PETICIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO "POR UN PLAN EUROPEO A FAVOR DE LA ERRADICACIÓN DE LA HEPATITIS C EN LA UNIÓN EUROPEA"

Mario Cortes Morales, ciudadano español con carnet de identidad xxxxx

en calidad de portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C, con correo presidentesanbartolome@yahoo.es, quisiera presentar esta Petición ante el Parlamento Europeo con el título "Plan Europeo contra la Hepatitis C y a favor de la erradicación de la Hepatitis C en la Unión Europea"

Teniendo en cuenta la declaración 87/2006 presentada por los diputados Jolanta Dičkutė, John Bowis, Stephen Hughes, Frédérique Ries, Thomas Ulmer sobre la hepatitis C ha recogido la firma de la mayoría de los diputados que integran el Parlamento Europeo y ha sido publicado en los Textos Aprobados de la sesión del 29.03.2007,

Considerando que según estimaciones hay más de nueve millones de ciudadanos europeos y otros residentes afectados por la hepatitis C en la Unión Europea y que cada año hay miles de muertos por esta enfermedad,

Considerando que existen unos nuevos fármacos aprobados por la Agencia Europea de Medicamentos con altos niveles de eficacia y seguridad para curar la hepatitis C,

Tomando nota de los muy altos precios de los nuevos medicamentos que restringen drásticamente el acceso a los tratamientos a una pequeña minoría de los ciudadanos afectados y que suponen una una carga económica insostenible para la mayoría de los sistemas de sanidad pública de los países de la Unión Europea,

Teniendo en cuenta que la Unión Europea no tiene competencias directas ni sobre la financiación de la sanidad pública ni la fijación de precios de los fármacos pero si coordina unos sistema voluntario de estados miembros de precios de referencia de los medicamentos y la existencia de otras políticas comunitarias que afectan los precios de los fármacos de la Hepatitis C,

Teniendo en cuenta que la Unión Europea tiene competencias sobre la propiedad intelectual, el comercio internacional, la investigación y innovación científicas, la deuda pública de los estados miembros, la aprobación de nuevos medicamentos, el mercado interno, la transparencia y las normas competencia comercial, entre otras normas que sí afectan el acceso a los medicamentos contra la hepatitis C,

Y considerando que el acceso a la salud y la defensa de la vida son dos derechos fundamentales asumidos por la Unión Europea,

Pide la redacción de un Plan Europeo en contra de la Hepatitis C que incluya la coordinación por parte de la Comisión Europea de políticas de compras coaligadas (joint procurement) de fármacos contra la Hepatitis C entre diversos Estados Miembros.

Pide a la Comisión Europea, al Consejo y al Parlamento Europeo propuestas políticas concretas y cambios en la legislación comunitaria de la propiedad intelectual con el objetivo de favorecer la rápida entrada en el mercado europeo, mediante producción propia o importaciones, de versiones genéricas de precios asequibles de terapias innovadoras eficaces y seguras contra Hepatitís C que permiten dar los mejores tratamientos disponibles para todos afectados por la Hepatitis C en la UE.

Pide la creación de un fondo de emergencia de la UE de rescate sanitario para los afectados por la Hepatitis C en los estados miembros de la UE afectados por las medidas de austeridad del gasto público propiciadas por la Unión Europea, y pide a la Comisión Europea llevar a cabo una evaluación de impacto sobre la salud de los recortes sanitarios con especial hincapié en evaluar la capacidad de adquisiciones estatales de los medicamentos nuevos contra la Hepatitis C.

Pide a la Comisión Europea un Plan para el estudio y recogida de datos de salud pública sobre la prevalecía de la enfermedad en la UE.

Pide la adopción de normas de la UE para la transparencia pública de los precios de las compras públicas de medicamentos.

Pide a la Comisión Europea que abra una investigación sobre la posible vulneración de las normas de la UE de competencia y de contratación pública por los altos precios de los nuevos medicamentos contra la Hepatitis C.

