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Los Verdes

30 juin 2016 4 30 /06 /juin /2016 00:01
LLAMADA  EN  DEFENSA  DE  LOS  BIENES  COMUNES

 

Numerosas iniciativas cívicas están trabajando para revitalizar nuestros bienes comunes ambientales, urbanos, rurales, científicos, tecnológicos y digitales.  Fomentan un futuro guiado por la participación democrática, la equidad  social y la sostenibilidad ecológica. En el corazón de estas acciones del "pro-común" están las relaciones sociales intensas y enriquecedoras que regeneran los vínculos y las comunidades con nuestros entornos biofísicos y humanos y tejen las relaciones interpersonales.

 

Rechazamos la idea de que no somos más que individuos atomizados movidos por los motivos egoístas como los del consumismo y los beneficios económicos. Nos consideramos ciudadanía activa y responsable con las necesidades de nuestro entorno vivo común y cooperamos para revitalizar formas de sociedad más equitativas, justas y saludables en las interacciones humanas y ecológicas, en los ecosistemas y sus frágiles metabolismos biogenerativos, en los barrios, pueblos, ciudades y regiones.

 

En estos momentos en que Europa se encuentra en una profunda crisis que se expresa de múltiples maneras, queremos recuperar la Europa para la ciudadanía y el medio ambiente. Nos preocupa que los gobiernos de los Estados tiendan a dar prioridad a los estrechos intereses de las fuerzas económicas dominantes del mercado y a los beneficios dinerarios particulares en vez de defender el bien común de las personas y del planeta. Nos alarman las trágicas amenazas al futuro que supone la intensificación de la desigualdad social, la exclusión y el cambio climático global, este representa una de las muchas caras que adopta la crisis ecológica global causada por nuestra actual condición colectiva de translimitación de las capacidades bioproductivas de la Tierra. Lamentamos que la privatización y la mercantilización masiva ya nos han usurpado gran parte de los bienes comunes que son esenciales para nuestro bienestar físico, social y cultural.

 

Nuestras experiencias del pro-común

 

El pro-común refiere a las relaciones de cooperación y de acción colectiva que estando encarnadas en redes ciudadanas persiguen las metas de defensa de los bienes comunes. Millones de personas en toda Europa y el mundo están desarrollando iniciativas locales desde abajo y no dirigidas por el mercado ni por el Estado. Se crean así sistemas autogestionados que satisfacen necesidades comunes fundamentales pero fuera de los mercados económicos dominantes y de los programas estatales tradicionales, a menudo creando innovadoras estructuras híbridas.

 

Comuner@s

 

Como sujetos comuneros que somos estamos guiados por las siguientes metas prácticas y principios de orientación:

- Construimos y fortalecemos socio-ecológicamente las comunidades humanas mediante el uso y el intercambio de recursos materiales, agrícolas y tecnológicos, conocimientos, artístico culturales.

- Realizamos proyectos de co-vivienda, apoyamos la agricultura ecológica local, vivimos en eco-aldeas y mantenemos infraestructuras comunitarias para muy diversos fines, como son la producción de energía, la gestión del agua, el acceso a wifi comunitario, la producción cultural y la financiación de proyectos.

- Optamos por gestionar colectivamente y de forma ecológicamente sostenible los recursos naturales bajo los valores de la suficiencia y la equidad contrarios a la abundancia, el despilfarro y la acumulación (incluidos el agua, los bosques, los ecosistemas singulares, las tierras, las semillas, los alimentos y la biodiversidad).

- Creamos libremente y compartimos música, imágenes, software, materiales educativos, conocimientos científicos, tecnologías ambientales y de escala humana, saberes  innovadores y tradicionales.

- Hemos obtenido cierto éxito en abrir y socializar parte de los saberes obtenidos mediante la investigación y conocimiento sobre la salud financiados con fondos públicos, buscando su retorno social y el libre acceso de tod@s.

- Aspiramos al cambio de las instituciones democráticas existentes en favor de más democracia participativa y la transparencia.

Hacemos un llamamiento a la diversidad del tejido social ciudadano y a las instituciones públicas de todo tipo para la provisión de los recursos y de la libertad necesaria con el fin de identificar, crear, administrar, regenerar y cuidar los bienes comunes. Llamamos a los gobiernos, locales y nacionales y a las instituciones de la Unión Europea, para facilitar el reconocimiento, la defensa y la expansión de los bienes comunes, para eliminar las barreras, los monopolios y los vallados privatizadores sobre los mismos, para abrir las puertas a la participación de la ciudadanía. Defendemos la prioridad del bien común en todas las políticas públicas mediante la acción positiva y las exigencias de una clara condicionalidad mediante el establecimiento de criterios e indicadores sociales y medioambientales en las inversiones, proyectos, contratas y gastos públicos. Estas políticas del bien común requieren procesos sociales de constante participación horizontal, de la ciudadanía y de las instituciones de gobierno, en la toma de decisiones comunitarias y exigen el diseño y la protección activa de las muy variadas formas y realidades de los bienes comunes.

Hacemos una llamada a los comuneros y comuneras para apoyar activamente un movimiento europeo que promueva con todas sus fuerzas la solidaridad, el conocimiento abierto y la cooperación en la defensa y fortalecimiento de los bienes comunes. Esta es una llamada a participar en un proceso emergente e integrador en toda Europa bajo las metas de la construcción y mantenimiento de una Asamblea del pro-común.

Junt@s podemos continuar construyendo una red fuerte y vibrante de proyectos colectivos para cuidar y regenerar los bienes comunes europeos para las personas y la naturaleza.

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22 juin 2016 3 22 /06 /juin /2016 14:22

WHY ITALY SHOULD SUPPORT SWIFT AND EFFECTIVE RATIFICATION OF THE MARRAKESH TREATY

Vatican Representative Archbishop Tomasi Speaking at WIPO General Assembly on IPR and Marrakesh Treaty

"E ricorda che l'obiettivo primario della nuova conoscenza è il servizio del bene comune della comunità umana.

“Questo bene comune deve essere servito nella sua pienezza, non secondo una visione riduzionista subordinata solo al vantaggio di alcuni; piuttosto, deve fondarsi su una logica che porta all’accettazione di una responsabilità comprensiva. «Il bene comune corrisponde alla più alta delle inclinazioni umane ma è un bene molto difficile da ottenere, poiché richiede l’abilità e lo sforzo costanti di ricercare il bene degli altri come se fosse il proprio bene. La distribuzione dei beni creati che, come ogni persona perspicace sa, oggi è in travaglio tra i mali più grandi a causa della grande disparità tra i pochi estremamente ricchi e i molti privi di beni, deve essere riportata e conformata in modo efficace alle norme del bene comune, vale a dire della giustizia sociale».


(“It recalls that the primary goal of new knowledge is the service of the common good of the human community. This common good must be served in its fullness, not according to a reductionist vision that is subordinated by some people only to their advantage; rather, it is to be based on a logic that leads to the acceptance of greater responsibility. The common good corresponds to the highest of human inclinations. The distribution of creative goods as we all know is done under the conditions of the worst evil due to the great disparity between the minority of extremely rich and the countless poor, which should be brought into conformity with the norms of the common good, social justice.”)

Three years ago an international binding agreement was reached in Marrakesh that was an historic landmark: for the first time a treaty was agreed upon that combined  human rights and copyright, that placed the common good ahead of the economic advantage of any particular group. This victory of millions of blind and other visually-impaired persons was not easy and it took over 5 years to overcome the opposition of those who only sought to protect the narrow interests of special interest groups with fundamentalist ignominous positions that expressed a great insensitivity toward one of the most marginalized and poor populations in the world. Today we ask the Italian Government to give practical  support for ratification that is  a moral position of basic justice or at least to support ratification from an ethic of compassion.

