Bienvenidos al blog personal de

David Hammerstein

 

 

 


Mercredi 22 octobre 2014 3 22 /10 /Oct /2014 18:21

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En la Cumbre Mundial de la Salud celebrada en Berlín esta semana docenas de cámaras de televisión y hordas de periodistas se agolpaban en la gran sala del Ministerio de Exteriores de Alemania durante la sesión informativa sobre la lucha contra el virus del Ébola. A pesar de existir brotes del virus en África desde 1968, los primeros casos que afectan a europeos y estadounidenses han atraído la atención obsesiva de la prensa y por añadidura de la opinión pública. Las declaraciones más claras eran las del portavoz de Medicos Sin Fronteras que expresaba su gran frustración con la débil respuesta de los países del Norte ante la situación sanitaria que se vive sobre el terreno en África occidental, que no solo necesita una respuesta puntual de emergencia sino la ayuda constante para la construcción de unas infraestructuras estables a favor de una cobertura sanitaria universal.

 

Al acabar la sesión sobre Ébola empezaba la primera de una série de sesiones sobre la temática de esta Cumbre Mundial de la Salud: el Cambio Climático y la salud. Pero lo sorprendente que ocurrió después fue que la gran sala repleta de periodistas y asistentes de repente quedó casi vacía. La prensa mundial se esfumaba por completo como por arte de magia, como si allí mismo hubiera entrado el propio virus del Ébola.  

 

Como resultado del consenso existente entre centenares de científicos sobre la grave situación de emergencia que plantea la desestabilización climática para el conjunto de la humanidad, uno de los expertos mundiales más reconocidos sobre el impacto climático en la salud pública global del Panel Intergobermental del Cambio Climático de la Universidad de Heidelberg, comenzó a desgranar un escenario muy sombrío y pesimista a causa de las realidades aterradoras que se proyectan sobre el futuro próximo de la humanidad y el planeta. Fue tajante al explicar los estrechos límites de adaptablidad que tienen las sociedades humanas ante las mutaciones radicales que se avecinan y los impactos negativos y sin control que están en curso.

 

Se estima que a partir del año 2030 (dentro de solo 16 años) la temperatura media del planeta ya habrá aumentado en 1,6 grados. La gran extensión de ciertas enfermedades tropicales, el aumento de las infecciones provocadas por la escasez creciente y la mala calidad el agua, las fuertes oleadas de calor y otros eventos climáticos extremos impondrán importantes pérdidas y restricciones al acceso a recursos básicos, como son el agua potable, las tierras fértiles, las actividades agrícolas y la vida cotidiana en general. Incluso insistía en la dramática reducción de capacidad de carga del planeta para la habitablidad humana en grandes extensiones geográficas debido al impacto de las sequías, la deforestación, la erosión y, en general, a un clima demasiado hostil para el sustento de sociedades humanas estables y el florecimiento de la biodiversidad. Afirmaba también que había un alto grado de predictabilidad en los pronósiticos porque son procesos bastante claros que se corroboran con datos científicos y que ya están en imparable marcha. Las predicciones más alejadas en el tiempo que afectarán a la salud humana a partir del 2060, cuando se espera un aumento de más de 4 grados, tienen elementos inimaginables más propios de una temible visión apocalíptica.

 

Al concluir su presentación, un elemento más deprimente aún que se añadía a la catastrófica radiografía general sobre el mundo que se avecina fue expresado por el científico: su poca fe en una eventual reacción responsable, rápida y a la altura de la circunstancias y necesidades por parte de los mandatarios políticos estatales e internacionales y las "élites fosilísticas". Contrariamente, consideró que el escenario político más probable es el del “business as usual”, con las mismas pautas débiles y totalmente insuficientes, como por ejemplo reflejan las engañosas y superficiales medidas energéticas tomadas hasta ahora.

 

Esta mañana, en los telediarios de noticias se anunciaba que una gran empresa farmacéutica sacará a principios del año un tratamiento eficaz para el virus del Ébola. No se anuncia ningún tratamiento para la terrible fiebre climática que padecemos en nuestra única, frágil y común casa planetaria.


Jeudi 9 octobre 2014 4 09 /10 /Oct /2014 13:53

"Luchamos contra el Apartheid.

Ahora nuestro enemigo global es el Cambio Climático".

"Necesitamos un boicot para salvar el planeta"

  http://grupoperucop20.org.pe/index.php?option=com_k2&view=item&id=28:desmond-tutu-necesitamos-un-boicot-para-salvar-el-planeta&Itemid=227

 

Desmond Tutu, Premio Nobel de la Paz

 

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Desde el punto de vista de las mínimas exigencias de salud democrática y ética no resulta aceptable el que finalmente haya sido ratificado Arias Cañete como nuevo Comisario europeo de Energía y Clima gracias al pacto de la casta fósil entre socialistas y populares europeos. Es bien sabida la evidente falta de idoneidad e independencia de Cañete para un cargo que ha de exigir poner frenos de emergencia a la combustión de las energías fósiles por ser una primera causa en la contaminación y caos climático. Cañete tiene intereses económicos directos en empresas dedicadas a la extracción de petróleo, pero a pesar del palpable conflicto de intereses y las incompatibilidades políticas derivadas del mismo, tristemente ha sido ratificado como comisario por el Parlamento Europeo. 


Pero contrariamente, a los responsables políticos de la gobernanza institucional europea se les debería exigir el cumplimiento estricto de protocolos de "buenas prácticas" y ejemplaridad. Al igual que conviene no olvidar que la responsabilidad ética ante la extrema nocividad de los negocios del petróleo, gas y carbon, no solo empieza y acaba en los ministerios de los gobiernos nacionales ni en la Comisión Europea que decide las prioridades políticas de la UE y compromete a los estados miembros. No es evidente la respuesta a la pregunta sobre quienes son los responsables y sobre quienes son los que han de impulsar estos cambios necesarios.

 

¿Quienes han de actuar ante el temible cambio climático?. ¿Han de ser las políticas de gobierno y la legislación, o han de ser las empresas de producción?. ¿Ha de ser la ciudadanía consumidora que también es ahorradora e inversora?. No hay un único actor responsable sino que son muchos los que pueden empujar para salir cuanto antes de la era fósilística que amenaza la vida humana y los sistemas vivientes de la biosfera en su conjunto.


Ocurre también que muchas de las iniciativas colectivas e individuales del variado tejido social y económico incurren diariamente en dramáticos conflictos de interés. En la era del cambio climático en la que estamos atrapados resultan anacrónicas y peligrosas la metas cortoplacistas puestas en la simple obtención de ganancias mercantíles extraídas de producción y el consumo fósil, vengan de los individuos, de los colectivos y organizaciones ciudadanas o de las instituciones públicas. Las prioridades economicistas puestas en el crecimiento económico, y tan propias de la época que vivimos, ya no pueden ser bandera del bienestar ni de la justicia por haberse convertido en la enfermedad que agranda los problemas más graves que padecemos, como son las amenazas a la supervivencia y la habitabilidad del planeta a causa de la desestabilización climática causada por el industrialismo fósil.

 

Para todas las personas que afirmamos estar preocupadas por las crecientes emisiones tóxicas a la atmósfera y el cambio climático, resulta difícil huir del dilema moral y político que se expresa bajo la forma del conflicto de intereses incompatibles. Nos conviene no olvidar que las carteras de inversiones de nuestras Cajas de Ahorro, los Planes de Pensiones de trabajadores, funcionarios, universidades, sindicatos y otros colectivos y organizaciones ciudadanas, a menudo incluyen la inversión del ahorro en la compra de acciones en las empresas que más están acelerando la desestabilización del clima y la destrucción de la biodiversidad de la Tierra.

