidos a escala europea o de listas electorales transeuropeas para elegir a los eurodiputados y al presidente de La Comisión en auténticas elecciones europeas, medidas que movilizarían a los ciudadanos europeos en la creación de un cuerpo político común. Cuando se hace un referendum sobre el tratado europeo debe ser el mismo día para toda la ciudadania europea para que haya un debate que supere las cuestiones nacionales.
¿Cómo podemos salir de esta crisis de legitimación democrática y de inoperancia? La solución no puede ser una retirada y una renacionalización, que deje a la UE como poco más que un mercado común glorificado. El camino adelante es más democracia, más derechos y más armonización.
Estamos convencidos de que las razones para una Constitución europea están más justificadas que nunca: la Unión Europea necesita un acuerdo constitucional que refuerce la democracia parlamentaria, la transparencia y el estado de derecho, asegure los derechos fundamentales, desarrolle la ciudadanía europea y mejore la capacidad de la Unión para actuar de forma efectiva a nivel interno y externo. Durante los últimos dos años del llamado periodo de "reflexión", o deberíamos llamarlo siesta, que han seguido al rechazo a la Constitución por parte de los ciudadanos franceses y holandeses. se ha hecho obvio que la mayoría de los gobiernos, y también la Comisión o el Parlamento Europeo, no han sido capaces ni han querido entrar en un diálogo serio con los ciudadanos europeos como prometieron, y tampoco han hecho propuestas concretas para salir de la crisis causada por el estancamiento del proceso de ratificación.
La presidencia alemana se encuentra en una situación muy difícil para reconciliar las posiciones de los países que quieren dejar la Constitución tal y como estaba, los que quieren deshacerse de ella enseguida y los que quieren reducirla a ciertos aspectos constitucionales para garantizar el funcionamiento básico de la Unión Europea. El método Sherpa, el elegido por la Presidencia alemana, que de nuevo consiste en negociaciones secretas a puerta cerrada, es más que cuestionable. La llamada declaración de Berlín que se adopta con motivo de la celebración de los 50 años de la Union Europea debe construir el puente para solucionar la crisis constituciónal.
Sin embargo, está claro que la crisis constitucional no puede solucionarse con un farol, ni con protocolos no vinculantes, ni con declaraciones solemnes o mini tratados. La crisis no puede resolverse mediante un acuerdo minimalista que aumentaría inevitablemente la decepción y la inseguridad de los ciudadanos europeos, sólo puede resolverse mediante un paso adelante valiente.
Uno de los prerrequisitos para poder efectuar dicho paso adelante es que los gobiernos entiendan que la Constitución es por naturaleza una cuestión en la que el debate público y la asociación de los parlamentos es indispensable. No es de extrañar que debamos los principales logros del texto actual al diálogo de los Parlamentos y la sociedad civil en la Convención. Sin dicho diálogo, es difícil concebir una salida a la crisis. El desdén de los gobiernos hacia el público y hacia la naturaleza parlamentaria del proceso constitucional y su rechazo a aceptar la ley de la mayoría (aunque sea de una mayoría "súper cualificada") es el dilema democrático fundamental de esta crisis.
El Tratado Constitucional actual puede y debe mejorarse, aunque se debe preservar los principales logros. Por lo tanto, rechazamos cualquier intento de reiniciar las negociaciones para escribir el tratado de cero. Existen dos formas posibles de proceder. A finales de junio, la presidencia alemana debería ser capaz, en estrecha cooperación con el Parlamento Europeo, de formular un mandato claro para ampliar la reforma. Si el mandato resultara demasiado largo, se debe convocar una Convención para elaborar la reforma. Si el mandato se centra en algunos puntos esenciales, la Conferencia intergubernamental podría trabajar es una especie de procedimiento de codecisión con el Parlamento Europeo, y decidir sobre las mejoras necesarias. Durante esta fase, foros parlamentarios deben acompañara las negociaciones para garantizar la participación de los parlamentos nacionales.
También creemos que si los cambios y mejoras, son pasados por un nuevo proceso de ratificación, entonces deberían ser sometidos a referéndum a la vez en toda Europa. Lo que nos gustaría revisar, incluso si somos conscientes de la falta de consenso en torno a ello, es el refuerzo de la dimensión democrática del proceso de toma de decisiones (falta de acción legislativa y falta de decisión en política exterior sin codecisión del Parlamento Europeo, la competencia total del Tribunal Europeo de Justicia para cualquier tipo de legislación, no al voto unánime para todas las decisiones, incluyendo la revisión del Tratado Constitucional), un papel más claro de la UE respecto a política social, ambiental y exterior.
También creemos que no debemos temer la promoción un amplio debate público: los Estados Miembros se comprometieron a organizar un debate sobre Europa, con todos los Parlamentos, partidos, sociedad civil, sindicatos e interlocutores sociales, pero dicho debate nunca ha tenido lugar. Estamos convencidos de que dicho debate público ayudaría a progresar en una UE más eficiente y democrática.
A pesar de todas las dificultades, la UE ha conseguido resultados increíblemente positivos en sus 50 años de existencia. Millones de europeos se han beneficiado directamente de sus políticas y el mundo es un sitio mejor gracias a la Unión Europea. Pero para la Europa social y ecológica que necesitamos en el futuro, con unos 30 estados miembros, nos urgen unas reglas más democráticas y eficaces.