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BÚSqueda

Los Verdes

30 octobre 2021 6 30 /10 /octobre /2021 12:01

 

 

La ceguera de nuestra clase política resulta muy chocante. La explicación dominante de la actual crisis energética, que se expresa en los “atascos” en la cadena de suministros de materiales y componentes de las actividades productivas, ignora sistemáticamente las causas últimas más fundamentales: la despensa comienza a estar vacía. Esta verdad tan incomoda, que ya comienza a ser un secreto a voces para los expertos en energía y para las mismas empresas, nos anuncia las malas noticias de que la fiesta de la abundancia, el despilfarro y el usar y tirar de nuestras economías insaciables, está chocando contra límites biofisicos infranqueables en un planeta finito como es el nuestro. La Tierra carece de las fuentes materiales energéticas suficientes para poder satisfacer la creciente demanda de materiales y energías abundantes, fáciles de extraer y económicamente asequibles.

Escuchamos una melodía enrevesada de justificaciones extraterrestres que entonan una fábula oficial que siembra la confusión alrededor de algunos datos parciales  sobre lo que está sucediendo. Este negacionismo terraplanista quiere disimular los atolladeros estructurales irrebasables que se desencadenan cuando la demanda rebasa los límites críticos planetarios existentes de recursos tan vitales para nuestras sociedades industrializadas como son las fuentes energéticas fósiles (carbón, petróleo y gas). Las consecuencias de esta translimitación global son la escasez energética crónica y el agotamiento anunciado de dichos recursos, algo que será muy catastrófico para las economías fosilísticas guiada por las prioridades incuestionables del crecimiento económico y material. Sin embargo, las leyes del universo terrestre que habitamos nos recuerdan que nada material puede crecer indefinidamente en un planeta finito en materiales.

La actitud cínica terraplanista (del sí, pero no) une a la clase política de cualquier color ideológico. Los gestores públicos responsables desesperan buscando justificaciones tranquilizadoras debajo de las piedras para encontrar razones de la carestía y la lenta recuperación económica. Este negacionismo terraplanista de los hechos y la verdad de los límites ecológicos planetarios busca estirar los plazos del negocio de la moribunda economía tóxica fosilística. Gobernantes, empresarios y sindicatos, al unísono parecen estar dispuestos a todo lo que haga falta, menos a internalizar la necesidad imperiosa de organizar el presente y el porvenir abandonando las fantasías endiosadas del crecimiento material inacabable de la producción y el consumo, quemando oportunidades y recursos en el presente para dirigirnos más deprisa al cataclismo ecológico y social. Este negacionismo terraplanista enarbola un particular tipo de populismo que evita el afrontar la verdad y se empeña en continuar con la cruzada climática y ecológica, en vez de apostar por un bienestar humilde, capaz de hacer las paces con el planeta mediante una austeridad material justa y equitativa.

 

Sin embargo, son urgentes los cambios sustanciales en nuestra forma de vida sobre-consumidora para reducir las dimensiones grandiosas de nuestro corrosivo modelo energético para apostar por una economía material de “suficiencia privada y pública”, que paliara las peores consecuencias sociales del descenso energético que ya está en marcha. Cuanto más tarden las elites políticas y económicas en aceptar esta nueva realidad de sobrepasamiento de los límites planetarios, más dura y caótica será la caída. Un primer paso imprescindible para transitar este camino obligado, de la manera menos traumática posible, es afrontar la verdad.

El que haya una subida en la demanda del consumo energético después del parón de la pandemia del Covid19, el que se hayan roto algunos de los eslabones productivas por "fallos" técnicos en la cadena de suministros de materiales escasos y no renovables, el que la “transición energética” haya mermado las inversiones en los combustibles fósiles, que los rusos y los argelinos estén chantajeando, el que las grandes empresas eléctricas estén haciendo el agosto con precios disparados en el consumo de electricidad, etc., en realidad no son explicaciones sobre lo que está ocurriendo. Más bien de anuncios de Cassandra sobre el choque con un iceberg que ya está a la vista.

Es un tabú el decir la verdad de nuestra desmesura material y admitir que estamos condenados a un duro síndrome de abstinencia causado por un decreciente acceso a los combustibles fósiles abundantes, buenos, bonitos y baratos, algo que pone en entredicho los grandes planes de expansión, desarrollo y “innovación” de nuestros mandatarios terraplanistas. Este obligado descenso energético que lleva años en ciernes, no obedece a una elección voluntaria sino que responde al imperativo de los límites físicos planetarios. Ya hace muchos años que crece sin parar la cantidad de energía y dinero que hay que invertir para poder extraer la misma cantidad de gas y petróleo, y de otros muchos minerales imprescindibles para nuestras economías insaciables. El balance energético de difícil y caro extractivismo de minerales resulta cada vez más desfavorable para mantener nuestro desbocado tren de vida sin límites al consumo. La mano mágica del libre mercado no solucionará este tipo de escasez crónica causada por estos límites absolutos. De hecho, precisamente han sido los mecanismos del mercado especulativo, los que hace bastantes años dejaron de invertir en la exploración y la extracción de gas y petróleo porque se arruinaban.

La escasez actual de energía es el resultado de muchos años de ceguera ante la clara inviabilidad económica de fuentes energéticas escasas, agotables y tóxicas, que nada tiene que ver con “la lucha contra el cambio climático”, y mucho menos tiene que ver con la muy tímida subida de las energías renovables. No solo es que se agotan las reservas accesibles de gas, petróleo y otros materiales, también el coste energético/económico de la extracción y del procesamiento de estas reservas restantes comienza superar el contenido energético o valor las mismas. Otra mala noticia que los negacionistas terraplanistas callan es que el incremento de la producción de energía renovable, aunque sea necesario y positivo si no está monopolizados y si se distribuye socialmente, no puede sustituir a gran parte de las actualaes actividades industriales, y al transporte movido por las energías fósiles.


Nuestra clase política, que ha interiorizado en su ADN las demandas terraplanistas de más y más consumo y crecimiento, sigue entonando la melodía dormitiva  de que la escasez y la carestía son una situación pasajera, y que todo se arreglará en pocos meses. Por todos los lados se escucha la misma melodía: no pasa nada, todo volverá a la normalidad.

 

 

 

 

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3 avril 2021 6 03 /04 /avril /2021 18:35
La estrategia europea de adaptación al cambio climático o la estrategia del avestruz

 

 
Al mismo tiempo que intentamos hacer todo lo que podemos para mitigar y evitar los peores impactos del colapso climático en curso, también debemos estar más preparados para enfrentarnos a unas duras consecuencias climáticas que ya son inevitables e irreversibles.  En este sentido hace unas semanas se presentó la nueva “Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la Unión Europea.” https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_21_664

 

Hay que dar la bienvenida a la nueva Estrategia de Adaptación de la UE por contener un  enfoque orientado a soluciones basadas en la naturaleza al resaltar la importancia de la conservación de la biodiversidad y la restauración de la naturaleza.   En teoría la estrategia se asemeja al pensamiento del gran biólogo Edward.O. Wilson en su libro Medio Planeta: la lucha por las tierras salvajes en la era de la sexta extinción. que apuesta por el aumento de la protección de la biosfera y su biodiversidad como la mejor forma de protegernos y tener resiliencia frente  los embates climáticos  También parece positivo el hecho de que la adaptación es reconocida como una prioridad en los planes de recuperación económica de Covid-19. Sin embargo, lo que es realmente decepcionante e irresponsable es que la nueva Estrategia de Adaptación no establezca objetivos legales concretos y medibles con plazos determinados para que la UE y sus Estados miembros se vuelavan más resistentes al desorden climático.

 

El texto de la Estrategia está lleno de palabras vagas y vacías como “estimular”, “fomentar” e “incentivar” mientras no establece instrumentos, objetivos y fechas topes que son  legalmente vinculantes. Desgraciamente, la estrategia puede correr la misma suerte que la mayoría de los grandes planes ambientales fracasados de la UE que tienen un nivel bajo de cumplimiento como atestigua un informe reciente de la Agencia Ambiental Europea que lamenta el pobre estado los ríos, la continua pérdida de hábitats y especies y un modelo agrícola subvencionado muy contaminante y biocida. https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu-2020/.  Como botón de muestra la recientemente aprobada Política Agraria Común ha eliminado de su texto legal las obligaciones de reducir radicalmente el uso de agrotoxicos (presentes en la estrategia “de la granja a la mesa”) y de respetar la biodiversidad como condiciones para recibir las ayudas públicas de miles de millones de euros. Sin medidas obligatorias no puede haber ni un Nuevo Trato Verde (Green New Deal)  ni una Estratega de Adaptación mínimamente creíbles y eficaces.

 

Tampoco hay objetivos concretos asociados con las promesas lograr fuertes sinergías con la importante Estrategia de Biodiversidad de la UE para el 2030 cuando más del 80% de los habitats europeos se encuentran deteriorados o muy deteriorados según la Agencia Ambiental Europea que también ha documentado el fracaso del anterior plan de biodiversidad de 2013-2020.  Por ejemplo, solamente se conseguirá una gestión del agua más resistente al clima mediante la reducción de consumos de agua y una aplicación estricta de la Directiva Marco del Agua (DMA) para la regeneración de los ríos y las zonas húmedas lo que actualmente brilla por su ausencia en países como España ante la pasividad de la Comisión Europea que debe velar por su cumplimiento.


 También  la Estrategia de Biodiversidad 2030 plantea la liberación de las barreras de hormigón y la recuperación del caudal natural en 25.000 kilómetros de ríos europeos lo que sería un avance fundamental para la estrategia de adaptación.

 

 Mientras la UE reconoce la adaptación climática como una prioridad para la recuperación económica verde posterior al Covid-19 el contenido concreto de la financiación no es muy prometedor. Hay una mención específica de la adaptación para el 37% de la financiación de los Planes de Recuperación y Resiliencia  pero muchos de los proyectos considerados para la financiación (que incluyen iniciativas energéticas de macro-proyectos de las grandes eléctricas) no serán positivos para una adaptación climática basada en la naturaleza y una protección de la biodiversidad.

Mientras la retórica política y empresarial de “mitigación”, “adaptación” y “sostenibilidad” se oyen por todas partes la tozuda realidad es de un negacionismo práctico y una irresponsabilidad institucionalizada que no corresponden en absoluto con la creciente preocupación ciudadana por el devenir de nuestro planeta vivo. Si no se remedia en su tramitación legislativa “La Estrategia Europea para la Adaptación al Cambio Climático” será otro brindis al sol “verde” basado en medidas voluntarias, “buenas prácticas” y planes vagos que no toman en serio una emergencia climática que reclama unas medidas excepcionales y urgentes que no se ven por ninguna parte.

 

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29 janvier 2021 5 29 /01 /janvier /2021 14:03
Las vacunas para el COVID 19: una petición al Parlamento Europeo a favor de la transparencia y el acceso

La falta de transparencia ha alimentado la incertidumbre y la desinformación sobre las vacunas COVID-19. Sin transparencia es imposible aumentar la confianza del público. La transparencia es también una forma clave de luchar contra el “nacionalismo de las vacunas” y los acuerdos bilaterales privados. La UE y sus estados miembros que han financiado una gran cantidad de investigación en vacunación se encuentran en una posición única para exigir y lograr una transparencia mucho mayor en los contratos de desarrollo y compra, el número de dosis administradas a cada país, los precios pagados, los datos de los ensayos clínicos, condiciones de propiedad intelectual y distribución equitativa de dosis dentro de la UE.

 

También lamentamos la ausencia generalizada de condiciones de acceso asequible, transparencia y ciencia abierta en los acuerdos firmados por los gobiernos. Si las vacunas ya se están comprando con dinero público, el público tiene derecho a conocer los detalles de los contratos, los resultados completos de la investigación clínica evaluados por científicos independientes antes de la autorización y a tener fuertes salvaguardias de disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad del producto final. Es especialmente inaceptable y socava la confianza pública que la Comisión Europea y los gobiernos de los estados miembros de la UE hayan impuesto restricciones legales para hablar públicamente sobre sus acuerdos de vacuna COVID-19 firmados con la industria.

 

Sin transparencia, la confianza pública es imposible. Para aclarar muchas preguntas abiertas y dudas sobre las vacunas, se requiere acceso a datos clínicos sin procesar a nivel de pacientes por parte de investigadores independientes. Pero ninguna de las empresas involucradas en la estrategia de vacunas de la UE ha compartido datos con terceros en este momento. Pfizer solo comenzará a hacer que los datos estén disponibles 24 meses después de la finalización del estudio. La declaración de intercambio de datos de Moderna establece que los datos clínicos «pueden estar disponibles a pedido una vez que se complete la prueba». Esto significa que no se publicará hasta en algún momento entre mediados y finales de 2022.

 

También nos gustaría expresar nuestra consternación por la falta de transparencia y control por parte de la Comisión Europea del fenómeno del acaparamiento nacionalista de vacunas y la «licitación» que está obstaculizando el acceso global equitativo, abriendo la puerta a una gran desigualdad entre países. En este sentido, lamentamos el débil compromiso práctico de la UE y sus estados miembros con la iniciativa COVAX y, especialmente, con el C-TAP Technology Access Pool de la Organización Mundial de la Salud, que busca aunar recursos científicos y financieros para asegurar un alcance universal y asequible.

 

Antecedentes:

 

En junio de 2020, la Comisión propuso una estrategia de vacunas de la UE para COVID-19 en la que enumeraba los pasos clave para estrategias de vacunación eficaces y despliegue de vacunas. Cualquier vacuna debe ser autorizada por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) de acuerdo con los estándares de seguridad y eficacia.

 

El 22 de septiembre de 2020, el Parlamento celebró una audiencia pública sobre «Cómo garantizar el acceso a las vacunas COVID-19 para los ciudadanos de la UE: ensayos clínicos, desafíos de producción y distribución».

