Cuando la ultra periferia europea se convierte en una feria: barra libre comunitaria para emborracharse de cemento en medio del Atlántico.

La Comisión Europea ni sabe ni contesta. Una pequeña isla con pocos coches y mucha biodiversidad quiere una señora autovía a pesar de carecer de tráfico y de necesidad. Sólo se puede hacer por poder disponer de una sustanciosa financiación europea gracias a su condición de región ultra- periférica.  Así la obra le sale casi gratis a la Comunidad Canaria. Ya es hora que la Comisión Europea reaccione ante esta desvirtuación de las leyes y objetivos de la Unión Europea costeada por el contribuyente europeo.  (Foto: Typicalish)

"La isla bonita" de La Palma posee una naturaleza singular con un modelo urbanístico bastante moderado. El proyecto de autovía desde el aeropuerto hasta el puerto de Tazacorte tiene un gran impacto sobre el municipio de El Paso, corta por el medio de una cordillera muy boscosa y cree un temerario efecto de llamada para el urbanismo salvaje y masivo.

David Hammerstein, eurodiputado de Los Verdes

Por fin un país tiene un proyecto más o menos serio frente al cambio climático. Es una paradoja que tenía que ser un representante de la derecha el primer mandatario europeo en plantear un conjunto de medidas sensatas frente al cambio climático. Muchas de la propuestas consideradas por Sarkozy implican "un cambio de cultura" a causa de lo que el mismo denomina "un modelo de crecimiento que está condenado". Ya veremos finalmente como es de grande el trecho entre dicho y hecho. Pero el debate en sí supone un avance loable.

La gran mayoría de iniciativas serían consideradas en España como muy radicales. Por ejemplo, para el sector de la construcción se propone unas normas de consumo energético 50kw./m2 antes del 2012 en todos los edificios nuevos y en los públicos.

En el campo fiscal, propone una tasa contra el dumping ambiental de terceros países con un IVA reducido para productos propios para evitar, por ejemplo, la avalancha de productos especialmente sucios de la China. También apoya la idea de muchos economistas de la creación de un impuesto europeo o mundial sobre el CO2. Medidas fiscales a favor de los coches menos contaminantes. Respalda una ecotasa sobre el paso de camiones de mercancías y proyecta implantar peajes urbanos en los centros de las ciudades. En lo concreto, propone prohibir las lámparas incandescentes. Quiere primar el transporte público con una moratoria en la construcción de autovías y dar prioridad al ferrocarril. Incluso se prevé la reducción a la mitad del consumo de carburante aéreo de ahora al 2020. Propone gastar tanto en investigación de renovables como en la nuclear (ahora gana la nuclear 5 a 1). En cuanto a tóxicos propone la prohibición de sustancias muy peligrosas en la construcción y la decoración y declaración obligatoria de nanopartículas en productos de venta al público. También es de valor el reto de reducir el umbral permitido de partículas en suspensión en el aire. Apuesta por triplicar la superficie dedicada a la ecológica hasta alcanzar el 6% y quiere implantar una comida ecológica a la semana en cada comedor escolar. Osa  proponer la reducción a la mitad del uso de pesticidas en 10 años y apoya una moratoria del cultivo de transgénicos.

¿Para cuando unas propuestas parecidas en España? Las propuestas climáticas del gobierno de Zapatero son mucho más tímidas que las de Sarkozy. Esperemos que cunda el ejemplo de Sarkozy en cuanto al cambio climático con una salvedad importante: la obsesión francesa por la electricidad atómica.

David Hammerstein, eurodiputado de Los Verdes

La Unión Europea está atrapada en una contradicción o en lo que los psicólogos llaman un "doble vínculo". Pretende asfaltar mucho y contaminar menos. Quiere repetir el "escenario español" de crecimiento e integración europea en los 10 nuevos estados miembros de la UE de Europa central y oriental y a la vez ser súper "sostenible".  La UE quiere liderar la lucha mundial contra el cambio climático con objetivos ambiciosos de reducción de emisiones contaminantes y al mismo tiempo con sus fondos de cohesión quiere financiar miles de kilómetros de obras viarias a cargo del presupuesto comunitario. Es como si nuestros máximos dirigentes europeos no se hubieran dado cuenta de que el "feliz modelo español", con más kilómetros de autovía per capita que nadie, financiado por la UE,  ha aumentado sus emisiones de CO2 en casi un 50% desde el año 1990 y los contaminantes del sector del transporte son los que crecen más deprisa. Si la experiencia española se repitiera en los países de la ampliación, ya podríamos olvidarnos de los objetivos de reducir nuestras emisiones contaminantes en más de un 20% antes del 2020.  