 

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En respuesta a esta irresponsabilidad colectiva que pone más gasolina a la mecha climática, en Estados Unidos, Gran Bretaña, Suecia y en muchos otros paises del mundo, ya existe un fuerte movimiento que tiene actores muy diversos, como son las universidades, los sindicatos, las iglesias y los ciudadanos individuales, con acciones estratégicas en favor de quitar las inversiones, ahorros o acciones, directos o indirectos, en todas las empresas relacionadas con los combustibles fósiles (fosselfuelfree.org). Las petrolíferas, la industria de gas y la empresas mineras del carbón son los principales blancos de la campañas de “divestment” (“desinversión”). Estas alianzas contra el cambio climático ya han conseguido la retirada de más de 50 mil millones de dólares de inversiones en los negocios que más dañan las dinámicas climáticas, y en el proceso se ha ampliado la conciencia y el debate social sobre nuestra responsabilidad individual y colectiva ante el infierno climático que se nos avecina. Somos víctimas pero también somos responsables, colectiva e individualmente. Este nuevo movimiento social emergente está ensayando imaginativas formas prácticas de resistencia y oposición social, participativas, concretas y eficaces, que buscan debilitar los oligopolios energéticos más destructivos para forzar el giro hacia otras fuentes renovables y sostenibles de energía.


Muchos municipios, el último ha sido Oxford en el Reino Unido, instituciones académicas de reconocido prestigio como es la Universidad de Harvard, iglesias como es la Iglesia de Suecia o el Consejo Mundial de Iglesias, diversos sindicatos estadounidenses, ya han decidido o están en el proceso de hacerlo, la retirada de sus dineros de entidades financieras que directa o indirectamente contribuyen a la crisis climática común mediante las inversiones en las fuentes energéticas más contaminantes de la atmósfera terrestre.


En cambio en nuestro país la casi totalidad de la clase política de cualquier tinte ideológico, de derechas y de izquierdas, universitaria, sindical y religiosa, pertenece a la casta fosilísta que empuja el descarrilamiento colectivo. Ciertamente se oyen algunas voces críticas que malhablan de las empresas eléctricas por sus prácticas monopolísticas y por los precios que imponen socialmente injustos y abusivos para el ciudadano de a pie, pero estas críticas sociales no suelen acompañarse de propuestas alternativas realizables y eficaces. Las prácticas de resistencia a las grandes empresas de la mortal economía fósil brillan por su ausencia a pesar de la oportunidad que tenemos de retirar nuestras inversiones directas o indirectas en empresas como Repsol, Endesa y Iberdrola, entre otras empresas fósiles multinacionales. Pero ni los líderes políticos ni el tejido ciudadano combatiente de la izquierda nos animan a ello.


Pero conviene que salgamos cuanto antes de esta anestesia colectiva dado que inevitablemente son muy "democráticas" las infames consecuencias de la economía fósil, que por todos los lados disemina peligros y dantescos daños al los tramas ecológicas que son fuente de la vida en el planeta.


Las Cajas de Ahorro y las tarjetas de crédito de la casta fósil de partidos y sindicatos


El actual escándalo de las tarjetas de crédito de Caja Madrid/Bankia ha sacado a la luz las corruptelas de los regalos y los ostentosos gastos personalizados de las políticas de la Cajas de Ahorro españolas. Especialmente sangrante ha sido y es la gestión escasamente moral de unas Cajas de Ahorros, aunque sus fines fundacionales afirmen tener una vocación social y a pesar de que han sido gobernadas con una significativa participación de representantes de partidos y sindicatos (PSOE, IU, CCOO y UGT) en los consejos de dirección.


La atención mediática se orienta sobre todo hacia los cómputos del dinero gastados por cada consejero con la tarjeta de la entidad bancaria, pero en cambio no se presta atención alguna al análisis del impacto ambiental de la gestión financiera de las Cajas de Ahorro. Si rascamos un poco la superficie de las políticas financieras y de inversiones de las Cajas de Ahorro, encontramos importantes inversiones dinerarias en las fuentes energéticas más contaminantes y peligrosas para el planeta. Resulta inquietante que ninguna de estas decisiones haya sido objeto de  debate público, y más vergonzante resulta el que no emerja crítica alguna por parte de los consejeros de los partidos de la izquierda y los sindicatos. Por desgracia, este silencio cómplice no afecta solamente a la posible corrupción de determinadas personas sino a una escandalosa política de inversiones que hace copartícipes a todos los actores implicados. Este particular "negacionismo ambiental" carece de compromisos con los dramas ecológicos que globalmente nos acechan por nuestro persistente maltrato hacia los ecosistemas vivos que languidecen y desaparecen aceleradamente ante nuestros pies.

No se puede echar toda la culpa a los Cañetes de turno, ni a las multinacionales que dominan los flujos mundiales de la economía, ni a las políticas neoliberales que colonizan las prioridades políticas. No hay ya demasiado tiempo por delante para despertar de las ensoñaciones dormitivas puestas en la economías de los sucios combustibles fósiles, incapacitadas como están para hacer realidad el bienestar colectivo que tanto prometen.


La práctica responsable de ser más consecuentes contra el cambio climático, personal y colectivamente, puede comenzar con poner nuestro dinero al servicio de nuestra única y común casa planetaria diciendo NO a la casta fósil.

 

¡Ni con nuestros votos, ni en nuestro nombre ni con nuestros euros!.

 



DAVID HAMMERSTEIN


Vendredi 3 octobre 2014 5 03 /10 /Oct /2014 10:35

 

La Ministra de Sanidad Ana Mato ha cerrado en falso la crisis por falta de acceso a uno de los medicamentos más eficaces para curar la hepatitis C. Seguirán sin ser tratados la gran mayoría de pacientes que requieren el medicamento Sofosbuvir. El Gobierno no ha tomado medida alguna para rechazar el secuestro monopolístico de unas farmacéuticas que utilizan las patentes para chantajear a centenares de miles de enfermos con unos precios astronómicos.

 

En primer lugar la falta de transparencia institucional es escandalosa. No sabemos el precio que se paga con el dinero público para cada tratamiento de tres meses a la empresa estadounidense Gilead. No hay ninguna proyección oficial sobre cuantos pacientes se podrán tratar ni cuales son los criterios clínicos para elegir los pacientes elegibles para el “racionamiento” del medicamentos. Tampoco sabemos el presupuesto que habrá para el servicio de salud de cada comunidad autónoma.

 

Con el presupuesto prometido de 125 millones el Estado solo cubrirá el tratamiento de una pequeña fracción de los pacientes que necesitan el Sofosbuvr. Un cálculo simple basado en el precio de 25 mil euros (el precio pagado para un medicamento más limitado, Semiprevir) resultaría en que menos de 5 mil pacientes podrán ser tratados, una pequeña fracción de los que parecen necesitar Sofosbuvir por su genotipo, su afectación de los efectos secundarios o por otras complicaciones de salud.

 

Para desviar la atención del problema el Gobierno ha arojado dudas sobre la eficacia del tratamiento y apunta que ciertos pacientes muy graves no responden bien al medicamento. Es sorprendente (y me alegro) que el Gobierno duda de la fiabilidad de los ensayos clínicos de un laboratorio privado y espera ver los resultados clínicos reales sobre el terreno. Por el contrario, para la gran mayoría de los productos médicos comprados por la Seguridad Social no existe una revisión independiente de la eficacia y la seguridad de los medicamentos. Ni siquiera suele haber acceso a los resultados clínicos completos para los investigadores independientes. Además, España no cuenta con un organismo científico estatal solvente e independiente de "evaluación de las tecnologías para la salud" como tiene otros países como Gran Bretaña o Alemania.

 

En ningún momento ha cuestionado el Gobierno una de las causas estructurales del problema de unos precios astronómicos: un modelo biomédico que se basa en la exclusividad que otorgan las patentes privadas. No plantea ninguna medida para modificar, flexibilizar o romper un sistema de monopolio opaco, caro, ineficaz y muy injusto. Es normal que las farmacéuticas intenten ganar el máximo de beneficios. Lo que no es nada normal es que dejamos que un bien común tan importante como la salud sea dominado por puros intereses particulares mercantiles y especulativos.

 

También sufrimos la consecuencias de un mercado farmacéutico estatal y europeo atomizado a merced de las maniobras divisorias de las farmacéuticas. Es chocante que el Gobierno no aclara su posición ante la propuesta francesa de una negociación conjunta de países de la UE con las farmacéuticas sobre medicamentos muy caros com Sofosbuvir ni apoya otras iniciativas europeas para flexibilizar las patentes y orientar el modelo europeo de I y D de medicamentos hacia las necesidades reales de salud.