This is not about “finding a balance” between the “book famine” of blind persons and the rights of copyright holders, just like there can be no “balance” between someone starving and the overconsumption of the obese, or “the balance” of the need of a poor patient for a life-saving medicine and the profit margins of a pharmaceutical company.  This is about justice.


  A number of EU countries, including Italy have fought against this Treaty for years, in WIPO, in EU and now, according to all observers is one of the large countries stalling ratification and implementation by forming part of a blocking minority in the Council.  Sadly, Italy supported suspending the ratification process in the EU Council. This opposition has been based on unsubstantiated and unpublished excuses based on undisclosed political and special interest reasons that have nothing to do with the common good of access to culture, knowledge and education of the visually-impaired.  It is very surprising that the Italian Parliament has never discussed what its government is doing in Geneva or Brussels nor has the Italian Government given any explanation.
 
Nonostante le molte domande e le trattative, il governo italiano non ha mai spiegato pubblicamente le ragioni per le loro posizioni. A volte, Il disprezzo peggiore è il silenzio.

On the contrary,  we would like to remind you of the “profound indignation” expressed by the European Parliament   in its resolution adopted on  February 3rd  ,  2016 in reaction to the prolonged delay in EU ratification of the  “Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works by Visually Impaired Persons and Persons with Print Disabilities” (the text of which was agreed upon by the international community and the EU in June, 2013).  
 HYPERLINK  "http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2016-0168+0+DOC+XML+V0//EN" http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2016-0168+0+DOC+XML+V0//EN

Tre Punti Chiave a favore del Trattato:

1. È utile a molti e non fa male a nessuno. Non ci sono prove che facili la pirateria in quanto il trasferimento di opere avverrebbe attraverso le organizzazioni di non vedenti. Attualmente milioni di persone sono in attesa di avere la possibilità di prendere a prestito i libri oltre i confini grazie al Trattato.


2. Quello che va bene a casa propria va bene a livello universale.  Se esistono delle deroghe nazionali che si applicano ai non vedenti, perché non applicarle anche a livello internazionale? Si tratta di una questione di etica categorica.


3. Il mondo intero sta ratificando. Il Trattato entrerà in vigore presto ma senza l'Italia e senza l'Unione europea. Questo è una vergogna perché c’è una grande contraddizione: dove i libri ci sono, il trattato non è ratificato; dove il Trattato lo è, i libri non ci sono. Non è logico!

 

Sadly Italy has been one of the EU member states that has participated in the minority blockade. It is inexplicable that the  present Italian Government has  hidden behind the total lack of transparency of the EU Council to not reveal its positions nor to give any legal justification for not accepting EU exclusive competence over this issue against the opinion of all official EU legal services and all legal scholars.

Council Statement:  HYPERLINK  "http://www.statewatch.org/news/2015/apr/eu-council-marrakesh-treaty-guidance-7321-15.pdf" http://www.statewatch.org/news/2015/apr/eu-council-marrakesh-treaty-guidance-7321-15.pdf

Two separate issues are dealt with: how to put Marrakesh in to EU law and how to ratify the Treaty

We are facing two issues put forth by EU Member States: “the appropriate sequence of the implementation of the Marrakesh Treaty” and “the appropriate legal basis for the decision, in conjunction with the question of competence (exclusive versus shared)” If it was shared it could take over 10 years to ratify.


According to the Council and Italy the Treaty cannot be implemented without changes in EU legislation. The Council presents no legal arguments for its position while the Commission has. It criticizes the Commission harshly for not presenting a legislative proposal in last year and a half and for presenting “vague proposals that lack legal certainty.” This is a blame game, a political ping-pong that wastes time and diverts attention from ratification. Three years later and finally we have a EU draft legislation  in form of a Directive and a Regulation for the Marrakesh Treaty.

I am pleased to announce that the proposal for  implementation into EU law of the Marrakesh Treaty has been sent today by the Copyright Unit of the European Commission for “inter-service consultation” which means for comments from different European Commission departments dealing with disabilities, internal market and culture. This proposal reflects very closely the Treaty text without any controversial additions that could mean barriers to fulfilling the Treaty´s potential. We shall be vigilant to assure there are no major objections nor changes from other EC departments.

If there are no unexpected delays the final proposal will be presented to the European Parliament on September 21st for debate and for possible amendments on the same day that it presents its “copyright reform package” and other proposals related to the Digital Single Market. It is of upmost importance that in this legislative process that new restrictive and limiting elements are not added to the text by the European Parliament or by EU member states in the Council.  

The European Court of Justice: The ECJ will give its opinion on the exclusive EU competence to ratify the Treaty in October or November. According to reliable information the ECJ will most probably confirm the exclusive competence of the EU and reject the claims of a few EU member states against EU competence. This would clear the path for swift ratification and implementation. It is a great pity some EU member states forced this consultation which has delayed the whole process for over a year.

 

We would like to express our profound dissatisfaction with three years of time lost for access to culture for the visually-impaired due to a lack of consensus building, technical commitment and political will on the part of both the Commission and EU member states. This expresses a lack of sensitivity of the needs of blind and visually impaired persons. We want the blame game between the European  Parliament, Council and Commission to end right now with an institutional agreement.

We request that Italy and other EU member states to not introduce new barriers into the EU legislation that would limit the efficacy of the Treaty. The worst would be “commercial availability”.
“Commercial availability would kill the objectives of the Marrakesh Treaty:   “If you can buy a book, you can´t share it” ("Se è possibile comprare un libro, non è possibile prenderlo in prestito")

("Se si può comprare un libro, non è possibile prendere in prestito")

 

Three reasons against "commercial avialability"


A. It is discriminatory against blind persons: Sighted persons can get most books for free from public libraries, but visually impaired-persons will not.

B. It is a great bureaucratic burden for libraries and civil society, creating legal uncertainty that will effectively prevent cross-border sharing of accessible books.
C. It is not an incentive for industry because Marrakesh exists precisely because of a great market failure in which industry did not provide accessible works.
D. There is no clear definition of “commercial availability”: where? at what price? in what format?

 

Finally, we ask the European Parliament, the Commission and the Council to have  three-way informal consultations to reach an agreement  for a “fast track” for the swiftest way of assuring ratification and implementation.

 

 

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14 juin 2016 2 14 /06 /juin /2016 14:33

 

 

 

Aunque parezca un chiste macabro “el Frente del Carbón”, compuesto por sindicatos, distintas comunidades autónomas de distintos colores políticos y empresarios mineros, se ha reunió en Madrid en junio para presentar su plataforma. Presentaron sus reivindicaciones para alargar en el tiempo más y más la extracción y quema de carbón mediante subvenciones públicas del Estado español. Quieren también llevar la presión política a favor del carbón a las instituciones europeas para que se modifique el reglamento europeo de que más allá del 2018 los estados miembros no podrán seguir apuntalando con dinero público la ruinosa y cancerígena economía de producción eléctrica mediante la extracción y quema del combustible fósil que es la primera causa del colapso climático planetario.

 

Aquí damos algunas razones para dejar el carbón en el suelo.

