Bienvenidos al blog personal de

David Hammerstein

 

 

 


Jeudi 18 décembre 2014 4 18 /12 /Déc /2014 17:55

 hapatitis farmafia

Barcelona, 18 de diciembre

 

Hoy docenas de conocidos activistas internacionales realizaron una protesta lúdica delante del Hospital del Mar de Barcelona para criticar los altos precios del tratamiento contra la hepatitis C, Sovaldi. El precio del medicamento es de más de 40.000 euros en España y de más de 84.000 dólares en los Estados Unidos, lo que significa la exclusión de la gran mayoría de los pacientes.

 

Disfrazados como ejecutivos de la farmacéutica Gilead, médicos y payasos, los activistas abordaron a pacientes, profesionales de la sanidad y al público en general para invitarles a participar en “La Ruleta de la Vida”. Con juegos de feria, globos, música y canciones los participantes aprendieron sobre lo absurdo y lo macabro de los precios abusivos y arbitrarios de la industria farmacéutica.

 

El acceso a la salud es un derecho fundamental y los medicamentos que salvan vidas deben ser bienes públicos,” afirmó David Hammerstein, uno de los promotores de la protesta y un portavoz del Diálogo Transatlántico de Consumidores. “Gilead gana miles de millones cada mes a costa de la exclusón de 95% de los enfermos globales de hepatitis que no pueden pagar los altos precios”.

El público expresó un gran apoyo y una buena comprensión del problema de los altos precios planteado por la protesta. Escribieron docenas de reclamaciones dirigidas a Gilead y al Gobierno Español. Estas quejas serán enviadas a la empresa, al Gobierno y serán publicadas para mostrar el impacto real sobre la vida de las personas.

Es injusto que las empresas farmacéuticas juegan con las vidas de la gente” dijo Antonio Ruiz, quien se unió espontáneamente a la acción.

Esta protesta en Barcelona se llevó a cabo simultáneamente con un encierro indefinido de pacientes de Hepatitis C que empezó hoy en el Hospital 12 de Octubre en Madrid. En España, más de medio millón de personas están contagiadas y los altos precios del medicamento significa que solo el 1% podrán tener acceso a Sovaldi.

Los activistas internacionales englobados en el colectivo “Your money or your life” #yourmoneyoryourlife han exigido la urgente producción genérica de Sovaldi para permitir el acceso universal de los millones de pacientes en todo el mundo.

Para más información:

David Hammerstein 600 266 743


Dimanche 7 décembre 2014 7 07 /12 /Déc /2014 19:57

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Las posiciones y discursos de la izquierda española, incluyendo en ella gran parte de sus tonalidades y pluralidad, incluso en las nuevas fuerzas políticas como Podemos que recientemente han irrumpido en estas pasadas elecciones europeas, están dominadas por las prioridades economicistas, que a su vez tienden a favorecer la creciente destruccion de la naturaleza. Sus prioridades de desarrollo y crecimiento están generalmente definidas por unos parámetros macroeconómicos que suelen basarse en la continuación del sobreconsumo de un mundo biofísico limitado y esquilmado. Los escasos recursos retóricos a la “sostenibilidad” y el “equilibrio ambiental” no llegan a ocupar el centro de su quehacer político.

 

La ausencia de una fuerza política verde española fuerte sin complejos de inferioridad ni hipotecas fundacionales frente a la Izquierda real empeora las posibilidades de modificar las actuales prioridades economicistas y productivistas que lastran la oposición al PP. Además, existe la carencia de un liderazgo verde lúcido con capacidad comunicativa sobre el valor añadido distintivo de una fuerza política verde frente a la mayoría productivista de la izquierda. Por desgracia, lejos de ocupar el centro del debate político con propuestas socioecológicas transversales, las fuerzas ecologistas a menudo se convierten en un “complemento” marginal y estético para la Izquierda y, en general, solo consiguen teñir “las fuerzas progresistas” de un verde muy pálido. La realidad es una “ecología política” española que continua siendo fagocitada por partidos izquierdistas y nacionalistas.

 

Las metas dominantes de la izquierda en su pluralidad interna se orientan prioritariamente a la desigualdad social estatal y por mejoras en los procedimientos democráticos, los asuntos que se vinculan a debates sobre la forma de estado, la corrupción o la posible independencia nacional de algunas regiones. Ocurre que la mayoría de las cuestiones sociales y económicas que dominan el escenario político, y a pesar de ser intrínsecamente ecológicas, se obvian o se disfrazan sistemáticamente mediante el uso de un lenguaje exclusivamente social o economicista. Este es un característico rasgo negacionista de las prácticas políticas de la izquierda en relación a los imperativos de la sostenibilidad ecológica y social, lo que implica una peligrosa miopía en torno a los daños y peligros desencadenados por las actuales dinámicas globalizadas del crecimiento y el desarrollo. Pero ocurre que lejos de ser el medio ambiente un lujo en tiempos de crisis económica, ocurre más bien lo contrario: es imposible enfrentarse con mínimas posibilidades de éxito a las desigualdades e injusticias sociales sin abordar con igual atención y fuerza las múltiples crisis socioecológicas. Cuando se tienen en cuenta las variables ambientales del acceso a los recursos naturales y la distribución de daños y amenazas, nuevas y diferenciadas formas de estructuración y desigualdad social aparecen además de las desigualdades de clase y rentas económicas.

 

Resulta alarmante que las crisis ecológicas, que son siempre socio-ecológicas aunque no se reconozcan como tales, que hoy crecen sin control y tienen múltiples expresiones globales y locales, sean solo consideradas un asunto muy marginal o inexistente en el debate y las prioridades políticas de los partidos del cualquier orientación ideológica. Con la actual fase globalizada de la economía se empeoran aún más las cosas. Ante esta gran tragedia colectiva y común, el único futuro posible es el del freno, consciente y planificado o de colapso catastrófico de la civilización industrial, un futuro enraizado en el presente que en parte es inimaginable e indeterminable con exactitud dada la complejidad autoorganizativa de los sistemas vivientes, capaces de innovar sin seguir simples patrones lineales ni previsibles de comportamiento. Lo tristemente cierto es que crece el descuento y la reducción de oportunidades de disfrute de la vida y bienestar para el presente y futuro, para los seres humanos y para el resto de seres vivos y ecosistemas, y a menudo de forma irreversible. No es una visión catastrofista sino una visión realista con un gran respaldo empírico y científico.

 

A pesar de que las realidades socioecológicas continúan siendo ignoradas por parte del “encierro en lo social” de las políticas reales de la izquierda política y ciudadana, lo cierto es que las crisis ecológicas son también plenamente sociales. Nunca hemos vivido fuera del mundo natural, tal y como han ideado fantásticamente los modernos. Nunca hemos sido superiores por tener la capacidad de la razón, ni hemos tenido un origen diferente, divino o racional, al de nuestro humilde parentesco evolutivo con el resto de animales no humanos, no somos los dueños de la vida natural a la que pertenecemos, la que es parte y contexto de toda acción humana. Lo que olvida la izquierda española es que el entronar los abstractos y desencarnados ideales modernos de libertad, razón, inteligencia y tecnología humanas bajo el impulso del crecimiento económico y de la producción material, la competitividad y el desarrollo, nunca nos ha librado de nuestra condición y continuidad con el resto de animales y de nuestra irrevasable dependencia del entorno natural y sus complejos procesos generativos.