Mercredi 17 septembre 2014 3 17 /09 /Sep /2014 10:18

Intervención de eurodiputada Beatriz Becerra en plenaria 16-9-2014

He escuchado con tanto interés como expectación la declaración de la Comisión sobre el acceso a medicamentos que salvan vidas.
Permítanme utilizar este espacio de debate y responsabilidad que es el Parlamento Europeo para traer a primer plano la prioridad irrenunciable de nuestro trabajo: servir al interés general.
¿Qué naturaleza epidémica ha de adquirir una patología para ser considerada "crisis de salud pública"? ¿Son suficientes los 130 millones de enfermos de hepatitis C en el mundo, 10 millones de afectados en la Unión Europea, casi un millón solo en España?
La hepatitis C es una enfermedad infecciosa que cuando se crónica se convierte en incapacitante y devastadora. Mortal en medio millón de casos cada año.
Pero ahora existe una cura. Y esa cura tiene un precio inasumible de más de 50. 000 euros por paciente y tratamiento, fijado por la compañía propietaria de la patente del Sofosbuvir ateniendo exclusivamente a criterios de mercado.
¿Vamos a resignarnos de nuevo a dar excusas que justifiquen la parálisis institucional europea? ¿Vamos a limitarnos a lamentar la fatalidad del lucro corporativo?
No señorías. Podemos actuar. Existen las herramientas.
Los Estados Miembros pueden aplicar el artículo 31 de la Declaración de Doha de 2001, promovida por la Organización Mundial del Comercio; pueden emitir una licencia obligatoria por "necesidad de salud pública y fabricar un genérico.
También pueden oponerse legalmente a la patente, como ya ha hecho India, ya que la molécula fue patentada previamente contra el cáncer. O negociar un pago conjunto de cesión de la patente. O, cómo no, optar por formar bloque y realizar compras públicas agregadas.
Egipto importa hoy el genérico indio del Sofosbuvir a un precio 100 veces menor. Otros 90 países en desarrollo se beneficiarán también de la decisión de India.
¿Puede comprometerse la Comisión y este plenario a promover una posición común para defender el interés general y el cumplimiento de los Tratados?
Si hemos sido capaces en Europa de imponer límites al roaming,  ¿no vamos a ser capaces de cambiar el modelo de fijación de precios de los medicamentos que salvan millones de vidas?


Jeudi 31 juillet 2014 4 31 /07 /Juil /2014 19:17

La cura de la hepatitis C

sigue secuestrada mientras millones de enfermos esperan

 

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Este artículo de David Hammerstein (@DaHammerstein), del Diálogo Transatlántico de Consumidores, es una contestación al anuncio de compra de medicamentos contra la Hepatitis C realizado recientemente por el Gobierno español. En una publicación anterior (http://www.davidhammerstein.com/article-la-cura-de-hepatitis-c-victima-de-los-medicamentos-patentados-124163889.html) Hammerstein hace una reflexión general sobre el efecto de las patentes en los tratamientos contra la  enfermedad. Esta entrada se publica conjuntamente con el blogHealth is Global de @ISGlobalorg.
Existen curas eficaces y relativamente sencillas para los millones de personas afectadas por la hepatitis C. Pero no será mediante el medicamento Simeprevir, tal y como daba a entender el diario El País hace unos días (http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/07/25/actualidad/1406290145_298360.html ), cuando el Gobierno español anunció la compra de este fármaco para su sistema de salud pública. Al contrario, lo que está pidiendo a gritos la sociedad civil española y mundial es un precio asequible y justo para un tratamiento universal, algo bien alejado de la desorbitada cifra de 25.000 euros por tratamiento que está dispuesto pagar el Gobierno. A este precio, tratar a solo un tercio de los afectados españoles por la hepatitis C costaría a los contribuyentes más de 7.500 millones de euros para tratar a solo un tercio de los afectados españoles por la hepatitis C.
Por si fuera poco, Simeprevir -el fármaco producido por el laboratorio Jannsen para el tratamiento de la hepatitis C- tiene desventajas significativas frente a otro fármaco llamado Sofosbuvir.
Simeprevir cubre a una población de enfermos más limitada y supone para el paciente graves efectos secundarios, derivados del uso de otro fármaco necesario para el tratamiento. A diferencia de Sofosbuvir, Simeprevir debe ser tomado diariamente como parte de una triple terapia que incluye la ribavirina y un inyectable interferón pegilado que tiene importantes efectos secundarios, lo que excluye del tratamiento a un gran grupo de pacientes, como aquellos que también sufren el HIV/SIDA. Es también importante tener en cuenta que este medicamento que comprará el Gobierno español no sirve para personas que no tengan unos genotipos determinados. Sofosbuvir es eficaz para más genotipos y, al no exigir el interferón complementario, permitiría tratar a muchos enfermos que actualmente no son elegibles. Según algunos investigadores, uno de los tratamientos más eficaces contra la hepatitis C sería combinar Simeprevir con Sofosbuvir, algo imposible ahora dado el alto precio de estos productos patentados (http://www.ctaf.org/sites/default/files/u119/CTAF_Hep_C_Apr14_final.pdf).
El reciente anuncio de la compra del medicamento Simeprevir por el Gobierno, cuyas aplicaciones son más limitadas que las del fármaco Sofosbuvir, actúa como cortina de humo que desvía la atención de la manifiesta debilidad del Gobierno Español y de las instituciones europeas e internacionales ante los desorbitados precios impuestos por la empresa farmacéutica que tiene la patente sobre el medicamento. 
Para el acceso a un remedio certero de una enfermedad que afecta a más de 150 millones de personas en el mundo y causante de un millón de muertes cada año, los altos muros levantados con unas patentes para hinchar los precios constituyen un terrible secuestro de una medicina que cura y salva vidas. La noticia publicada en El País daba la falsa impresión de que el problema de la curación de la hepatitis C está "en vías de solución" mediante la compra del Simeprevir. Por desgracia, con este costoso medicamento estamos muy lejos de un acceso universal al mejor tratamiento disponible. Es inaceptable que por culpa de un perverso modelo de patentes farmacéuticas privadas y monopolísticas haya que pagar 1.000 veces más de lo que realmente cuesta la producción de las pastillas. Se trata de un precio arbitrario, abusivo e inmoral que no guarda relación alguna con el coste real de las inversiones realizadas en su proceso de investigación y producción.
Existe un clamor mundial en favor de la bajada del escandaloso precio del Sofosbuvir patentado por la farmacéutica Giliad (55.000 euros por un tratamiento de tres meses). La cura de la hepatitis C mediante este fármaco tiene claras ventajas frente a todas las alternativas disponibles. Lamentablemente, docenas de millones de afectados en el mundo (y centenares de miles de pacientes españoles) siguen esperando este tratamiento eficaz de la enfermedad, al que no acceden debido al altísimo precio de dicho fármaco. A pesar de su precio disparatado y excluyente, las ventas de Sofosbuvir a los pacientes más pudientes ya han reportado para la farmacéutica Giliad unos beneficios de casi 3.000 millones de euros en los últimos tres meses. Según un estudio de la Universidad de Liverpool (http://www.infohep.org/Hepatitis-C-treatment-costs-could-fall-to-200-per-treatment-course-for-much-of-the-world-after-2025/page/2701845/)el coste de producción de cada pastilla es de unos pocos céntimos, aunque Giliad vende cada unidad a 600 euros. Incluso cobrando un euro por pastilla (100 euros por tratamiento) en una versión genérica, el medicamento dejaría un beneficio sustancial para la empresa. Si no cambiamos radicalmente el actual modelo de innovación biomédica -dominado por la mal llamada "propiedad intelectual"- no veremos una versión genérica de este producto hasta el año 2025 o 2030.
La pasividad del Gobierno en un asunto que afecta las necesidades colectivas en materia de salud resulta escandalosa. Si la Unión Europea ha establecido normas de transparencia y unos estrictos precios máximos en asuntos como las llamadas entre países por internet (el roaming telefónico), con más razón ¿no deberían tener los medicamentos esenciales un tratamiento similar mediante un control público de precios y transparencia?.
No resulta sensato ni decente que el "precio justo" de un medicamento que puede salvar muchas vidas sea el resultado de una simple negociación mercantil entre un gobierno como el español y una empresa farmacéutica. O que sea el fruto de una imposición comercial por parte de una compañía que tiene el privilegio del monopolio sobre el medicamento mediante una patente. Es inaceptable que el interés común de acceso universal al medicamento se arrodille ante el suculento negocio privado de una empresa farmacéutica. Ni los 55.000 euros ni los 25.000 euros para cada tratamiento son justos ni razonables para un sistema de salud pública que aspira a ofrecer una atención adecuada a todos y cada uno de los afectados por la enfermedad. La única respuesta política aceptable es asegurar que tanto los precios como el conjunto del proceso de innovación médica se adecúen a las exigencias universalistas del derecho a las prestaciones sanitarias, una condición que ha de ser establecida por las instituciones públicas y no por un vaivén de actores y beneficios económicos en el mercado. 