Pide a la Comisión Europea la financiación de estudios econométricos y de escenarios futuros sobre la viabilidad económica y sanitaria de la erradicación de la enfermedad de Hepatitis C en la Unión Europea,

Pide a la Comisión Europea la adopción de unas normas de "buenas prácticas" de los estados miembros y de la comunidad sanitaria europea para la curación y erradicación de la Hepatitis C,

Pide a la Comisión Europea y al Consejo de la Unión Europea que adopten una serie de medidas de investigación, financiación y recomendaciones que ayuden a garantizar un diagnóstico temprano de la enfermedad de la Hepatitis C.

Pide que el programa Horizonte 2020 incluya un premio incentivo a la innovación para producir un medicamento de dosis único contra la Hepatitis C, que pudiera salir al mercado europeo como un genérico a un precio asequible para la mayoría de los pacientes europeos bajo una licencia socialmente responsable de propiedad intelectual. Pide que todos los estudios financiados por el programa Horizonte 2020 relacionados con la Hepatitis C sean regidos por las normas vigentes del programa piloto de datos abiertos "open data" .

Bruselas, 21 de enero de 2015

Mi respuesta a esta opinión de la Comisión Europea sobre el acuerdo de comercio UE-EE.UU.

http://elpais.com/elpais/2014/04/23/opinion/1398271213_011657.html

El sesgo y la opacidad de las negociaciones EU-EEUU


  El representante de la Comisión Europea Francisco Fonseca Morillo, en su carta al Director del 24 de abril defiende la absoluta transparencia democrática e imparcialidad de las negociaciones sobre la Asociación Transatlántica de Comercio y Inversión (ATCI) entre la Unión Europea y los Estados Unidos.

 
    La triste realidad es que existe una total transparencia solo para las grandes empresas multinacionales, más de 600, que sí tienen acceso a las propuestas y los textos negociados en tiempo real, cortesía del Gobierno de EEUU. En cambio, a la ciudadanía europea y sus representantes les está negado el acceso a dichos textos y por ello desconocen los detalles legales de la negociación en curso. Mientras la gran industria  expresa diariamente a la Comisión Europea sus opiniones concretas sobre la letra exacta de las negociaciones la sociedad civil europea solo puede opinar sobre las ideas generales de la negociación. http://corporateeurope.org/trade/2014/03/civil-society-call-full-transparency-eu-us-trade-negotiations.
 

    La Comisión Europea niega que el futuro pacto UE-EEUU pudiera suponer la bajada "de facto" de las normas europeas ambientales, sanitarias, alimentarias e industriales. Sin embargo,el mismo Sr. Fonseca lo confirma al proponer el eufemismo de "reconocimiento mutuo" para permitir el comercio de productos hechos con leyes distintas entre la UE y los EE.UU., en la mayoría de los casos para reconocer las reglamentaciones mucho más laxas  de los Estados Unidos. En otras palabras, un intento masivo de "blanqueo legislativo"de espaldas a los procesos democráticos normales.

 David Hammerstein, Foro Transatlántico de Consumidores

Un espectro acecha a Europa. A velocidad supersónica se están cociendo unas negociaciones que pueden acabar socavando hasta los mismos fundamentos democráticos de la Unión Europea sin que se esté dando un debate político ni un mínimo grado de transparencia ante la ciudadanía. Se trata de un nuevo tratado comercial que aspira a un masivo “blanqueo legislativo” que ponga patas arriba muchas leyes estatales y además lo haga de espaldas a los procesos democráticos de los parlamentos y gobiernos estatales. En medio de altas dosis de invisibilidad y oscurantismo político se anuncia el nacimiento del mayor acuerdo comercial de la historia entre EEUU y Europa, etiquetado bajo el nombre de “El Partneriado Transatlántico de Comercio y Inversiones” (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP).

En Washington y Bruselas se está negociando intensamente la gran madre de todos los acuerdos comerciales: entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Se trata de un acuerdo comercial que bajo el eufemismo de “armonizar” mercados en realidad busca homogeneizar y unificar a la baja las normas legales ahora existentes en ambas orillas atlánticas. Frente a las diferentes legislaciones que hay a cada lado del Atlántico se quiere establecer un único criterio general común que establezca: que ante las diferencias entre las leyes, será la legislación más laxa y menos exigente la que finalmente regule el nuevo mercado único que se quiere impulsar, que incluye los alimentos que comemos, el aire que respiramos, los medicamentos con los que tratamos las enfermedades. Estamos ante un nuevo ataque comercial a gran escala para debilitar definitivamente los más apreciados valores y los derechos políticos europeos hasta ahora conquistados: sociales, ambientales, sanitarios, financieros y judiciales.