 

 

 

1. Con el carbón no hay futuro: Sin acabar rápidamente con la quema del carbón no hay ninguna manera de amortiguar el tsunami climático en marcha y sus terribles impactos sociales y ambientales. El carbón y el resto de combustibles fósiles son los principales culpables del calentamiento global además de provocar otros graves daños en recursos tan vitales como el agua, el suelo y la biodiversidad, que dan soporte y hacen posible la supervivencia de nuestras sociedades. Es urgente adaptarnos de forma realista a los datos aportados por la mejor información científica disponible sobre la maltrecha situación de los equilibrios atmosféricos y los ecosistemas. Están en juego las fuentes vitales de abastecimiento, seguridad y existencia. Es muy frágil y vulnerable nuestra condición histórica de rebasamiento de los límites biofísicos, y sus consecuencias de destrucción irreversible y degradación de las capacidades biogenerativas de la Tierra serán dantescas e inimaginables si no actuamos rápido. El argumento de la llamada “transición energética” no puede convertirse en un cheque en blanco para demorar durante décadas y décadas las decisiones de desmantelamiento de la economía del carbón. Numerosa ciudadanía junto a profesionales expertos y pensadores sociales, religiosos y filosóficos reconocen que dejar enterrado el carbón en el subsuelo hoy constituye un imperativo moral. De no hacerlo significará también un avance de la injusticia y exclusión social en un mundo como el nuestro donde los primeros que padecen más directamente el cambio climático son los más empobrecidos. Dada la sobrecapacidad existente de producción eléctrica es innecesaria la quema del carbón en España. En el 2015 el carbón era 20% del mix eléctrico frente al 7% del 2010. La subida de la cuota del carbón tuvo la consecuencia de elevar un 4,2% las emisiones contaminantes de CO2 de este último año en España. Contrariamente, en vez de mirar a otro lado muchos países europeos están dejando de generar electricidad con el carbón.

 

2. El carbón no tiene futuro: invertir en el carbón es un negocio ruinoso. Si es una inversión pública mediante masivas subvenciones es aún más ruinosa e inmoral, y constituye todo un ejemplo bochornoso de despilfarro de dinero que podría dedicarse a necesidades colectiva (ecológicas, educativas, sanitarias, asistenciales, … ). Gastar más de 100.000 euros de dinero público para mantener en el empleo a cada uno de los mineros constituye toda una locura económica. Contrariamente, por todo el mundo avanza un movimiento de instituciones públicas y privadas muy diversas, empresas, planes de pensiones, sindicatos, iglesias y mucha ciudadanía, que están sacando sus inversiones económicas, acciones y bonos relacionados directa o indirectamente con la sucia economía del carbón. Según todos los pronósticos económicos el carbón no tiene futuro alguno y no es aconsejable invertir en esta economía colectivamente suicida.

 

3. El “carbón nacional” no existe porque el carbón no sabe de fronteras. El desastre climático no se detiene ni distingue fronteras nacionales, le da igual si el carbón es importado o del propio territorio estatal. Es indiferente el origen del carbón porque todo carbón suma y aumenta los daños irreversibles a los ecosistemas, la biodiversidad y la salud humana. Son iguales de nefastas las centrales térmicas que queman carbón importado de Colombia en Galicia que las térmicas y la minería de cielo abierto que destripa montañas para extraer carbón “nacional” en Asturias y León. Para el derrumbe de un bien común tan esencial como es el clima es lo mismo. Si somos realistas y responsables con la justicia climática y la vida urge programar el cierre de todas las térmicas en los años próximos. No hay excusas para esta actividad económica ni para que el menguante dinero ciudadano revierta en mantener este lucrativo negocio privado de las eléctricas y de los empresarios mineros del carbón.

 

4. No hace falta el carbón para producir electricidad en el Estado español. La potencia eléctrica instalada en España supera con creces la demanda de energía, es más de 102 mil megawatios cuando al pico máximo de consumo (durante una hora) en el 2015 era de 40 mil megawatios, siendo además que la media de demanda durante el año era mucho menor. Hay una clara sobrecapacidad de generación eléctrica. Hay fuentes alternativas más limpias en la capacidad de generación energética española sin tener que recurrir a las nucleares ni al carbón. Las minas y las térmicas de carbón solo se mantienen gracias a las subvenciones o para dar mayores margenes de beneficios económicos a las empresas eléctricas. Hace 8 años el carbón estaba en una cuota de menos del 6% del mix eléctrico español y ante un cambio climático desbocado podemos prescindir por completo del carbón sin tener problemas de suministro eléctrico.

 

5. Las subvenciones y fondos mineros controlados por los empresarios, sindicatos y políticos de la minería del carbón se han despilfarrado sin generar nuevo tejido económico. En los últimos 30 años se han gastado 26.500 millones de euros de dinero público en una ficticia “reconversión industrial” mientras solo el 20% de esta cantidad se ha repartido entre la promoción de nuevas empresas, la construcción de infraestructuras y la formación profesional. El 80% ha ido a parar a los bolsillos de los propios empresarios mineros y a las pre-jubilaciones. Según distintas fuentes y algunas denuncias y juicios en los tribunales ha habido un escandaloso y corrupto “pacto del pollo” para la malversación de miles de millones de los fondos mineros y de otras subvenciones por parte de la alianza del carbón: empresarios mineros, sindicatos y políticos. Los llamativos casos del empresario minero Vitorino Alonso (ex-presidente de la patronal minera CARBUNIÓN) o del sindicalista Villa, son botón de muestra de la existencia de una corrupción casi generalizada. El resultado salta a la vista: en lugar de crear economía y empleo alternativos enraizados, hay polígonos y museos vacíos, infrastructuras abandonadas e inútiles y empresas fantasmas.

    1.  

6. El carbón no es fuente de “seguridad estratégica” ni de “soberanía energética”. Al contrario de las fuentes renovables, como es la energía solar que puede ser descentralizada, el carbón necesita mastodónticas estructuras de transporte, plantas térmicas centralizadas y largas lineas de alta tensión. La electricidad generada con carbón es mucho más vulnerable e insegura en cualquier situación de acontecimiento climático o ante crisis sociales y económicas, en cambio las renovables son mucho más flexibles y resilientes, pueden ser gestionadas localmente y autónomamente a nivel comunitario obteniendo con ello más ventajas en seguridad, gestión democrática y reparto social. Las inversiones o subvenciones del carbón sangran innecesariamente las arcas públicas y dificultan la emergencia de las empresas y el empleo en las energías renovables. Las fuentes de energía más “autóctonas” son las renovables y por fortuna la península tiene mucho sol y viento para ellas.

 

7. La vuelta al pasado: las renovables dan empleo a 76 mil personas, el carbón a menos de 5 mil. A pesar de la crisis económica y las políticas anti-renovables del Gobierno del PP el sector económico de las renovables sigue siendo pujante y ecológicamente necesario. Son grandes sus posibilidades, ha llegado a tener 150.000 empleos en el 2008 y el empleo en las renovables crece a un ritmo de 5% cada año a nivel mundial. España va a contracorriente.

 

8. El mundo al revés: el Gobierno del PP ha duplicado las ayudas a la quema del carbón español y los partidos autodenominados progresistas se suman a este descalabro colectivo. Mientras se disparan las emisiones españolas de CO2 también se han recortado todas las ayudas públicas a las renovables y se ha impuesto la inviabilidad del auto-consumo solar. Las demandas cancerígenas del Frente del Carbón ganan: en abril del 2016 el Gobierno del PP, con el apoyo y voto del PSOE, IU y Podemos, ha duplicado las subvenciones (¡hasta 25 euros por tonelada!) para incentivar la quema del “carbón nacional” en las térmicas.

 

9. El carbón ha bloqueado las alternativas de empleo en las cuencas mineras. El monocultivo del carbón en las cuencas mineras constituye un gran despilfarro y su mantenimiento mediante subvenciones estatales sustrae recursos y posibles inversiones en otras actividades y economías alternativas compatibles con la protección ambiental. Las continuadas subvenciones estatales y la presión política del Frente minero del carbón constituyen grandes barreras históricas a las posibles iniciativas de creación de empleo alternativo.