En definitiva, la única respuesta política aceptable no ha de estar solo en conseguir ciertas rebajas sobre el precio establecido por las farmacéuticas, sino que ha de regular y controlar los precios con el fin de ofrecer garantías para el acceso universal al medicamento por parte de las personas enfermas. Los precios y todo el proceso de innovación médica han de adecuarse a las exigencias universalistas del derecho a las prestaciones sanitarias, una condición que ha de ser establecida por las instituciones públicas y no simplemente por el vaivén de actores y beneficios económicos en el mercado. La premisa fundamental de que la salud es un bien común a proteger exige el cuestionamiento efectivo del monopolio establecido mediante una patente sobre un compuesto molecular que podría beneficiar a millones de personas que padecen la enfermedad de la hepatitis C.


DAVID  HAMMERSTEIN
 
Diálogo Transatlántico de Consumidores
VER "Hepatitis C: ganan las patentes, pierden los pacientes" en : http://blogs.elpais.com/3500-millones/2014/07/hepatitisc-ganan-las-patentes-pierden-los-pacientes.html 

Mercredi 16 juillet 2014 3 16 /07 /Juil /2014 11:49

 

El Gobierno debe primar el derecho a la salud

ante los monopolios farmacéuticos y los precios desorbitados

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Una pastilla de Sofosbuvir contra la hepatitis C cuesta en producir 2.5 euros pero se vende por 650 euros. 

Un tratamiento de 3 meses cuesta 55.000 euros.

Existen 800 mil españoles infectados.

Los desorbitados precios marcados para muchos medicamentos se deben a que están sometidos al régimen de patentes privadas, como ocurre con el tratamiento farmacológico contra la Hepatitis C tratada con el fármaco Sofosbuvir. Las patentes sobre un producto, lo son durante un determinado periodo de tiempo (de 15 a 20 años) y otorgan el privilegio a los dueños de la patente de un régimen de exclusividad en el mercado y una amplia libertad de precios, supuestamente para incentivar la “innovación”. Los altos precios no guardan relación alguna con el dinero invertido en su investigación y desarrollo, ni mucho menos con sus marginales costes de producción. Los precios de un medicamento patentado se establecen arbitrariamente al vaivén del mercado y las ambiciones puestas en el gran negocio perseguido por las grandes empresas farmacéuticas.


Entre 130 y 150 millones en el mundo personas están afectadas por esta situación. El 99% de esta población (incluida la española) queda sin acceso al tratamiento, así que resulta muy chocante que no haya una respuesta fulminante por parte de las instituciones políticas responsables de proteger la salud pública frente a la posición abusiva de una empresa estadounidense que tiene el monopolio de la producción de un medicamento exitoso contra la hepatitis C

 

Resulta muy curioso que en España, en medio de grandes recortes en la sanidad pública, no haya una respuesta inmediata por parte de las autoridades políticas para proteger el sistema de salud pública frente al monopolio abusivo de una empresa estadounidense. Ni siquiera se intenta apoyar una alternativa mediante una versión genérica y barata del medicamento, ni se buscan las vías de oposición jurídica a la patente sobre el medicamento contra la hepatitis C dado que tiene importantes lagunas legales. Tampoco se apuesta por la estrategia de unirse a otros países europeos para hacer una compra pública coaligada que resulte ventajosa para conseguir precios más bajos del medicamento. A pesar de ser la salud un bien común básico y universal que debería estar protegido, resulta que la fijación de los precios de un medicamento que salva vidas, como es el caso del Sofosbuvir contra la hepatitis C, responde simplemente a la oportunidad de negocio y a la finalidad de obtener grandes y rápidos beneficios económicos para empresas particulares.

 

Centenares de miles de afectados españoles merecen el mejor tratamiento posible contra la hepatitis C. Sin embargo, la sanidad pública española ya ha dicho que no compraría el medicamento a este precio o que reduciría mucho su compra y limitaría el número de enfermos que podrían recibir su tratamiento. Es verdad que pagar 55 mil euros para un tratamiento de 3 meses podría romper la caja común de los presupuestos para la salud pública española, pero esta opción responde a que no se cuestiona el monopolio de una patente que posee la empresa farmacéutica estadounidense Giliad, que puede poner los desorbitados precios que quiera del medicamento. Pero un gobierno que se precie como defensor del los bienes colectivos fundamentales y el interés común no está obligado a aceptar tales abusos ni ha de convertirse en rehén de los intereses económicos y los suculentos beneficios de empresas particulares.

 

Si el Gobierno Español realmente apostara por defender la salud pública tiene distintas armas para hacerlo, la mayoría son complementarias. En su poder tiene algunos mecanismos para debilitar la posición dominante de la empresa farmacéutica y bajar significativamente el precio del fármaco para hacerlo barato y abundante. Algunas de estas estrategias posibles y necesarias son:


1. Una licencia obligatoria. Cualquier gobierno podría iniciar los trámites para la emisión de una licencia obligatoria que le permite fabricar Sofosbuvir como un producto genérico, tal y como establece el Acuerdo de Doha de Salud Pública de la Organización Mundial de Comercio (OMC) ante casos de necesidad de salud pública. Así podría limitar los derechos de propiedad intelectual en caso de necesidad de salud pública. Mediante estas flexibilidades y excepciones existentes en el derecho internacional el Gobierno Español podría promover la producción de Sofosbuvir por una empresa de productos genéricos a un precio mucho menor, o podría importarlo de otro país en una versión genérica. Concretamente, en el artículo 31 del acuerdo de TRIPS de la OMC se afirma que cualquier país puede emitir licencia obligatorias para “permitir la producción de un producto patentado por otros o utilizar el proceso patentado sin el consentimiento del titular de la patente".

 

2. Oponerse a la patente. Se puede desafiar judicialmente la legalidad de la patente sobre Sofosbuvir, tal y como está haciendo el Gobierno de India, que intenta mostrar la carencia de un verdadero paso innovador que pueda justificar la patente ya que la misma molécula fue patentada previamente como un medicamento contra el cáncer.

 

3. Formar un bloque con otros países europeos para hacer unas compras públicas coaligadas. Se trata de unirse para hacer unas compras conjuntas con otros estados europeos con la finalidad de mejorar la capacidad de negociación y obtener precios significativamente más bajos por el medicamento. Pero está ocurriendo lo contrario, incluso el posible establecimiento de un precio europeo máximo para Sofosbuvir, algo que ha propuesto del Gobierno Francés, ha sido rechazado por la Comisión Europea y por el mismo Gobierno Español. Se trata de una muestra más de la extrema pasividad y servidumbre del Gobierno Español ante los intereses de negocio de las farmacéuticas.

 

4. Negociar conjuntamente con otros países la compra (buy-out) del medicamento o pagar la cesión de la patente a un fabricante de medicamentos genéricos. De esta manera podría fabricar y vender el fármaco com genérico a precios socialmente asequibles. Por ejemplo, Egipto ha llegado a un acuerdo para importar de India el medicamento Sofosbuvir como genérico, a un precio 100 veces menor que el precio exigido por empresa farmacéutica Giliad en Europa.

 

5. Desligar (de-link) la innovación biomédica de la producción y márketing de los productos. Existe un amplio movimiento social y científico en favor de nuevos modelos de innovación guiados por las necesidades sanitarias reales, en lugar de por las meras demandas de beneficios particulares en el mercado. Se trata de incentivar con fondos públicos la investigación médica más urgente sobre enfermedades como la hepatitis C, el cáncer o el HIV/SIDA, con un control público sobre la propiedad intelectual. Esto permitiría la producción de medicamentos genéricos asequibles de acceso universal.