No sería sensato subestimar los peligros nuevos de este posible gran acuerdo. Significaría que se podrían vender una nueva variedad de productos en tiendas europeas que incumplirían las leyes europeas y estatales de seguridad, eficacia y durabilidad. Se perdería con ello la soberanía de los estados europeos y de la misma Unión Europea en su capacidad de autolegislarse, de controlar, hacer cumplir leyes y dictar sentencias judiciales firmes. Además, las grandes empresas podrían recurrir ante un organismo internacional de nueva creación y de carácter extra-judicial para derribar cualquier decisión legal o judicial que no fuera de su agrado comercial y entendieran que interfiere, pone frenos o amenaza el negocio y las ganancias esperadas en el futuro. Por la puerta trasera podrían entrar en Europa los alimentos manipulados genéticamente, unos trangénicos hoy prohibidos en Europa. La leche con hormonas o las peligrosas técnologías de extracción de gas“el fracking” podrían saltar también por encima de los muros de la legislación europea. Un sinfín de deseos empresariales engordan la lista de boda de este nuevo matrimonio comercial entre USA y UE. Este acuerdo comercial transatlántico que se cocina semiclandestinamente anuncia también que aumentaría la desprotección de nuestros datos personales digitales. Los ataques a la sanidad aumentarían al tener que pasar por la obligación de pagar precios más altos durante más tiempo para los medicamentos patentados bajo regímenes de propiedad privada.

Estamos ante una peligrosa jugada para dotar de mayor arrogancia y dominio al mercado, lo que conllevaría gigantescas consecuencias en daños y riesgos sociales, económicos y ecológicos. Las élites económicas y políticas que impulsan la negociación nos prometen con cantos de sirena un edulcorado futuro lleno de crecimiento económico, empleo abundante y grandes oportunidades comerciales. Pero lo cierto es que hay una endemoniada y fundamental condición en la base del nuevo acuerdo comercial: la que exige eliminar todas las “trabas y barreras al libre comercio”. Algo que afectaría de lleno numerosos ámbitos de nuestras vidas, empezando por las regulaciones legisladas por los parlamentos estatales para proteger bienes tan básicos como son nuestra salud, el medio ambiente, los derechos laborales, los derechos de libertad digital. Es decir, con el nuevo pacto comercial EU-EE.UU se proyecta un colosal canje faústico: a cambio de “desatar las fuerzas transatlánticas comerciales, industriales, energéticas y agrícolas con la finalidad de crear el area de libre comercio más grande del mundo”, a la vez se nos demanda desmantelar “de facto” algunas de nuestras más preciadas protecciones y derechos políticos, sociales y ambientales.

Solo es posible este nuevo imperio de libre mercado si la política democrática se rinde a los pies del dios del mercado globalizado. Se trata de facilitar y quitar todo obstáculo a las operaciones económicas de las empresas multinacionales más grandes para que no tengan que lidiar con “las complicaciones y restricciones que introducen docenas de leyes distintas y particulares que entorpecen el libre comercio”. Estamos a puertas de lo que podría convertirse en un nuevo marco global de regulación económica que condicionaría y socavaría gran parte de la acción política que hoy conocemos bajo el amparo de las instituciones estatales y europeas. Supondría todo un abismal retroceso histórico con estocadas de muerte contra las garantías mínimas de la política democrática que fundan las instituciones políticas modernas. Se trata de una camisa de fuerza para las instituciones democráticas del presente bajo la promesa de salvación de un futuro prometido repleto de cifras macro-económicas que se nos presentan como la panacea contra el paro y la falta de oportunidades económicas y sociales.

El engaño del “reconocimiento mutuo”

A pesar de las muchas evidencias de signo contrario, los negociadores de la Comisión Europea insisten en que un acuerdo con EE.UU no cambiará “sustancialmente” las leyes europeas. Esta estudiada retórica al servicio del engaño a la ciudadanía europea utiliza la idea del “reconocimiento mutuo” para disimular lo que llanamente es dar vía libre y facilitar el comercio transatlántico entre la Unión Europea y los EE.UU.