 

 

A pesar de enfrentarmos a una situación ambiental de gravísima a escala planetaria y a nivel de la península ibérica, paradójicamente los problemas ecológicos y socioecológicos siguen siendo tratados políticamente como simples “temas sectoriales” o “fenómenos secundarios” que no cuestionan ni alteran significativamente las dinámicas y parámetros de las prioridades del peligroso desarrollo productivista. Para las grandes decisiones económicas que se toman por parte de las élites gobernantes, en todo caso son muy secundarios a las prioridades puestas en el crecimiento de la producción y el consumo, los derechos sociales, la corrupción y los procedimientos democráticos. En consecuencia, las principales problemáticas de habitabilidad, salud y supervivencia ecológicas globales y locales sufren una sonora y triste orfandad política: la izquierda sufre afonía cuando balbucea sobre el medio ambiente “sectorialmente” o en algunos excepcionales casos de “afectados” territoriales de proyectos de prospecciones, transvases, .. Las grandes cuestiones ecológicas como son el cambio climático, la energía, el agua o la contaminación química, no suelen merecer ni una sola palabra en las famosas tertulias políticas televisivas ni en los grandes mítines de las principales líderes de IU, Podemos, PSOE y distintos partidos nacionalistas de izquierdas.

 

A nivel programático la izquierda responde bastante más a las retos ambientales que la derecha pero la experiencia práctica política nos muestra que un posible cambio en la gobernanza hacia la izquierda no significa necesariamente un giro significativo a la altura de las transversales y prioritarias demandas de las múltiples crisis ecológicas, energéticas, climáticas, alimentarias, químicas.....

 

Examinemos algunos de los muchos relatos cargados de mitos y clichés propios la percepción política de la izquierda española de la crisis ecológica:

 

 

  1. 1.La lucha anti-capitalista no es necesariamente una lucha ecologista

Tanto el capitalismo como el llamado socialismo (desde la social-democracia hasta el comunismo), en sus distintas tonalidades y realidades históricas, han sido (y son) tremendamente destructivos con el entorno natural, el clima y la biodiversidad. Obviamente, la vigente globalización dominada por grandes empresas multinacionales empeora la escala de la destrucción ambiental pero muchas de las fuerzas izquierdistas anti-capitalistas comparten con el capitalismo neoliberal los objetivos del productivismo, “el progreso” y la consideración de la naturaleza como meros recursos, materias primas y fuentes de riqueza. No cuestionan que crezca la tarta biofísica (ni como se cocina); solo el reparto de la misma. Mientras unos centran el crecimiento en sus beneficios privados y la competitividad los otros ven el crecimiento como una oportunidad para financiar los servicios públicos y aumentar el reparto social del crecimiento de la tarta económica mediante los impuestos. Las consecuencias indeseadas “colaterales” sobre la viabilidad misma de los ecosistemas suelen ser consideradas meras “externalidades”que pueden exigir más o menos atención de reparación “al final de la tubería”. Al enfocar su atención a las grandes cuestiones económicas macro-estructurales de crecimiento, acumulación de capital y el reparto tanto la Derecha como la Izquierda suelen obviar los complejos procesos retro-alimentados de producción con impactos ambientales, las relaciones socioecológicas injustas y una ética ecológica global de los límites.

 

2. La superpoblación es un problema grave. Al dar absoluta prioridad a los medios de producción y a la división de clases la izquierda suele considerar que el crecimiento demográfico de “las clases populares” o de los pueblos del Sur no es preocupante frente a los problemas principales como como el consumo y control sobre el capital de los más ricos. Los hechos desmientan este punto de vista ideológico.

3. Lo público no es siempre más sostenible que lo privado. Ser una propiedad del Estado es un régimen legal de propiedad que no asegura en absoluto una práctica de gestión colectiva responsable de bienes comunes, como el agua, el suelo, la biodiversidad, el mar o el aire. La izquierda siempre insiste en el supuesto de que lo “Público” garantiza la sostenibilidad, cuando los hechos y experiencias históricas no suelen respaldar esta afirmación. Por desgracia, ser público o estatal, ni ser privado, no significa automáticamente una práctica de gestión ambientalmente sostenible. Muchas de las actividades más dañinas y peligrosas para el planeta como es la energía nuclear, los macro-embalses, las macro-infraestructuras, la agricultura intensiva o la extracción y quema del carbón, solo permanecen por ser operaciones públicas o apuntaladas masivamente con dinero público sin la cual no tendría viabilidad económica. La gestión pública real e histórica del suelo, del agua y de la energía muestra que no ha ofrecido en absoluto garantías de sostenibilidad ambiental. Esto no quiere decir, ni mucho menos, que lo privado es mejor para el futuro ecológico sino que el factor de la propiedad no es siempre tan determinante como afirma la izquierda en sus alegatos en defensa de lo público. Además, el “acceso” a los bienes comunes naturales exigido por parte de la Izquierda no quiere decir necesariamente su adecuada conservación.


4.“Más honestidad y menos corrupción significa menos destrucción ambiental”. Esta es una verdad a medias que parte de la izquierda impulsa en sus discursos a favor de una “regeneración democrática” después de los múltiples casos de corrupción en España. Pero conviene saber que muchos de los “maldesarrollos” de los últimos años han estado empujados por políticos honestos y legales, por ser coherentes con su creencias en favor del crecimiento a toda costa como camino de bienestar conjunto. Esta es la cultura política hegemónica que domina el modelo económico y laboral dominante en la izquierda, muy similar a los principios y valores del crecimiento y desarrollo de la derecha. La izquierda es parte del consenso productivista fundado en la creciente devastación del mundo viviente al que también pertenecen las sociedades humanas. Los hechos históricos son demoledores: los grandes planes urbanísticos, turísticos y de infrastructuras de los años del boom fueron apoyados por los políticos, honestos o no, de todos los partidos principales. Achacar la destrucción ambiental a la corrupción puede servir de coartada para no enfrentarnos a los radicales cambios culturales, sociales y económicos que reclaman las crisis ecológicas. Al enfocar toda la atención sobre la corrupción se obvia la adicción económica, cultural y social a la expansión sin límites que atraviesa el quehacer político mayoritario y sus discursos sobre el empleo y el bienestar que suelen obviar la base ecológica que da soporte a la sociedad.


5. La izquierda carece de políticas específicas para las mujeres de las crisis ecológicas.

No integra las políticas ecológicas en ámbitos sociales donde las mujeres son protagonistas y desempeñan un papel sociológicamente relevante y singular, como en la alimentación, ropa, transporte, energía, enseñanza, limpieza, servicios asistenciales,salud, publicidad, ciencia, … La Izquierda no cree ningún puente político o cultural específico de justicia ambiental entre las mujeres y la crisis ecológica al no integrar políticas ambientales para ampliar y enriquecer con un feminismo diferenciador positivo en sus programas específicos de “igualdad de género” y paridad. Otro ejemplo más de la falta de transversalidad ambiental de la Izquierda.

 

6. Una justicia social encerrada en las ideas de lo “nacional”, “estatal” o “del pueblo” margina las crisis ecológicas y las necesidades urgentes de su realidad planetaria y ecosistémica

Al orientar sus discursos casi exclusivamente al marco estatal o “nacional” de la gobernanza y la desigualdad social, la izquierda suele ignorar totalmente que la gran mayoría de los empresarios, autónomos, empleados, trabajadores y estudiantes en España, son parte de la “clase rica y sobre-consumidora” de recursos naturales escasos y limitados a nivel planetario. Bajo los deformantes parámetros de estados nacionales(o nacionalismos periféricos) se invisibilizan su condición fundamental: su pertenencia a la clase consumidora dominadora global sobre la mayoría de seres humanos y la naturaleza por su explotación desproporcionada individual y social de los castigados ecosistemas del la Tierra.

A pesar de las fuertes desigualdades y recortes sociales actuales en España , la gran mayoría de la población, desde la óptica ampliada del análisis ecológico también sigue ubicada entre los “explotadores” que producen los grandes daños planetarios, un hecho identitario nunca mencionado por la Izquierda. Como una de las principales prioridades políticas de la Izquierda es la defensa del “poder adquisitivo” en rentas económicas de la “mayoría social” española, se ignora la desigualdad planetaria Norte-Sur que se basa en el saqueo ecológico del planeta y sus ecosistemas que no es sólo producto de las actividades de unas empresas multinacionales sino se fundamenta también en las demandas sociales de bienes de consumo de todo tipo a bajo precio. Mientras una injusta “austeridad” española es con razón el centro de críticas de la Izquierda, precisamente son unas políticas de una austera “suficiencia” lo que hacen falta en sociedades “sobre-consumistas” del Norte como la española para poder atender las necesidades sociales y ecológicas de resto del planeta, muy especialmente el Sur más empobrecido.