 

En la sesión plenaria de diciembre de 2020, el Parlamento expresó su apoyo a la rápida autorización de vacunas seguras. Desde entonces, la Comisión ha otorgado una autorización de comercialización condicional para dos vacunas COVID-19, una desarrollada por BioNTech y Pfizer y otra por Moderna Biotech Spain, S.L., después de que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) concluyera sus evaluaciones de estas vacunas.

 

En enero de 2021, la Comisión Europea ha proporcionado una sala de lectura abierta para los eurodiputados que deseen revisar los contratos de vacunas. Actualmente, un contrato está disponible para eurodiputados, con otros pendientes del acuerdo de las empresas farmacéuticas. Se ha puesto a disposición una sala de lectura para aquellos eurodiputados que deseen revisar los contratos de vacunas, pero solo CureVac ha acordado hasta ahora poner los acuerdos a disposición de los eurodiputados. Sin embargo, el único contrato disponible para ser revisado por los eurodiputados tenía la siguiente información clave borrada o ausente:

 

Pago inicial de la Comisión Europea.

 

El precio por dosis.

 

Los lugares de fabricación.

 

El régimen de responsabilidad civil e indemnización en la medida en que las farmacéuticas estarían protegidas de la responsabilidad legal y financiera en caso de daños causados por las vacunas.

 

Los gastos compartidos entre las inversiones públicas y las privadas en las vacunas.

 

Información sobre la posible flexibilidad y apertura de los derechos de propiedad intelectual teniendo en cuenta las grandes inversiones públicas de la UE en las vacunas.

 

El 18 de enero de 2021 el Secretario General de la Organización Mundial de la Salud Dr. Tedros declaró que era una “catástrofe moral” el hecho de que muy pocos ciudadanos de los 70 países más pobres se vacunarán en el  2021. Pidió a los países de altos ingresos, como los estados miembros de la UE, que compartan sus dosis con los países de bajos ingresos y que los productores de vacunas y a todos los países que compartan todos sus datos sobre ensayos clínicos, nuevas cepas de virus y datos de zoonosis con la Organización Mundial de la Salud.

 

La iniciativa COVAX a la que la UE ha donado no ha podido adquirir ninguna de las vacunas que actualmente se distribuyen en la UE. La Comisión Europea se ha negado a participar en el “pool” de tecnología abierta C-TAP para asegurar este acceso y también se ha negado a permitir que las reglas de propiedad intelectual sean más flexibles para permitir un mayor acceso a versiones genéricas de las vacunas.

 

Muchas compras bilaterales de vacunas han tenido lugar sin ser controladas ni informadas públicamente por la Comisión Europea.

 

Solicitamos a la Comisión Europea las siguientes medidas de transparencia e intercambio en relación con la estrategia de vacunación de la CE:

 

  1. La publicación completa de los contratos y otros acuerdos firmados entre la UE y sus estados miembros con empresas farmacéuticas para el desarrollo, fabricación, compra y despliegue de vacunas para COVID-19.

 

  1. La total transparencia de los resultados de los ensayos clínicos y los protocolos de posibles investigaciones sobre la vacuna COVID-19 disponibles para ser evaluados en tiempo real por expertos científicos independientes, incluidos los protocolos de análisis estadístico, los informes de estudios clínicos, datos a nivel de pacientes y copias de la correspondencia con los reguladores y otras partes interesadas clave.

 

  1. El compromiso político y financiero de la Comisión Europea y los Estados miembros de la UE con la iniciativa COVAX y otras iniciativas como el pool de tecnología C-TAP más allá de la contribución económica ya anunciada con el reparto concreto de millones de dosis de vacunas para los países de bajos ingresos según lo solicitado por la OMS. Según la OMS, “los países y las empresas siguen dando prioridad a los acuerdos bilaterales, evitando la COVAX, haciendo subir los precios”.

 

  1. La publicación de precios y cantidad de dosis de vacunas acordadas entre los estados miembros de la UE y las empresas farmacéuticas con la transparencia vinculante de los volúmenes de acuerdos bilaterales y fechas de entrega.

 

  1. La publicación de todas las condiciones de los derechos de propiedad intelectual en los contratos de vacunas. La inclusión de cláusulas de licencias abiertas y copropiedad pública de los derechos de propiedad intelectual en los contratos futuros.

 

  1. La publicación de todos los acuerdos entre la UE y el sector privado relativos a la exención de responsabilidad civil o indemnización económica concedida a las empresas que desarrollan y producen vacunas COVID-19.

 

  1. La Comisión Europea debe informar a las empresas farmacéuticas con antelación de los acuerdos que resulten de futuras iniciativas públicas-privadas de que se publicarán todos los detalles. Los Estados miembros y la Comisión Europea deberían utilizar su influencia para establecer esto como un requisito previo para futuras negociaciones.

 

  1. Los datos completos de los informes de farmacovigilancia del fabricante deben publicarse en tiempo real con respecto a los efectos secundarios y la seguridad de las vacunas, ya que existe una amplia evidencia de que los eventos adversos generalmente no se informan adecuadamente en las publicaciones de revistas. Además, el control público de los incidentes relacionados con el despliegue de vacunas debe ser promovido y supervisado por la Comisión Europea.

 

  1. La Comisión Europea debe asegurar que los estados miembros de la UE deben compartir en tiempo real con la OMS datos clínicos completos para acelerar las aprobaciones regulatorias y, además, compartir nuevos especímenes, muestras, cepas y virus con el Biohub de la OMS.

 

[English version].

The EU vaccine strategy and COVID 19: a petition for transparency and access.

The lack of transparency has fueled uncertainty and disinformation concerning COVID-19 vaccines. Without transparency increasing public trust is impossible. Transparency is also a key way of fighting “vaccine nationalism” and private bilateral deals. The EU and its member states that have financed a great deal of vaccination research are in a  unique position to demand and achieve much greater transparency concerning the development and purchase contracts, the number of dosis given to each country, the prices paid, clinical trial data, intellectual property conditions and fair distribution of dosis inside the EU.

We also regret the general absence of conditions on affordable access, transparency and open science in the agreements signed by governments. If vaccines are already being purchased with public money, the public has a right to know the details of the contracts, the complete results of the clinical research assessed by independent scientists before authorization and to have strong safeguards of availability, accessibility and affordability of the final products. It is especially unacceptable and undermines public confidence that the European Commission and EU member-state governments have imposed legal restraints on talking publicly about their COVID-19 vaccine deals signed with industry.

Without transparency public trust is impossible. In order to clarify many open questions and doubts about the vaccines requires access to raw clinical data at patient level by independent researchers  But none of the companies involved the EU vaccine strategy have shared data with any third parties at this point. Pfizer will only start making data available 24 months after study completion. Moderna’s data sharing statement states data “may be available upon request once the trial is complete.” This translates to sometime in mid-to-late 2022, as follow-up is planned for 2 years.

We would also like to express our dismay over the lack of transparency and control by the European Commission of the phenomenon of nationalist vaccine hoarding and “out-bidding” which is hampering global equitable access and opening the door to vast inequality across countries. In this sense we regret the weak practical commitment by the EU and its member states to the COVAX initiative and, especially, to the C-TAP Technology Access Pool of the World Health Organization which seeks to pool scientific and financial resources to assure universal, affordable access to vaccines.

Background:

In June 2020, the Commission proposed an EU vaccines strategy for COVID-19 in which it listed key steps for effective vaccination strategies and vaccine deployment. Any vaccine must be authorised by the European Medicines Agency (EMA) in accordance with safety and efficacy standards.

On 22 September 2020, Parliament held a public hearing on “How to secure access to COVID-19 vaccines for EU citizens: clinical trials, production and distribution challenges”.

At the Plenary session in December 2020, Parliament expressed support for the speedy authorisation of safe vaccines. The Commission has since given conditional marketing authorisation for two COVID-19 vaccines, one developed by BioNTech and Pfizer and one by Moderna Biotech Spain, S.L., after the European Medicines Agency (EMA) concluded its assessments of these vaccines. The Oxford/AstraZeneca vaccine which has pledged patient-level data  only “when the trial is complete.”

In January 2021 the European Commission has provided a reading room is open for MEPs wishing to review vaccine contracts. The contract is currently available  on for, with others pending the agreement of pharmaceutical companies. 
A reading room has been made available for those MEPs who want to review vaccine contracts, but only CureVac has agreed so far to make the agreements available for MEPs.
Nevertheless the only contract available to be reviewed by MEPs had the following key information redacted or missing:

The European Commission´s down payment.

The price per dose.

The production sites.

The liability and indemnity regime concerning the extent the manufactures would be protected from legal and financial responsibility.

The cost sharing between public and private investments in the vaccines.

Information about the possible sharing of intellectual property rights -given the large EU investments in the vaccines.

On January 18th, 2021 the Secretary General of the World Health Organization Dr. Tedros declared that it was a “moral catastrophe” that very few citizens of the 70 poorest countries will be vaccinated in 2021. The COVAX initiative to which the EU has donated to has not been able to purchase any of the vaccines that are now being distributed in the EU.  The European Commission has refused to participate in the C-TAP technology pool to assure this access and has also refused to allow intellectual property rules to be more flexible to allow more access to generic versions of the vaccines. He called upon high-income countries to share their dosis with lower income countries and for vaccine producers and countries to share all their data concerning clinical trials, new strains of viruses and zoonoses data with the World Health Organization.

Many bilateral vaccine purchase have taken place without being controlled nor publicly informed by the European Commission.

 

We ask the European Commission for the following measures of transparency and sharing in relation with the EC´s vaccine strategy:

 

  1. The complete publication of contracts and other agreements signed between the EU and its member states with pharmaceutical companies for the development, manufacturing, purchase and deployment of vaccines for COVID-19.

                                                                                                                                                                                                            
  2. The full transparency of clinical trial results and protocols of potential COVID-19 vaccine research available to be evaluated in real time by independent scientific experts, including  statistical analysis plans, clinical study reports, patient level data, and copies of the correspondence with regulators and other key stakeholders.                                                                                                                                                                                                  
  3. The political and financial commitment by the European Commission and EU Member States to the COVAX initiative and other technology pool initiatives beyond the already announced contribution with the concrete sharing of millions of vaccine dosis with low-income countries as requested by the WHO. According to the WHO “countries and companies continue to prioritize bilateral deals, going around the COVAX facility, driving up prices”.                                                                                                                                                                                                                                                                                        
  4. The publication of prices and quantity of vaccine doses agreed between EU member states and pharmaceutical companies with the binding transparency of bilateral deals volumes and delivery dates.                                                                                                                                                                                                                                                            
  5. The publication of all intellectual property rights conditions in vaccine contracts. The inclusion of clauses for open licences and public co-ownership of intellectual property rights in alfuture contracts for the allocation of public financial support to companies and other entities for research and development of COVID-19 vaccines.                                                                                                                                                                                                
  6. The publication of all EU-private agreements concerning exemption from civil responsibility or financial indemnification granted to companies developing and producing COVID-19 vaccines.                                                                                                                                                                                                                                                                         
  7. The European Commission should inform pharmaceutical companies in advance to deals resulting from future joint procurement initiatives that all details will be published. Member States and the European Commission should use their leverage in setting this as a prerequisite for future negotiations.                                                                                                                                                                                                                                                
  8. Full data sets from pharmacovigilance reports from the manufacturer need to be published in real time concerning side effects and the safety of the vaccines as there is ample evidence that adverse events are generally under-reported in journal publications. Public control of incidents of the deployment of vaccines needs to be promoted and monitored by the European Commission.                                                                                                                                                                                                                                                             
  9. The EU and its member states should share in real time with the WHO full clinical data for regulatory review to accelerate approvals and to share new specimens, samples,  strains and viruses with the WHO´s Biohub.
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28 janvier 2021 4 28 /01 /janvier /2021 11:17
Las vacunas en tiempos de guerra contra el COVID
Podría pensarse que algo cambiaría para mejor en el actual contexto excepcional de emergencia sanitaria en el que estamos. Pero no, en absoluto, nada nuevo aparece por el horizonte.
La nueva ministra de Sanidad Carolina Darias se ha apresurado a declarar la guerra al COVID19, pero sin embargo no vemos que se anuncie ninguna medida pública excepcional acorde con la colosal tragedia de la pandemia. No se vislumbra algo parecido a lo que sería una verdadera movilización para asegurar las provisiones y los tratamientos. Business as usual.
No ha variado ni un ápice la lealtad ciega de nuestra clase política a un modelo farmacéutico que está a años luz de los giros imperiosos que harían falta para afrontar la pandemia con una relativa eficacia. El primero ha de estar en establecer la prioridad de la salud como bien público. Esta condición al menos exigiría unos precios ajustados a los costes de producción de las vacunas, no unos precios abultados para que obtengan grandes beneficios económicos las empresas y laboratorios farmacéuticos, que cargan un sobrecoste de más de 1000% en el caso de la vacuna de Pfizer!. ¡Incluso pretenden aumentar un 20% más el precio con la excusa de establecer cada vial para seis dosis en lugar de cinco!
Dar prioridad a la salud pública significaría también una transparencia científica y mercantil sin precedentes mediante la supresión de la exclusividad comercial y el acceso abierto a los datos clínicos completos y know-how.
A pesar de que estamos en la "tercera ola" de la pandemia, se sigue priorizando el lucro y la oportunidad de negocio por encima de evitar la escalada de sufrimiento y la muerte. Esta captura neoliberal de las políticas sanitarias ante el COVID es totalmente ajena a las crisis de fondo retroalimentadas: social, económica, ecológica y sanitaria.  Hay un silencio sepulcral sobre las condiciones de la producción y compra de las vacunas en los debates del Congreso de Diputados, al tiempo la discusión mediática se centra en la criminalización de los casos marginales de responsables públicos que no se han puesto en la cola de las vacunaciones. Brillan por su ausencia las propuestas visibles sobre como se pueden hacer las cosas de otra manera, de forma más eficiente y más justa. Nuestros representantes públicos eliminan de la agenda la posible producción de vacunas y medicamentos COVID accesibles, asequibles y transparentes. Nadie cuestiona ninguna de las normas regulatorias o comerciales instituidas anteriormente en la normalidad pre-pandemia.  
Oímos hablar de la vacuna “Pfizer", "Moderna", …pero en cambio se silencia que la investigación y desarrollo de estos nuevos medicamentos ha sido financiada en gran parte por los Gobiernos y la Unión Europea. Hasta en el mismo lenguaje se han borrado las huellas de la financiación pública de la vacuna inicialmente llamada “Oxford” (la universidad), que después ha sido rebautizada con el nombre de la empresa farmacéutica “Astra-Zeneca”. Aunque ciertamente, este término refleja mejor la condición rehén en la que están las políticas sanitarias. Son las empresas farmacéuticas quienes tienen las llaves a pesar de que es la ciudadanía quien carga con los costes, los riesgos y los daños colaterales indeseados del humo comercial.
En medio de esta normalidad sanitaria neoliberal ante el COVID, nada parece sorprender a la clase política de cualquier tinte ideológico. Las autoridades públicas nada tienen que reprochar al afán de obtener  inflacionados beneficios económicos de las vacunas salvadoras. Esta es una foto rápida del indecente entreguismo y la sumisión de nuestros gobiernos y de la misma Comisión Europea. 
Después de miles de millones de euros públicos adelantados para el desarrollo investigador y clínico de unas vacunas, resulta que sigue siendo tabú el cuestionamiento del monopolio de las patentes, la confidencialidad comercial, el enorme despilfarro de recursos implicado en la opacidad científica, los precios abusivos e ignominiosos que excluyen a una gran parte de la humanidad, etc. La iniciativa C-TAP de la Organización Mundial de la Salud para compartir universalmente el know-how y propiedad intelectual de las vacunas COVID ha quedado desierta y abandonada por los Gobiernos, incluido el Gobierno español.
Ante la falta de las dosis de vacunas acordadas, ahora nos enteramos con estupor del kafkiano incumplimiento del contrato secreto firmado por la Comisión Europea con una gran empresa farmacéutica. ¡Resulta que ni la propia Comisión Europea puede hacer público tal contrato y rendir cuentas! Por tanto, no pueden conocerse las condiciones de responsabilidad civil, los precios pagados, las cantidades de dosis para cada país, los datos clínicos completos sobre la eficacia y seguridad, etc. ¡Las arcas públicas pagan, las empresas farmacéuticas aprovechan, y la ciudadanía permanece ciega, sorda y muda!
La anestesiada clase política española y europea ha de despertar con valentía para emprender la batalla que ha de darse ante la tragedia colectiva de la pandemia. La condición extraordinaria y terrible del COVID ha de empujarnos al desarrollo y la producción pública de tratamientos y vacunas al 100%. Ha de darse una licencia obligatoria para suprimir los derechos de monopolio y privatización de una patente, el contexto legal lo permite durante una pandemia. La transparencia y unas vacunas a precio de coste han de ser objeto de decisión y regulación pública.
En tiempos de emergencia donde el mal atroz está en juego se hacen necesarias más que nunca las soluciones excepcionales.  