Es decir, lo que se pretende es anular automáticamente las diferencias entre las legislaciones estatales y europeas a partir de un reconocimiento mutuo y extra-legislativo de lo que llaman: “equivalencia” de sus leyes, normas y regulaciones de sus productos. Por ejemplo, aunque la UE no permite legalmente la carne con hormonas, ni los pollos tratados con un elemento tóxico como es el cloro, ni los piensos transgénicos, ni los cerdos criados en jaulas de hacinamiento en batería, la UE sí reconocerá globalmente la seguridad alimentaria de la carne estadounidense, que aunque incumpla las barreras legislativas europeas sí pueda tener un acceso libre al mercado europeo y llegar a sus tiendas y consumidores. De forma similar las normas legales más laxas sobre la cantidad de emisiones de CO2 de muchos de los coches norteamericanos también serían aceptables en el mercado europeo. El gas no-convencional procedente del “fracking” se podrá importar libremente de USA a la UE a pesar de violar el cumplimiento de las normas europeas en calidad y ciclo de vida de los combustibles.

Las empresas denunciantes extrajudiciales de leyes democráticas

Uno de los elementos más inquietantes del acuerdo comercial EU-EE.UU. son las llamadas “provisiones de disputas inversor-estado” o lo que se ha decir: “capítulo de protección de las inversiones”. Aquí se estipula que las empresas puedan desafiar cualquier decisión legislativa o judicial de un estado que entienden que les perjudica sus inversiones económicas y negocio. Esto significaría dar un nuevo derecho y poder a las multinacionales estadounidenses para denunciar ante un “tribunal comercial transatlántico” de nueva creación a cualquier ley o decisión judicial de carácter social, ambiental o sanitario. Cualquier estado miembro de la Unión Europea puede ser denunciado si las empresas consideran que pone en peligro sus beneficios esperados. Así, las empresas USA podrían obligar a unas compensaciones económicas masivas si el nuevo tribunal comercial transatlántico les da la razón en torno a que sus inversiones económicas pueden dañarse o no gozan de “suficiente seguridad.”

Actualmente ya se pueden rastrean precedentes de este nuevo modelo de acuerdo comercial. Mediante unos mecanismos supra-estatales y comerciales de “disputas entre inversor-estado”, la empresa tabacalera Phillip-Morris está denunciando leyes anti-tabaco de países soberanos como Uruguay y Australia por limitar el uso de sus marcas publicitarias. Otros casos pueden ilustrar con antelación el futuro del mercado único entre USA y UE. La empresa farmaceutica Lily exige compensaciones económicas a Canadá por las decisiones de tribunales canadienses por no aceptar el patentado de uno de sus medicamentos. Un gigante energético pide 191 millones de euros de pago a Canadá por la prohibición del “Fracking” en la región de Quebec.

Ahora, a puertas de las próximas elecciones europeas del mes de mayo es el momento de pedir cuentas a los responsables políticos europeos. Dentro de unos meses habrán elecciones europeas y hay que exigir a los candidatos y partidos que se posicionen claramente ante este explosivo tratado comercial que se nos anuncia. La fuerza de su ciclogénesis amenaza con cambiar las normas fundamentales de las reglas de juego de la soberanía política debilitando aún más las exigencias y garantías de la política democrática y reforzando el poder de unas pocas grandes empresas sobre nuestras vidas.

DAVID  HAMMERSTEIN

      Las oscuras negociaciones para el

acuerdo de comercio UE-EE.UU.

La Comisión Europea duda publicamente de la imparcialidad del Tribunal Europeo de Justicia para opinar sobre el acuerdo comercial UE-USA, declara “tener muy presente la lista de deseos de la industria farmacuética” y señala que las opiniones de los consumidores sobre el copyright y las patentes son “desagradables” y “deben preocupar a la industria”.

Mientras avanzan a velocidad de crucero las secretas negociaciones del pacto comercial más grande de la historia, el martes 14 de enero tuvo lugar en Bruselas una reunión informativa supuestamente dirigida a “la sociedad civil” y organizada por la Comisión Europea.