7. La izquierda que solo suele exigir aumentar los impuestos directos sobre la renta y no aumentar la presión fiscal indirecta para des-incentivar el consumo de productos dañinos para el planeta y la salud. Son globalmente social y ecológicamente justos los impuestos sobre el consumo de energía contaminante, el tráfico rodado, las sustancias peligrosas, el tabaco, las actividades degradantes del suelo, .. Nuestra sociedad necesitan tanto los impuestos directos como los indirectos para incentivar las prácticas y los procesos ecológicos el planeta. Hay que superar la óptica meramente estatal o europea de la fiscalidad.


8. Cuando unos puestos de trabajo están en juego la Izquierda suele olvidar de los principios ecológicos. Carbón, Coca cola, industria química, ….. Cuando la Izquierda se pone su “traje social” ante el peligro de pérdida de empleo se obvia el impacto socioecológica y sanitario de la actividad productivia o extractiva implicada. Cualquier transición rápida a otro modelo laboral y productivo es postergada por la Izquerda al futuro lejano y sólo considerada si antes se haya creado trabajo estable alternativo (lo que solo exige para estos sectores industriales). La defensa fuerte de parte de la izquierda del empleo en la “economía negra”(y su apoyo de las subvenciones públicas) contrasta frontalmente con las abiertas críticas de la izquierda radical de la “mercantilización” de los sectores de “la economía verde”.


9. La Izquierda no integra transversalmente la sostenibilidad ecológica en las urgencias sociales de la crisis. Lejos de integrar las cuestiones ambientales que están intimamente relacionadas con las causas y consecuencias de la crisis económica española, la Izquierda solo promociona respuestas “puramente sociales”(muchas veces con un impacto ecológico negativo) ante los recortes, las “austeridad” y otras medidas provocadas por la crisis. La vivienda, la salud, la alimentación, el transporte, la educación, el bienestar animal y la investigación científica son algunos de los sectores que permitirían una fuerte integración socioecológica ante la crisis económica y financiera. Tristemente, la transversalidad ambiental real y activa brilla por su ausencia en la izquierda española.


10. “El agravio comparativo” de la izquierda nacionalista en Catalunya, Euskadi, Galicia, Valencia y otras regiones choca de lleno con las necesidades biogenerativas y los equilibrios ecológicos. Los nacionalistas suelen pregonar continuamente el agravio comparativo con “Madrid” para justificar mayores inversiones públicas en grandes infraestructuras (puertos, aeropuertos, autovías..) que son ambientalmente muy destructivos y sobre-demensionados. Ignoran su posición global de sobre-consumidores y ricos del Norte. Los valores ecologistas son universalistas.


11. La Izquierda política ignora la ética ecologista en sus políticas de las entidades financieras y la banca. En muchos países las políticas de inversiones de las entidades financieras como de las cajas de ahorros (donde la Izquierda y los sindicatos suelen estar representadas) o los planes de pensiones están politizadas para criticar y pedir la supresión de las inversiones en los combustibles fósiles, la energía nuclear, la industría agroquímica, la minería destructiva o las actividades destructivas en el Sur. No así en España donde la Izquierda no posee una clara política bancaria y financiera ambientalista y ética.


12. La Izquierda, salvo algunas honrosas excepciones, no da ejemplo de lo que predica en sus programas y discursos retóricos y abstractos sobre “el medio ambiente”. No “ecologiza” las compras y gastos públicos de instituciones públicas como escuelas, universidades, hospitales, ayuntamientos, ministerios, diputaciones, .... Allí donde la Izquierda tiene capacidad de ejercer una influencia importante mediante representantes de partidos, sindicatos y asociaciones, apenás existen iniciativas coherentes y continuadas de exigencias y públicas ecológicas en múltiples campos, como pueden ser los de la alimentación y caterings, los productos de limpieza, la construcción y edificaciones, las energías renovables, los ciclos cerrados de materiales y residuos,...


Jeudi 4 décembre 2014 4 04 /12 /Déc /2014 10:18

medicina investigar

10 ideas claves de la conferencia en el Parlamento Europeo del 12 de noviembre, 2014

http://tacd-ip.org/archives/1252 (resumen mucho más amplio en inglés)

 

¿Podemos pagar nuestros medicamentos? La crisis del acceso a los medicamentos en Europa”

 

  1. Transparencia: No existe transparencia sobre los precios los gobiernos europeos pagan para los medicamentos. Los contribuyentes no sabemos lo que pagan los servicios públicos de salud para cada medicamento. No hay acceso público ni transparencia de los ensayos clínicos que testan la seguridad y eficacia de los medicamentos que tomamos. No sabemos lo que se ha gastado en investigación ni la trazabilidad de los costes de producción. Los médicos no saben, los pacientes no saben y los políticos no saben. Es una situación de oscurantismo inaceptable.

  2. ¿Cuantas veces tenemos que pagar? “Ya he pagado para este medicamento!” Existe una masiva privatización de la inversión pública en la investigación médica. ¿Donde está el retorno público de la financiación estatal? ¿Porque no hay unas condicionantes sociales y económicas claras para nuestra inversión en la innovación médica cuando a veces tenemos que re-comprar a un precio astronómico los productos médicos generados con la investigación pública? Pagamos con los impuestos, con el co-pago, con la deducciones del sueldo de la seguridad social.... Somos accionistas de una empresa pública cuyos dividendos han sido privatizados.

  3. Es un bien público, no una mercancía: La salud es un bien común y el conocimiento sobre la salud debe ser un bien público. ¿Es el acceso a los medicamentos principalmente una cuestión de negocios competitivos o un asunto de salud pública?

  4. El sistema farmacéutico actual es ineficiente: Los gastos de la farmacéuticas en promoción y marqueting son muchas veces más que la cantidad dedicada a la la investigación y desarrollo. La mayoría de los nuevos medicamentos carecen de ventajas terapéuticas claras sobre los existentes (me toos, evergreening). Al no compartir los datos de ensayos clínicos se duplican las investigaciones y se pierden billones, el tiempo y muchas vidas. Existe una masiva y peligrosa sobre-recetación y sobre-diagnóstico de medicamentos bajo la presión comercial.

  5. La corrupción y las prácticas poco éticas de las farmacéuticas son generalizadas: Las prácticas tipo sobornos de “pagar para aplazar” la entrada de productos genéricos en el mercado cuestan miles de millones para las arcas públicas. Existen masivos “incentivos” para influir a los médicos, la financiación de actividades pro-industria de grupos de “pacientes” y el pago de miles de lobbistas en Bruselas ante las instituciones europeas para colocar los beneficios farmacéuticos por delante de los intereses de la salud pública asequible.

  6. Monopolio y malicia: Los monopolios que permiten las patentes no suele incentivar la innovación sino muchas veces la obstaculizan: las marañas de patentes (patent thickets), el encierro del conocimiento, la manipulación del método científico y el miedo a compartir los datos, todo inhibe la innovación. No hay topes de precios para medicamentos como existen para otras actividades como las llamadas entre países europeos. No existen unas políticas antimonopolio de “des-agregación estructural” para eliminar las posiciones dominantes creadas por el control por pocas grandes empresas de todo el ciclo de producción de medicamentos y para favorecer a los consumidores como se ha intentado en el sector energético o en las telecomunicaciones.