Los enfermos de hepatitis C no solo son víctimas de una enfermedad, también lo son de las patentes y monopolios sobre los medicamentos. Pero existen remedios para ello.

 

DAVID  HAMMERSTEIN

 

Diálogo Transatlántico de Consumidores

 

 

 

 


Lundi 9 juin 2014 1 09 /06 /Juin /2014 23:09

Sra. Belén Crespo Sánchez-Eznarriaga
Directora
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
c/Campezo, 1 Edificio 8
28022 Madrid


Madrid, 9 de junio de 2014


Estimada Señora Crespo:


En los últimos meses hemos asistido a importantes avances en relación con la mejora de la transparencia de los resultados de los ensayos clínicos gracias a los esfuerzos políticos y ciudadanos por garantizar la seguridad de los pacientes europeos. La aprobación por amplia mayoría, el pasado dos de abril, del proyecto de ley que regulará la investigación clínica con medicamentos y que establece la obligación de publicar en una base de datos pública los resultados de todos los ensayos clínicos realizados en la UE es buena muestra de ello.

Paralelamente, la Agencia Europea del Medicamento, tras comprometerse con este mismo proceso, abrió un periodo de consultas con las partes interesadas en relación con los mecanismos y formatos que posibilitaran el acceso a los datos de los ensayos clínicos que figuran en manos de la EMA.

Estas iniciativas cuentan con una intensa oposición de las empresas farmacéuticas que aluden su derecho al secreto comercial para limitar la obligación de autoridades y profesionales de garantizar la efectividad y seguridad de los medicamentos. 

La semana pasada el British Medical Journal hacía pública la existencia de documentos internos de la EMA en la que se proponen procedimientos de acceso a los datos sumamente restrictivos (como la visión  en pantalla y la imposibilidad de “descargar, guardar, editar, fotografiar, imprimir, distribuir o transferir la información”) y que, en opinión de investigadores independientes, como Tom Jefferson, responsable de la primera revisión sistemática Cochrane




que contó con el acceso a todos los datos de los ensayos clínicos imposibilita absolutamente el trabajo.

La defensora del pueblo europea, Emily O´Reilly también ha mostrado su preocupación por la restricción significativa que supondrá para el acceso si esta reforma consigue ser finalmente aceptada

El próximo 12 de junio se reúne la Junta Directiva de la EMA, de la que forma parte. Esta carta pretende trasladarle desde el Grupo de Trabajo sobre Salud, Medicamentos e Innovación (GTSMI)* nuestra preocupación por la marcha del proceso y animarle a que activamente pueda reforzar con su posicionamiento el compromiso que con la seguridad de los pacientes siempre ha tenido la organización que representa 


Atentamente,

El Grupo de Trabajo sobre Salud, Medicamentos e Innovación (GTSMI).


*El Grupo de Trabajo sobre Salud, Medicamentos e Innovación (GTSMI) está formado por la Confederación Española de Consumidores y Usuarios, Farmacéuticos sin Fronteras, Médicos del Mundo, No Gracias, Salud por Derecho, Trans-Atlantic Consumer Dialogue y los expertos a título individual David del Campo, Joan Rovira, Xavier Seuba y Judit Rius.







Para correspondencia:
Fundación Salud por Derecho
c/Albasanz 49-51, 3ºA
28037 Madrid
 Ensayos clínicos: reglas más claras y mayor protección para los pacientes Accesible en  HYPERLINK "http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20140331IPR41186/html/Ensayos-cl%C3%ADnicos-reglas-m%C3%A1s-claras-y-mayor-protecci%C3%B3n-para-los-pacientes" http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20140331IPR41186/html/Ensayos-cl%C3%ADnicos-reglas-m%C3%A1s-claras-y-mayor-protecci%C3%B3n-para-los-pacientes (consultado el día 6 de junio de 2014)
 Eichler H-G, Abadie E, Breckenridge A, Leufkens H, Rasi G (2012) Open Clinical Trial Data for All? A View from Regulators. PLoS Med 9(4): e1001202. doi:10.1371/journal.pmed.1001202
 European drug agency backtracks on plan to give researchers access to clinical trial reports BMJ 2014;348:g3432

 Jefferson T ,Jones M ,Doshi P ,Spencer EA ,Onakpoya I ,Heneghan CJ. Oseltamivir for influenza in adults and children: systematic review of clinical study reports and summary of regulatory comments. BMJ 2014;348:g2545



Mardi 27 mai 2014 2 27 /05 /Mai /2014 20:59


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Ha sido grande el esfuerzo desplegado por los militantes de EQUO y su candidato Florent Marcellesi durante esta pasada campaña electoral. Este voluntarismo imaginativo seguramente ha contribuido decisivamente en la elección final de un eurodiputado para la coalición Primavera Europea. En cumplimiento de lo pactado por dicha coalición, el segundo candidato de la lista conjunta y representante de EQUO: Florent Marcellesi, podrá entrar en el Parlamento Europeo en la segunda parte de la legislatura, en el 2016 o 2017.


Nadie duda que el contexto de estas elecciones ha sido especialmente favorable para las pequeñas formaciones políticas críticas con el bipartidismo. De hecho, los dos grandes partidos han tenido un bajón histórico al ganar entre los dos menos de la mitad de los votos emitidos. Podemos, IU, UPD, Ciudadanos, han tenido un gran resultado electoral con unas cifras espectaculares en votos y diputados. Otras opciones como el partido animalista de PACMA, también han aumentado muy significativamente los votos recibidos al pasar de unos 100.000 en las generales del 2011 a 175.000 ahora, y el Partido X con casi 100.000 votos, también ha tenido unos resultado muy dignos.

 

Tampoco conviene ignorar que si se hubiera dado una coalición de EQUO con PACMA, con el Partido X o con Podemos, partidos con cercanía y afinidad programática e ideológica, EQUO podía haber obtenido un mayor éxito electoral y político. Y además, esta posibilidad naufragada habría obtenido la ventaja añadida de acabar con el “regalo envenenado” de ir de la mano de sus actuales aliados nacionalistas y padecer con ello un gran coste político que hipoteca la implantación y el mismo futuro de EQUO.


Los resultados de las elecciones europeas llevarán al Parlamento Europeo al cabeza de lista Jordi Sebastià, un militante del Bloc Nacionalista Valencià, el partido mayoritario y líder de la coalición Primavera Europea a la que pertenece EQUO. La plataforma electoral nacionalista valenciana de Sebastià consiguió unos 135.000 votos en suelo valenciano (casi el 8% del voto) mientras que EQUO sumó una cantidad similar de votos en el resto de los dos tercios del estado donde hacía campaña electoral como EQUO-Primavera ocultando la identidad nacionalista de sus aliados. El resto de los casi 30.000 votos obtenidos por la coalición fueron cosechados sobre todo en Aragón y en Baleares. En total, casi 300.000 votos, es decir el 1,9%, muy ligeramente por encima del umbral necesario para ganar representación europarlamentaria.


En la región de Madrid EQUO consiguió el 1,5% en estas elecciones europeas, aproximadamente unos 42.000 votos. Es decir, un tercio menos de los votos conseguidos por EQUO en las pasadas elecciones generales del 2011 (65.000 votos, el 1,9%). Las razones de esta pérdida significativa de apoyo electoral deberían hacer reflexionar y llamar la atención de EQUO de cara a la estrategia electoral a seguir ante las próximas elecciones.


¿Pero como se puede explicar esta significativa bajada de respaldo electoral cuando las otras opciones electorales "cercanas" no han disminuido sino que contrariamente han aumentado el apoyo recibido?. Mientras que en el País Vasco y en Navarra EQUO ha recibido alrededor del 1,5% del voto, en la gran mayoría de las provincias donde se ha presentado como EQUO-Primavera los resultados conseguidos están alrededor del 1%. Un análisis frío de esta bajada de cifras señala claramente que estos resultados colocan a EQUO en una condición electoral histórica muy similar a la que obtuvieron las opciones verdes en el pasado.