Desde el inicio resultan muy chocantes las condiciones de partida del proceso negociador por basarse en un gigantesco desequilibrio y un desigual trato dado a las grandes empresas multinacionales y a la ciudadanía. En el terreno informativo existe una total transparencia para las grandes empresas multinacionales que sí tienen acceso a los textos negociados en tiempo real (por cortesía del Gobierno USA). Pero contrariamente, a los grupos y ONGs defensores de los interes colectivos de la ciudadanía europea les está negado el acceso a dichos textos y por ello desconocen la letra de la negociación en curso, que para ellos es sencillamente secreta. Para la ciudadanía la opacidad informativa en cuanto a los contenidos es absoluta.

También conviene aclarar que en dicha reunión se dió una clamorosa ausencia de la “sociedad civil”, que era la supuestamente convocada, porque la realidad fue que más el 90% de las 200 personas presentes eran representantes de los intereses industriales y comerciales. Algunos rasgos inquietantes caracterizaron dicha reunión impulsada por la propia Comisión Europea: las respuestas de los negociadores europeos fueron en todo momento evasivas y ambigüas. La aportación de información sobre el detalle de las negociaciones brilló por su ausencia cuando fueron preguntados los negociadores sobre la contratación pública de servicios como la salud, los derechos laborales, el bienestar animal o el impacto ambiental.

Algunos de los presentes en dicha reunión preguntaron a los negociadores europeos sobre la posible condición de ilegalidad europea en la que se incurriría si se aplicara el mecanismo de “provisiones de disputas inversor-estado”(investor-state dispute mechanism). Es decir, un procedimiento que permitiría que las empresas puedan desafiar cualquier decisión legislativa o judicial de cualquier estado europeo si entienden que les perjudica sus intereses comerciales. Esto daría derecho a las multinacionales estadounidenses a denunciar cualquier ley o decisión judicial, de carácter social, ambiental o sanitario de cualquier estado miembro de la Unión Europea ante un organismo de nueva creación: el “Tribunal Comercial Transatlántico”. Es decir, cualquier legislación estatal podría incumplirse y convertirse en papel mojado si los intereses comerciales de empresas particulares entienden que se pone en peligro “la seguridad de sus inversiones” y sus beneficios económicos. 

La respuesta de la Comisión Europea fue cuanto menos sorprendente y surrealista ante la posibilidad de que se diera una opinión del Tribunal de Europeo de Justicia sobre la posible ilegalidad de crear de este mecanismo extrajudicial dotado de poderes capaces de saltar por encima de la legislación de los estados. El portavoz de la Comisión Europea afirmó que no sería legítima una intervención  del Tribunal Europeo de Justicia porque “no sería imparcial para una parte como es EE.UU porque los miembros del Tribunal Europeo de Justicia son designados por los estados miembros del la Unión Europea”. ¡Todo un radical y público cuestionamiento de esta honorable institución europea en boca de un alto representante de la Comisión Europea!. Es evidente el tremendo mensaje que quieren trasmitir los negociadores de la Comisión Europea: hacer inservibles las las instituciones políticas europeas como la de Tribunal Europeo de Justicia al supeditarlas a un "más justo e imparcial tribunal extrajudicial transatlántico", de carácter comercial y compuesto por expertos y peritos ligados a los intereses industriales.

Una reveladora anécdota más de la reunión se produjo cuando un representante de los consumidores (Diálogo Transatlantico de Consumidores) llamó la atención de la Comisión Europea sobre las palabras de uno de los negociadores europeos: Pedro Velasco. Ante un grupo de empresarios este negociador tachó de “desagradables” y “preocupantes” las opiniones de esta organización de consumidores que lucha contra los monopolios de la propiedad intelectual. El señor Velasco no solo se negó a disculparse sino que aprovechó la ocasión para dar una larga arenga en favor de un régimen duro de defensa de las rigidas normas para proteger las patentes y el copyright sobre el conocimiento.