  7. También es competencia europea: la sanidad y las compras farmacéuticas no son competencias europeas pero otras competencias de la UE sí tienen un gran impacto sobre el sector farmacéutico y la salud pública. La transparencia, las políticas de propiedad intelectual, la financiación de la UE de investigación e innovación, la políticas de competencia y los acuerdos de comercio internacional tienen una gran influencia sobre el acceso asequible a los medicamentos.

  8. La falta de una política europea basada en las evidencias: no se llevan a cabo estudios econométricos para calibrar la utilidad de distintos modelos de innovación biomédica ni se hacen estudios de impacto sobre la salud de las propuestas europeas de austeridad que obligan los recortes de los presupuestos sanitarios ni estudios sobre la viabilidad económica del incierto futuro de crecientes pagos farmacéuticos para una población europea con cada vez más ancianos y unos precios de medicamentos astronómicos. No existe ninguna propuesta europea para compartir entre los estados miembros la información que evalúa la eficacia y seguridad de los medicamentos.

  9. ¡Hay alternativas! El desligar (de-link) los costes de investigación y desarrollo a investigación de los precios finales de los medicamento mediante incentivos diferentes como los premios, inventivos públicos para la investigación médica de código abierto, las mancomunidades de patentes (patent pools), las licencias socialmente responsables, unas condiciones sociales sobre la explotación de la investigación pública, el acceso abierto a los resultados científicos financiados con dinero público y la formación de iniciativas científicas públicas-privadas con claras normas sobre los precios finales asequibles, la propiedad intelectual mancomunada y la transparencia sobre los resultados.

  10. Si no funciona para la mayoría, no funciona. El actual modelo de innovación para la producción de nuevos medicamentos ni responde a las necesidades de salud de la gran mayoría de los habitantes del mundo ni de la mayoría social de la Unión Europea. Es muy caro, ineficiente, opaco y, en suma, dominado totalmente por los intereses de un mercado orientado a una pequeña minoría rica de la población. En cambio, son muy bajos los costes marginales de producir unos medicamentos útiles para la salud de la mayoría. El acceso universal es posible; solo falta la voluntad política.


Mercredi 22 octobre 2014 3 22 /10 /Oct /2014 18:21

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En la Cumbre Mundial de la Salud celebrada en Berlín esta semana docenas de cámaras de televisión y hordas de periodistas se agolpaban en la gran sala del Ministerio de Exteriores de Alemania durante la sesión informativa sobre la lucha contra el virus del Ébola. A pesar de existir brotes del virus en África desde 1968, los primeros casos que afectan a europeos y estadounidenses han atraído la atención obsesiva de la prensa y por añadidura de la opinión pública. Las declaraciones más claras eran las del portavoz de Medicos Sin Fronteras que expresaba su gran frustración con la débil respuesta de los países del Norte ante la situación sanitaria que se vive sobre el terreno en África occidental, que no solo necesita una respuesta puntual de emergencia sino la ayuda constante para la construcción de unas infraestructuras estables a favor de una cobertura sanitaria universal.

 

Al acabar la sesión sobre Ébola empezaba la primera de una série de sesiones sobre la temática de esta Cumbre Mundial de la Salud: el Cambio Climático y la salud. Pero lo sorprendente que ocurrió después fue que la gran sala repleta de periodistas y asistentes de repente quedó casi vacía. La prensa mundial se esfumaba por completo como por arte de magia, como si allí mismo hubiera entrado el propio virus del Ébola.  

 

Como resultado del consenso existente entre centenares de científicos sobre la grave situación de emergencia que plantea la desestabilización climática para el conjunto de la humanidad, uno de los expertos mundiales más reconocidos sobre el impacto climático en la salud pública global del Panel Intergobermental del Cambio Climático de la Universidad de Heidelberg, comenzó a desgranar un escenario muy sombrío y pesimista a causa de las realidades aterradoras que se proyectan sobre el futuro próximo de la humanidad y el planeta. Fue tajante al explicar los estrechos límites de adaptablidad que tienen las sociedades humanas ante las mutaciones radicales que se avecinan y los impactos negativos y sin control que están en curso.

 

Se estima que a partir del año 2030 (dentro de solo 16 años) la temperatura media del planeta ya habrá aumentado en 1,6 grados. La gran extensión de ciertas enfermedades tropicales, el aumento de las infecciones provocadas por la escasez creciente y la mala calidad el agua, las fuertes oleadas de calor y otros eventos climáticos extremos impondrán importantes pérdidas y restricciones al acceso a recursos básicos, como son el agua potable, las tierras fértiles, las actividades agrícolas y la vida cotidiana en general. Incluso insistía en la dramática reducción de capacidad de carga del planeta para la habitablidad humana en grandes extensiones geográficas debido al impacto de las sequías, la deforestación, la erosión y, en general, a un clima demasiado hostil para el sustento de sociedades humanas estables y el florecimiento de la biodiversidad. Afirmaba también que había un alto grado de predictabilidad en los pronósiticos porque son procesos bastante claros que se corroboran con datos científicos y que ya están en imparable marcha. Las predicciones más alejadas en el tiempo que afectarán a la salud humana a partir del 2060, cuando se espera un aumento de más de 4 grados, tienen elementos inimaginables más propios de una temible visión apocalíptica.

 

Al concluir su presentación, un elemento más deprimente aún que se añadía a la catastrófica radiografía general sobre el mundo que se avecina fue expresado por el científico: su poca fe en una eventual reacción responsable, rápida y a la altura de la circunstancias y necesidades por parte de los mandatarios políticos estatales e internacionales y las "élites fosilísticas". Contrariamente, consideró que el escenario político más probable es el del “business as usual”, con las mismas pautas débiles y totalmente insuficientes, como por ejemplo reflejan las engañosas y superficiales medidas energéticas tomadas hasta ahora.

 

Esta mañana, en los telediarios de noticias se anunciaba que una gran empresa farmacéutica sacará a principios del año un tratamiento eficaz para el virus del Ébola. No se anuncia ningún tratamiento para la terrible fiebre climática que padecemos en nuestra única, frágil y común casa planetaria.


Jeudi 9 octobre 2014 4 09 /10 /Oct /2014 13:53

"Luchamos contra el Apartheid.

Ahora nuestro enemigo global es el Cambio Climático".

"Necesitamos un boicot para salvar el planeta"

  http://grupoperucop20.org.pe/index.php?option=com_k2&view=item&id=28:desmond-tutu-necesitamos-un-boicot-para-salvar-el-planeta&Itemid=227

 

Desmond Tutu, Premio Nobel de la Paz

 

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Desde el punto de vista de las mínimas exigencias de salud democrática y ética no resulta aceptable el que finalmente haya sido ratificado Arias Cañete como nuevo Comisario europeo de Energía y Clima gracias al pacto de la casta fósil entre socialistas y populares europeos. Es bien sabida la evidente falta de idoneidad e independencia de Cañete para un cargo que ha de exigir poner frenos de emergencia a la combustión de las energías fósiles por ser una primera causa en la contaminación y caos climático. Cañete tiene intereses económicos directos en empresas dedicadas a la extracción de petróleo, pero a pesar del palpable conflicto de intereses y las incompatibilidades políticas derivadas del mismo, tristemente ha sido ratificado como comisario por el Parlamento Europeo. 


Pero contrariamente, a los responsables políticos de la gobernanza institucional europea se les debería exigir el cumplimiento estricto de protocolos de "buenas prácticas" y ejemplaridad. Al igual que conviene no olvidar que la responsabilidad ética ante la extrema nocividad de los negocios del petróleo, gas y carbon, no solo empieza y acaba en los ministerios de los gobiernos nacionales ni en la Comisión Europea que decide las prioridades políticas de la UE y compromete a los estados miembros. No es evidente la respuesta a la pregunta sobre quienes son los responsables y sobre quienes son los que han de impulsar estos cambios necesarios.