 

10. En el 2018 finalizan los plazos legales europeos para las ayudas al carbón por parte del Espado español. Apostar por alargar el futuro del carbón español es una apuesta inútil y en contra de la legislación europea. Ya se tenían que haber acabado las ayudas al carbón en el 2010 pero finalmente bajo las presiones del lobby pro-carbón se extendió la fecha tope dada desde Europa hasta el 2018. En el actual contexto de los compromisos europeos del Acuerdo de la Cumbre del Clima de Paris es muy improbable que se vuelvan a alargar los plazos y se cuestione la fecha límite del 2018. El futuro post-carbón ya está aquí.

 

 

DAVID HAMMERSTEIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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7 juin 2016 2 07 /06 /juin /2016 16:49

 

La temible realidad del Cambio Climático en la que estamos parece no encajar nada bien en la actual política valenciana. Ante la urgente necesidad de adaptarnos en lo posible a los daños ecológicos y sociales que inevitablemente acompañan al desastre climático nuestros gobernantes solo salen al paso con balbuceos retóricos y poco más. Sus gestos y discursos mediáticos están cargados de declaraciones de intenciones y principios abstractos sin concreción alguna.

 

El Consell responde con malabarismos teatrales ante las muchas caras, locales y globales, de la gravísima crisis ecológica y da a entender que está “trabajando” en la puesta en marcha de soluciones oportunas. Sus portavoces más cualificados manifiestan sin pudor “una preocupación responsable” allí donde se precie cuando en realidad solo buscan ganancias políticas ante eventos y fechas señaladas, como fue la pasada Cumbre Mundial de Paris contra el Cambio Climático o como ha sido el Día Mundial del Medio Ambiente del 5 de junio. Pero la triste verdad de la colosal irresponsabilidad climática practicada por el gobierno valenciano es que hasta la fecha no ha tenido la voluntad de iniciar las ambiciosas políticas transversales prometidas, que exigirían la reducción significativa de las emisiones contaminantes a la atmósfera. Más allá de la inflación retórica de sus discursos, como ha sido la ocurrente idea de añadir la palabra de Cambio Climático a la Conselleria d'Agricultura, medi ambient i desenvolupament rural, el atolladero del Cambio Climático queda fuera de la agenda y prioridades presupuestarias y legislativas.

 

Cuando se trata del Cambio Climático emerge automáticamente su externalización a un futuro incierto y bien distante de los cuatro años de responsabilidad del propio Consell, o bien se culpa de todo al Gobierno estatal por la falta de medios legales o financiación. Esta cantinela constituye una doble táctica evasiva: se achaca la actual inacción a la gestión pasada y actual del PP (algo que es una obviedad), y al tiempo se desplazan a un futuro lejano las necesarias actuaciones “fuertes”, siempre fuera del actual periodo de responsabilidad institucional. Ante el profundo desafío existencial planteado por el Cambio Climático, incomprensiblemente parece que nunca llega el momento adecuado para las políticas en favor de la justicia climática y la supervivencia. De esta manera resulta muy fácil la asunción de compromisos climáticos para el 2030, 2040 o 2050.

 

Contrariamente, y para gran fastidio de nuestra esquiva clase política, cada día que pasa se hace más imposible despachar con más dosis de retórica los grandes dramas ambientales, como es el Cambio Climático, debido a que se trata de fenómenos biofísicos objetivables, medibles, cuantificables y socialmente cada vez más percibidos y angustiosos. El maquillado político y la manipulación social topan con la roca dura de los hechos y los límites naturales irrevocables y rebasados. Nuestra situación histórica de translimitación sin retorno tiene muchas alertas rojas y exige modificar fuertemente las dominantes pautas valencianas del crecimiento de la muy insostenible escala material de la producción y el consumo. Ninguna posible innovación tecno-científica podrá ser eficaz si no se acompaña de giros estructurales en favor de valores sociales y morales alternativos, como son la suficiencia, la equidad y el cuidado de los bienes comunes frente a los suicidas cantos de sirena del crecimiento del consumo y de la macroeconomía dineraria que dominan el discurso político valenciano.

 

La charlatanería de las declaraciones de miembros del Consell contra el Cambio Climático ha sido grandilocuente: “alcanzaremos el 50% de renovables en esta legislatura”, “Hay que ir más allá del acuerdo de Paris que es insuficiente”, “todos los departamentos del Consell tendrán claros objetivos climáticos”, “Revisaremos los objetivos del PP del plan climático”, “Presentaremos un gran plan energético valenciano”, “Valencia se compromete a reducir las emisiones en el 40% en 2030”... Parece que todo cabe en esta hoguera de vanidades y engaños políticos para conseguir titulares en una prensa valenciana especialmente sufrida y desmemoriada. Es grande la indefensión políticamente organizada de la ciudadanía valenciana a la hora de saber si avanzamos o no en la reducción las emisiones de carbono a la atmósfera debido a que no se establecen metas públicas, concretas, temporales, medibles y evaluables mediante claros indicadores físicos y sociales. Es lastimoso constatar que ni siquiera se practica una pedagogía social mediante propuestas ambiciosas y brilla por su ausencia la ejemplaridad del propio Consell en sus gestiones, edificaciones, compras, obras y contrataciones. Se bloquean así las posibilidades de aprendizaje social que impulsaría el debate amplio sobre los problemas y las posibles soluciones. Tampoco puede seguir encerrándose el Cambio Climático en un asunto exclusivamente “energético” debido a que sus causas humanas tienen orígenes en actividades muy diversas, como son el sobreconsumo, el turismo de masas, la industria pesada, el transporte motorizado, la industria agroalimentaria, el aumento de población, la vivienda y las formas expansivas de urbanización.

 

Por desgracia, a pesar de que la realidad concreta del Cambio Climático avanza sin control con altas dosis de incertidumbre a ojos humanos, la sociopática actitud negacionista de políticos de izquierdas y derechas es la de continuar como si nada. ¿Qué futuro y esperanza nos aguarda si no hay políticas decididas en favor de la justicia climática y ambiental por parte de un gobierno y parlamento en manos del PSOE, Compromís y PODEMOS?. Las emisiones de CO2 de los sectores industriales valencianos (sobretodo cerámica, cemento y energético) siguen creciendo (más del 12.5% entre 2013 y 2015). La merma temporal de actividad a causa de la crisis económica es la razón de que no suba aún más la muy sustancial contaminación de los llamados “sectores difusos” (residencial, transporte, agrícola y ganadero, residuos, gases fluorados e industrial) que no han sido incluidos en los acuerdos sobre el comercio de derechos de emisión y se suelen invisibilizar en la contabilidad climática oficial.

 

La transparencia informativa sobre el caos climático valenciano brilla por su ausencia. Es casi imposible encontrar datos recientes y completos sobre las emisiones contaminantes. No existen objetivos anuales concretos de reducción para su cumplimiento por parte de la Generalitat en los sectores de su competencia directa. En la Web de la Generalitat las últimas cifras de emisiones CO2 son muy parciales y del 2014. No hay datos recientes accesibles a la ciudadanía precisamente sobre las emisiones “difusas” que son competencia de la Generalitat.