 DAVID HAMMERSTEIN

 

 

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21 janvier 2021 4 21 /01 /janvier /2021 19:24
 CARTA DE APOYO  AL DESMANTELAMIENTO DE LA PRESA DE LOS TORANES (TERUEL)

 

 

 

Asociaciones y colectivos abajo firmantes damos nuestro respaldo a la decisión tomada por el Gobierno de desmantelamiento de la presa de Los Toranes en el río Mijares, Teruel.

 

La eliminación de presas obsoletas es algo que está ocurriendo cada vez más en España y en el resto de Europa. Es una parte fundamental del compromiso para frenar la hecatombe de biodiversidad que está ocurriendo en todas las partes del mundo, según informan los mejores estudios científicos disponibles. La conservación y restauración de la salud de los ríos es parte central de la lucha contra la creciente pérdida de la biodiversidad porque la mayor concentración de la misma se encuentra en los ecosistemas fluviales y en las zonas húmedas. El desmantelamiento de la presa de Los Toranes ha de ser parte de la Estrategia de la Biodiversidad 2030 de la UE, que busca devolver el caudal natural a 25.000 Kms de ríos.

 

La Presa de los Toranes (Albentosa, Teruel) es una instalación hidroeléctrica construida en el año 1954 con muy escasa producción energética, en el 2018 caducó la concesión de explotación a la empresa Iberdrola. La presa está situada en un tramo del río Mijares que alimenta espacios de gran valor ambiental integrados en la red Natura-2000 de la UE, como son Los Estrechos del río Mijares. El río padece una intensiva regulación fluvial a su paso por el valle de Olba que genera múltiples agresiones ambientales retroalimentadas (tres centrales hidroeléctricas, grandes canalizaciones que extraen ingentes volúmenes de agua del río para turbinarlas, un gran pantano aguas abajo). El río Mijares turolense es un insustituible bien común, ambiental, social y cultural, que necesita una mayor protección para contrarrestar la alta concentración de infraestructuras hidráulicas que padece en un tramo de pocos kilómetros.

 

El dictamen de desmantelamiento de la presa realizado por la Dirección del Agua del MITECO en noviembre de 2020, está respaldado por las evaluaciones de expertos científicos en cauces fluviales, como es el estudio del CIREF (Centro Ibérico de Restauración Fluvial) “Planteamiento de actuaciones de mejora fluvial en el río Mijares” (2018). La decisión de desmantelamiento de la presa ha sido fruto de evaluaciones e informes técnicos realizados por el Ministerio de Transición Ecológica y la Confederación Hidrográfica del Júcar, contando con todos los parabienes jurídicos del Consejo de Estado.

 

La decisión de desmantelamiento de la presa ha sido motivada por los grandes daños medioambientales que genera sobre el río Mijares y por su falta de rentabilidad económica y eléctrica. La eliminación de la presa es acorde con las directrices jurídicas de la Directiva Marco del Agua, entre otras normativas ambientales, y se ha tomado en base a criterios científicos, técnicos y ambientales. La viabilidad económica de su explotación hidroeléctrica no es compatible con la preservación de un mínimo caudal ecológico imprescindible para la salud del ecosistema fluvial.

 

Consideramos que el derribo de esta barrera hidráulica infranqueable tendrá efectos muy positivos que repercutirán en un mejora sustancial del estado ecológico del río Mijares. El desmantelamiento de la presa aportará suficiente caudal para reconectar y alimentar con las aguas del río sus riberas y los espacios naturales protegidos de la Red Natura-2000, favoreciendo su continuidad natural y sus metabolismos fluviales.

 

Además, el derribo de la presa aportará beneficios ambientales, económicos, culturales y sociales para la zona y sus núcleos poblacionales sin aumentar el riesgo de inundaciones. Un río Mijares liberado de la presa y más naturalizado en buena medida aportará riqueza y prosperidad al valle de Olba y su entorno, generará empleo verde, favorecerá la educación ambiental y la difusión de los valores del cuidado y la protección de la naturaleza, y pondrá en valor uno de los paisajes fluviales mediterráneos más valiosos.

 

También estamos a favor de las medidas y recursos que sean necesarios para hacer efectivos los derechos legales de toma de agua de los regantes de huertos familiares del valle de Olba.

 

Aspiramos a una pronta eliminación de la presa y la central eléctrica de Los Toranes mediante un proyecto técnico que contemple una Declaración de Impacto Ambiental sin riesgos para el medio ambiente, tal y como establece la legislación.

 

Consideramos que el río Mijares debe ser una de las zonas prioritarias de restauración fluvial en el territorio español que establecería un importante precedente para la recuperación de los ríos. Sin duda, puede ser un buen ejemplo de recuperación y mejora fluvial dentro del marco de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos del MITECO.

 

ASOCIACIONES Y COLECTIVOS FIRMANTES

 

Ecologistas en Acción
AEMS-Ríos con Vida
Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA)
Centro Ibérico de Restauración Fluvial (CIREF)
Asociación Española de Geografía (AGE)
Acció Ecologista-Agró
Xuquer Viu
Asociación para la Conservación Piscícola y de los ecosistemas acuçaticos del Sur (ACPES)
Asociación en Defensa del Piragüismo y el Uso Público del Agua (AEPIRA)
Grupo de Estudio y Conservación de Espacios Naturales (GECEN)
Amigos de la Tierra de La Rioja
Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE)
Asociación para la Defensa Ecoloxica de Galiza (ADEGA)
Asociación de Defensa de la Naturaleza y Recursos de Extremadura (ADENEX)
Coordinadora Ecologista d’Asturies
Colectivo Ecologista de Avilés
Asociación de Amigos de la Laguna de Janda
Asociación Fondo Natural
Amigos de los humedales del sur de Alicante
Acuho (Amigos del río Cuerpo de Hombre) Béjar (Salamanca)
Ecologistas Extremadura
URBIZI  (Navarra)
Asociación Asturiana de Amig@s de la Naturaleza-ANA
Agaden (Campo de Gibraltar)
RedMontañas
WWF Zaragoza
Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo

ENVIAR A ESTA DIRECCIÓN DE CORREO: mijareslibre@gmail.com
LAS ADHESIONES DE ASOCIACIONES Y COLECTIVOS A ESTA CARTA DE APOYO AL DESMANTELAMIENTO DE LA PRESA DE LOS TORANES (TERUEL)

 

 

 

ENVIAR A ESTA DIRECCIÓN DE CORREO: mijareslibre@gmail.com

 

LAS ADHESIONES DE ASOCIACIONES Y COLECTIVOS A ESTA CARTA DE APOYO AL DESMANTELAMIENTO DE LA PRESA DE LOS TORANES (TERUEL)

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10 janvier 2021 7 10 /01 /janvier /2021 17:09
10 argumentos a favor de la demolición de la Presa de los Toranes (Teruel)

COMUNICADO de "El Mijares No se Toca.  Ecologistas en Acción Gúdar-Javalambre"

Celebramos la demolición de la presa de Los Toranes (Teruel) aprobada por el gobierno, y nos sumamos también a la defensa y protección  de las acequias del Valle del Olba, en concreto al reestablecimiento de la histórica “Acequia del Diablo”.

 

El desmantelamiento de la presa permitirá la recuperación de las valiosas funciones sociales y ambientales que desempeña dicha acequia, como son: la distribución y el acceso al agua de riego, la reserva y creación de biotopos singulares, la potenciación de la biodiversidad, etc.

 

Defendemos las acequias y el riego de los huertos familiares que han perdido la toma de agua irregular “concedida” provisionalmente por la empresa Iberdrola, que tenía el derecho intransferible de explotación hidroeléctrica. La clausura de esta toma de agua de riego ilegal obedece al cumplimiento del derecho una vez caducada la concesión a Iberdrola y su reversión al Estado. ¡Nada tiene que ver con el desmantelamiento de la presa de Los Toranes acordado por el gobierno!

 

El río Mijares y sus riberas son el tesoro más singular y valioso del valle de Olba y de sus gentes, la conservación y recuperación de su salud y biodiversidad son condición necesaria para un porvenir con prosperidad social y económica para la zona.

 

La demolición de la presa de Los Toranes marcará un precedente histórico en las luchas por la protección y recuperación de los ríos en el territorio español.

 

Hechos y verdades sobre la presa de Los Toranes (Teruel)

 

La mayoría de las  presas y centrales hidroeléctricas se han construido hace relativamente poco, en el siglo XX, pero los años no pasan gratuitamente. Los periodos de concesión de la explotación económica y eléctrica que tienen muchas de ellas caducan (pueden llegar a los 60 y 80 años), como ha ocurrido en el caso de la presa de Los Toranes. 

 

Esta situación va felizmente unida al incremento y mejora de las políticas estatales de protección del medio ambiente, que en gran parte han sido gracias a la Unión Europea y a los avances que en materia energética pueden “jubilar” algunas de estas grandes infraestructuras físicas. La eliminación de estas es algo que está ocurriendo cada vez más en España y en el resto de Europa. También las instituciones son más conscientes de que la prioridad fundamental está en responder con urgencia ante la hecatombe global de la biodiversidad (la mayor diversidad de las formas de vida está en los ríos y en las zonas húmedas) y ante la emergencia crónica del sobrecalentamiento global del planeta. 

VER: "https://www.publico.es/ciencias/millon-barreras-artificiales-constrinen-flujo-natural-rios-europeos.html"

 

La presa y la central hidroeléctrica de Los Toranes (Teruel) tienen muchos impactos medioambientales negativos sobre el río Mijares y sus ecosistemas. La presa interrumpe abruptamente la conectividad y el flujo natural de un río, imposibilita un caudal ecológico mínimo, y genera muchas lesiones a su entorno natural mediante procesos encadenados de degradación, que inciden en la calidad de sus aguas y en numerosas especies y biótopos.

 

La presa y la central hidroeléctrica de Los Toranes tienen impactos muy negativos sobre las funciones biológicas, hidrológicas e hidrogeomorfologicas del río Mijares. La presa daña la conectividad de los ecosistemas fluviales, los metabolismos sedimentarios y la calidad de las aguas del curso del río Mijares a su paso por parajes naturales tan valiosos como son los estrechos las del Mijares y el valle de Olba, que son parte de la Red Natura-2000 de la Unión Europea.

 

Esta degradación ambiental de los ecosistemas fluviales vulnera la Directiva Marco de Agua de la Unión Europea y los objetivos del futuro plan de cuenca del la Confederación Hidrográfica 2021-26. Existe un consenso entre los expertos científicos sobre las medidas más eficaces para eliminar las agresiones contaminantes sobre el río Mijares: la supresión de la actividad hidroeléctrica de la presa de Los Toranes y la eliminación controlada de dicha presa en cumplimiento de la legalidad vigente.

 

El valle de Olba (Teruel) y su entorno geográfico, como son “Los Estrechos del Mijares”, está atravesado por el río Mijares. Goza de gran valor ambiental reconocido y recibe por ello una especial protección legal. Es parte de la Red Natura 2000 de la Unión Europea. Este tramo el río que recorre el valle recibe nada menos que los impactos negativos acumulados de unas duras infraestructuras físicas: la presa de Los Toranes aguas arriba, tres centrales hidroeléctricas, un gran pantano aguas abajo del valle, junto a unas grandes canalizaciones de agua que recorren el valle y atraviesan montañas para alimentar las turbinas de las centrales eléctricas. 