 

¿Quienes han de actuar ante el temible cambio climático?. ¿Han de ser las políticas de gobierno y la legislación, o han de ser las empresas de producción?. ¿Ha de ser la ciudadanía consumidora que también es ahorradora e inversora?. No hay un único actor responsable sino que son muchos los que pueden empujar para salir cuanto antes de la era fósilística que amenaza la vida humana y los sistemas vivientes de la biosfera en su conjunto.


Ocurre también que muchas de las iniciativas colectivas e individuales del variado tejido social y económico incurren diariamente en dramáticos conflictos de interés. En la era del cambio climático en la que estamos atrapados resultan anacrónicas y peligrosas la metas cortoplacistas puestas en la simple obtención de ganancias mercantíles extraídas de producción y el consumo fósil, vengan de los individuos, de los colectivos y organizaciones ciudadanas o de las instituciones públicas. Las prioridades economicistas puestas en el crecimiento económico, y tan propias de la época que vivimos, ya no pueden ser bandera del bienestar ni de la justicia por haberse convertido en la enfermedad que agranda los problemas más graves que padecemos, como son las amenazas a la supervivencia y la habitabilidad del planeta a causa de la desestabilización climática causada por el industrialismo fósil.

 

Para todas las personas que afirmamos estar preocupadas por las crecientes emisiones tóxicas a la atmósfera y el cambio climático, resulta difícil huir del dilema moral y político que se expresa bajo la forma del conflicto de intereses incompatibles. Nos conviene no olvidar que las carteras de inversiones de nuestras Cajas de Ahorro, los Planes de Pensiones de trabajadores, funcionarios, universidades, sindicatos y otros colectivos y organizaciones ciudadanas, a menudo incluyen la inversión del ahorro en la compra de acciones en las empresas que más están acelerando la desestabilización del clima y la destrucción de la biodiversidad de la Tierra.

 

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En respuesta a esta irresponsabilidad colectiva que pone más gasolina a la mecha climática, en Estados Unidos, Gran Bretaña, Suecia y en muchos otros paises del mundo, ya existe un fuerte movimiento que tiene actores muy diversos, como son las universidades, los sindicatos, las iglesias y los ciudadanos individuales, con acciones estratégicas en favor de quitar las inversiones, ahorros o acciones, directos o indirectos, en todas las empresas relacionadas con los combustibles fósiles (fosselfuelfree.org). Las petrolíferas, la industria de gas y la empresas mineras del carbón son los principales blancos de la campañas de “divestment” (“desinversión”). Estas alianzas contra el cambio climático ya han conseguido la retirada de más de 50 mil millones de dólares de inversiones en los negocios que más dañan las dinámicas climáticas, y en el proceso se ha ampliado la conciencia y el debate social sobre nuestra responsabilidad individual y colectiva ante el infierno climático que se nos avecina. Somos víctimas pero también somos responsables, colectiva e individualmente. Este nuevo movimiento social emergente está ensayando imaginativas formas prácticas de resistencia y oposición social, participativas, concretas y eficaces, que buscan debilitar los oligopolios energéticos más destructivos para forzar el giro hacia otras fuentes renovables y sostenibles de energía.


Muchos municipios, el último ha sido Oxford en el Reino Unido, instituciones académicas de reconocido prestigio como es la Universidad de Harvard, iglesias como es la Iglesia de Suecia o el Consejo Mundial de Iglesias, diversos sindicatos estadounidenses, ya han decidido o están en el proceso de hacerlo, la retirada de sus dineros de entidades financieras que directa o indirectamente contribuyen a la crisis climática común mediante las inversiones en las fuentes energéticas más contaminantes de la atmósfera terrestre.


En cambio en nuestro país la casi totalidad de la clase política de cualquier tinte ideológico, de derechas y de izquierdas, universitaria, sindical y religiosa, pertenece a la casta fosilísta que empuja el descarrilamiento colectivo. Ciertamente se oyen algunas voces críticas que malhablan de las empresas eléctricas por sus prácticas monopolísticas y por los precios que imponen socialmente injustos y abusivos para el ciudadano de a pie, pero estas críticas sociales no suelen acompañarse de propuestas alternativas realizables y eficaces. Las prácticas de resistencia a las grandes empresas de la mortal economía fósil brillan por su ausencia a pesar de la oportunidad que tenemos de retirar nuestras inversiones directas o indirectas en empresas como Repsol, Endesa y Iberdrola, entre otras empresas fósiles multinacionales. Pero ni los líderes políticos ni el tejido ciudadano combatiente de la izquierda nos animan a ello.


Pero conviene que salgamos cuanto antes de esta anestesia colectiva dado que inevitablemente son muy "democráticas" las infames consecuencias de la economía fósil, que por todos los lados disemina peligros y dantescos daños al los tramas ecológicas que son fuente de la vida en el planeta.


Las Cajas de Ahorro y las tarjetas de crédito de la casta fósil de partidos y sindicatos


El actual escándalo de las tarjetas de crédito de Caja Madrid/Bankia ha sacado a la luz las corruptelas de los regalos y los ostentosos gastos personalizados de las políticas de la Cajas de Ahorro españolas. Especialmente sangrante ha sido y es la gestión escasamente moral de unas Cajas de Ahorros, aunque sus fines fundacionales afirmen tener una vocación social y a pesar de que han sido gobernadas con una significativa participación de representantes de partidos y sindicatos (PSOE, IU, CCOO y UGT) en los consejos de dirección.


La atención mediática se orienta sobre todo hacia los cómputos del dinero gastados por cada consejero con la tarjeta de la entidad bancaria, pero en cambio no se presta atención alguna al análisis del impacto ambiental de la gestión financiera de las Cajas de Ahorro. Si rascamos un poco la superficie de las políticas financieras y de inversiones de las Cajas de Ahorro, encontramos importantes inversiones dinerarias en las fuentes energéticas más contaminantes y peligrosas para el planeta. Resulta inquietante que ninguna de estas decisiones haya sido objeto de  debate público, y más vergonzante resulta el que no emerja crítica alguna por parte de los consejeros de los partidos de la izquierda y los sindicatos. Por desgracia, este silencio cómplice no afecta solamente a la posible corrupción de determinadas personas sino a una escandalosa política de inversiones que hace copartícipes a todos los actores implicados. Este particular "negacionismo ambiental" carece de compromisos con los dramas ecológicos que globalmente nos acechan por nuestro persistente maltrato hacia los ecosistemas vivos que languidecen y desaparecen aceleradamente ante nuestros pies.

No se puede echar toda la culpa a los Cañetes de turno, ni a las multinacionales que dominan los flujos mundiales de la economía, ni a las políticas neoliberales que colonizan las prioridades políticas. No hay ya demasiado tiempo por delante para despertar de las ensoñaciones dormitivas puestas en la economías de los sucios combustibles fósiles, incapacitadas como están para hacer realidad el bienestar colectivo que tanto prometen.


La práctica responsable de ser más consecuentes contra el cambio climático, personal y colectivamente, puede comenzar con poner nuestro dinero al servicio de nuestra única y común casa planetaria diciendo NO a la casta fósil.

 

¡Ni con nuestros votos, ni en nuestro nombre ni con nuestros euros!.

 



DAVID HAMMERSTEIN


Vendredi 3 octobre 2014 5 03 /10 /Oct /2014 10:35

 

La Ministra de Sanidad Ana Mato ha cerrado en falso la crisis por falta de acceso a uno de los medicamentos más eficaces para curar la hepatitis C. Seguirán sin ser tratados la gran mayoría de pacientes que requieren el medicamento Sofosbuvir. El Gobierno no ha tomado medida alguna para rechazar el secuestro monopolístico de unas farmacéuticas que utilizan las patentes para chantajear a centenares de miles de enfermos con unos precios astronómicos.