 

En este contexto no es de extrañar que en los actos públicos con dirigentes de la Consellería responsable del Cambio Climático se instauren formas aberrantes de “participación” y comunicación. No se permiten interpelaciones ni debate abierto y espontáneo con el público asistente, solo son posibles las preguntas escritas comprimidas en reducidas frases que además después son filtradas y reinterpretadas por los organizadores. La Consellera responsable acaba de anunciar “una nueva política ambiental para un nuevo tiempo” en un acto organizado por la multinacional de la construcción FCC, uno de los reyes mundiales del ladrillo y el cemento. ¡Nos ha anunciado que habrá una “Ley Valenciana contra el Cambio Climático” antes del final de la legislatura en el 2019! Y hasta entonces no sabe ni contesta. Pero el esperpento aún puede subir en intensidad: dos de los tres partidos del Pacte del Botànic: el PSOE y PODEMOS, apoyan junto a IU las subvenciones para continuar quemando y extrayendo carbón, la primera causa de que las emisiones españolas de CO2 aumentaran un 4.2% en el 2015. Además, el nuevo PODEMOS “socialdemócrata” solo ofrece las anacrónicas y fracasadas recetas del crecimiento de la tarta económica y la demanda del consumo, que son una causa central del colapso climático global en el que nos encontramos.

 

El reino de ninguna parte parece estar detrás del cacareado lema del“cambio de modelo productivo”. Aunque resulten loables los intentos del Consell de meter en cintura a la irracional situación del tratamiento de residuos, de dignificar la gestión de espacios naturales valiosos o de proyectar un plan de agricultura ecológica, lo cierto es que la madre reina de todas las guerras ambientales es el Cambio Climático y su campo de batalla es la economía. Apostar por afrontarlo con cierta eficacia demanda un verdadero y urgente cambio de modelo productivo hacia una economía circular, con circuitos próximos y cerrados y de muy bajo consumo de recursos no-renovables de todo tipo, y sobretodo exige una salida rápida de los combustibles fósiles. Pero esto no solo se consigue con una importante (aunque todavía inexistente) implantación masiva de energías renovables (en el gobierno Zapatero fue cuando más crecieron pero también cuando más aumentaron las emisiones de CO2) sino que reclama cambios estructurales en favor del bien común en el transporte, la vivienda, el urbanismo, la agricultura, la ganadería y el comercio, todos los sectores que precisamente están bajo la competencia directa de la Generalitat Valenciana.

 

DAVID HAMMERSTEIN

 

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21 mars 2016 1 21 /03 /mars /2016 19:34
El clima, los extraterrestres y el negacionismo práctico

Nuestros líderes políticos no toman en serio el cambio climático ni priorizan las políticas climáticas. A juzgar por los discursos de los principales líderes españoles, son unos extraterrestres: no suelen hablar ni del aire ni de la tierra ni de los animales, las plantas, ni siquiera de nuestra salud y de nuestros alimentos. La vivacidad que nos rodea y nos sustenta no es prioritaria en sus agendas políticas. No parecen tener los pies sobre la tierra.

  • El acuerdo alcanzado en la cumbre de París sobre el cambio climático fue un éxito político pero no un éxito climático. Después de París sigue existiendo una gran contradicción moral entre las advertencias científicas sobre la extrema gravedad de la situación y las débiles, ambiguas y retóricas respuestas climáticas institucionales. A grandes rasgos es verdad que es positivo el que se haya reconocido casi universalmente la importancia del cambio climático y que se haya apostado por unos objetivos “ambiciosos” de reducción de emisiones a largo plazo. Sin embargo, la cumbre de París ha fracasado estrepitosamente al no asegurar ni los medios, ni los plazos ni las obligaciones vinculantes para enfrentarse a la envergadura de la crisis que se nos viene encima.

  • Necesitamos como el agua una enorme movilización institucional y financiera sin precedentes de solidaridad social, cooperación técnica y cambio cultural pero la casi totalidad de nuestra esfera política sigue priorizando el crecimiento económico a toda costa, la competitividad y el comercio internacional por delante de una acción climática eficaz. Así las instituciones políticas y los grandes actores económicos siguen anclados en un negacionismo práctico. No niegan el problema ni sus causas pero al mismo tiempo sus acciones concretas en la realidad biofísica no alivian ni revierten los múltiples impactos biocidas del cambio climático.

  • Ante la contradictoria, tímida e irresponsable respuesta política al cambio climático, la eficacia real a todos los niveles dependerá de la capacidad de amplia reacción ciudadana en defensa de los bienes comunes naturales. Nos urge la construcción de una tupida y masiva red solidaria global de acciones concretas, comunitarias e institucionales, para responder a las crecientes y múltiples crisis socio-ecológicas que ya están golpeando a centenares de millones de personas. Probablemente, será la misma pedagogía de la catástrofe que acabará bajando los políticos extraterrestres a tierra. Esperemos que no sea demasiado tarde para evitar lo peor.

 

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12 mars 2016 6 12 /03 /mars /2016 09:34

 

 

Estamos atrapados en la falaz y persistente idea de que el crecimiento y el bienestar de una sociedad humana son la misma cosa. Aunque contrariamente a este espejismo el crecimiento económico y financiero se han convertido en enemigos de la misma prosperidad de las personas y de todo el mundo viviente. Incluso muchas de las promesas de abundancia e igualdad en el mundo digital han resultado ser unas renovadas versiones de viejos modelos distópicos de extracción y dominio industrial.

 

Muchos de los negocios de las grandes empresas multinacionales se dedican básicamente a actividades extractivas de bienes y servicios, tanto materiales como inmateriales, convierten nuestro dinero relacionado con la economía real de intercambios en simples precios de acciones bursatiles inmateriales. De hecho, esta "minería financiera" acaba exprimiendo el mundo social y natural, bien reales y encarnados, para hinchar artificialmente la burbuja y el valor de sus acciones (a veces incluso mediante la re-compra de las acciones por la propia entidad financiera). Se generan así unas ganancias fabulosas a costa de menospreciar y depreciar tanto el valor del mundo biofísico real como el valor del trabajo humano. De hecho, hay en el mercado mundial mucho más dinero financiero especulativo en circulación que dinero anclado localmente en bienes materiales y mano de obra. Como dice Douglas Rushkoff “las grandes multinacionales son como personas muy obesas, chupan el dinero de nuestra economía y lo almacenan en la grasa del altos precios de sus acciones. Esto no es un negocio; es la extracción de valor.” La indeseable consecuencia es que se asigna un precio y un valor monetario a todo al tiempo que vacían de valor y no dan valor a nada entre nuestros bienes comunes comunitarios y globales más preciados.

 

Nuestro sistema monetario global está fundamentalmente basado en la desconexión con el mundo social humano y el mundo viviente cada vez más esquilmado y contaminado mediante la inflación de acciones bursátiles especulativas y de pagos de deudas a los bancos con bastante más dinero que el que se ha prestado. Dando vueltas en esta noria irracional los países y la ciudadanía se ven obligados a orientar sus economías casi totalmente hacia el crecimiento crematístico especulativo en lugar de dirigirlas hacia actividades realmente encarnadas en el mundo socioambiental que habitamos y hacia el bien común social, cultural y ambiental. Las consecuencias son devastadoras al aumentar la desigualdad social y acelerar aún más el empeoramiento del estado de los sistemas naturales necesarios para la habitabilidad humana y convivencia pacifica de nuestras sociedades.

 

¿Es la economía colaborativa la economía del bien común?

