El nombre engaña doblemente. En realidad, poco tiene que ver ACTA (Acuerdo Comercial en contra del contrabando) ni con el contrabando ni siquiera con el comercio. No se trata de coordinar la lucha en contra de burdas, engañosas y peligrosas falsificaciones, como las de medicamentos.   Según las informaciones filtradas de las negociaciones, el verdadero objetivo oculto de ACTA es la puesta en marcha de unos intimatorios instrumentos internacionales para poder forzar por la puerta trasera unas nuevas y draconianas normas globales sobre el derecho de autor y, quizás, sobre las patentes. Si los países del Norte finalmente firman los acuerdos de ACTA, la posibilidad de resistencia cívica a su aplicación casi generalizada al resto del mundo será muy difícil.

   El ámbito de ACTA supera con creces la persecución de la descargas de música y de películas en Internet. No son solo unos profundos ataques a los derechos fundamentales de opinión y de privacidad.  Tampoco es solamente la acción de extrema gravedad porque busca imponer la "responsabilidad a los intermediarios", al hacer responsables de los contenidos que fluyen por la red a las empresas servidoras de Internet, lo que llaman en China "la auto-disciplina".   ACTA perjudica a la gran mayoría de las personas, instituciones y empresas al implicar unas importantes trabas para la educación, los negocios y la innovación tecnológica.

  Al exigir procedimientos judiciales penales por la supuesta violación del derecho de autor donde actualmente muchos países actualmente aplican el derecho civil, ACTA busca meter el miedo en el cuerpo de los actores económicos y l@s consumidor@s. Jugar con el miedo económico es jugar con fuego.  La amenaza de penas de cárcel de ACTA puede desanimar a muchas empresas que necesariamente tienen que operar y arriesgar sus inversiones innovadoras en medio de las dudas de las franjas grises que suelen constituir a la propiedad intelectual. Si ACTA impone unos castigos cada vez más duros a las empresas acusadas de traspasar las casi siempre borrosas líneas de derechos al autor y las patentes, es probable que los costes judiciales y los costes técnicos de muchas empresas aumenten sustancialmente, y con ello que solo las más grandes empresas puedan aguantar el tirón. Otra vez las pequeñas empresas perderían.

   El mundo universitario puede tener que enfrentarse a unas definiciones legales mucho más limitadas sobre lo que es el "uso justo" o lo que constituye "la escala comercial" a partir de la cual se vulnera la ley. Las consecuencias serían devastadoras sobre el acceso a los libros de texto y a otros recursos educativos, sobretodo en los países del Sur que ya sufren una escasez endémica de material escolar y universitario.  La amplia vulneración de las reglas de copyright en los países del Sur es considerado un "mal menor" para garantizar el acceso universal a la educación.  La amenaza de unas normas punitivas vinculantes a nivel mundial puede perjudicar la extensión del conocimiento a las personas más pobres.

  Las ideas, el avance científico y el conocimiento no pueden florecer solamente como propiedad sino como un legado compartido de la humanidad.

    LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA UNIÓN EUROPEA
DEBE APOYAR LA POSICIÓN DE LA ONCE
A FAVOR DE UN TRATADO INTERNACIONAL
PARA LAS PERSONAS CON DEFICIENCIAS VISUALES

 

        Otra de las consecuencias del fundamentalismo en relación a los derechos de autor que recorre la Unión Europea: hoy en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (WIPO), el representante sueco y en nombre de los 27 países de la Unión Europea, ha rechazado la propuesta de un nuevo tratado para las personas con deficiencias visuales redactada por la Unión Mundial de Ciegos y presentada por Brasil, Paraguay y Ecuador.  

Esperemos que la próxima presidencia española de la Unión Europea encabece un cambio de impresentable posición y apoye con claridad esta propuesta de Tratado Internacional. 

     Por culpa de las leyes de Propiedad Intelectual en la actualidad las cuatro millones de personas ciegas de América Latina no tienen acceso a los 3500 textos producidos (3.5% de los libros publicados) por la ONCE con un gran esfuerzo económico cada año en España. Los ciegos latinoamericanos/as solo tienen capacidad de producir una pequeña fracción de los libros publicados, menos del 1%.  Los millones de ciegos de países pobres apenas tienen acceso a la lectura, la educación y la literatura en parte por las leyes mundiales de propiedad intelectual que prohiben el comercio transfronterizo de obras protegidas por derechos de autor. En este caso se ve como flaquea "la solidaridad hispano-americana" por culpa de las reglas internacionales de propiedad intelectual.

      El delegado de Estados Unidos, con la intervención directa de Obama, ha decidido apoyar la propuesta de eliminar cualquier limitación internacional a los intentos de aumentar el acceso a la cultura de las personas ciegas. Queda la duda sobre si apoyan totalmente un nuevo tratado o simplemente se trata de una "declaración conjunta." Al contrario de los EE.UU, la Unión Europea (liderada por Alemania y Suecia) ha presentado una gran resistencia a la propuesta de un acuerdo concreto a favor del libre flujo internacional de productos de información y cultura para las personas con problemas de visión.