 

En primer lugar la falta de transparencia institucional es escandalosa. No sabemos el precio que se paga con el dinero público para cada tratamiento de tres meses a la empresa estadounidense Gilead. No hay ninguna proyección oficial sobre cuantos pacientes se podrán tratar ni cuales son los criterios clínicos para elegir los pacientes elegibles para el “racionamiento” del medicamentos. Tampoco sabemos el presupuesto que habrá para el servicio de salud de cada comunidad autónoma.

 

Con el presupuesto prometido de 125 millones el Estado solo cubrirá el tratamiento de una pequeña fracción de los pacientes que necesitan el Sofosbuvr. Un cálculo simple basado en el precio de 25 mil euros (el precio pagado para un medicamento más limitado, Semiprevir) resultaría en que menos de 5 mil pacientes podrán ser tratados, una pequeña fracción de los que parecen necesitar Sofosbuvir por su genotipo, su afectación de los efectos secundarios o por otras complicaciones de salud.

 

Para desviar la atención del problema el Gobierno ha arojado dudas sobre la eficacia del tratamiento y apunta que ciertos pacientes muy graves no responden bien al medicamento. Es sorprendente (y me alegro) que el Gobierno duda de la fiabilidad de los ensayos clínicos de un laboratorio privado y espera ver los resultados clínicos reales sobre el terreno. Por el contrario, para la gran mayoría de los productos médicos comprados por la Seguridad Social no existe una revisión independiente de la eficacia y la seguridad de los medicamentos. Ni siquiera suele haber acceso a los resultados clínicos completos para los investigadores independientes. Además, España no cuenta con un organismo científico estatal solvente e independiente de "evaluación de las tecnologías para la salud" como tiene otros países como Gran Bretaña o Alemania.

 

En ningún momento ha cuestionado el Gobierno una de las causas estructurales del problema de unos precios astronómicos: un modelo biomédico que se basa en la exclusividad que otorgan las patentes privadas. No plantea ninguna medida para modificar, flexibilizar o romper un sistema de monopolio opaco, caro, ineficaz y muy injusto. Es normal que las farmacéuticas intenten ganar el máximo de beneficios. Lo que no es nada normal es que dejamos que un bien común tan importante como la salud sea dominado por puros intereses particulares mercantiles y especulativos.

 

También sufrimos la consecuencias de un mercado farmacéutico estatal y europeo atomizado a merced de las maniobras divisorias de las farmacéuticas. Es chocante que el Gobierno no aclara su posición ante la propuesta francesa de una negociación conjunta de países de la UE con las farmacéuticas sobre medicamentos muy caros com Sofosbuvir ni apoya otras iniciativas europeas para flexibilizar las patentes y orientar el modelo europeo de I y D de medicamentos hacia las necesidades reales de salud.


Mercredi 17 septembre 2014 3 17 /09 /Sep /2014 10:18

Intervención de eurodiputada Beatriz Becerra en plenaria 16-9-2014

He escuchado con tanto interés como expectación la declaración de la Comisión sobre el acceso a medicamentos que salvan vidas.
Permítanme utilizar este espacio de debate y responsabilidad que es el Parlamento Europeo para traer a primer plano la prioridad irrenunciable de nuestro trabajo: servir al interés general.
¿Qué naturaleza epidémica ha de adquirir una patología para ser considerada "crisis de salud pública"? ¿Son suficientes los 130 millones de enfermos de hepatitis C en el mundo, 10 millones de afectados en la Unión Europea, casi un millón solo en España?
La hepatitis C es una enfermedad infecciosa que cuando se crónica se convierte en incapacitante y devastadora. Mortal en medio millón de casos cada año.
Pero ahora existe una cura. Y esa cura tiene un precio inasumible de más de 50. 000 euros por paciente y tratamiento, fijado por la compañía propietaria de la patente del Sofosbuvir ateniendo exclusivamente a criterios de mercado.
¿Vamos a resignarnos de nuevo a dar excusas que justifiquen la parálisis institucional europea? ¿Vamos a limitarnos a lamentar la fatalidad del lucro corporativo?
No señorías. Podemos actuar. Existen las herramientas.
Los Estados Miembros pueden aplicar el artículo 31 de la Declaración de Doha de 2001, promovida por la Organización Mundial del Comercio; pueden emitir una licencia obligatoria por "necesidad de salud pública y fabricar un genérico.
También pueden oponerse legalmente a la patente, como ya ha hecho India, ya que la molécula fue patentada previamente contra el cáncer. O negociar un pago conjunto de cesión de la patente. O, cómo no, optar por formar bloque y realizar compras públicas agregadas.
Egipto importa hoy el genérico indio del Sofosbuvir a un precio 100 veces menor. Otros 90 países en desarrollo se beneficiarán también de la decisión de India.
¿Puede comprometerse la Comisión y este plenario a promover una posición común para defender el interés general y el cumplimiento de los Tratados?
Si hemos sido capaces en Europa de imponer límites al roaming,  ¿no vamos a ser capaces de cambiar el modelo de fijación de precios de los medicamentos que salvan millones de vidas?


Jeudi 31 juillet 2014 4 31 /07 /Juil /2014 19:17

La cura de la hepatitis C

sigue secuestrada mientras millones de enfermos esperan

 