 

La demolición de la presa de Los Toranes acordada por el Gobierno, ha sido apoyada por todos los estudios técnicos, ambientales y energéticos. También por el informe final de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que es la institución reguladora responsable.

 

En el caso de la presa y la central eléctrica de Los Toranes, los eventuales beneficios no han sido tales y han estado mal calculados. No se ha producido la electricidad esperada (en los últimos años han sido unas cantidades ínfimas). La presa no sirve para paliar ni frenar las avenidas y crecidas por las riadas, ni ha dado agua para muchas hectáreas de riego. Tampoco ha tenido utilidad para el control de incendios. En buena medida otras infraestructuras de la zona han suplido en la práctica todas estas limitaciones funcionales de la presa.

 

En cumplimiento de la ley, el proyecto de desmantelamiento de la presa ha de integrar la extracción y gestión de los sedimentos del río que se han ido acumulando progresivamente en el fondo del pantano. Estos sedimentos también son consecuencia de los diversos vertidos tóxicos industriales y agrarios que recibe el río. La empresa Iberdrola ha de presentar en un plazo máximo de meses el proyecto de desmantelamiento, que ha de incorporar una evaluación de impacto ambiental del mismo. Este proyecto tendrá un periodo abierto de participación pública y alegaciones. 

 

Con la extracción de lodos desaparecerá el cóctel de sedimentos peligrosos que alberga el fondo del pantano de la presa de Los Toranes. La gestión de los lodos extraídos del ha de obligar a un traslado de los mismos para su depuración en instalaciones para su tratamiento adecuado. El río mejorará su salud al liberarse de la presa y la central eléctrica de Los Toranes, una vez que se hayan extraído los lodos y desmantelado la presa por parte de la empresa Iberdrola, que era la concesionaria de explotación. El pantano dejará entonces de enmascarar los vertidos industriales y agrarios ilegales que recibe el río aguas arriba, y por ello será más fácil identificar, denunciar y sancionar estos comportamientos criminales. 

 

En definitiva, este conjunto de limitaciones convierten la presa y la central eléctrica de Los Toranes en una infraestructura muy innecesaria, incapaz de cumplir las funciones y utilidades nombradas, además de ser ecológicamente muy dañina para el río Mijares y la biodiversidad de sus ecosistemas.

 

A continuación se enumeran las realidades socioambientales que reclaman el desmantelamiento de la presa y la central eléctrica de Los Toranes:

1. El mantenimiento de la presa exige cuantiosas inversiones económicas  

La presa de Los Toranes y la central hidroeléctrica que abastece situada en el valle de Olba es inviable económicamente y es ecológicamente muy dañina para el río Mijares. Su costosa reparación y mantenimiento es “contraria al interés público”, tal y como concluye el informe final de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) a partir de diversos estudios científicos y de los diagnósticos de técnicos especialistas. Las conclusiones de dicho informe han sido respaldadas por el Ministerio de Transición Ecológica y su Dirección General de Aguas del Gobierno de España.

La inviabilidad económica de la actividad hidroeléctrica de la presa se debe a las inversiones públicas millonarias que exigiría su puesta en funcionamiento, en cumplimiento de la ley.

Las arcas públicas del Estado no deben asumir los altísimos costes económicos para la actividad hidroeléctrica, que supondrían unas grandes pérdidas económicas y unos daños ambientales al río interminables, contrarios a la normativa estatal y europea en materia de preservación de ecosistemas fluviales. Contrariamente, en el contexto del alza de temperaturas por el sobrecalentamiento climático, la de la pérdida de la biodiversidad es mayor en los ecosistemas acuáticos y tiene muchos efectos en los caudales fluyentes.

En cumplimiento con la Estrategia de la UE sobre Biodiversidad para 2030, es prioridad para España frenar y revertir la pérdida de la biodiversidad mediante medidas ambiciosas de recuperación y regeneración de los ecosistemas fluviales. Se hace necesaria la aplicación del Principio de Precaución para evitar las lesiones y riesgos ambientales asociados a las estructuras hidráulicas carentes de viabilidad económica y social.

Está en perfecto estado”, esta afirmación referida a las instalaciones hidroeléctricas de la presa y la central eléctrica de Los Toranes, es radicalmente falsa. En primer lugar, si fuera así no habría estado tanto tiempo parada la central eléctrica durante los últimos años. Después y más importante, la presa necesita cuantiosas inversiones, reparaciones y gastos de mantenimiento, que son exigidos por la legislación. Estos costes supondrían varios millones de euros de inversión para asegurar las condiciones de seguridad y el mínimo cumplimiento de las normativas ambientales.

En cuanto a la seguridad de las instalaciones, el propio informe técnico de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), emitido previamente a la decisión de desmantelar la presa tomada por el Gobierno,  ha concluido: 

Las instalaciones y la explotación de la presa se deberán adecuar para cumplir el Real Decreto por el que se aprueben las normas técnicas de seguridad de presas y embalses (artículo 364 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico), cuyos costes tendrá que asumir el concesionario y no se han tenido en cuenta en el informe elaborado por AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES, S.L., habida cuenta que se desconoce en estos momentos el alcance de dichas normas al estar pendientes de aprobación.”

Solo un cumplimiento parcial de las exigencias legales significaría unas inversiones y gastos de 1.780.000 euros en obras y de 225.000 euros anuales de mantenimiento. Además, las adecuaciones de las instalaciones para el cumplimento del artículo 364 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, exigirían unas grandes inversiones adicionales, todavía sin cuantificar. Estos altos costes económicos necesarios para cumplir con las exigencias legales ambientales, supondrían un gran despilfarro de dinero público en el actual contexto general de crisis y falta de certidumbre económica.

2. El mal estado del río Mijares no cumple con las exigencias legales de la Directiva Marco de Agua 

Se falta rotundamente a la verdad y a los hechos cuando se dice que “el río está en un perfecto estado de conservación”. La situación ecológica del Mijares en este tramo de río es bien contraria, según confirman los estudios oficiales antes mencionados, que afirman: 

La propia masa de agua donde se ubica la Presa de Los Toranes (código 12035) se ha considerado en riesgo de no alcanzar los objetivos de la directiva marco del agua en el año 2021 por conectividad”.

Por otra parte, el tramo de río situado aguas abajo de la presa de Los Toranes (masa de agua con código 12065: Río Mijares: Río Mora –Embalse de Arenós) también se ve afectada por la presencia de esta infraestructura ya que produce alteración del régimen hidrológico. 

Esta masa de agua se ha considerado que está en riesgo de no alcanzar los objetivos ambientales de la Directiva Marco del Agua en el año 2021 por la alteración hidrológica que produce el uso hidroeléctrico”:

Masa de agua 12065: Río Mijares: río Mora - embalse de Arenós

Elemento de calidad: Alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos

Presión responsable: Centrales Hidroeléctricas Albentosa/Los Toranes, Los Cantos, Villanuevas.

Nombre presión: Alteración hidrológica por hidroeléctricas

Todas las masas de agua mencionadas que están en riesgo de no alcanzar los objetivos legales ambientales de la Directiva Marco del Agua en el año 2021, lo que exige contar con las medidas necesarias en el próximo plan de cuenca para eliminar o mitigar en lo posible, la presión que genera dicho riesgo, considerándose necesario, actuar sobre la presa de Los Toranes ya que afecta directamente a la conectividad del cauce y afecta a su régimen hidrológico.” 

En suma, los informes expertos confirman que el mantenimiento de la presa no cumple con las exigencias marcadas por la legalidad ambiental europea y estatal. Para el cumplimiento de dicha legalidad en materia de aguas se hace necesario el desmantelamiento de la presa.

La eliminación de la presa permitirá que puedan recibirse inversiones estatales importantes para la rehabilitación fluvial del tramo turolense del río Mijares. De hecho, ya hay una partida para estos fines aprobada en los Presupuestos Generales del Estado del 2021.

 

3. ¿Un río con vida o una central hidroeléctrica inviable económicamente?  

El dilema histórico en juego está en optar por la conservación y rehabilitación de la vitalidad del río Mijares en este tramo, o bien por el mantenimiento de una vieja presa y una central eléctrica carentes de rentabilidad económica y ecológicamente traumáticas para el río.

Según el equipo de expertos científicos en ríos, autores del estudio geomorfológico multidisciplinar “Planteamiento de actuaciones de mejora fluvial en el río Mijares”(2018), coordinado por el profesor científico-investigador Alfredo Ollero, el actual caudal ecológico de tramo de río afectado por la presa y la central eléctrica de Los Toranes debe ser aumentado hasta los 3.000 litros/seg.

También la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) hace este diagnóstico en su “Informe técnico previo de resolución”: “Los resultados preliminares recomiendan un incremento del caudal mínimo hasta un valor que se encuentre en un rango entre valores del orden de tres veces superior a los establecidos actualmente en el vigente Plan”.  

Es decir, los informes expertos una y otra vez formulan la necesidad de triplicar o de cuadruplicar el caudal del río para que este pueda ser ecológico y puedan darse los procesos bioregenerativos que caracterizan la salud ambiental de sus ecosistemas.

Según este informe oficial de la CHJ , existe también otro factor de gran incertidumbre sobre la viabilidad económica futura de la central de Los Toranes para la generación de energía eléctrica: “Si en la revisión el Plan Hidrológico del Júcar para el tercer ciclo de planificación se establece un caudal ecológico de 1,5 m3/s para la masa(comparada con el 0.3m3/s actual) de agua donde se localiza la Presa de Los Toranes, en la casi totalidad de escenarios previstos no se consiguen rentabilidades razonables a corto y medio plazo”.

4. La central eléctrica de Los Toranes no es “energía limpia”, ni hace falta 

La producción eléctrica de la vieja central hidroeléctrica de Los Toranes (también llamada “De las Casas”) es ínfima, incluso durante una parte sustancial de los últimos años ha estado parada por deficiencias técnicas o ha tenido una muy baja actividad. Tampoco es “energía limpia” la electricidad que produce, debido a sus grandes impactos destructivos en el ecosistema fluvial del río Mijares. 

En España hay un enorme exceso de producción de electricidad, por ello no se necesitan los daños y el sacrificio del río Mijares a su paso por el valle de Olba y por la provincia de Teruel.

La capacidad global instalada en España para la producción eléctrica es casi 6 veces mayor  que la demanda real de la misma y su consumo eléctrico, si se comprueban por ejemplo las cifras de noviembre del 2020. Tampoco hace falta más “luz” para cubrir las subidas o “picos” de consumo de electricidad, puesto que hay una enorme sobre-producción eléctrica.  España es exportadora de electricidad.

Este tipo de pequeñas centrales hidroeléctricas no eliminan los muchos males ambientales globales generados por la quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas), que alimenta finalmente las calefacciones, coches, camiones y aviones.  La electricidad generada por estas centrales hidroeléctricas solo incrementa un poco más la sobre-capacidad eléctrica española ya existente, y además se hace de forma poco eficiente, cara y ecológicamente dañina. 

¡Ni más centrales hidroeléctricas ni más parques eólicos! Un solo molino eólico, de los que ya están instalados en un municipio cercano en Castellón, produce bastante más electricidad que la central eléctrica de Los Toranes. 

Nos oponemos con fuerza a más proyectos eólicos en un territorio como el nuestro, que sufre una acumulación de impactos provenientes de la producción hidroeléctrica y donde ya existe una saturación de instalaciones eólicas. 

Por todas estas razones, la presa y la central eléctrica de Los Toranes no pueden considerarse “energía limpia”, tal y como falsamente afirma el colectivo local llamado “Mijares Vivo” y “Acequias Vivas”, que defiende la continuidad de la presa y la central eléctrica.

5. Hay alternativas asequibles y ecológicas para mantener el riego de los pequeños huertos

La paralización de la demolición de la presa condenaría a la acequia del Diablo a seguir inutilizada, seca y sin agua.

El cese de la actividad hidroeléctrica de la presa de Los Toranes no cuestiona los derechos adquiridos por los regantes de aprovechamiento de aguas para el riego. La demolición de la presa no impide a los concesionarios, como los regantes de Olba de la acequia Del Diablo, la toma de aguas del río para el riego. No hay vuelta atrás posible a la situación irregular de toma de agua para riego anterior mediante la concesión de la empresa Iberdrola.

El riego de algunos huertos familiares de la zona nada tiene que ver con la presa de Los Toranes. Hay alternativas técnicas de riego, compatibles con la recuperación ambiental del río Mijares, una vez clausurada la toma ilegal de agua para riego concedida por la empresa Iberdrola y conectada a un tramo de la acequia Del Diablo mediante un tubo.

Para recuperar el riego a través del trozo útil que queda de la histórica Acequia del Diablo, no es nada racional para el presente y futuro el querer mantener a toda costa la obsoleta y dañina presa de Los Toranes. Pueden volverse a regar los huertos familiares de autoconsumo en algunos barrios de Olba mediante alternativas técnicas viables, como por ejemplo es el bombeo solar.

Querer mantener la vieja presa y la central eléctrica de Los Toranes para recuperar el riego de estos huertos, es como pretender matar moscas a cañonazos.

Aunque impliquen algunos cambios, hay soluciones alternativas mucho menos lesivas para los huertos que han perdido el riego a causa de la extinción de los derechos de explotación de Iberdrola sobre la presa y la central eléctrica de Los Toranes.

Por todos estos hechos, solicitamos la suma de fuerzas y la cooperación del Gobierno de Aragón, la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Diputación de Teruel, para encontrar una soluciones económicamente viables para mantener estos huertos agrícolas. Hay partidas de dinero en el presupuesto del Ministerio de Transición Ecológica que pueden cubrir estas necesidades. 

6. Proteger el maravilloso ecosistema fluvial de Los Estrechos del Mijares

Han de eliminarse las agresiones medioambientales que recibe el río en esta zona para preservar y cuidar la vitalidad de Los Estrechos del Mijares, una de las joyas de la comarca Gúdar-Javalambre, integrada en la Red Natura2000 de la UE.