¡Vaya europeísmo progresista que pretende limitar el derecho a la lectura de los ciegos pobres del mundo!

 El Gobierno Español ahora tiene la palabra. Privadamente han expresado su crítica de la rígida posición europea, y ahora tiene una oportunidad de oro para concretar una política global a favor del acceso a la lectura y la educación de uno de los grupos más marginados en el mundo.   
 
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INTERVENCIÓN DE FRANCISO JAVIER MARTÍNEZ CALVO (DE LA ONCE)
ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL:

La Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) agradece la oportunidad de tomar la palabra en esta importante sesion del SCCR para pedir el apoyo a la propuesta de tratado de la Union Mundial de Ciegos.

ONCE da servicio exclusivo a sus afiliados, que han de ser personas ciegas y deficientes visuales con nacionalidad española. Actualmente la ONCE tiene 70000 afiliados, y su número crece en 4000 cada año.

La ONCE es la única organización para ciegos y def vis proveedora de servicios en España, y su ámbito de actuación trata de cubrir todas las necesidades que este grupo de personas puede requerir a lo largo de su vida, desde educación, rehabilitación, autonomía en la vida diaria, etc. Entre ellas, el acceso a la información es un servicio de gran importancia para la ONCE. Tenemos dos centros principales de producción, uno en Madrid y otro en Barcelona, y entre ambos logramos el año pasado adaptar en audio o en braille casi 3500 obras, un número muy elevado para cualquier servicio editorial. Esta impresionante cifra supone un 3,5% de los 100000 libros publicados en España el año pasado. El 100% de nuestra produccion se ha realizado gracias a la excepcion nacional existente en nuestra ley de propiedad intelectual. Este ingente trabajo supuso unos costes de producción y distribución elevadísimos, y en muchas ocasiones estos libros se produjeron para el disfrute de una sola persona. Teniendo en cuenta que el español lo hablan, como primera y seguna lengua, 500 millones de personas en el mundo, nos parece un despropósito que esa obra en braille o en audio no tenga, en toda su vida, más de un lector y no pueda ser compartida con otros hispanohablantes en el resto del mundo.

La realidad es que, hoy en día, en aquellos países en los que se habla nuestro idioma y existe una necesidad de leer esta misma obra, se realiza el mismo proceso de adaptación que hemos realizado nosotros previamente, duplicando así los esfuerzos y los costes. Probablemente para que, de nuevo, solo personas que residen en un pais puedan leer ese libro en el país en el que se ha producido.

Estos datos son reales, y estas necesidades son reales. Ayer mismo recibí un correo con una petición por parte del Servicio de Bibliotecas para Ciegos de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, un país con 40 millones de hispanohablantes, en la que se nos solicitaba la compra de una copia en audio o en braille para su biblioteca de uno de nuestros fondos. La respuesta tiene que ser, necesariamente, que no nos es posible atender esa petición, debido a las restricciones territoriales que existen actualmente en los derechos de autor. Siendo una obra publicada, además, por la ONCE tienen, por supuesto, nuestro permiso para crear su propia edición accesible. Al ser una obra en 5 volúmenes impresos con más de 400 páginas cada uno, el coste de adaptación va a ser, sin duda, considerable.

Es el caso más reciente, pero no es un caso aislado. En las últimas semanas y meses hemos recibido peticiones de Noruega, de Suecia, del Reino Unido, de países que tienen personas ciegas y deficientes visuales que quieren aprender español, o que ya hablan español. No hemos podido compartir nuestros libros con ninguno de ellos.

El caso de América Latina es quizás más impresionante. Nuestra historia de cooperación con los países latinoamericanos viene de muy atrás, y siempre ha sido un objetivo de gran importancia para nuestra organización. La prueba es la existencia de la FOAL, la Fundación ONCE para América Latina, que tiene entre sus funciones, dos que son de especial interés para este foro. Una de ellas es la de fomentar el movimiento asociativo de las personas ciegas y def vis en los 19 países en los que actúa. Es fundamental para la ONCE-FOAL el contar con interlocutores válidos en cada uno de los países con los que intentamos colaborar. Este es un requisito indispensable para que se de la segunda de sus funciones: el ayudar con los recursos a nuestro alcance a la producción local de materiales accesibles. Esto nos coloca en ocasiones en situaciones tan curiosas como la siguiente: que la ONCE produzca un libro en un formato accesible para sus miembros españoles y, días después, proporcione a un país latinoamericano los recursos necesarios para que produzca el mismo libro para uso exclusivo de los usuarios de su país. Y esta operación puede repetirse en cada uno de los 19 países con los que cooperamos.

Tan solo esta situación absurda es suficiente para que la ONCE apoye firmemente el contenido de este tratado.