Estos resultados obtenidos por EQUO no auguran buenas perspectivas de cara al futuro ni de cara a las elecciones locales del año que viene, que son fundamentales para la consolidación de este nuevo partido de corte ecologista. Se puede decir que en apoyo electoral y ciudadano no hay un antes y un después referido a la historia de décadas de existencia de partidos verdes en España. Hoy vuelven a aparecer los mismos viejos fantasmas que reproducen las mismas cifras electorales del pasado. Pero ahora de la mano de la alianza con los nacionalistas, y con la singular diferencia de que el nuevo partido verde llamado EQUO, finalmente ha conseguido ser miembro de pleno derecho del Partido Verde Europeo y por ello goza de un capital político añadido en respaldo político, más recursos y un equipo de liberados profesionalizados a tiempo completo.

 

También es importante destacar otro elemento del actual contexto favorable: por primera vez y gracias al imperativo de la recogida de miles firmas como avales exigidos por la nueva ley electoral, no ha existido la competencia electoral de otros partidos con nombre y siglas verdes "fantasmas". Los que históricamente han fragmentado y dispersado el voto verde en una variedad de siglas y listas electorales haciéndolo fracasar. Es la trituración del espacio verde que tanto daño electoral ha hecho a Los Verdes en el pasado empujándolos a la invisibilidad y marginalidad social y electoral.


Para EQUO, la victoria de conseguir que el cabeza de lista de la coalición Jordi Sebastià sea eurodiputado es agridulce. Compartir la legislatura europea con el eurodiputado nacionalista tiene unos costes políticos muy considerables. Tal y como repiten a menudo los propios nacionalistas valencianos: “han completado el ciclo”. Están muy contentos de haber puesto por primera vez una “pica en Flandes” en el Parlamento de Bruselas, lo que hace posible que ya tengan representación en todas las instituciones políticas. Como ha declarado el recién estrenado eurodiputado nacionalista Sebastià durante la fiesta de celebración post-electoral: “por la primera vez el pueblo valenciano tendrá una voz en Bruselas”. Para su partido, el Bloc Nacionalista Valencià, el haber podido sacar un eurodiputado con apenas la mitad de los votos necesarios para conseguirlo, simplemente ha sido una ganga política que dará más peso y fuerza a Compromís de cara a las próximas elecciones autonómicas del año próximo. Aunque paradójicamente este gran regalo de EQUO a los nacionalistas del BLOC no dará el mismo fruto ni aportará la misma ayuda a EQUO, sino todo lo contrario.

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La confusión social y electoral está servida

 

El pacto faústico de EQUO es evidente: a cambio de la alianza fundacional con Compromís, y también con ICV (el otro adversario político miembro reconocido del Partido Verde Europeo), ha comprometido gravemente su propia construcción como fuerza política autónoma, con identidad nítida, propia y única para todo el territorio español.


En primer lugar, ha significado aceptar la amputación y la invisibilidad política de EQUO en 1/3 del suelo español, en Aragón, Catalunya, Valencia y Baleares. EQUO ha renunciado a constituir EQUO como partido y organización en dichas zonas para con ello no interferir ni dañar a los partidos nacionalistas aliados en sus propios territorios autonómicos. Pero una consecuencia indeseable de ello es que EQUO desaparece en dichos territorios al tiempo que otorga “de facto” la representación “verde” a otras fuerzas políticas, bien alejadas y a menudo ideológicamente antagónicas con la ecología política. Queda así abonado el terreno para la creciente confusión, la incoherencia, la falta de reconocimiento ciudadano, la frustración y deslealtad electoral.


El no presentarse con las siglas y candidaturas propias, ni con la misma imagen y el mismo nombre unificado en todo el suelo estatal, sitúa a EQUO en una crónica debilidad electoral que lo lleva a no poder superar los muros de la marginalidad electoral e institucional. Estos son los daños colaterales del “pacto endemoniado” con partidos nacionalistas, que hacen imposible el avance y la emergencia de la nueva fuerza política verde que representa EQUO. Carecer de una marca única predominante y conocida por el electorado en todo el conjunto territorial ha hecho mucho daño a EQUO, pero no al Compromís valenciano ni al CHA aragonés, que tienen unas imágenes corporativas ya consolidadas y reconocibles socialmente y electoralmente en sus propios territorios. Otros partidos, como sonPodemos, C´s, UPD, IU, tienen nombres y logos unitarios que no se suplantan ni se ocultan, lo que facilita enormemente la comunicación con la ciudadanía y evitan la confusión sobre quien es quien.


En segundo lugar, los votantes potenciales de EQUO tienen sensibilidad ambiental y son en su gran mayoría no-nacionalistas o incluso anti-nacionalistas, puesto que dan primacía a los valores universalistas defensores de los ecosistemas y la vida planetaria a la que pertenecemos, es decir, valores bien contrarios a los particularistas. La alianza con fuerzas políticas nacionalistas como son el BLOC y CHA, genera incomprensión o rechazo en muchos simpatizantes y votantes potenciales que se alejan entonces de EQUO. Ciertamente, algunas de las posiciones ideológicas y programáticas mantenidas por estos partidos nacionalistas no son compatibles con la más básica y mínima agenda verde. Además, el intento de esconder la identidad de los aliados nacionalistas genera un rebote de desafección añadida en los potenciales votantes de EQUO. En suelo electoral valenciano también Compromís ha tratado de esconder y borrar la imagen de EQUO durante la campaña electoral, lo que crea sumadas incoherencias en los mensajes políticos y alimenta la incomprensión y el desapego hacia EQUO. En estas condiciones y ante la percepción política general del resto del estado, se hace incomprensible y artificioso tratar determinados territorios, como el País Valenciano, Aragón, Baleares y Catalunya, como si fueran entidades separadas y ajenas a EQUO.


El tercer lugar, se ha creado un gran reino de confusión y perplejidad sobre cómo poder votar verde en España. El Partido Verde Europeo y su cabeza Ska Keller recomendaron una imposible opción salomónica: votar en verde es votar a uno de los dos partidos miembros del Partido Verde Europeo en España: EQUO y Iniciativa per Catalunya-Verds. Pero lo extraño y llamativo de esto es que concurren electoralmente por separado y son adversarios. Es decir, para aumentar el atolladero, se suma un problema añadido: estas dos opciones recomendadas por los verdes europeos compiten entre sí por toda España en unas elecciones donde solo hay una única circunscripción estatal. La mayoría de las referencias en prensa a la portavoz Ska Keller del Partido Verde Europeo eran para dar apoyo a ICV, que ha sabido rentabilizar mejor que EQUO el apoyo electoral del Partido Verde Europeo aunque buscaba los votos para la lista de la coalición de IU, adversaria y competidora de la colación EQUO-Primavera. Esta paradójica recomendación de votar a dos partidos diferentes pero confrontados electoralmente ha aclarado bien poco y no ha resuelto el dilema. Ha dejado la pelota caliente de la confusión sin resolver a ojos del potencial votante verde.

 

Un ejemplo de este entuerto es el hecho de que en suelo valenciano no había ninguna papeleta de EQUO ni de ICV, los dos partidos miembros recomendados por el Partido Verde Europeo, ya que solo habían papeletas de la candidatura de la coalición nacionalista Compromís y de la coalición de Izquierda Unida en la que participaba ICV. Aunque ciertamente estas dos coaliciones políticas electoralmente adversarias incluían por separado a los dos partidos recomendados por el Partido Verde Europeo: ICV y EQUO.


Pero además, el reino de la confusión no acaba aquí, ya que en muchas partes del estado Izquierda Unida presentó su candidatura con una papeleta que decía IU-Los Verdes. Y para añadir más embrollo, va y resulta que estos verdes aliados de IU no son ni de los verdes europeos, ni los de EQUO, ni los de ICV. Son otros sueltos y minúsculos de los que apenas se sabe.


En cuarto lugar, las condiciones pactadas entre EQUO y Compromís para la ocupación del escaño europeo durante los primeros años favorecen significativamente a Compromís, a pesar de que cada fuerza política ha aportado más o menos la misma cantidad de votos a la coalición. Dado que la implantación de una fuerza política nueva depende mucho de las elecciones locales, autonómicas y generales, de abajo hacia arriba, los recursos políticos del eurodiputado nacionalista Sebastiá pueden ser importantes para elegir concejales y diputados autonómicos y estatales de Compromís. En resumen, Compromís controlará el escaño europeo y la mayoría de los recursos del eurodiputado por lo menos en los próximos dos años, coincidiendo con las elecciones locales, autonómicas y generales, y EQUO solo ocuparía el escaño cuando haya terminado el próximo ciclo electoral.