El desmantelamiento de la presa de Los Toranes abre la oportunidad histórica de convertir este tramo de río en una Reserva Natural Fluvial, tal y como se recomienda en las conclusiones del estudio hidrogeomorfológico coordinado por el profesor investigador Alfredo Ollero.

https://www.researchgate.net/profile/Alfredo_Ollero/publication/327915713_Planteamiento_de_actuaciones_de_mejora_fluvial_en_el_rio_Mijares/links/5c33ce80458515a4c7151756/Planteamiento-de-actuaciones-de-mejora-fluvial-en-el-rio-Mijares.pdf

7. No es competencia legal de Aragón declarar la presa como bien de interés cultural (BIC) para evitar su demolición

En boca de los argumentos demagógicos de algunos políticos aragoneses, muy poco conocedores de la leyes, se ha anunciado una eventual protección cultural de la presa de los Toranes. Este subterfugio de declarar la presa como parte del patrimonio cultural quiere impedir la recuperación ambiental del río mediante la eliminación de la presa de Los Toranes. Sin embargo, el Gobierno de Aragón carece de toda competencia legal sobre una presa que se encuentra en dominio público estatal. Hay jurisprudencia muy clara en este sentido por parte del Tribunal Supremo.

Una eventual protección de la presa de Los Toranes como bien histórico cultural por parte del Gobierno de Aragón, sería objeto de nulidad radical por incumplimiento del derecho en materia de dominio público hidráulico, cuya competencia es del Estado central. Además, la presa no tiene ni 100 años de antigüedad, es mucho más moderna, se terminó su construcción en 1954. La posible conservación del edificio de la central hidroeléctrica en el suelo municipal de Albentosa (a 5 Kms de distancia aguas abajo de la presa), que es algo más antiguo, no afectaría significativamente al río ni a la demolición de la presa.

8. ¿Agua por la cara? No, gracias

El agua es un recurso natural vital muy delicado por depender de la salud de complejos ciclos bioproductivos. El agua es un bien común escaso, no es un bien ilimitado, tampoco es gratis su consumo.

Por imperativo legal los regantes han de internalizar una parte del coste económico de las infraestructuras hidraúlicas. Cuando existen otras alternativas, no se puede dar rienda suelta a las demandas particulares del agua, que es un bien común de todos, cuando se niegan a asumir los costes económicos y carecen de amparo legal.

El embalse de Tosquillas, en el terreno municipal de Mora de Rubielos (Teruel), es un caso emblemático del desastre económico y ambiental implicado en las infraestructuras hidráulicas para riego sobre los cauces públicos. Este embalse de reciente realización responde a la una “reclamación histórica” en la zona para aumentar los regadíos. Sin embargo, a día de hoy las aguas almacenadas en dicho embalse están inutilizadas para los fines de riego que motivaron su proyecto. Este gran despilfarro del dinero público ha tenido un coste de obra de más de 13 millones de euros, tres veces superior al presupuestado, además de más de un millón de euros más para las obras anexas.

La previsión sobre el embalse de Tosquillas era el abastecimiento de riego para 450 hectáreas, pero a día de hoy esta estructura física fantasmal sobre el territorio no riega ni una hectárea. Los altos costes económicos del embalse han hecho que el canon de agua para los hipotéticos regantes, les resulte inaceptable.

Las leyes europeas y estatales de agua obligan “internalizar” una parte de los costes de las infraestructuras hidráulicas por parte de los usuarios y consumidores, con el objetivo de evitar la sobre-explotación de los acuíferos y los ríos y de fomentar un uso ambientalmente sostenible de los fondos públicos. 

El agua no es gratis ni tampoco es un bien ambiental ilimitado. Esto es lo que ignoran totalmente quienes se niegan al desmantelamiento de la presa de Los Toranes para acceder al agua de riego gratuita que alimente la acequia del Diablo y otros regadíos.

El hipotético mantenimiento de la presa de los Toranes para el regadío, con las imprescindibles adecuaciones y obras millonarias de seguridad, medioambientales y de mantenimiento, implicaría un canon de agua para los regantes económicamente mucho más elevado que las inversiones técnicas necesarias para la toma de agua, por ejemplo mediante el bombeo solar. 

9. Otra coartada económica y ambientalmente ruinosa: un embalse para los “truferos”

La demanda de riego para la trufa es hacer defensa de “utilidades” fantasiosas para una presa inútil por sus altos costes económicos y medioambientales.

No responde a un interés publico el querer mantener la obsoleta presa de Los Toranes apelando al regadío de los campos de encinas para la producción de trufas. Esta economía vive al vaivén de una demanda muy fluctuante e inestable en el contexto de una creciente competencia global.

Los propietarios “truferos” no están para muchas alegrías, puesto que la burbuja trufera está a punto de reventarse. La bajada del precio de la trufa es una tendencia que no solo obedece a la pandemia del covid19; en el último año ha pasado de 700 euros/kilo a 100 euros/kilo. 

La economía del monocultivo de la trufa no es una apuesta creíble dotada de realismo y resiliencia para el reto demográfico de las zonas rurales y la “España vaciada”.

Detrás de estas propuestas para el regadío de la trufa hay intereses particulares especulativos muy concretos que han favorecido la explosión de la producción de trufa en la comarca. La sobreexplotación mediante el riego con pozos particulares que extraen agua de los acuíferos y repercuten en la pérdida de aguas subterráneas y su contaminación por los tratamientos con productos químico-industriales agrotóxicos, reduciendo la alimentación de ríos, fuentes y arroyos. El vallado de muchas hectáreas de explotaciones de trufa, especialmente en el municipio de Sarrión (Teruel), levanta barreras físicas artificiales a los corredores de biodiversidad, trocea los biotopos y evita el libre paso de fauna silvestre.

Además, la eventual extracción de agua de un embalse necesariamente implicaría un alto coste en dinero, sobretodo teniendo en cuenta que se trata del riego de campos agrícolas truferos que se encuentran a más de 1.000 metros de altura, y la presa de Los Toranes solo está a 810 metros. Este desnivel físico exigiría un importante gasto energético añadido para el bombeo de las agua del embalse. 

10. La instrumentalización política de la presa de Los Toranes 

En las últimas décadas no ha existido un interés oficial destacable, local o aragonés, para el aprovechamiento sobre la presa y la central hidroeléctrica de Los Toranes.

Durante los últimos 25 años ningún responsable político se ha acordado de esta vieja presa de Los Toranes para aumentar los regadíos. Este embalse no ha tenido solicitudes de agua por parte de alguna asociación de regantes, ni por parte de los productores de trufa.  No se ha dado ninguna iniciativa para el uso del embalse de la presa contra los incendios. Tampoco ha habido interés por su valor histórico cultural y nadie la ha defendido como valor patrimonial hidraúlico. 

Solo cuando se ha decidido el desmantelamiento de la presa de nula rentabilidad económica por parte del gobierno, han aparecido los cantos de sirena sobre sus supuestas “utilidades”. Estas voces de distinto color político esconden unos fines electoralistas que manipulan a la ciudadanía y se aprovechan de las necesidades de agua para el riego de huertos familiares.

Mucho más racional y eficaz sería abandonar cuanto antes estos coros que defienden el derroche de un bien medioambiental tan valioso y necesario para la prosperidad del presente y el porvenir, como es el río Mijares. Mucho mejor sería unirse en la búsqueda de soluciones conjuntas para la protección del río y de los riegos de los huertos familiares en el valle de Olba. 

 

Olba (Teruel) 9 de enero de 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

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11 novembre 2020 3 11 /11 /novembre /2020 11:05
A favor de menos ambición climática

En contraste con lo que se pregona por los medios no nos hace falta más ambición, más acción y más velocidad frente al cambio climático. Lo más urgente no son ni millones de placas solares ni llenar las calles de coches eléctricos ni reciclar el plástico y el vidrio. El más imprescindible no es consumir productos más eficientes ni más ecológicos ni levantar grandes infrastructuras tecnológicas. Todo el contrario.


 

Hace falta frenar, ir más lento y dejar de construir, consumir y moverse frenéticamente. La crisis ecológica no se mitiga ni se alivia solo con más tecnología ni con “compras verdes”. Es mucho más importante hacer menos cantidad de cosas malas que hacer más cosas buenas (que tampoco sobran). Ha llegado la hora de reducir drásticamente el ritmo de destrucción, tener mucho menos “ambición” desarrollista y extraer menos de las tierras locales y lejanas. Toca gastar el dinero en cuidar a la gente y en mimar al entorno natural en lugar de hacer más obras con hormigón, acero y diesel. Tenemos que aterrizar después de décadas de altos vuelos prometéicos con una fe ciega crecentista tecno-optimista. Los miles de aviones confinados en tierra por el COVID son todo un ejemplo práctico y simbólico. 


 

Hagamos algunos balances climáticos y ecológicos. Por ejemplo, hay mucho más impacto negativo sobre el clima y biodiversidad la ampliación en marcha de muchas autovías que el impacto positivo de la suma de todas las mejoras en el transporte público, las nuevas zonas peatonales y los carriles bici. En contraste con la retórica, el erario público financia mucho más las actuaciones anti-clima que los pro-clima en obras, compras, subvenciones y ayudas al sector privado. Las pequeñas mejoras relativas de haber más coches eléctricos serán mucho menos que el aumento del impacto global de la producción y circulación de más coches, camiones y furgonetas alimentado fuertemente por nuestro consumo vía Amazon, Uber y similares. El aumento del consumo de productos alimentarios ecológicos no baja significativamente el uso masivo de venenos en la agricultura “convencional” globalizado con un gran impacto duradero sobre el agua, los insectos y el suelo. El reciclaje no reduce la imposible sobre-extracción de recursos ni frena la disparada generación de residuos de todo tipo cada vez demasiado complejos y costosos para re-utilizar. Se suele hablar de unas cifras optimistas muy sesgadas sobre la reducción de CO2 en nuestro patio trasero mientras ignoramos que gran parte la supuesta “transición energética” y la maravillosa “digitalización” está haciendo estragos en la biodiversidad del Sur Global. Si. Tenemos que tener en cuenta que el “abaratamiento” de las renovables y el tan alabado boom digital también provocan un sufrimiento ecológico, social y sanitario que se externaliza a otras tierras y gentes.


 

Si queremos ser un poco más humildes, solidarios y responsables sobre la necesidad de más resiliencia de nuestras sociedades sobreconsumidoras ante los inevitables embates civilizatorios que se aproximan habrá que pulsar el botón de pausa y tener bastante menos ambición.

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16 octobre 2020 5 16 /10 /octobre /2020 16:14
Algunos apuntes para cambiar el modelo económico valenciano

La economía valenciana está atrapada en un callejón sin salida, en una bicicleta estática en la cual cuanto más se esfuerza en productividad, en la atracción de inversiones y la competitividad menos avanza en el bienestar estable y la sostenibilidad ambiental. Una de las causas es un enorme traslado del de gastos en mano de obra al capital, acelerado por la automación. Otra causa fundamental es el dominio de una economía globalizada rentista que deriva sus rentas más de movimientos del capital y “el capitalismo de vigilancia” de datos personales que de la producción de bienes y servicios como hacen las grandes plataformas digitales Amazón, Airbnb, Uber, …que están en pleno auge en la Comunidad Valenciana. Es chocante que esta tendencia fatal para la estabilidad social, climática y ambiental es totalmente ignorada, o incluso alentada por ayudas masivas a la digitalización y a las infraestructuras de la globalización comercial,  por las inversiones de la Generalitat Valenciana.

Casi todos los planes económicos y climáticos de la Generalitat Valenciana se basan en el “crecimiento verde” que ha sido calificado como un mito y un objetivo político contradictorio por muchos expertos. No hay ninguna evidencia empírica que apoye la existencia de una disociación absoluta, global, sustancial y suficientemente rápida entre el crecimiento económico y los deterioros ambientales. En el caso valenciano el desacoplamiento es especialmente relativo y débil por la dependencia del turismo, la agricultura intensiva y la fabricación de coches.  La reducción de emisiones de CO2 valencianas que puede ocurrir localmente no son lo suficientemente rápidas para compensar los aumentos globales de las emisiones a través de consumo valenciano de productos y materiales importados que no se contabalizan en los cómputos oficiales.   Hay varias razones por las que la disociación es extremadamente improbable que suceda en el futuro. Estos incluyen el aumento del gasto energético y material relacionado con la electrificación, los efectos rebote donde mejoras en la eficiencia aumentan la demanda de todo tipo de productos y el potencial muy limitado de reciclar/re-utilizar de forma viable grandes proporciones de nuestros desechos que cada vez son más complejos.  Esta observación ha sido confirmada por algunas de las propias instituciones de la UE. Por ejemplo, la Agencia Europea de Medio Ambiente concluyó recientemente que: “Europa no logrará su visión de sostenibilidad de 'vivir bien, dentro de los límites de nuestro planeta' simplemente promoviendo el crecimiento económico y tratando de gestionar los efectos secundarios dañinos con herramientas de política ambiental y social.” Precisamente la política valenciana se orienta casi exclusivamente a actuaciones ambientales "final de la tubería" y ajustes tecnológicos sin plantear la reducción sustancial de los volúmenes totales de flujos de materiales y energía en su economía.  Así el impacto del rápido deterioro ambiental se hace sentir cada vez más fuerte en la economía valenciana y en la merma del bienestar social. La crisis de COVID-19 es solo la última de una serie de crisis relacionadas con el medio ambiente en las últimas décadas.