También llama mucho la atención que en medio del reciente escándalo por el espionaje masivo de los EE.UU sobre los datos personales de millones de europeos, curiosamente la Comisión Europea solo fue capaz de decir que “el flujo libre transatlántico de datos nada tiene que ver con la privacidad y la protección de datos”. No hubo ni una palabra sobre la dudosa viabilidad de unas negociaciones para un acuerdo comercial cuando una de las partes espía masivamente a la otra, ni tampoco se dijo nada de la necesidad de un acuerdo transatlántico para la protección de datos personales.

En conclusión, el horizonte que se nos anuncia con las actuales negociaciones del pacto comercial UE-USA es bien negro. De seguir el rumbo actual, no solo podrían cambiar muchas de la reglas del juego del comercico mundial, sino que se cuestionaría dramáticamente la capacidad soberana de autolegislarse que funda las instituciones políticas de los estados nacionales. Serían muy graves las consecuencias de retroceso y de pérdida de condiciones fundamentales para los poderes democráticos y el ejercicio de la política. Pero la ciudadanía europea de seguro que no quedará cruzada de brazos y hará oír con fuerza su voz para evitar este temible descarrilamiento colectivo. 

UNA CONTRAREFORMA MUNDIAL: LA NUEVA GOBERNANZA DISEÑADA POR LAS MULTINACIONALES
 


 
 
El propuesto Acuerdo de Libre Comercio Unión Europea-Estados Unidos: ALCTA (Acuerdo de libre comercio transatlántico) o en inglés TTIP (Transatlantic trade and investment partnership - El Partneriado Transatlántico de Inversiones y Comercio)
 
 
Si te preocupan el “fracking”, el precio de los medicamentos, los transgénicos, la lucha contra el tabaco, las sustancias químicas, los derechos laborales, la seguridad alimentaria, el cambio climático o las transacciones especulativas, debes estar muy preocupado por ALCTA.


       Ya se está negociando un acuerdo EU-EE.UU que puede cambiar a peor gran parte de las reglas que gobiernan nuestras vidas, desde el mundo laboral hasta el medio ambiente y nuestra salud. Líderes políticos de ambos lados del atlántico proclaman que han encontrado la panacea a la crisis económica intentando buscar legitimidades creíbles para dicho acuerdo que quiere poner patas arriba derechos y protecciones ciuadadanas conquistadas y todo ello de espaldas de las vías democráticas de gobiernos y estados. Según sus optimistas proclamas la colosal alianza de las dos economías más grandes del mundo creará más empleos, más crecimiento y un mundo feliz. Pero la realidad y el detalle de la agenda negociadora EU-EE.UU. se asemeja mucho a una lista de boda de las más grandes empresas transatlánticas.

ALCTA no es el típico acuerdo que trata de eliminar aranceles proteccionistas para favorecer el libre comercio de productos. Su principal objetivo es de mayores dimensiones: el de armonizar leyes y regulaciones entre la UE y EE.UU. Se intenta fomentar el “libre comercio” por medio de la “des-regulación” de normas financieras, ambientales, sanitarias, agrícolas y seguridad alimentaria, entre otras, instituidas en países y estados por los gobiernos. Los negociadores consideran éstas regulaciones nacionales y europeas nacidas de gobiernos electoralmente elegidos por vía democrática constituyen unos molestos muros al negocio. Se trata de derrumbar las barreras costosos e “irritantes” o “barreras técnicas” como eufemísticamente dicen para empujar el libre comercio transatlántico. 



En una palabra: se trata de una carrera hacia abajo en la protección social, ambiental y sanitaria, donde los ciudadanos y ciudadanos solo tienen un papel que representar: el de peleles. Estas negociaciones están vistas como una tabla de salvación para ampliar mercados por parte de empresas que quieren esquivar como sea normas de producción y venta que buscan proteger al consumidor y a la ciudadanía en terrenos como son la salud, el medio ambiente y la transparencia a la hora de capacidad de escoger. Gran parte de las negociaciones serán dedicadas a fijar un “denominador común más bajo” después de comparar las normas estadounidenses y las europeas. 