 

Algunos ejemplos globalizados de la a llamada “economía colaborativa” como puede ser las iniciativas Arnbnb (de alquileres turísticos) y Uber (de viajar en coches particulares), o de actividades similares, pueden parecernos a primera vista unas buenas innovaciones para avances positivos de cooperación y redistribución, pero no lo son tanto. En realidad se tratan de ejemplos extractivos donde unos cuantos ganan y la mayoría pierde porque multiplican el valor del dinero de forma lineal, globalizada y abierta sin retorno al tiempo que también parasitan la vitalidad de los tejidos socio-ecológicos reales comunitarios que irremediablemente nos constituyen y habitamos. A medio o largo plazo tampoco crean estructuras sociales y económicas estables. Como los sistemas vivientes, entre los que se incluyen necesariamente las sociedades humanas, para operar para su supervivencia, bienestar y florecimiento deben constituir circuitos circulares de intercambios de materiales, energía, gente, tecnología, dinero y residuos. En suma, estar enraizados localmente con objetivos del bien común comunitario. El mero hecho que un modelo de negocio o un modelo social quiere compartir recursos colectivamente no significa que que protege nuestros bienes comunes más apreciados como el agua, el aire o el suelo. Solo es posible si en nuestra escala valores se impone una jerarquía de unos indicadores del bien común social y natural por encima de los beneficios económicos y el consumo. Favorecer el uso del coche particular, aunque sea compartido o fomentar el turismo masivo, aunque sea en casas particulares, no son objetivos compatibles con la defensa de los bienes comunes, tanto a nivel social como ecológico.

 

El mero hecho de que un modelo de negocio o un modelo de actividad humana quiera compartir recursos con otros, colectivamente, incluso mediante fórmulas participativas y democráticas, no implica necesariamente un avance en el reconocimiento, la mejora y preservación de los bienes comunes fundamentales para la vida social y para la biodiversidad viviente en general.

 

 

La economía colaborativa que se construye con exigencias y condiciones de responsabilidad ambiental y social para el cuidado de nuestros bienes comunes más apreciados será posible en una economía de los bienes comunes si también damos un giro radical a nuestras prioridades y a nuestra escala de valores y aspiraciones. Se impone con ello unos nítidos principios socio-ambientales y una jerarquía en los indicadores del bien común, por encima de los grandes beneficios económicos y aumento del consumo material, porque la escala física de nuestra economía y nuestros estilos de vida sobreconsumidores sobrepasan peligrosamente la menguante capacidad de carga de los ecosistemas.

 

A otro nivel, los simulacros digitales de comunicación entre personas, como las redes sociales de Google, Facebook y Twitter, a menudo nos parecen más importantes que el mundo real pero no lo son. Aparte de fortalecer la alienación y separación de las personas con su entorno social y natural, suelen aumentar la extracción y mercantilización de datos inmateriales y de bienes materiales. Incluso, el acceso abierto y los datos abiertos pueden favorecer una mayor concentración empresarial y digital. Hoy la definición oficial de toda acción europea de la UE es mercantilizada como “Digital Single Market” (Mercado Único Digital) cuando lo que hace falta es un “Digital Single Commons” (Pro-común único digital) que favorece la decentralización, el control comunitario democrático y los fines socio-ecológicos de las redes.

 

 

 

Pero entonces¿como puede volverse el mundo digital al servicio de la única realidad existente, inevitablemente entretejida material y ecológicamente?¿Como podemos acelerar la necesaria salida de una economía extractiva (tanto de materiales como de dinero y de datos de la economía real local) y basada en el crecimiento infinito (un principio miope y catastrófico en un planeta cerrado, finito y escaso en materiales) para la transición hacia una economía austera físicamente pero culturalmente abundante que fomente a la vez el cuidado de las comunidades locales y los sistemas vivos?

 

Existe una diferencia fundamental entre hacer del mundo un lugar mejor y solo hacer un “menor daño”, en este caso aminorando ligeramente los males creados por una economía dominada por la trampa del crecimiento inacabable y cuyo resultado neto de la actividad es negativo. Se trata de un dilema que no se puede resolver como si se tratara solo de una opción lógica, teórica y abstracta, y tampoco es resoluble mediante un deber ser de principios morales generales y racionales, las salidas de este atolladero han de estar insertadas en opciones prácticas, encarnadas socialmente, física y ecológicamente. Esta habilidad práctica y sus guías de orientación han de estar incrustadas en las exigencias de una condicionalidad ecológica y social.

 

Ante cualquier proyecto de acción de economía colaborativa se han de poder adoptar decisiones acordes con interrogantes como estos : ¿la comunidad donde vivo será más democrática, justa y solidaria? ¿los beneficios de la iniciativa económica será repartido equitativamente entre los participantes directos y la comunidad? el suelo donde vivo ¿será más sano y rico? ¿El agua que fluye en el río cercano estará más poblada de vida y estará más limpia? ¿el aire de mi ciudad será menos nocivo, más puro y respirable? ¿ Se fomentará una cooperación Norte-Sur positiva y significativa?

 

DAVID  HAMMERSTEIN

 

 

 

 

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28 février 2016 7 28 /02 /février /2016 21:50

Mientras que en el pacto PSOE-Ciudadanos son muy concretos los compromisos adoptados para esta legislatura en torno a cuestiones económicas, financieras, territoriales y institucionales (con objetivos, plazos, indicadores y medios estipulados), en cambio los compromisos en ámbitos ambientales y energéticos son ambiguos, contradictorios, esquivos y muy insuficientes.

En las declaraciones de lucha contra el cambio climático no hay ninguna concreción en objetivos con indicadores claros, medibles y evaluables para la reducción de CO2 a lo largo de esta legislatura. Tan solo se habla de generalidades mediante declaraciones de principios abstractos, como son los “escenarios progresivos” y la promesa de “un sector eléctrico basado en las energías renovables en el 2050”. Limitarse a la presentación de una “memoria anual sobre la reducción de CO2” es sencillamente una medida ridícula que no ofrece garantía alguna de una política decidida ante el temible cambio climático.

En este acuerdo de gobierno se da la espalda a la grave crisis climática y ambiental en la que estamos y se renuncia a emprender una rápida transición energética hacia las renovables y a frenar la grave pérdida de biodiversidad. En dicho pacto se dan grandes contradicciones e incompatibilidades de fondo, entre la posible apuesta por un programa ambiental coherente y transversal y entre las prioridades económicas del programa común pactado entre PSOE-C's: de concentración empresarial con “medidas para aumentar el tamaño empresarial”, de fomento de la “internacionalización de la economía” con continuadas referencias a las prioridades económicas del “crecimiento”, la “competitividad” y la “productividad”. Conviene recordar también que las dos fuerzas políticas PSOE y C's apoyan el proyecto del nuevo tratado de libre comercio TTIP entre EE.UU y la UE que tendría enormes impactos negativos sobre el medio ambiente y el clima.

El pacto de investidura PSOE-Ciudadanos tira por la borda cualquier posibilidad real de avanzar en la lucha contra el cambio climático al apostar por la continuación de las subvenciones a la economía del sucio carbón como fuente de producción de electricidad en España, a pesar de que en el 2015 aumentó un 23% la quema de carbón, lo que ha provocado un aumento de las emisiones de CO2 del 4% en España. El cuerdo PSOE-C's apuesta por la continuidad del reflote público de la economía extractivista del carbón bajo un lenguaje tecnicista y oscuro: “la autonomía energética garantizando la seguridad de suministro que incluya la solución al consumo del carbón nacional contemplada en el Marco de Actuación acordado con las agentes sociales.. y el fomento de la combustión limpia”. Esta anacrónica opción contradice radicalmente los objetivos de reducción de emisiones contaminantes de CO2 de la UE y del reciente acuerdo de Paris (COP 21).

Mediante este acuerdo se quiere alargar más tiempo la innecesaria y muy contaminante producción eléctrica de la térmicas de carbón (provenga el carbón del exterior o de suelo “nacional”). También significa continuar con los privilegios de las subvenciones directas e indirectas a las empresas de extracción y quema del carbón. Este consenso extractivista del carbón de PSOE y C's se apoya en las falsas premisas de las empresas eléctricas del carbón que prometen una “tabla de salvación” para continuar con las mastodónticas subvenciones a esta cancerígena fuente energética: las insostenibles, peligrosas e ineficaces tecnologías de “carbón limpio” y de “secuestro de CO2”. La participación del carbón en el mix energético, con más del 20%, es el principal motivo del fracaso español en la reducción de las emisiones de CO2. Cruzar la linea de carbón es cruzar una linea roja ambiental clave.