En conclusión, desde sus inicios EQUO se ha autoexcluido de actuar políticamente en un tercio del territorio estatal, lo que supone un handicap político sustancial de cara al futuro electoral y a su implantación como partido verde. Con el pacto fundacional con los nacionalistas, EQUO se encuentra prisionero y con el “alma vendida al diablo” desde el inicio de su andadura. Su semilla no podrá brotar por estar bloqueada su propia implantación y despegue en la mayoría de territorios cedidos a sus aliados nacionalistas. A esto se añaden las nuevas ataduras que comporta la reciente conquista del escaño europeo, ya que EQUO, como miembro de coalición se verá empujado a cumplir con su parte pactada y a no cuestionar los acuerdos asumidos con los partidos nacionalistas. Son los acuerdos que a su vez y paradójicamente son parte y causa central de su propia ruina política. También son los acuerdos que permiten provisionalmente el ansiado relevo del eurodiputado nacionalista Sebastià por el verde Florent Marcellesi. Se trata de una pequeña ganancia provisional y momentánea a costa de inmolarse como una bola de nieve en el infierno político. Y para colmo de la irracional confusión social y electoral en la que está atrapado EQUO, además, también mantiene acuerdos y hace actos públicos “de hermandad” con el otro partido también miembro del Partido Verde Europeo pero electoralmente adversario y en pacto cuasi eterno con IU: Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV).


La gravedad y aceleración de las crisis socio-ecológicas reclama con urgencia la consolidación de una opción política nítidamente verde en el conjunto del territorio español. Pero con estas hipotecas arrastradas por EQUO en favor de otros partidos, difícilmente podrá ser percibido como un proyecto estatal autónomo, distintivo y creíble, siguiendo la trayectoria de otros tantos partidos verdes europeos. Sobre la mesa sigue estando el cruce entre caminos bien dispares a seguir por parte de EQUO: continuar primando la “estrategia alimenticia” y con ello la pérdida de su alma y el naufragio conjunto para mantenerse como simple complemento y satélite útil de otros partidos de tinte nacionalista, o bien actuar definitivamente como sujeto político autónomo.


MARA  CABREJAS

  

 

 

 


Jeudi 22 mai 2014 4 22 /05 /Mai /2014 09:58

 

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Dos momentos estelares recientes que han tenido un “carácter europeo” ante la opinión pública europea han sido las dos “Eurovisión”. Uno a partir de la celebración del festival Eurovisión de la canción, en media Europa se comentaba masivamente la transgresora imagen de la ganadora del festival: Conchita Wurtz. Días después se produjo otro momento europeista: el vibrante debate político en el hemiciclo de Bruselas entre los cinco principales candidatos a la presidencia de la Comisión Europea. Esta clara y ágil confrontación entre posiciones, junto a la participación del público, ha interesado a millones de europeos en 28 países distintos (lástima que la TVE lo marginara en el Canal 24 horas de una muy  reducida audiencia del 1%). En este caso, debatir públicamente sobre problemáticas candentes europeas, como son la austeridad, el clima, el papel de la religión o la crisis de Ucrania sí parece haber interesado a la ciudadanía europea.

 

Por desgracia, y en gran contraste con este debate en Bruselas, los dos partidos mayoritarios en suelo español han nacionalizado la campaña electoral europea con unos monólogos cansinos y retóricos encerrados en las controversias exclusivamente nacionales, bien ajenas al específico ámbito supraestatal y a las competencias adquiridas y capacidades de acción política de la UE. Así, las grandes fuerzas políticas han desaprovechado una vez más la oportunidad para implicar y motivar al electorado  en torno a verdaderos debates sobre el futuro común de Europa. El PP y el PSOE a pesar de autoproclamarse “europeístas”, lo cierto es que escasamente predican con el ejemplo.

 

Hay que decirlo claro: simplemente no quieren que la ciudadanía abra las puertas de Europa a un debate transparente e incluyente sobre los grandes retos europeos como son futuro comercial que queremos con EE.UU.,  el modelo energético necesario frente a la crisis climática, la política de innovación científica que falta para la salud y el medio ambiente, la política alimentaria más segura y sana, la política exterior europea más justa, la política de cooperación con el Sur más activa, los planes efectivos para acabar con los paraísos fiscales y crear una fiscalidad propia europea, o cómo aumentar el ridículo presupuesto europeo de menos del 1% del PIB para financiar la “Europa social” sobre que tanto hablan.  


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¿Porque tienen tanto miedo de hablar sobre Europa?

 

Para las élites de Bruselas, que incluyen a los partidos mayoritarios españoles, es mejor reservar el espacio europeo para la negociación opaca entre estados y para intentar sacar beneficio en el reparto de los recursos comunitarios (a menudo bajo la primacía de los intereses económicos de empresas “campeonas nacionales”). Algo bien opuesto es considerar la Unión Europea como un foro político unitario de decisión y derecho, orientado a la construcción de políticas en favor del bien común europeo y abierto a la participación ciudadana. Pero muchos gobiernos ven el fortalecimiento de la incipiente ciudadanía europea como una interferencia que estorba el “normal funcionamiento” de los intercambios entre los “intereses nacionales” de los Estados. Este es el techo de la cultura política que hoy domina el Consejo de Ministros Europeo. El Consejo actúa como un fuerte contra-poder poco transparente frente a al Parlamento Europeo constituido como ágora de decisión mediante los votos de la ciudadanía europea. Además, el creciente poder “de facto” de algunos grandes estados europeos nos coloca en la disyuntiva de elegir entre el retroceso intergubernamental y el avance hacia una Europa más política y ciudadana.

 

“Tú elegirás quien gobernará Europa” afirma la publicidad institucional en los autobuses de Bruselas mostrando las caras de ciudadanos europeos. Pero lo cierto es que, más allá del día de las votaciones europeas que se hacen cada cinco años, la gente de la calle carece de conocimiento actualizado y  de influencia destacable sobre las direcciones de la gobernanza de Europea. Se naturaliza y se esencializa la idea de Europa como si fuera un ser ya acabado: “Europa hace esto”, “Bruselas dice”, pero sin establecer distinción del color político de la fuerza política que “gobierna Europa”.  Esto hace posible que frente a la crisis económica muchas voces no echen la culpa ni a la izquierda ni a la derecha, ni a ningún mayoría política en particular, sino que como chivo expiatorio endosan la responsabilidad a un  alejado ente “en Bruselas”, de difícil comprensión y sin caras ni nombres reconocibles.

 

Para salir de este atolladero mucha ciudadanía de a pie demanda primacía de los poderes democráticos del Parlamento Europeo, más transparencia en la toma de decisiones y más participación mediante diversidad de fórmulas: peticiones, iniciativas ciudadanas, escrutinio público de todos los procesos europeos de toma de decisión, incluyendo la caverna del Consejo de los Estados Miembros que actúa sobre las leyes europeas como un Senado de patricios fuera de la vista de la ciudadanía.

Otro gran reto es el de reforzar la Europa ciudadana frente al poder asfixiante de los lobbies de las grandes empresas e instituciones financieras. Son urgentes las medidas eficaces para frenar este incalculable y opaco poder feroz de los más de 4000 lobbies privados existentes en Bruselas que secuestran muchas de las políticas orientadas al bien común.

 

A falta de más transparencia y más poder ciudadano, muchas de las leyes comunitarias se cuecen  mucho más en los bares ante unas cervezas o en los grandes bloques de oficinas que rodean a las instituciones europeas que dentro del propio Parlamento Europeo. Por desgracia muchos eurodiputad@s se limitan al “copiar y pegar”  las enmiendas de ley precocinadas por el lobby industrial de turno.