 


Algunas medidas políticas para un modelo económico valenciano sostenible para garantizar el bienestar social dentro de los límites naturales.
1. Semana laboral más corta:  Ahorraría muchas emisiones contaminantes, crearía puestos de trabajo y aumentaría el tiempo para muchas actividades de cuidados, la cultura y el compromiso comunitario. El Director General de Empleo de la Generalitat Enric Nomdedeu ha iniciado un programa piloto al respecto a favor de la semana laboral de 32 horas. Trabajando menos se suele consumir menos materialmente, se utiliza menos el coche y se dedica más tiempo a los cuidados.  En sentido contrario la prolongación progresiva de la edad de jubilación, lo que está planteando el Gobierno,  empeora la situación de entrada de jóvenes al mercado laboral y crea más desigualdad.
2.  Un Plan Valenciano de reconversión del sector turístico: el decrecimiento organizado de la actividad turística. Igual como se está planificando en ciudades como Amsterdam hay que organizarse para mucho menos turismo extranjero. Amsterdam ha decidido reducir el número de visitantes de 2o millones a menos de 12 millones en los próximos 5 años. Hay que reconvertir miles de apartamentos turísticos en viviendas para residentes y estudiantes mediante un marco fiscal y urbanísitico. Hay que consolidar la tendencia durante la pandemia de turismo cercano valenciano con un híncapie en el turismo rural, el activo y el cultural.
3. Las instituciones públicas valencianas han de predicar con el ejemplo. Hasta ahora no lo han hecho: Hay un sinfín de acciones sostenibles que pueden emprender las instituciones públicas como escuelas, universidades, parques, instalaciones deportivas hospitales, ayuntamientos, diputaciones,  consejerías, centros de salud, entre otras. Deben quitar sus fondos de todas las entidades bancarias y financieras que tienen inversiones en los combustibles fósiles o en empresas con actividades insostenibles en alguna parte del mundo.  Pueden eliminar miles de plazas de aparcamiento gratuito que hay para funcionarios y estudiantes para mejorar la calidad del aire. Pueden prohibir la venta y consumo de recipientes de plástico de un solo uso como botellas en todas las propiedades públicas. Pueden poner muchas condiciones ecológicas sobre todas las contratas y compras públicas. Pueden eliminar el uso de productos nocivos de limpieza y de mantenimiento en todos sus edificios. Pueden instalar energías renovables todos sus edificios y servir productos ecológicos locales en sus cantinas y compras. Pueden construir todos los edificios públicos con materiales de bioconstrucción.
4.  De la propiedad al uso duradero: Adios al usar y tirar y bienvenido el derecho a la reparación. Producción para la durabilidad y la reparación.  Casi todo el reciclaje es un fraude y debe ser el último recurso frente a la reducción del consumo y la re-utilización.  Hay que instaurar medidas fiscales, ayudas y regulaciones para el ahorro de nuevos materiales de todo tipo mediante unos diseños para durar, mejorar y re-utilizar. Por ejemplo, actualmente las tasas se reutilización de materiales de construcción in situ son bajísimas cuando otros países alcanzan 4 o 5 veces más.   Las garantías de todos los productos deben ser muchas veces más largas con compromisos legales para la reparación, puesto al día de los avances tecnológicos y la re-utlización en otros aparatos cuando se acaba su vida útil.  Habrá ventajas fiscales y IVA cero para la reparación y los productos artesanos. Esto seria un gran yacimiento de empleo en actividades mano de obra intensivas. Se acabaría con gran parte de la publicidad que incita al sobre-consumo biocida y alienante. Falta un plan valenciano para facilitar compartir en cada edificio electrodomésticos como lavadoras, secadoras, calefacción,  congeladores, herramientas, coches, cocinas… Por ejemplo, la fábrica Ford debe producir coches  eléctricos muy duraderos, obviamente con capacidad de upgrade y orientar el resto de su actividad a la reparación y a piezas de repuesto. Con coches compartidos como Valenbici se podria reducir a la mitad o a una cuarta parte el número de coches particulares circulando. Al mismo tiempo hay que modificar la ley valenciana de edificación para eliminar la obligación de aparcamientos subterraneos.
4. Inversiones públicas para el transporte público en lugar que para el coche, el camión y los buques.  La Generalitat debe exigir al Estado abandonar los proyectos de ampliación del A-7, V-30, V-31 y otras ampliaciones y desdoblamientos de autovías y carreteras. Que la inversión vaya a mejorar servicio de cercanías y el transporte público, sobretodo en las áreas metropolitanas de València y Alicante. Hay que obligar y fomentar un reparto de mercancías compartida y por medios sostenibles por regulaciones, fiscalizados y tasas.  Hay que trasladar el transporte de mercancias al tren. Hay que aumentar la frecuencia y calidad del transporte público y dar mucho más espacio a peatones y ciclistas. Hay que cortar radicalmente con planes urbanísticos y comerciales expansivos sobre el territorio. Hay que adoptar un plan para hacer decrecer el uso del coches, camiones y furgonetas particulares en 40% antes del 2030. La mayoría de los vehículos que sí circulan deben ser eléctricos y compartidos antes del 2030. La Generalitat debe gestionar unos peajes urbanos para las zonas metropolitanas como Valencia, Castelllón, Alicante y Elx cuya recaudación iría al transporte público.

5.  Servicios universales básicos: Hay que garantizar los servicios de internet, educación, agua, cultura, deporte, transporte público  vivienda, alimentos, sanidad,….serán abundantes y muy asequibles lo que permite repartir el trabajo existente con horarios laborales mucho más cortos y salarios suficientes. No se debe volver a cortar la luz y el gas a las personas menos pudientes como ahora vuelve a permitir el Gobierno.
6. Agricultura regenerativa dentro los límites. Fomentar con medidas fiscales y estructurales el consumo y venta directa de productos locales y ecológicos. Condicionar todas las ayudas públicas a la producción más ecológica, cercana y nutritiva. Redimensionar y diversificar las cosechas de monocultivos intensivos en insumos orientados a la exportación.  Proteger radicalmente las tierras fértiles pero-urbanas,  Reservar el 10% de cada explotación agrícola para la biodiversidad. Reducir en 50% del uso de pesticidas y herbicidas.  Reducir en 50% el número de municipios valencianos afectados por la contaminación de los acuíferos por nitratos mediante la reducción en 50% del uso de fertilizantes de nitratos.  Adoptar un plan de agricultura regenerativa con cobertura vegetal para mejorar la salud del suelo, aumentar la capacidad para absorber y retener agua, y adaptarse a las lluvias intensas y la sequía para ocupar el 30% del terreno agrícola valenciana antes del 2030.  Reducir en 30% el consumo de agua en la agricultura mediante cambios sostenibles de producción agraria y el aumento de cobertura vegetal y biodiversidad en zonas agrícolas márgenes de campos y diseños para evitar erosión.   Adoptar un plan para reducir la producción y consumo de carne en 50% antes del 2030.
7. Por una digitalización justa y ecologíca.  Invertir millones de fondos europeos en las infraestructuras de 5G seria un gran error por razones ecológicos, económicos y laborales y de derechos democráticos.  https://www.eldiario.es/ultima-llamada/luchar-doctrina-shock-digital-paralizacion-planes-5g_132_6111664.html  Las administracioes valencianas deben contratar servicios de telefonía locales como guifinet, fomentar la gestión de datos sin comercializar con soberania local y una protección de datos estricta. La Generalitat  Valenciana debe imponer estrictas condiciones para que las inversiones en la digitialización favorecen el acceso universal pero que no sean aprovechadas por las plataformas digitales globales como Amazon, Uber, Airbnb y otras que destrozan el tejido comercial local y el medio ambiente.
8. Energía distribuida, descentralizada y democrática con un objetivo de reducción del consumo de energía primaria de 50% en el 2030 contando la energía acumulada en los productos de consumo. La inversión de la gran mayoría de las inversiones públicas debe ser en cooperativas energéticas, micro-redes eléctricas para prosumidores, con energía solar integrada arquitectónicamente en lugar de grandes huertos solares y parques eólicos solo en lugares sin daño a la biodiversidad como en zonas Natura 2000. Se debe abandonar en los planes energéticos y climáticos valencianos el apoyo a proyectos de gas y de hidrógeno.
9. Menos Residuos:  Tiene que acabar el actual fracaso de la gestión valenciana de residuos, orientada casi exclusivamente al reciclaje dudoso al final de la tubería, que vierte a vertederos más del 60% de los residuos, muy lejos de máximo de 35% de la ley estatal para el 2022.  Los niveles de re-utilización de materiales y productos de todo tipo es muy bajo y no hay medidas ni objetivos claros. La reducción de la generación de residuos en origen brilla por su ausencia.  Los vertidos tóxicos de la agricultura y ganadería de nitratos y agrotóxicos al agua sigue contaminando centenares de acuíferos y ríos sin que haya un estrategia ni objetivos concretos de reducción. Sigue disparada la generación de residuos de plásticos, bricks y de residuos electrónicos sin que haya medidas fiscales y regulaciones para atajarla y reducirla.
10: Un urbanismo en paz con el planeta: La Generalitat debe establecer una normativa de permeabilidad del suelo de 50% para suelo urbanizable público y privado. El sector de la construcción debe orientar la gran mayoría de sus obras a la rehabilitación con criterios bioclimáticos, de bioconstrucción y la re-utilización máximo de materiales.  Hay que establecer objetivos concretos para reducción de la producción y consumo de cemento, hormigón, asfalto, aluminio y otros materiales cuyos ciclos de vida son muy contaminantes.  Se debe adoptar planes de des-urbanización de suelos urbanos, educativos y industriales. Hay que abandonar muchos proyectos de grandes urbanizaciones y establecer un marco valenciano mucho mas estricto para la proteccón de las huertas periurbanas. Hay que restringir radicalmetne mediante un plan territorial la minería de áridos en la Serranía y otros lugares.


 

 

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16 octobre 2020 5 16 /10 /octobre /2020 08:51
SIN LÍMITES NO HAY FUTURO: HAY QUE BAJARNOS A LA TIERRA

Hay cinco datos indiscutibles:


 

1. El crecimiento físico de nuestras sociedades va a detenerse en un futuro próximo. El crecimiento económico depende de esta expansión física y se vuelve cada vez más inestable e imposible.


 


2. Hemos alterado el conjunto del sistema tierra de una forma irreversible, por lo menos para las sociedades humanas más complejas. Hemos traspasado todas las fronteras.


 

3. Nos adentramos en un periodo largo inestable de grandes crisis internas y externas.


 


4. A partir de ahora podemos vernos sometidos a colapsos sistémicos globales cada vez más frecuentes.


 


5. No se puede sostener la dimensión material de la economía industrial actual ni con las energías renovables ni con la menguante extracción y producción de los combustibles fósiles.


 

La naturaleza de la economía valenciana(y en general la española), desproporcionadamente orientada al turismo, los servicios, las importaciones de bienes de consumo y la agricultura intensiva, es especialmente vulnerable a los vaivenes globales que se aproximan por ser excepcionalmente dependiente y devoradora de recursos del extractivismo global.


 

Nunca volveremos al “normal”. Hoy lo más utópico es pensar que todo puede volver como antes. Esto no es pesimismo sino un duro realismo basado en los mejores datos. Los ilusos utópicos son los que piensan que se puede mantener el estatus quo. La época de finanzas fáciles y energía abundante y fácil se ha acabado para siempre. No volveremos a la senda de crecimiento sostenido basado en más y más deuda financiera y ecológica. Ya no salen las cuentas. Cuanto antes seamos realistas sobre nuestra situación mejor. Lo normal probablemente va a ser fenómenos desestabilizantes de gran intensidad como el COVID 19, o por motivos climáticos, financieros, bélicos,  de forma no-lineal, con altibajos y sin periodos largos de estabilidad. Además, por las buenas o por las malas habrá que enfrentarse a un descenso energético que tendrá unos efectos grandes sobre la economía. Nuestros sistemas de infraestructuras y cadenas de producción que nos suministran todo se han hecho tan interdependientes y complejos que incluso unas pequeñas rupturas pueden provocar unos efecto dominó de grandes proporciones. La larga recesión económica en que adentramos no es coyuntural sino estructural.

 

Sufrimos un trágico bloqueo de aprendizaje: seguimos acelerando y subiendo los peldaños de la escalera del “Progreso”. Seguimos capturados por la negación de los límites físicos y el “fácil pensar”, sin embargo en el fondo sabemos que tenemos que bajar, de manera consciente y voluntaria o de manera impuesta y traumática.

 

Como ha dicho Dennis Meadows: “si creen que la economía está regida por “una mano invisible”, si piensan que la tecnología tiene la capacidad mágica de resolver todos los problemas de escasez física o si imaginan que una presencia divina va a bajar de los cielos para salvarnos de nuestra propia locura, es que viven totalmente indiferentes a los límites físicos.”


 

Estamos quemando los vagones de un tren que descarrila y va cada vez va más de prisa. El metabolismo de la sociedad y economía globalizadas cada vez es más vulnerable a causa de la complejidad técnica y de unas cadenas de suministro de recursos más frágiles y lejanos. Los bienes, seres y procesos naturales decaen, se arrasan, y se hace más difíciles y costosos de explotar, reduciéndose a la vez los beneficios económicos y retornos energéticos. En general hay unos rendimientos cada vez más decrecientes.  Las recetas salvadoras puestas en las mejoras tecnológicas de más “eficacia” del modelo son contagiosas y crean adicción, un encierro que empeora el problema y del cual se hace imposible de salir.  Los países “más avanzados” como Suecia, Finlandia o Alemania no son en absoluto más limpios sino consumen a un ritmo que haría falta 4 o 5 planetas para satisfacer su nivel de consume si se extendiera a todo el mundo.


 

Nuestra contabilidad climática y ecológica ignora gran prate de nuestros impactos ambientales externalizados, es totalmente falsa, lleno de sesgos a favor de los países más ricos y a favor el consumismo excesivo. Hay una enorme cantidad de “emisiones a la sombra” o “fuga de emisiones”. 20% de las emisiones de España se producen en China y no se contabilizan. 70% de las emisiones de Francia ocurren fuera de sus fronteras.  La ONU estima que 50% de las emisiones y el 90% de la pérdida de biodiversidad se produce en la economía extractiva global para los suministros de alimentos, materiales y productos de consumo.