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Este artículo de David Hammerstein (@DaHammerstein), del Diálogo Transatlántico de Consumidores, es una contestación al anuncio de compra de medicamentos contra la Hepatitis C realizado recientemente por el Gobierno español. En una publicación anterior (http://www.davidhammerstein.com/article-la-cura-de-hepatitis-c-victima-de-los-medicamentos-patentados-124163889.html) Hammerstein hace una reflexión general sobre el efecto de las patentes en los tratamientos contra la  enfermedad. Esta entrada se publica conjuntamente con el blogHealth is Global de @ISGlobalorg.
Existen curas eficaces y relativamente sencillas para los millones de personas afectadas por la hepatitis C. Pero no será mediante el medicamento Simeprevir, tal y como daba a entender el diario El País hace unos días (http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/07/25/actualidad/1406290145_298360.html ), cuando el Gobierno español anunció la compra de este fármaco para su sistema de salud pública. Al contrario, lo que está pidiendo a gritos la sociedad civil española y mundial es un precio asequible y justo para un tratamiento universal, algo bien alejado de la desorbitada cifra de 25.000 euros por tratamiento que está dispuesto pagar el Gobierno. A este precio, tratar a solo un tercio de los afectados españoles por la hepatitis C costaría a los contribuyentes más de 7.500 millones de euros para tratar a solo un tercio de los afectados españoles por la hepatitis C.
Por si fuera poco, Simeprevir -el fármaco producido por el laboratorio Jannsen para el tratamiento de la hepatitis C- tiene desventajas significativas frente a otro fármaco llamado Sofosbuvir.
Simeprevir cubre a una población de enfermos más limitada y supone para el paciente graves efectos secundarios, derivados del uso de otro fármaco necesario para el tratamiento. A diferencia de Sofosbuvir, Simeprevir debe ser tomado diariamente como parte de una triple terapia que incluye la ribavirina y un inyectable interferón pegilado que tiene importantes efectos secundarios, lo que excluye del tratamiento a un gran grupo de pacientes, como aquellos que también sufren el HIV/SIDA. Es también importante tener en cuenta que este medicamento que comprará el Gobierno español no sirve para personas que no tengan unos genotipos determinados. Sofosbuvir es eficaz para más genotipos y, al no exigir el interferón complementario, permitiría tratar a muchos enfermos que actualmente no son elegibles. Según algunos investigadores, uno de los tratamientos más eficaces contra la hepatitis C sería combinar Simeprevir con Sofosbuvir, algo imposible ahora dado el alto precio de estos productos patentados (http://www.ctaf.org/sites/default/files/u119/CTAF_Hep_C_Apr14_final.pdf).
El reciente anuncio de la compra del medicamento Simeprevir por el Gobierno, cuyas aplicaciones son más limitadas que las del fármaco Sofosbuvir, actúa como cortina de humo que desvía la atención de la manifiesta debilidad del Gobierno Español y de las instituciones europeas e internacionales ante los desorbitados precios impuestos por la empresa farmacéutica que tiene la patente sobre el medicamento. 
Para el acceso a un remedio certero de una enfermedad que afecta a más de 150 millones de personas en el mundo y causante de un millón de muertes cada año, los altos muros levantados con unas patentes para hinchar los precios constituyen un terrible secuestro de una medicina que cura y salva vidas. La noticia publicada en El País daba la falsa impresión de que el problema de la curación de la hepatitis C está "en vías de solución" mediante la compra del Simeprevir. Por desgracia, con este costoso medicamento estamos muy lejos de un acceso universal al mejor tratamiento disponible. Es inaceptable que por culpa de un perverso modelo de patentes farmacéuticas privadas y monopolísticas haya que pagar 1.000 veces más de lo que realmente cuesta la producción de las pastillas. Se trata de un precio arbitrario, abusivo e inmoral que no guarda relación alguna con el coste real de las inversiones realizadas en su proceso de investigación y producción.
Existe un clamor mundial en favor de la bajada del escandaloso precio del Sofosbuvir patentado por la farmacéutica Giliad (55.000 euros por un tratamiento de tres meses). La cura de la hepatitis C mediante este fármaco tiene claras ventajas frente a todas las alternativas disponibles. Lamentablemente, docenas de millones de afectados en el mundo (y centenares de miles de pacientes españoles) siguen esperando este tratamiento eficaz de la enfermedad, al que no acceden debido al altísimo precio de dicho fármaco. A pesar de su precio disparatado y excluyente, las ventas de Sofosbuvir a los pacientes más pudientes ya han reportado para la farmacéutica Giliad unos beneficios de casi 3.000 millones de euros en los últimos tres meses. Según un estudio de la Universidad de Liverpool (http://www.infohep.org/Hepatitis-C-treatment-costs-could-fall-to-200-per-treatment-course-for-much-of-the-world-after-2025/page/2701845/)el coste de producción de cada pastilla es de unos pocos céntimos, aunque Giliad vende cada unidad a 600 euros. Incluso cobrando un euro por pastilla (100 euros por tratamiento) en una versión genérica, el medicamento dejaría un beneficio sustancial para la empresa. Si no cambiamos radicalmente el actual modelo de innovación biomédica -dominado por la mal llamada "propiedad intelectual"- no veremos una versión genérica de este producto hasta el año 2025 o 2030.
La pasividad del Gobierno en un asunto que afecta las necesidades colectivas en materia de salud resulta escandalosa. Si la Unión Europea ha establecido normas de transparencia y unos estrictos precios máximos en asuntos como las llamadas entre países por internet (el roaming telefónico), con más razón ¿no deberían tener los medicamentos esenciales un tratamiento similar mediante un control público de precios y transparencia?.
No resulta sensato ni decente que el "precio justo" de un medicamento que puede salvar muchas vidas sea el resultado de una simple negociación mercantil entre un gobierno como el español y una empresa farmacéutica. O que sea el fruto de una imposición comercial por parte de una compañía que tiene el privilegio del monopolio sobre el medicamento mediante una patente. Es inaceptable que el interés común de acceso universal al medicamento se arrodille ante el suculento negocio privado de una empresa farmacéutica. Ni los 55.000 euros ni los 25.000 euros para cada tratamiento son justos ni razonables para un sistema de salud pública que aspira a ofrecer una atención adecuada a todos y cada uno de los afectados por la enfermedad. La única respuesta política aceptable es asegurar que tanto los precios como el conjunto del proceso de innovación médica se adecúen a las exigencias universalistas del derecho a las prestaciones sanitarias, una condición que ha de ser establecida por las instituciones públicas y no por un vaivén de actores y beneficios económicos en el mercado. 

En definitiva, la única respuesta política aceptable no ha de estar solo en conseguir ciertas rebajas sobre el precio establecido por las farmacéuticas, sino que ha de regular y controlar los precios con el fin de ofrecer garantías para el acceso universal al medicamento por parte de las personas enfermas. Los precios y todo el proceso de innovación médica han de adecuarse a las exigencias universalistas del derecho a las prestaciones sanitarias, una condición que ha de ser establecida por las instituciones públicas y no simplemente por el vaivén de actores y beneficios económicos en el mercado. La premisa fundamental de que la salud es un bien común a proteger exige el cuestionamiento efectivo del monopolio establecido mediante una patente sobre un compuesto molecular que podría beneficiar a millones de personas que padecen la enfermedad de la hepatitis C.


DAVID  HAMMERSTEIN
 
Diálogo Transatlántico de Consumidores
VER "Hepatitis C: ganan las patentes, pierden los pacientes" en : http://blogs.elpais.com/3500-millones/2014/07/hepatitisc-ganan-las-patentes-pierden-los-pacientes.html 

Mercredi 16 juillet 2014 3 16 /07 /Juil /2014 11:49

 

El Gobierno debe primar el derecho a la salud

ante los monopolios farmacéuticos y los precios desorbitados

hepatitis-C-cerdito-hucha-copie-1.jpg

Una pastilla de Sofosbuvir contra la hepatitis C cuesta en producir 2.5 euros pero se vende por 650 euros. 

Un tratamiento de 3 meses cuesta 55.000 euros.

Existen 800 mil españoles infectados.

Los desorbitados precios marcados para muchos medicamentos se deben a que están sometidos al régimen de patentes privadas, como ocurre con el tratamiento farmacológico contra la Hepatitis C tratada con el fármaco Sofosbuvir. Las patentes sobre un producto, lo son durante un determinado periodo de tiempo (de 15 a 20 años) y otorgan el privilegio a los dueños de la patente de un régimen de exclusividad en el mercado y una amplia libertad de precios, supuestamente para incentivar la “innovación”. Los altos precios no guardan relación alguna con el dinero invertido en su investigación y desarrollo, ni mucho menos con sus marginales costes de producción. Los precios de un medicamento patentado se establecen arbitrariamente al vaivén del mercado y las ambiciones puestas en el gran negocio perseguido por las grandes empresas farmacéuticas.


Entre 130 y 150 millones en el mundo personas están afectadas por esta situación. El 99% de esta población (incluida la española) queda sin acceso al tratamiento, así que resulta muy chocante que no haya una respuesta fulminante por parte de las instituciones políticas responsables de proteger la salud pública frente a la posición abusiva de una empresa estadounidense que tiene el monopolio de la producción de un medicamento exitoso contra la hepatitis C

 

Resulta muy curioso que en España, en medio de grandes recortes en la sanidad pública, no haya una respuesta inmediata por parte de las autoridades políticas para proteger el sistema de salud pública frente al monopolio abusivo de una empresa estadounidense. Ni siquiera se intenta apoyar una alternativa mediante una versión genérica y barata del medicamento, ni se buscan las vías de oposición jurídica a la patente sobre el medicamento contra la hepatitis C dado que tiene importantes lagunas legales. Tampoco se apuesta por la estrategia de unirse a otros países europeos para hacer una compra pública coaligada que resulte ventajosa para conseguir precios más bajos del medicamento. A pesar de ser la salud un bien común básico y universal que debería estar protegido, resulta que la fijación de los precios de un medicamento que salva vidas, como es el caso del Sofosbuvir contra la hepatitis C, responde simplemente a la oportunidad de negocio y a la finalidad de obtener grandes y rápidos beneficios económicos para empresas particulares.

 

Centenares de miles de afectados españoles merecen el mejor tratamiento posible contra la hepatitis C. Sin embargo, la sanidad pública española ya ha dicho que no compraría el medicamento a este precio o que reduciría mucho su compra y limitaría el número de enfermos que podrían recibir su tratamiento. Es verdad que pagar 55 mil euros para un tratamiento de 3 meses podría romper la caja común de los presupuestos para la salud pública española, pero esta opción responde a que no se cuestiona el monopolio de una patente que posee la empresa farmacéutica estadounidense Giliad, que puede poner los desorbitados precios que quiera del medicamento. Pero un gobierno que se precie como defensor del los bienes colectivos fundamentales y el interés común no está obligado a aceptar tales abusos ni ha de convertirse en rehén de los intereses económicos y los suculentos beneficios de empresas particulares.