En cambio, todos los grandes grupos ecologistas han exigido “la necesidad de tener un cierre programado de las centrales de carbón, ya que estos dos últimos años las emisiones de la electricidad con carbón han estado aumentando muchísimo”, y critican que “siga buscando recovecos para que España continúe produciendo electricidad del carbón”. (Ver aquí: http://www.energiadiario.com/publicacion/los-ecologistas-piden-el-cierre-programado-de-las-centrales-de-carbon/

También resulta llamativa la reciente “marcha atrás” dada por Podemos para acercar posiciones con el PSOE en las negociaciones previas a la votación de investidura de gobierno. Podemos abandona su anterior reivindicación programática de cierre progresivo de las centrales térmicas de carbón y deja atrás su posición en contra de las subvenciones que reflotan la actividad minera e industrial del carbón. Ahora Podemos sí apoya la continuación de las ayudas al carbón y apuesta por “sacar y quemar carbón” por “no existir alternativas” . (Ver aquí: http://www.lne.es/cuencas/2016/02/20/rectifica-apuesta-ahora-ayudas-carbon/1885883.html;http://www.diariodeteruel.es/noticia/70686/podemos-recula-y-admite-que-haya-ayudas-al-carbon-estatal).

A pesar de los tímidos avances del pacto PSOE-C's en el terreno ambiental (se apuesta por una moratoria sobre el fracking, por el cierre de las nucleares a los 40 años de vida y por la derogación de la ley del “impuesto al sol” y la ley de costas), se insiste en caducas políticas ambientalmente destructivas. Se apuesta por invertir en la interconexión energética con Francia a pesar del rechazo de las poblaciones afectadas por grandes impactos sobre zonas de los Pirineos con gran valor ecológico y favorece a las grandes eléctricas. Se afirma que se creará un fondo verde a partir de la fiscalidad ambiental pero no se concretan sobre qué actividades se aplicará, ni con qué fines ni cuales son las cantidades económicas a recaudar.

En cuanto del agua resulta clamoroso el silencio y la falta de toma de posición contra los transvases y la privatización del agua, también están ausentes los objetivos sobre la calidad del las aguas. No hay mención alguna sobre el maltrato animal ni sobre las subvenciones públicas a la tortura animal en los espectáculos festivos. Se habla en la letra del acuerdo de los requisitos ambientales para la contratación pública, pero no hay ninguna especificación sobre qué tipo de exigencias, ni sobre las metas concretas buscadas en datos, porcentajes, indicadores y plazos.

Desde una perspectiva ecologista el acuerdo de Gobierno PSOE-Ciudadanos sigue estando a años luz de lo que demanda la grave crisis ambiental que sufre España y el planeta.

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18 février 2016 4 18 /02 /février /2016 12:26

 

  La Unión Europea y los Estados Unidos se enfrentan  a unos precios de medicamentos cada vez más altos, y distintos Estados europeos tienen grandes dificultades para pagar los muy caros nuevos medicamentos patentados. El Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP), actualmente en negociación, podría suponer una barrera para los necesarios cambios futuros a favor de precios asequibles, un modelo de innovación que responde a las necesidades de salud pública y la creación de unos incentivos alternativos para nuevas terapias.

El acceso a los medicamentos a precios asequibles es imprescindible para asegurar unos tratamientos universales. Desafortunadamente, tanto las posiciones negociadoras de la Comisión Europea así como las demandas de la industria farmacéutica a las autoridades a ambos lados del Atlántico, indican unas claras amenazas al derecho de acceso a los medicamentos esenciales en las negociacione en curso sobre el TTIP. De hecho, el recién negociado Partenariado Trans-Pacífico (TPP) entre los Estados Unidos y los países del pacífico contiene unas provisiones que podrían  tener unos impactos devastadores sobre la salud de la ciudadanía humilde  desde Chile a Vietnam.

Al mismo tiempo la presidencia holandesa de la UE ha cuestionado la excesiva protección de la propiedad intelectual de la cual goza la industria farmacéutica.  La Ministra Holandesa de Sanidad ha apostado por un nuevo equilibrio entre el acceso  y la protección de las patentes para garantizar unos medicamentos económicamente sostenibles.

Nos preocupa que muchas de las propuestas que están siendo consideradas en el TTIP anteponen los intereses de la industria a la salud pública. Si al final quedan encuadradas en el texto acordado, futuros cambios legislativos a favor de un acceso más justo a los medicamentos serían muy difíciles.

TTIP podría limitar la capacidad de gobiernos para negociar precios justos.


El TTIP  podría dar aún más poder a la industria farmacéutica para influir en las decisiones estatales sobre los precios y el reembolso de los medicamentos. Podría debilitar las posiciones negociadoras de los gobiernos que intentan contener los precios de los medicamentos dentro de un análisis coste-beneficio al imponer unos tortuosos procedimientos burocráticos y fechas tope sobre la negociación.   

 

TTIP podría aumentar las prácticas monopolísticas basadas en la propiedad intelectual.

El TTIP podría extender los periodos de monopolio derivado de las patentes y las reglas de exclusividad mercantil, postergando la competencia entre productos genéricos más asequibles.  El acuerdo del TTIP tenderá a perpetuar las peores normas de ambos lados del Atlántico y así estorbar posibles reformas futuras de las leyes de patentes para favorecer la bajada de precios.


TTIP significa nuevas normas de secretos comerciales.

La UE está a punto de adoptar una directiva que busca armonizar las reglas de secretos comerciales entre sus estados miembros, algo considerado como un requisito para el pacto comercial de TTIP.   Esta Directiva que afecta el marco de propiedad intelectual es una amenaza a la libertad de expresión y al derecho a la información de la ciudadanía.  Es probable que la Directiva restrinja seriamente el acceso a la información que es de interés público, como son los datos clínicos sobre la eficacia y seguridad de los medicamentos u otra información técnica que facilita la producción de medicamentos genéricos. De hecho, se amplía el ámbito de protección de la propiedad intelectual. También se preparan nuevas y duras reglas sobre los secretos comerciales en los Estados Unidos. Así, dentro del TTIP se plasmará el objetivo de crear una nueva norma internacional para los secretos comerciales.  

El nuevo mecanismo de cooperación regulatoria en TTIP preparará el terreno para aún más influencia de los lobbies farmacéuticos.

La creación de grupos de trabajo permanentes UE-EE.UU sobre la propiedad intelectual, sobre la fijación de precios para los medicamentos y para la consideración bilateral de nueva legislación podría interferir e influir en la independencia de las políticas nacionales de medicamentos.

La inclusión del mecanismo de arbitraje inversores-estado (ISDS) podría perjudicar a la salud pública.
El TTIP permitirá un nuevo sistema en el cual las empresas pueden desafiar extra-judicialmente las medidas nacionales legislativas, jurídicas y administrativas que salvaguardan la salud pública u otros intereses públicos que consideran lesivos para sus intereses comerciales.

El TTIP  podría establecer unos estándares globales que dañan a la salud pública en países de rentas bajas y medias

El TTIP  podría dañar a los pacientes de los países de rentas bajas y medias en los que los recursos disponibles para la sanidad pública son más limitados. Los acuerdos de cooperación regulatoria UE-EE.UU en el TTIP podrían suponer unas barreras a las políticas que los países del Sur utilizan para garantizar el acceso a medicamentos genéricos. Estos países suelen tener instituciones menos fuertes para prevenir los excesos del sistema de propiedad intelectual y para luchar contra los altos precios. En este contexto los sistemas de salud tendrían aún menos capacidad para atender a sus pacientes debido a la escasez de fondos públicos.   