 

Pero a pesar del “lobby feroz”, de las trabas políticas, la opacidad y las dificultades linguísticas y burocráticas, la ciudadanía europea activa y organizada puede ganar importantes batallas europeas. Un gran ejemplo de ello ha sido la derrota de ACTA (Acuerdo comercial  anti-falsificación) a pesar del fuerte consenso político favorable entre los Estados europeos. Millones de europeas y europeos por todo el continente se movilizaron en defensa de derechos digitales fundamentales para forzar el rechazo final del Parlamento Europeo a ACTA. Asimismo, por encima de las fronteras nacionales, docenas de miles europeos presionan diariamente ante las instituciones comunitarias en favor del clima y las energías renovables; por unas exigentes normas de salud pública; por unas comunicaciones por internet neutrales, privadas y asequibles; en favor de la transparencia en la innovación médica; en contra del maltrato animal; en favor de la seguridad alimentaria; en defensa de los derechos de las minorías étnicas, l@s LGBT y los inmigrantes.

 

La ciudadanía europea va por delante, anuncia paso a paso la nueva Europa y fuerza la apertura de unas puertas institucionales pesadas y atascadas.


Jeudi 15 mai 2014 4 15 /05 /Mai /2014 16:02



¿Qué nos jugamos exactamente en las elecciones europeas de mayo?

Nos jugamos poder dar la vuelta al grave retroceso intergubernamental y paralización institucional que sufre la Unión Europea que la debilita para enfrentarse a las crisis sociales y ecológicas desde una perspectiva del bien común. O impulsamos las iniciativas europeas ciudadanas hacia una mayor responsabilidad compartida de la justicia social y la defensa ambiental   o la Union Europea continuará perdiendo credibilidad entre la ciudadanía. Aún peor: seguirá sirviendo como el chivo expiatorio de todos los males en los estados nacionales. También empeora el descrédito popular de la UE el creciente dominio del sistema opaco en la toma de decisiones de los estados en el Consejo que devalúa la democracia, desprecia el Parlamento Europeo elegido y refuerza una percepción ciudadana de una Europa movida por intereses nacionales y particularistas. Además, los electores deben exigir medidas claras para frenar el incalculable poder feroz de los lobbies industriales en Bruselas que intentan secuestrar muchas de las políticas importantes orientadas hacia el bien común.

El avance de la ultraderecha en Europa parece ser incuestionable. Se caracterizan además por ser euroescépticos, es decir, por poner en cuestión todo lo conseguido por la Unión Europea. Pero ciertos movimientos sociales de izquierdas, como el 15M en España, también dudaron en ocasiones de la UE (pidieron la salida de España del euro, por ejemplo). ¿Qué ocurre para que dos ideologías tan diferentes converjan en ese NO a Europa?

Sectores importantes de tanto la izquierda como la derecha están influídos por sentimientos nacionalistas en defensa de la "soberanía nacional" pero las explicaciones son distintas. Mientras una parte de la izquierda, armada con más ideología que con propuestas con viabilidad política,  defiende la supuesta  "soberanía nacional frente a los mercados"  ante el giro neo-liberal de la mayoría política europea, una cierta derecha anti-europea recupera los rancios discursos xenófobos y aislacionistas  para sabotear cualquier medida a favor de la solidaridad europea.

¿Cuáles son los riesgos de decirle NO a Europa? ¿Qué perdería España en concreto?


Fuera del Reino Unido la salida de la UE no está planteada seriamente en ningún país. Sin embargo, el NO a Europa "genérico"  de derechas o de izquierdas está siendo aprovechado por algunos mandatarios europeos conservadores  para alejar una Europa política y solidaria y para impulsar un modelo  de la UE como un mercado libre glorificado con cada vez menos capacidad financiera para la acción social y cada vez menos ambición política  a favor de la cohesión, la igualdad y la defensa ecológica.  De esta manera, tendremos una Europea cada vez más modesta, opaca, intergubernamental y comercial.


Josep Ramoneda decía que el el Estado de Bienestar será a escala europea o no será ('La Europa de las culturas', ciclo “Miradas a Europa”, Deusto). ¿Cierto? ¿Por qué?

Es cierto. Como estamos viendo, sin dedicar más recursos comunes para cerrar las enormes diferencias sociales entre y dentro de los estados miembros de la UE, no pararán de crecer los movimientos nacíonalistas y xenófobos, especialmente entre los países "contribuyentes netos" al presupuesto europeo. Es urgente que la Unión Europea tenga una base financiera propia importante basada en una fiscalidad común (o de los países que la aceptan) para promover políticas sociales y ambientales a favor del empleo y la igualdad. Sin un presupuesto propio bastante mayor y más competencias  "el modelo social europeo" proclamado por la UE se convertirá en pura demagogia. En cambio, la realidad penosa actual es una Unión Europea que impone políticas extremas de ajustes financieros, como en Grecia,  que excluye a franjas importantes de la población de la protección sanitaria y social sin proveer las contrapartidas suficientes para conservar el más mínimo "estado de bienestar". Así el proyecto federalista europeo pierde credibilidad a raudales.

Husserl: “El mayor peligro para Europa es el cansancio”. La curiosidad alerta, la perplejidad es conocimiento. El cansancio inmoviliza. Europa está cansada, angustiada, inmovilizada. ¿Qué deben hacer al respecto los movimientos pro-europeos?

Ojalá existiera una poción mágica para animar a los movimientos europeístas federalistas! Al mismo tiempo es natural que haya cansancio entre un movimiento utópico y muy minoritario como el europeísmo social.  Pero la realidad política y cultural de Europa es muy tozuda y diversa.   Nos duele ver que mientras los retos sociales y ecológicos globales son existenciales, la relación actual de poderes políticos no deja una UE a la altura de la circunstancias. No soy nada optimista.


Elias Canetti: “La humanidad solo está indefensa allí donde carece de experiencia y de memoria”. ¿Nos falta memoria?

Claro que nos falta memoria pero la memoria no se una hilera de ladrillos que dejamos detrás de nosotros; es algo que moldeamos según las realidades y conflictos actuales.  Nos falta memoria situada en la responsabilidad común del planeta y sus gentes. Nos sobra memoria al servicio de particularísimos étnicos, economicismos estrechos y el darwinismo social.


Tras la fragmentación de los partidos comunistas, la socialdemocracia se ha configurado como la única fuerza organizada de la izquierda (Jorge Semprún). Alguna vez he leído que fueron las políticas socialdemócratas las que pusieron en marcha el Estado de Bienestar europeo. Este escepticismo a Europa ¿está ligado a la crisis de la socialdemocracia (al hecho de que ni España ni Europa tengan un partido socialista fuerte)?

Con la globalización y la explosión de los mercados mundiales se ha roto definitivamente los distintos pactos sociales nacionales "fordistas" que posibilitaron los distintos grados del llamado "Estado de Bienestar Europeo" basado en un reparto estable de "los beneficios del crecimiento".  Los imperativos de la crisis ecológica y el contexto de la economía globalizada han superado a los estados nacionales europeos de la socialdemocracia y ahora demandan unas políticas europeas de proyección global que son a la vez socialmente justas y ecológicamente austeras.

¿Cuál debe ser la prioridad de la Unión Europea ahora mismo?

Impulsar las reformas democráticas y institucionales necesarias a favor de una Europea federal con objetivos sociales y ambientales ambiciosos.


¿Son posibles a medio plazo unos estados unidos de Europa?

No soy muy optimista pero la pedagogía de la catástrofe, real o inminente,  puede obrar milagros.


¿Qué se puede hacer para que la sociedad se vea mejor y más representada en Europa? (Tenemos la sensación de que todas las decisiones se toman en Bruselas)

Exigir más simplicidad democrática, más transparencia en la toma de decisiones (sobre todo por parte de los estados que tiran la piedra contra la UE y esconden la mano) y mucho más participación ciudadana mediante las peticiones, las iniciativas ciudadanas y la apertura de los partidos políticos y sus representantes.

Predicción personal para las próximas elecciones europeas de mayo.

Los dos grandes grupos, socialistas y populares, quedarán con unos 200 escaños cada uno. Subirá tanto la izquierda radical como la derecha anti-europea. Los liberales quedarán con unos 70 escaños. Muchos pequeños partidos centristas  conseguirán representación por la primera vez con la creación de algún nuevo grupo político.   La fragmentación puede forzar un pacto de "concentración" de los dos grandes formaciones para elegir los principales cargos de la Comisión y el Parlamento.

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