 

La hiperglobalización ha conectado todos los riesgos globales críticos, sean financieros, energéticos, ecológicos o sanitarios, creando condiciones temibles de vulnerabilidad y cambios extremos. A los seres humanos nos urge colectivamente tomar tierra, reducir y simplificar. Vivimos en las nubes bajo los cantos de sirena prometeicos sin contacto directo ni consciencia sobre la irremediable coexistenta, la interconectividad, las formas de vida y los sistemas de la vida, el suelo, el aire, el agua, las plantas, los animales,….

 

El bucle paradójico en el que históricamente estamos atrapados, hace que cuanta más potencia y conocimientos tiene nuestra civilización, cuanto más complejidad técnica y más interconexión y aceleración comercial tiene, mucho más vulnerables se vuelve todo.

La enorme aceleración de la economía y el consumo de recursos naturales de los últimos 50 años se está acabando lentamente, ya estamos en una fase de productividad decreciente. Esto está atestiguado en cifras por unas tasas de retorno energético casi negativas.  Estamos atrapados en una pinza energética de imposible salida sin una gran reducción de la escala material global del consumo extractivista de bienes y servicios naturales de la biosfera.


 

Presenciamos un choque frontal contra una pared termodinámica infranqueble que se acerca cada vez más rápidamente. Cada unidad de energía se extrae a un coste energético, económico y ambiental cada vez más grande. No hay suficiente capacidad ni potencia en las energías renovables para compensar un descenso rápido de los combustibles fósiles. No hay bastante energía fósil ni minerales accesibles y viables para desarrollar en masa urgentemente las energías renovables, de forma que puedan compensar el descenso pronosticado de la producción de energías fósiles.


 

La sostenibilidad ecológica en el tiempo no puede darse mediante un simple cambio tecnológico basado en la mejora en “eficiencia”, sin cambiar a la vez las mentalidades, los valores, la organización y metabolismos sociales crecentistas. El único camino posible para la sostenibilidad está en la suficiencia, no en la abundancia del “usar y tirar” y del “todo siempre”. Siempre han habido mejoras tecnológicas a favor de más eficiencia, pero en los últimos 50 años estos saltos en innovación tecnológica se han solapado con una explosión de consumo extractivista de bienes biofísicos vulnerables y escasos, de impactos antropogénicos por emisiones destructivas y residuos tóxicos. La Paradoja de Jevons en la economía nos recuerda que la adquisición de más eficiencia por unidad, suele significar más consumo global de recursos. Las soluciones de la “modernización ecológica” (desarrollo sostenible, economía verde, economía circular, desacoplamiento entre crecimiento económico y daños ecológicos, descarbonización, transición ecológica...) han ignorado totalmente el “efecto rebote” que se genera cuando una nueva tecnología para economizar la energía y los recursos acaba provocando un aumento del consumo general de dichos recursos.


 

Nunca ha habido un desacoplamiento entre crecimiento y deterioro ecológico en términos absolutos de los volúmenes totales de materiales. Un meta-análisis de  170 estudios académicos documentan que el desacoplamiento entre el crecimiento económico y la destrucción ambiental es un mito ideológico para disfrazar la creciente escala material de la economía en volúmenes totales.


 

Para intentar mitigar y adaptarnos en lo posible a los muchos impactos de la emergencia ecológica y climática, y a las peores consecuencias socioecológicas, la prioridad es dejar de hacer muchas de las cosas malas, incluso antes que hacer cosas benignas y ecológicamente buenas. Tenemos que abandonar las políticas públicas de las grandes infraestructuras, como son las autovías, grandes urbanizaciones, la ampliación de puertos, aeropuertos…Más importante que gastar dinero en el lavado de cara verde que alarga por algún tiempo más los plazos del maldesarrollo crecentista  es dejar de gastarlo en la economía negra tan destructiva como suicida. En gran parte la sosteniblidad exige gastar menos. Sin embargo la gran mayoría de las obras públicas sigue invirtiendo en la insostenibilidad y el descarrilamiento colectivo de nuestras sociedades y el resto de formas de vida. No es sobretodo una cuestión de más coches eléctricos sino menos coches. No es cuestión de  más placas solares, que sí hace falta, sino consumir mucho menos energía. No es cuestión de reciclar la cápsulas de café de aluminio sino hacer el café sin cápsulas desechables como se hacía antes. No es cuestión de comprar más ropa “sostenible” sino de comprar menos ropa y comprar menos de todo.

 

 

La transición a 100% energía renovable es imposible, y en el corto-medio plazo la eventual electrificación renovable de incluso el 25-30% de la energía con renovables que ahora son menos el 5%(la Agencia Internacional de la Energía afirma que en el 2030 76% de la energía procederá de fuentes fósiles comparado con el 81% actual) ,implicaría un aumento del impacto ambiental y climático destructivo en los próximos 10-15 años. La mayoría de la economía industrial y transporte por carretera, mar y aire no tiene recambio tecnológico en los próximos 15-20 años que es el periodo en el que precisamente hace falta reducir masivamente las emisiones y nuestra huella de destrucción de los ecosistemas, que no son exactamente lo mismo. Además, si seguimos con la actual economía global extractiva con la consiguiente caida libre de los valores de biodiversidad, agua, suelo y recursos de poco servirá ecológicamente aumentar la capacidad de generación de renovables.


 

Estamos colectivamente en un atolladero histórico si prestamos atención a las necesidades de energía fósil barata y abundante que ha sustentado el despliegue de la sociedad industrial desde hace dos siglos. Por un lado han caído en picado las inversiones para la extracción de petróleo y gas (un 33% en el último año) y por otro lado se da un lento y difícil crecimiento de las energías renovables (que actualmente solo representan menos del 5%- el solar el 1%- de la energía mundial). Este choque de trenes entre la falta de oferta y una demanda insaciable de energía se agrava aún más en medio de la actual depresión económica provocada por la pandemia del virus Covid19 y el paulatino hundimiento financiero del sector de hidrocarburos por no tener yacimientos rentables para explotar. No hay manera de esquivar la decadencia obligada del consumo energético y en consecuencia del modelo expansivo de producción económica y consumo material. Al no haber energía fácilmente disponible es muy probable que haya finalizado el periodo de crecimiento de la economía material que sustenta la modernización y el desarrollo globalizado y expansivo. No podrá reemplazarse la energía fósil por otras fuentes energéticas renovables sin una gran reducción de la escala material global del consumo extractivista de bienes y servicios naturales de la biosfera.
 

Cuando la cantidad disponible de recursos y de energía ya no permite mantener unos muy altos niveles de complejificación, las sociedades cada vez piden más préstamos biofísicos del futuro y se alimentan del pasado, enrocándose en la continuidad de unas pautas sociopolíticas y técnicas, que se hacen cada vez más inviables y son parte del problema al abocarnos más deprisa hacía la implosión.

 

La tecnología solo sirve si hay giros radicales que establezcan topes al consumo global desde los valores de la suficiencia y la conservación como se ve en las distintas leyes climáticas como la valenciana.  http://www.davidhammerstein.com/2020/07/la-ley-climatica-valenciana-no-toma-en-serio-la-emergencia-climatica.html


 

Irremediablemente estamos metidos en un proceso de desglobalización y re-localización de la economía. Esto exige unos grandes cambios financieros, institucionales, energéticos, laborales y alimentarios, entre otros. Habrá grandes tensiones, conflictos y problemas de todo tipo porque la enorme tortilla de una gran transición social no se hace sin romper bastantes huevos.


 

Tenemos una elección. Podemos prepararnos para una austeridad material más justa, democrática y soportable o podemos seguir perdiendo un tiempo precioso esperando a la dura pedagogía de la catástrofe que viene.


 


 

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26 juillet 2020 7 26 /07 /juillet /2020 10:01
 La ley climática valenciana no toma en serio la emergencia climática


 

 

El Plan Valenciano del Cambio Climático y Transición Ecológica 2020-30" no toma en serio la emergencia climática. No propone acciones ambiciosas, concretas y urgentes. Fracasará en reducir sustancialmente los grandes peligros y daños ecológicos existentes en nuestra economía y en nuestro consumo. No mejorará la resiliencia ni la adaptación de los ecosistemas valencianos ante los embates climáticos. Es un plan conformista y continuista con planes ineficaces anteriores que no ayudará a la sociedad valenciana para enfrentarse con más garantías y seguridad frente a la grave crisis climática. Apuesta casi todo mediante medidas tecnológicas de eficiencia y “modernización” mientras hay una carencia de políticas fuertes de restricción, moderación y límites por medio de leyes, impuestos y planes territoriales.

 

La ley ignora la economía extractiva, los volúmenes de uso de recursos y el consumismo en general

 

La ley ignora la necesidad de reducir drásticamente el consumo de recursos mientras confía toda a la mejora tecnológica y la eficiencia ignorando que en las últimas décadas los sustanciales cambios técnicos no han reducido el impacto de nuestro creciente consumo sino todo el contrario. No hay metas ni políticas concretas para reducir sustancialmente el transporte por carretera de coches y camiones ni reducir la producción y consumo de cemento ni el uso de plaguicidas ni la producción/consumo de carne, entre otras actividades intensivas en el extractivismo de materiales primarios y en impactos climáticos. Se resigna y no propone nada para decrecer la actividad turística que es una gran derrochadora de recursos de todo tipo y una gran productora de residuos. También acepta sin rechistar la ampliación de infraestructuras que empeoran la crisis climática como son los puertos, las carreteras y los aeropuertos. Ante la sobreexplotación de los menguantes caudales de los rios y la muy destructiva extracción minera de áridos de los montes públicos la Generalitat no tiene nada que decir. Más allá de las competencias autonómicas la estrategia climática no plantea medida alguna ante la creciente contaminación y emisiones de la aviación, de los cruceros y de los buques de contenedores. No evalua los graves impactos climáticos de los tratados de comercio. Tampoco considera el consumo energético y el impacto ecológico cada vez más grande de los aparatos digitales y la acaparadora actividad de las plataformas digitales. No establece criterios para limitar los regadíos y conservar los escasos recursos y ecosistemas hídricos. No plantea la imprescindible ampliación y connexión de los espacios naturales con más protección legal ni ninguna otra medida concreta para proteger una biodiversidad en peligro.

 

Cinco años de gobernanza climática del Botànic sin ver resultados

 

No es creíble esta ley. Es una ley retórica, no real. Es una ley para cumplir con el expediente europeo y estatal de hacer una ley en lugar de realmente mitigar y adaptarse frente al cambio climático y el colapso ecológico en curso. Las relativamente ambiciosas cifras de reducción de C02 prometidas no corresponden en absoluto con las muy modestas medidas concretas propuestas para alcanzarlos. Tampoco posee suficientes objetivos concretos medibles con planes de etapas en el tiempo en los distintos campos para dar credibilidad al plan. No hay ningún hecho que hace pensar que al final de esta legislatura en el 2023, después de 8 años de gobernanza climática y ecológica del Botanic, se habrá avanzado en reducir el impacto negativo climático y ecológico de la economia y sociedad valencianas. Solo habrá una serie de iniciativas incipientes, desconexas, anecdóticas y marginales frente a las tendencias dominantes contrarias en la realidad biofísica valenciana. Por ejemplo, los planes urbanísticos, de infraestructuras, de turismo y agricultura en desarrollo o planificados auguran una continuación de la destrucción valenciana del clima y de ecosistemas, tanto local como globalmente. El Plan practicamente no dice nada de estas tendencias territoriales nefastas que encuentran “en la tubería” ni como remediarlas.

 

Sin aprender de la gestión fracasada del plan climático anterior 2013-2020

 

El texto del plan certifica que los resultados la anterior “Estrategia Valenciana ante el Cambio Climático 2013-2020” (todavía vigente) "no han sido satisfactorios" pero no se da explicación alguna del porque ha fracasado. El anterior plan climático ha sido gestionado por los mismos responsables políticos de los mismos partidos desde el 2015 hasta el verano de 2020 cuando esto se escribe. ¿Como se asegura que los resultados ahora serán mejores? No hay razón para creer que este plan no siga el mismo camino del fracaso del anterior por no corregir los errores de la gestión vigente en los últimos 5 años y por no contener objetivos concretos medibles legalmente vinculantes en todos los distintos sectores.

 

Sin freno al desarrollismo urbanístico y viario

 

Los objetivos climáticos de la ley se cancelan ampliamente si se hace un mínimo cálculo honesto del peso en emisiones(en materiales, obras, nuevas actividades y movilidades motorizadas) de las futuras obras urbanísticas, varías y de infraestructuras de los próximos 5 a 10 años según la planificación territorial vigente. La justificación de esta ley no considera en sus proyecciones los proyectos y planes existentes sobre el territorio valenciano que harán imposibles una sustancial reducción real de las emisiones de CO2 y un freno al deterioro ecológico valenciano. En los próximos años se proyectan docenas de miles de viviendas nuevas innecesarias sin demanda social, alrededor de unas 25 mil solo en la ciudad de València. Están en vías de desarrollo o proyectadas una gran ampliación de autovías como el A-7, la V21, la V-31 y varios más que incentiverán el uso del vehículo particular. El impacto de la ampliación del Puerto de València, la ocupación de suelo de la huerta en la ZAL y en Alboraia y la faraónicas obras contaminantes ferroviarias y urbanísticas del Parc Central no pueden ser compensado en por ninguna medida de mitigación incluida en esta Ley. Solo un freno en seco de estos proyectos previstos irresponsables podría desmontar un previsible espiral de destrucción ecológica, extractivismo y emisiones.

 

Solo eficiencia sin suficiencia significa más uso y consumo

 

Es una ley que confía casi todo al aumento de la eficiencia en lugar establecer topes legales para el consumo de recursos. La ley no toma en cuenta que el aumento de la eficiencia suele ir acompañado con el aumento del consumo de recursos de todo tipo. Por ejemplo, desde los años 90 el regadío valenciano se ha modernizado mucho pero el consumo de agua ha aumentado casi el 50% y la superficie agrícola alrededor del 20%. De forma similar la eficiencia energética buscada con la digitalización de los sectores productivos ha coincidido en los últimos 25 años con un aumento de las emisiones directas e indirectas en sectores como el transporte, las plataformas digitales, calefacción/aireacondicionado y los producto manufacturados. Más eficiencia técnica sin medidas claras de límite y suficiencia nunca conseguirán la sostenibilidad. Las propuestas de la ley ignoran totalmente “la paradoja de Jevons” que constata que más eficiencia por si sola suele significar más uso, más consumo de recursos y más generación de residuos.