Una nueva “justicia” para las multinacionales


Con ALCTA las multinacionales se elevarían su estatus por encima de los estados y gobiernos elegidos democráticamente mediante nuevas reglas propuestas para la resolución de disputas “inversores-estados” (state investor dispute mechanism). Las reglas “inversor-estado” permitirían la presentación de denuncias por parte de las multinacionales en contra de las leyes de los estados por  considerar que perjudiquen a sus beneficios económicos en arbitrajes comerciales privados, al margen de los sistemas judiciales existentes. Así las grandes empresas podrían desafiar extrajudicialmente cualquier ley que haga defensa de la salud, los derechos de los consumidores o la ecología. La capacidad de los estados de proteger los bienes comunes quedaría seriamente debilitada mientras que las grandes empresas podrían denunciar a los gobiernos democráticos por causarles directa o indirectamente algo que llaman un “lucro cesante”, es decir un daño potencial a sus beneficios, a sus datos comerciales, a la propiedad intelectual, a sus acciones o a cualquier otro valor económico percibido.
 
Incluso, una multinacional podría denunciar a un gobierno si las sentencias de sus tribunales le perjudican. Por ejemplo, en los acuerdos bilaterales comerciales existentes este mecanismo de sesgado “arbitraje” ya están siendo utilizados por las tabacaleras de USA para frenar medidas legales anti-tabaco adoptadas en Australia; otro caso es el una empresa petrolífera de USA que ha actuado en contra de Canadá por prohibir el “fracking” debajo de un río; o el caso de una farmacéutica en contra de Canadá por introducir un medicamento genérico; o el de una refinería estadounidense en contra de Perú por ser obligada por el Gobierno Peruano a limpiar y prevenir unos vertidos contaminantes.
 
“La carta a los Reyes Magos” de las multinacionales nos puede traer regalos muy venenosos
 
Unos pocos ejemplos de los posibles impactos des-reguladores de ALCTA podrían ser estos:
 
-Empeorar la seguridad alimentaria: Permitir la entrada masiva en la UE de carne criada con hormonas procedente de EE.UU, de carne de pollo blanqueada con cloro o de múltiples cosechas y semillas transgénicas.
 
-Aumentar el uso de sustancias químicas peligrosas al debilitar la aplicación del “ principio de precaución” que funda el reglamento europeo de control de sustancias tóxicas REACH.
 
-Debilitar los derechos laborales al permitir la entrada y el concurso en la UE de empresas de servicios estadounidenses con normas laborales poco exigentes en protección y derechos de los trabajadores.
 
-Aumentar el secretismo de la investigación médica de los ensayos clínicos al considerarlos “datos confidenciales comerciales” y con ello impedir un control independiente sobre la eficacia de los nuevos productos farmaceúticos al tiempo de que se fortalecen las medidas represivas de propiedad intelectual para dificultar la entrada en el mercado de medicamentos genéricos, más baratos e igual de eficaces.
 
-Evitar la aprobación de normas de protección de la intimidad y los datos personales y de otros derechos digitales en Internet para con ello garantizar el “flujo libre de datos”.

-Aceptar las importaciones masivas de gas procedente de la extracción del subsuelo mediante la peligrosa tecnología del  “fracking” en EE.UU, junto a la prohibición de poner trabas legales a la aplicación del mismo en territorio europeo.
 
 
Transparencia para la industria, secretismo para la ciudadanía
 
La primera ronda de negociaciones ya tuvo lugar en Washington el pasado mes de julio y la próxima ronda negociadora será a principios de octubre en Bruselas. Se espera llegar a un acuerdo sobre el texto de este gran pacto comercial antes del final del 2014. Mientras docenas de grandes empresas tienen un acceso total a los textos de los negociadores (a través del Gobierno de EE.UU.) en cambio se da un secretismo total para la ciudadanía y sus organizaciones que no pueden saber ni opinar sobre los puntos concretos que se están negociando. Durante todo el proceso se quiere que la participación ciudadana sea mínima y dispersa, en cambio las grandes multinacionales tendrán una información precisa y sus potentes lobbys podrán realizar un trabajo eficaz en el “tiempo real” de las negociaciones.
 
 
 
Solo una reacción ciudadana fuerte podrá cambiar el rumbo de este temible pacto UE-EE.UU que amenaza con secuestrar los mínimos derechos democráticos conquistados para ponerlos bajo los pies de los potentes intereses económicos de las grandes industrias.
 
David Hammerstein
 
Diálogo Transatlántico de Consumidorres