 

Si el Gobierno Español realmente apostara por defender la salud pública tiene distintas armas para hacerlo, la mayoría son complementarias. En su poder tiene algunos mecanismos para debilitar la posición dominante de la empresa farmacéutica y bajar significativamente el precio del fármaco para hacerlo barato y abundante. Algunas de estas estrategias posibles y necesarias son:


1. Una licencia obligatoria. Cualquier gobierno podría iniciar los trámites para la emisión de una licencia obligatoria que le permite fabricar Sofosbuvir como un producto genérico, tal y como establece el Acuerdo de Doha de Salud Pública de la Organización Mundial de Comercio (OMC) ante casos de necesidad de salud pública. Así podría limitar los derechos de propiedad intelectual en caso de necesidad de salud pública. Mediante estas flexibilidades y excepciones existentes en el derecho internacional el Gobierno Español podría promover la producción de Sofosbuvir por una empresa de productos genéricos a un precio mucho menor, o podría importarlo de otro país en una versión genérica. Concretamente, en el artículo 31 del acuerdo de TRIPS de la OMC se afirma que cualquier país puede emitir licencia obligatorias para “permitir la producción de un producto patentado por otros o utilizar el proceso patentado sin el consentimiento del titular de la patente".

 

2. Oponerse a la patente. Se puede desafiar judicialmente la legalidad de la patente sobre Sofosbuvir, tal y como está haciendo el Gobierno de India, que intenta mostrar la carencia de un verdadero paso innovador que pueda justificar la patente ya que la misma molécula fue patentada previamente como un medicamento contra el cáncer.

 

3. Formar un bloque con otros países europeos para hacer unas compras públicas coaligadas. Se trata de unirse para hacer unas compras conjuntas con otros estados europeos con la finalidad de mejorar la capacidad de negociación y obtener precios significativamente más bajos por el medicamento. Pero está ocurriendo lo contrario, incluso el posible establecimiento de un precio europeo máximo para Sofosbuvir, algo que ha propuesto del Gobierno Francés, ha sido rechazado por la Comisión Europea y por el mismo Gobierno Español. Se trata de una muestra más de la extrema pasividad y servidumbre del Gobierno Español ante los intereses de negocio de las farmacéuticas.

 

4. Negociar conjuntamente con otros países la compra (buy-out) del medicamento o pagar la cesión de la patente a un fabricante de medicamentos genéricos. De esta manera podría fabricar y vender el fármaco com genérico a precios socialmente asequibles. Por ejemplo, Egipto ha llegado a un acuerdo para importar de India el medicamento Sofosbuvir como genérico, a un precio 100 veces menor que el precio exigido por empresa farmacéutica Giliad en Europa.

 

5. Desligar (de-link) la innovación biomédica de la producción y márketing de los productos. Existe un amplio movimiento social y científico en favor de nuevos modelos de innovación guiados por las necesidades sanitarias reales, en lugar de por las meras demandas de beneficios particulares en el mercado. Se trata de incentivar con fondos públicos la investigación médica más urgente sobre enfermedades como la hepatitis C, el cáncer o el HIV/SIDA, con un control público sobre la propiedad intelectual. Esto permitiría la producción de medicamentos genéricos asequibles de acceso universal.

Los enfermos de hepatitis C no solo son víctimas de una enfermedad, también lo son de las patentes y monopolios sobre los medicamentos. Pero existen remedios para ello.

 

DAVID  HAMMERSTEIN

 

Diálogo Transatlántico de Consumidores

 

 

 

 


Lundi 9 juin 2014 1 09 /06 /Juin /2014 23:09

Sra. Belén Crespo Sánchez-Eznarriaga
Directora
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
c/Campezo, 1 Edificio 8
28022 Madrid


Madrid, 9 de junio de 2014


Estimada Señora Crespo:


En los últimos meses hemos asistido a importantes avances en relación con la mejora de la transparencia de los resultados de los ensayos clínicos gracias a los esfuerzos políticos y ciudadanos por garantizar la seguridad de los pacientes europeos. La aprobación por amplia mayoría, el pasado dos de abril, del proyecto de ley que regulará la investigación clínica con medicamentos y que establece la obligación de publicar en una base de datos pública los resultados de todos los ensayos clínicos realizados en la UE es buena muestra de ello.

Paralelamente, la Agencia Europea del Medicamento, tras comprometerse con este mismo proceso, abrió un periodo de consultas con las partes interesadas en relación con los mecanismos y formatos que posibilitaran el acceso a los datos de los ensayos clínicos que figuran en manos de la EMA.

Estas iniciativas cuentan con una intensa oposición de las empresas farmacéuticas que aluden su derecho al secreto comercial para limitar la obligación de autoridades y profesionales de garantizar la efectividad y seguridad de los medicamentos. 

La semana pasada el British Medical Journal hacía pública la existencia de documentos internos de la EMA en la que se proponen procedimientos de acceso a los datos sumamente restrictivos (como la visión  en pantalla y la imposibilidad de “descargar, guardar, editar, fotografiar, imprimir, distribuir o transferir la información”) y que, en opinión de investigadores independientes, como Tom Jefferson, responsable de la primera revisión sistemática Cochrane




que contó con el acceso a todos los datos de los ensayos clínicos imposibilita absolutamente el trabajo.

La defensora del pueblo europea, Emily O´Reilly también ha mostrado su preocupación por la restricción significativa que supondrá para el acceso si esta reforma consigue ser finalmente aceptada

El próximo 12 de junio se reúne la Junta Directiva de la EMA, de la que forma parte. Esta carta pretende trasladarle desde el Grupo de Trabajo sobre Salud, Medicamentos e Innovación (GTSMI)* nuestra preocupación por la marcha del proceso y animarle a que activamente pueda reforzar con su posicionamiento el compromiso que con la seguridad de los pacientes siempre ha tenido la organización que representa 


Atentamente,

El Grupo de Trabajo sobre Salud, Medicamentos e Innovación (GTSMI).


*El Grupo de Trabajo sobre Salud, Medicamentos e Innovación (GTSMI) está formado por la Confederación Española de Consumidores y Usuarios, Farmacéuticos sin Fronteras, Médicos del Mundo, No Gracias, Salud por Derecho, Trans-Atlantic Consumer Dialogue y los expertos a título individual David del Campo, Joan Rovira, Xavier Seuba y Judit Rius.







Para correspondencia:
Fundación Salud por Derecho
c/Albasanz 49-51, 3ºA
28037 Madrid
 Ensayos clínicos: reglas más claras y mayor protección para los pacientes Accesible en  HYPERLINK "http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20140331IPR41186/html/Ensayos-cl%C3%ADnicos-reglas-m%C3%A1s-claras-y-mayor-protecci%C3%B3n-para-los-pacientes" http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20140331IPR41186/html/Ensayos-cl%C3%ADnicos-reglas-m%C3%A1s-claras-y-mayor-protecci%C3%B3n-para-los-pacientes (consultado el día 6 de junio de 2014)
 Eichler H-G, Abadie E, Breckenridge A, Leufkens H, Rasi G (2012) Open Clinical Trial Data for All? A View from Regulators. PLoS Med 9(4): e1001202. doi:10.1371/journal.pmed.1001202
 European drug agency backtracks on plan to give researchers access to clinical trial reports BMJ 2014;348:g3432

 Jefferson T ,Jones M ,Doshi P ,Spencer EA ,Onakpoya I ,Heneghan CJ. Oseltamivir for influenza in adults and children: systematic review of clinical study reports and summary of regulatory comments. BMJ 2014;348:g2545


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