 

No es una ley solidaria al ignorar la huella valenciana en la destrucción ecológica global

 

El plan no es solidaria globalmente. Ignora en sus indicadores concretos y medibles la huella valenciana sobre las minas, bosques, ríos y mares en cualquier punto del mundo. ya que nuestro consumo de recursos y huella ecológica ultrapasan ampliamente la capacidad de carga del planeta. Sin embargo, la regulación concreta de los volúmenes de nuestro consumo de materiales, alimentos, productos energia procedentes de cualquier parte del planeta no se incluye en los indicadores y objetivos del plan. . La contabilidad de emisiones del borrador de Ley valenciana es garafalmente falsa. Un estudio reciente de la ONU (https://rmr.fm/informes-especiales/informe-cientifico-de-panel-de-onu-alerta-sobre-devastacion-ambiental-historica/) ha confirmado que la mayoría de las actividades extractivas mineras, agrícolas y forestales se llevan a cabo en el Sur Global y representan el 50% de las emisiones globales de CO2, que a su vez son causantes de más del 80% de la pérdida de biodiversidad del planeta. El Plan Valenciano ignora totalmente en sus objetivos concretos estas emisiones y esta destrucción ambiental. Precisamente utiliza en sus indicadores las estadísticas climáticas maquilladas y edulcoradas que esconden la realidad de los impactos acumulados procedentes de esta economía extractiva global. https://www.mdpi.com/2079-9276/4/1/25 . Es un hecho profundamente insolidario no mirar más allá de nuestro patio trasero e ignorar “las emisiones a la sombra” acumuladas en los materiales y productos de consumo que importamos.  Quedamos con la perversa situación de que con la estrategia y indicadores concretos(y no teóricos) de este plan cuanto más se deslocaliza fuera de España la producción y los suministros de materiales, menos emisiones “valencianas” de CO2 se contabilizan. En el mismo sentido, la ley ignora y no cuenta las grandes emisiones de la aviación y transporte maritimo internacionales.

 

El engaño de la "neutralidad climática"

 

El engañoso y elástico camino de la “neutralidad climática” deja la puerta abierta a seguir contaminando si se “repara” con algunas obras “buenas” como la plantación de árboles o la inversión en placas solares. Esta falsa “neutralidad” se basa en una contabilidad de emisiones contaminantes muy creativa sin una sólida base científica para poder declarar “la neutralidad” cuando el complejo paper de los sumideros de C02 y la eficacia de las “medidas compensatorias” son muy inciertos y debatidos en el ámbito científico. La ley permite de forma engañosa que las empresas “compensen” sus emisiones con medidas sin concretar ni valorar su eficacia compensatoria cuando la experiencia de los últimos 30 años de políticas clilmáticas muestran que la contaminación “propia” no se compensa con “sumideros ajenos”. Hecha la ley, hecha la trampa.

 

El reduccionismo del enfoque casi exclusivo en la energía eléctrica renovable.

 

El plan refleja una visión reduccionista energética centrada el fomento de las renovables y la movilidad eléctrica que no asegura una menor dependencia de los combustibles fósiles.  La ley favorece una dependencia futura del gas natural y no aprecia ampliamente la relación compleja entre la energía y una transición ecológica. Juega todo a una carta: un aumento de la electrificación de la economía que actualmente se encuentra desde hace años estable alrededor del 20%. Más producción de electricidad renovable puede simplemente ser una suma al mix energético actual, como hemos visto en los últimos 20 años, y no reducir la dependencia del petróleo, gas y carbón. que sigue siendo alrededor de 80% del mix energético. No habrá una gran reducción de emisiones si no se acompaña el fomento de las renovables con una radical reducción de la demanda de estos combustibles fósiles y de las emisiones acumuladas en todos los materiales y productos que importamos de cualquier punto del mundo. Actualmente el aumento de la producción de renovables simplemente suma más energía en lugar de sustituir las energías sucias. El plan también confunde el sector eléctrico con el sector energético. No contabiliza la enorme inversión energética en materiales, infraestructuras y emisiones necesaria para aumentar la electrificación del mix energético ni es realista sobre el papel de la energía solar y eólica que hoy representa menos del 5% de la energía que consumimos directa o indirectamente mediante la economía material. La filosofía engañosamente tecno-optimista de la ley pregona la idea de que con el fomento de las renovables vamos camino hacia un país “descarbonizado”. Nada más lejos de la verdad. Actualmente el petróleo sigue significando globalmente(lo más importante en una economía globalizada) el 33% de la energía primaria, el gas el 24% y el carbón el 27%, frente a solo un 5% de las renovables, un 6% de la hidroeléctrica y un 4% de la nuclear, lo que muestra lo lejos que se está de un sector energético descarbonizado. En lugar de contar la dura realidad de una “transición energética” la ley da la simplista y localista idea de “desenchufar lo fósil” y “enchufar lo renovable” sin considerar los imprescindibles cambios radicales en nuestra pautas de consumo, transporte y urbanismo. Peor aún: la ley valenciana fomenta más consumo del combustible fósil del gas que considera como “menos contaminante” cuando hay abundante literatura científica que afirma que el impacto climático del gas es muy grande y creciente. https://m.publico.es/redirect/blogs/ecologismo-de-emergencia/2018/11/02/gas-renovable//amp Nadie dice que un cambio energético es fácil pero la ley dulcifica una realidad muy tozuda lo que es la mejor manera para no cambiar nada.

 

El coche eléctrico como la "propuesta estrella" condenada al fracaso

 

El borrador de ley tiene como “propuesta estrella” la promoción de coches eléctricos. En el mismo sentido, conseguir que haya más coches eléctricos, hasta el 15% del parque móvil en el 2030, no es un logro muy positivo cuando para aquella fecha el número total de coches habrá crecido al menos 15% de los cuales 85% seguirán siendo de combustión. Tampoco toma en cuenta que el vehículo eléctrico solo reduce las emisiones en entre el 17 y el 30% al considerar las emisiones acumuladas en sus materiales y producción. Además, un informe británico muy reciente (https://www.bbc.co.uk/news/amp/science-environment-53353258?__twitter_impression=true) afirma que 80% de la reducción en emisiones de los coches eléctricos será cancelada por la construcción de nuevas infraestructuras varias(muy presente con ampliaciones de autovías en la Comunidad Valenciana), aparcamientos y las sustunciales emisiones de sus frenos y neumáticos(cuyos residuos acaban en el mar). La introducción paulatina de coches eléctricos no reducirá marcadamente las emisiones ni la contaminación urbana, si el volumen total de viajes y vehículos circulando no disminuye radicalmente. El plan de electrificación del transporte no es creíble según los propios cálculos del plan en el Anexo 2 . Así no se entiende como la promoción del coche eléctrico es una de las iniciativas estrellas del plan al ser un producto de consumo muy caro que exige la construcción de infraestructuras de recarga, grandes ayudas públicas e ingentes cantidad de espacio público robado al peatón, el ciclista y el usuario del transporte público. Tampoco aborda seriamente el crecimiento del transporte de mercancías en camiones y buques muy contaminantes ni las emisiones de la aviación, todo para el cual no hay un recambio tecnológico posible, al menos a corto a medio plazo(precisamente cuando hay que actuar más climáticamente). No establece objetivos concretos y vinculantes para trasladar el transporte de mercancías de la carretera al ferrocarril. Ignora totalmente los datos recientes de que “la renovación del parque automovilístico” que muestran que los coches nuevos no reducen las emisiones totales al haber coches cada vez más pesados y más potentes incluso si son híbridos o más limpios. La misma definición de “coche eléctrico” no está clara en la propuesta ley: un vehículo debe tener uno de sus motores que se puede enchufar a la red eléctrica. Quiere decir que la mayoría de su fuente de energía puede seguir siendo la gasolina o gasoil mediante coches híbridos. En suma, es totalmente falso y engañoso referirse en el plan a los coches con motores eléctricos como vehículos “zero emisiones” o “libre de emisiones”.

 

Un cheque en blanco para la agricultura industrial biocida

 

No impone ningún objetivo concreto a la agricultura y la ganadería mientras este sector queda exento de obligaciones del uso de renovables, de la reducción radical del uso de tóxicos(como pide la Comisión Europea), nitratos y agua y mucho menos producción de carne cuando el sector agrícola y ganadero tiene un enorme impacto sobre el suelo, el agua y el aire de la Comunidad Valenciana y globalmente sobre la biodiversidad. Es chocante la falta de objetivos concretos y medibles para un sector con unos impactos fundamentales para la resiliencia, adaptabilidad y mitigación frente a la emergencia climática. A pesar de ser el sector clave para frenar la pérdida de biodiversidad la ley apenas aborda esta problemática. El silencio de la ley frente a los impactos del sector alimentario es atronador. Mientras la producción de carne representa el 14.5% de las emisiones de CO2 a nivel global, en todo su ciclo, este plan no incluye ningún objetivo concreto ni estrategia para reducir el volumen total de la ganadería valenciana ni las importaciones de piensos ni la reducción del consumo de carne por la ciudadanía valenciana. Incluso habla de aumentar la ganadería extensiva y el cultivo de de piensos animales. Habla de evitar las macrogranjas pero de forma engañosa al no establecer límites del número de cabezas de ganado por comarcas o municipios. Ignora el hecho de que las macrogranjas operan por subcontrataciones a pequeñas explotaciones en la Serranía, por ejemplo, que sufre por la contaminación por nitratos de los acuíferos. De hecho, el plan no propone medidas concretas preventivas para los centenares de municipios valencianos que sufren desde hace muchos años la contaminación de los acuíferos por nitratos a causa de la ganadería/agricultura. Es una situación que no mejora. La ley es insensible al hecho de que centenares de miles de valencianos no pueden beber el agua del grifo con seguridad.

 

Silencio ante el espiral de impactos y peligros digitales

 

La ley valenciana ignora totalmente las emisiones, grandes impactos ambientales del enorme extractivismo global y residuos peligrosos creados por un sector digital que crece vertiginosamente (ya representa entre el 3% y el 10% de las emisiones de CO2 según la contabilidad utilizada y cuyos residuos muy difícilmente reutilizase solo se reciclan alrededor del 15%(aquí como en otros sectores la economía circular no funciona) por la complejidad de sus componentes. En los últimos cinco años ha habido un incremento del 21% en los residuos electrónicos y en el 2030 se espera que se duplican. El consumo energético de sector digital crece exponencialmente sin que haya medida concreta alguna en la ley valenciana al respeto. Los componentes de los aparatos electrónicos se extraen y se fabrican con las energías más sucias y contaminantes con una enorme repercusión sobre la biodiversidad, el clima y la salud de las personas del Sur Global. La ley Valenciana también ignora totalmente que la generación digital del 5G puede significar hasta cinco veces más consumo energético del sector digital. Mientras tanto el avance incesante de la “digitalización” se proyecta como una máxima prioridad política de la misma Generalitat Valenciana. Cualquier consideración de las disparadas cifras de emisiones, consumo eléctrico, minería y residuos imposibles de reciclar/reutilizar evidencia que el “Screen New Deal”(Nuevo Trato Digital) no es nada compatible con un verdadero “Green New Deal” que aminora los peligros ecológicos. Lejos de “desmaterializar” la economía, la digitalización creciente mediante las distintas plataformas digitales, de Amazón-Uber-Deliveroo-Glovo-Lyft, aumentan las emisiones, los residuos y el extraccionismo. La ley valenciana ignora este hecho ambiental muy visible en la vida cotidiana valenciana en lugar de establecer límites y regulaciones ambientales a la explosión digital.

 

Residuos y "economia circular" que no reduce en origen los peligros del "usar y tirar".

 

La propuesta ley habla de la economía circular de forma genérica sin objetivos claros de reducción de la generación de residuos. Ignora el hecho de que según numerosos estudios científicos la gran mayoría de nuestros residuos no puede ser reciclada ni reutilizada de forma eficiente con un ahorro energético y material. La única forma de haber menos generación de residuos imposibles de reciclar y reutilizar es de reducir drásticamente la generación de residuos, es decir producir menos. Por lo tanto, una verdadera economía circular exigiría que usemos mucho menos combustibles fósiles (que no es lo mismo que usar más energía renovable), y que acumulemos menos materias primas en los productos básicos y embalajes. Lo más importante es que necesitamos hacer menos cosas: menos automóviles, menos microchips, menos edificios. Esto daría como resultado una doble ganancia: necesitaríamos menos extracción de recursos, mientras que el suministro de materiales descartados disponibles para su reutilización y reciclaje seguiría creciendo durante muchos años. No hay objetivos de reducción del consumo de recursos en la propuesta ley. El concepto de economía circular en esta ley se alinea la sostenibilidad con el crecimiento económico; en otras palabras, más automóviles, aunque sean eléctricos, más microchips, más edificios. Así piensa la ley que la economía circular fomentará "el crecimiento económico sostenible". Incluso el mayor reciclaje total de una fracción de los recursos, exige una condición adicional de simplificación de los procesos industriales: que todo este hecho con madera y metales simples, sin utilizar materiales sintéticos, semiproductos. conductores, baterías de iones de litio o material compuesto. En su actual forma “la economía circular” solo se aplica a una pequeña fracción de la economía material valenciana. Solo podemos conseguir una sociedad de reparación, reutilización y reducción de materiales mediante unas leyes y fiscalidades contundentes no mencionadas en esta propuesta de ley. Este plan valenciano, a pesar de muchas expresiones retóricas, sigue orientado a medidas “final de la tubería” de reciclaje que nunca nos acercará a una verdadera economía circular con menos extracción de recursos y mucho menos huella ecológica.

 

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