Todos los indicios apuntan que la UE no ha aprendido la lección ambiental del "milagro español".  A pesar de pregonar la importancia del medio ambiente en la política europea de cohesión e innovación, solo una pequeña parte de los fondos comunitarios destinados a la ayuda estructural de los nuevos países miembros va destinada a inversiones que favorecen el medio ambiente. De los 177 mil millones de euros que serán gastados en el periodo 2007-2013, solo el 1% serán destinados a proyectos de eficiencia energética y energía renovable. Del dinero europeo destinado al transporte para los nuevos estados miembros, 47 mil millones, el 53% se asigna a la construcción de carreteras y autovías y solo el 10% se destina para el transporte público local y regional. Si no se invierte esta tendencia de copiar el modelo español una gran parte de la financiación europea se orientará hacía un desarrollo especialmente intensivo en el consumo de energía y de emisiones contaminantes lo que desbarataría cualquier compromiso de la UE en defensa del clima.  

Si tomamos en serio el cambio climático debemos asegurar que la mayoría de las ayudas europeas vayan orientadas a proyectos que están de acuerdo con nuestra estrategia energética y ambiental. 

David Hammerstein, Eurodiputado de Los Verdes

Tenemos un nuevo tratado, queremos una verdadera constitución. 

Los enormes desafíos sociales y ambientales de Europa y del mundo exigen una Unión Europea mucho más ágil y más cercana a la ciudadanía mientras que el acuerdo alcanzado sobre el nuevo tratado en Lisboa está lleno de insuficiencias y ambigüedades.

Es cierto que las reformas pactadas en Lisboa tienen algo de sustancia útil pero carecen de alma. El efecto del “no” al tratado constitucional, de la derecha e izquierda radical, ha sido especialmente negativo. Lejos de empujar a la Unión hacia reformas más sociales y democráticas, la crisis institucional ha sido aprovechada por los estrechos intereses egoístas de los estados para dar marcha atrás en la armonización de áreas tan importantes como la política exterior o las políticas de justicia e interior. Ha aplazado durante más años una mayor aplicación del nuevo sistema de doble mayorías para sustituir al paralizante método de consenso y ha obviado la oficialidad de la simbología europea. En lugar de una constitución tenemos un tratado, en lugar de un ministro de exteriores europeo tenemos un alto comisionado, en lugar de más poder de la Comisión Europea tenemos más capacidad para frenar acuerdos por los parlamentos nacionales y los gobiernos nacionales. 

La anomalía más grande ha sido la negación de Gran Bretaña y Polonia de suscribir la Carta de Derechos Fundamentales, lo que representa los valores básicos de la Unión Europea. En lugar de simplificar el largo texto un sinfín de protocolos, notas de pie y anexos esconden tras una cortina de humo incomprensible una cacofonía de intereses mezquinos de los estados. Además, se cierra el acuerdo por arriba, entre líderes y parlamentos nacionales, sin la posibilidad de una auténtica consulta popular europea. Ahora comienza en el Parlamento Europeo, que sí ha ganado su derecho a la iniciativa, la lucha por una verdadera constitución europea consagrada a una Europa social y ecológica de la ciudadanía europea, en lugar de la Europa de los estados que ha ganado una batalla en el llamado Tratado de Lisboa.

David Hammerstein, eurodiputado de Los Verdes

    En vísperas de una importante votación sobre el control de pesticidas se han encontrado niveles preocupantes de pesticidas tóxicos en fruta comprada en el edificio del Parlamento Europeo de Bruselas.  Una coalición europea de consumidores ha comprado y analizado en laboratorios homologados ocho tipos de fruta procedente del supermercado del mismo Parlamento.  Toda la fruta adquirida en el Parlamento ha tenido residuos precedentes de 28 sustancias químicas potencialmente tóxicas de las cuales 10 son conocidas como cancerígenas, 3 son neurotoxinas y 8 son conocidas como disruptores endocrinos. Dos de estos contaminantes son clasificados como extremadamente peligrosos por la Organización Mundial de Salud.

     Ha resultado especialmente chocante que tres de las piezas de fruta (naranjas de España, albaricoques y uvas) contenían unos niveles de residuos de pesticidas por encima del los Límites Máximos de Residuos de la Unión Europea, lo que prohíbe su venta al público.  Las naranjas contenían concentraciones ilegales y muy peligrosas de dos pesticidas ligados al cáncer y a problemas reproductivos. Estas naranjas contenían pesticida imazalil a unos niveles muy por encima del nivel de ingestión diaria aceptable para un niño de 5 años.

      Según la Comisión Europea el 40% de la fruta y verdura a la venta en la UE están contaminadas por pesticidas mientras que más del 3% de estos alimentos tienen niveles peligrosos de tóxicos. La causa es evidente. Utilizamos unas cantidades masivas de pesticidas en toda la cadena alimenticia con unas consecuencias nefastas para la salud y el medio ambiente.

      La semana que viene el Parlamento Europeo votará sobre una nueva legislación para regular la autorización, venta y utilización de pesticidas peligrosos.  Se propone limitar o prohibir la utilización de algunas de las más tóxicas y reducir entre el 25% y 50% las cantidades fumigadas sobre nuestros alimentos.  Sin embargo, hay una presión asfixiante en contra de esta legislación por parte de los lobbies de la industria agrícola y los sindicatos agrarios que insisten en seguir teniendo barra libre en la utilización de armamento químico en su particular guerra contra la salud y el medio ambiente.