 

HAI, PUBLIC CITIZEN Y COMMONS NETWORK

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6 février 2016 6 06 /02 /février /2016 12:32

 

Below is a short summary of my talk at the event "Health for sale", The Hague, February 6th, 2016

 

The EU can take the lead for affordability, openness and accessibility

 

 

The present model of biomedical innovation is morally unacceptable because it cannot be universalized to permit affordable, effective and safe health treatments for the vast majority of the world´s population. The principles of a new model that considers health a common good must be based on transparency, scientific openness and sharing, affordability and guarantees for a much greater social return on public expenditures. These principles can be advanced by a general reconsideration of patent monopolies as the main drivers of innovation, the promotion of new, health-needs-oriented r and d incentives and the promotion of a new fair social contract between citizens, patients, public and private health insurers and industry.

 

The main indicators of success of biomedical innovation must be universal access, efficacy, safety and affordability not the level of profits for shareholders (Big pharma is among the the industrial sectors with the highest level of profits). Enormous profits based on high prices that exclude most of the world´s population cannot be the source of innovation. On the contrary, much greater investment and sharing in the fields of global public health and environment health is a moral obligation for the common good and one of the most responsible ways of responding to a world full of growing existential dangers fueled by stark inequality, climate change and national/ethnic conflicts.

 

The EU can take the lead for positive change. EU policymakers are in the position to take some concrete steps such as: pilot programmes on alternative R and D models, the expansion of the “Horizon Prizes” within the Horizon 2020 programme for medical innovation inducement with cession of IPR rights, a socially-responsible licensing policy to assure affordability when EU R and D funding is involved, the consolidation of clinical trial transparency, open access and open data measures, the reform of the Innovative Medicines Initiative to assure the health-driven defense of the public interest and democratic plurality, the development of an EU public platform for the development of affordable and universally accessible new generation of antibiotics to be able to bring them out as generics from the first day, EU support for a global R and D Treaty at the World Health Organization that promotes new socially-responsible models of innovation and the withdrawal of any EU bilateral trade proposal that could harm affordability, transparency and accessibility to medicines. Other EU measures could include a European “sunshine act” to prevent conflicts of interests between pharma and health professionals, a mandatory transparency regulation to reveal pharmaceutical R and D costs and financing, the promotion of joint procurement between EU states and greater political flexibility (limiting data exclusivity rules) to permit compulsory licensing of very expensive, life-saving medicines in EU member states. In general, there is an imperative for much greater North-South transfer of health-related technology and knowledge. Tighter enclosures and higher walls around our opulent, satisfied Europe could very well be a recipe for disaster in the future. Solidarity, openness and sharing on all fronts is a morally clear path for mitigating suffering, exclusion and inequality that might very will impact us all sooner than we think.

 

 

Annex:

 

Some positive proposals for access to medicines in the EU recently made by the S and D (Socialist) group of the European Parliament:

 

Encourage joint procurement of vaccines and other medicinal products by Member States, which would strengthen their negotiating power driving down purchasing prices, thus providing lower costs for patients.

 

Call for a new Transparency Directive following the withdrawal of Directive 89/105/EEC, that aims to ensure the transparency of measures established by EU countries to control the pricing and reimbursement of medicinal products.

 

Call on drug developers to respect transparency in the production costs of medicines, in order to understand the proportion of R&D investment reflected in the purchase price, with a view to ensuring the right balance between a fair price for patients and a fair return on investment for industry.

 

Ensure easy public access to data on all clinical trials carried out for new and existing medicines in line with the revised Clinical Trials Regulation.

 

Stimulate competition between generic medicines and established medicines where the patent has expired, which can incentivise innovation and reduce l the costs of pharmaceuticals.

 

.

Take measures to ensure that generic medicines are not being unfairly prevented from entering the market by big pharma.

 

 

Rethink patenting rules to find a way to incentivise and finance R&D, as investment by industry tends to focus on areas where a return can be expected.

 

Consider alternative incentive models such as prizes and conditional public funding.

 

Introduce conditions such as affordable pricing and non-exclusive licencing if a large share of R&D needed to develop a new medicinal product is publicly funded.

 

Gather statistics on the proportion of funding provided by public, industrial and philanthropic sources to pharmaceutical R&D.

 

Consider establishing conditionality within the Horizon 2020; claim co-ownership of IP for projects funded by EU grants.

 

Monitor whether patents are granted for genuine innovation; examine the practice of ‘evergreening’, where pharmaceutical companies get patents for inventions that are not actually new, but are ‘old science’ with minor modifications to existing products in order to keep their patents indefinitely.

 

Defend the independence and transparency of EMA in the assessment and approval of medicines so as to ensure high quality, safety and efficiency.

 

Support cooperation through the Health Technology Assessment networks to identify the safest and most clinically effective treatments.

 

Develop a European framework, in line with Article 15 of Directive 2011/24/EU, to provide reliable, timely, transparent, comparable and transferable information on the relative efficacy of health technologies to support Member States’ decisions

 

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29 janvier 2016 5 29 /01 /janvier /2016 08:45

Summary of my talk at conference in Brussels on "Impact of climate change on public health" held on January 22nd in Brussels.

 

According to the best available scientific expertise, including the Intergovernmental Panel on Climate Change(IPCC), global climate change is already having a profound impact on human health in many parts of the world and it is highly probable that this trend will accelerate and worsen in the coming years. This is specially the case where climate stress creates explosive synergies with weak or failed states, ethnic tensions and stark social inequality that altogether are producing tens of millions of refugees around the world. Extreme events such as floods, heatwaves, droughts and major storms will no doubt increase even more in the near future. Vector-borne diseases such as malaria, dengue, tick-borne diseases, cholera, diarrhoeal diseases and other infectious diseases will expand and spread to new regions as well as pests that negatively affect crop and plant life. Poor water quality caused by greater hydric scarcity, higher temperatures and urban crowding will be an even greater source of disease and death. Due to more difficult climactic conditions undernutrition and malnutrition are expected to increase significantly due to lower crop yields caused by droughts, soil erosion, pollution and deforestation, specially at lower latitudes. Poor urban air-quality that is already having a great impact on the health and life-spans of tens of millions will probably worsen unless radical measures are taken. According to the scientific experts of the IPCC adaptation to the multiple and combined public health impacts of climate change is often impossible: “These events can reduce the resilience of communities, affect vulnerable regions and localities, and overwhelm the coping capacities of most societies.” Within two or three decades it is probable that certain geographical regions will lose basic elements of habitability.

 

Overall, there exists a great moral contradiction between the very serious scientific warnings and the very weak global institutional measures taken for mitigation and adaptation. While the recent COP 21 Paris Agreement was a political success, the practical implications of the agreement are far from satisfactorily responding to the mitigation or adaptation needs of our societies with regards to the grave public health impacts of climate change. Only rapid and massive global action that includes an unprecedented North-South transfer and sharing of financial, human and technical resources can help reduce the intensity of catastrophic impacts on human health of climate related factors.

 

To increase the resilience of all our societies in face of climate change important changes are be needed in EU policy in the areas of international trade, development policy, intellectual property, agriculture, fishing and research. The current overarching policy priorities of economic growth at all costs, fierce competition and aggressive international trade objectives often enter into a frontal collision with any serious consideration of the public health impacts of climate change on a global level.

Theoretically, climate change is starting to be taken seriously on a global level, but judging by the scarce practical action taken to date we can conclude that the EU and most governments around the world still remain anchored in deep denial, a practical denialism.

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