Los derechos y protección de los animales no humanos avanzan en España.
El movimiento abolicionista no se detendrá.
!Alegría y rosas para nuestra hermandad animal!
La regeneración del espacio político verde
Esta reflexión es parte de un análisis fruto de una ya larga experiencia política y ciudadana en verde, y compartida con diversidad de personas con sensibilidad y preocupaciones ecológicas. Muchas de ellas, en algún momento se han sumado o apoyado con ilusión, y desde otros diversos ámbitos de acción social, a un proyecto político verde reiterativamente malogrado en el territorio español.
Hoy no hay demasiadas razones para ver con satisfacción el aún embrionario espacio político verde en suelo español. A pesar de la dramática necesidad de una nueva política institucional capaz de afrontar con responsabilidad y con urgencia las múltiples problemáticas socioecológicas que nos afectan, el espacio político verde en España sigue siendo una asignatura pendiente. En este reducido e inestable espacio político, hemos coincidido mucha gente a lo largo de estas pasadas décadas, y ya se puede decir que contamos con años de experiencia, aprendizaje y compromiso, tanto en la política institucional como en las luchas cívicas de tinte ecologista. Conocemos de primera mano los problemas y las dificultades internas y externas de una ya no tan breve trayectoria política. Y en general, se puede afirmar, que todas y todos compartimos la sensación de decepción y de extrañamiento hacia un partido, o más bien, hacia los distintos partidos y legalidades verdes que hoy existen. No podemos dejar de hacer balance crítico al percibir que este bosque de partidos verdes aún permanece muy alejado de las problemáticas centrales de la vida política y social, y en consecuencia, también tiene una escasa visibilidad política, institucional y mediática. Los partidos verdes en España, no solo carecen de protagonismo y continúan de espaldas a los debates públicos y a las propuestas políticas e institucionales del día a día, también están ausentes para la percepción social mayoritaria.
Es necesaria y urgente la regeneración política del espacio verde para apostar por dotarse del protagonismo y la visibilidad institucional, cultural y social que aún no ha podido conseguir. Ha de poder ser capaz de colocar las prioridades ecológico-sociales en toda acción política. El principio ontológico de que la materia, la energía y los sistemas vivientes son matriz y raíz de toda acción humana y de la vida en sociedad en su conjunto, tiene claras consecuencias políticas: es necesario colocar la condición ambiental en todos los ámbitos políticos. La óptica ecológica ha de poder dar nueva forma a la política local, autonómica, estatal y europea, pero sin encajonarlas ni supeditarlas al sectorialismo y al marketing de tinte verde, muy practicado habitualmente por el resto de partidos de cualquier color ideológico.
Resulta necesaria la emergencia del espacio verde con una estrategia política capaz de cuestionar los discursos y las prioridades mayoritarias, las que aclaman un falso tecno-optimismo que defiende una supuesta compatibilidad entre los valores de la ecología y los del crecimiento de la producción y el consumo humano sin límites físicos, y en frontal contradicción con nuestro planeta limitado y frágil, nuestra única casa común. Estas políticas dominantes que emplean un barniz ambiental se legitiman en una doble defensa a la vez: la del medio ambiente y la del desarrollo, aunque en el terreno de los hechos reales y prácticos, continúan sin alterar las prioridades productivistas y el creciente daño ambiental que generan. Hoy, los discursos retóricos basados en la falsa compatibilidad entre las necesidades del mundo viviente y las del desarrollo orientan toda la agenda política de los partidos tradicionales, de izquierdas, de derechas y nacionalistas, y por ello son radicalmente cuestionados por las políticas verdes. Por tanto, se puede decir que las políticas verdes están a contracorriente en relación al resto de políticas, y son radicales porque toman los problemas desde su raíz, en el sentido de estar enraizados y situados en el mismo cuerpo de la Madre Tierra.
La apuesta por la regeneración pendiente del espacio verde en el estado español también ha de ser una opción política con vocación de ser abierta, generosa, integradora, ambiciosa y plural, capaz de superar las fronteras de las organizaciones y legalidades actualmente constituidas. Ha de ser capaz de asumir retos y riesgos permitiendo a la vez un diálogo plural que motive la participación y el compromiso. Pero lamentablemente, nada de esto define hoy a la Confederal de Los Verdes en España, que integra a algunos de los partidos verdes. Ni define tampoco a los partidos verdes que están fuera de ella. Tampoco caracteriza a otros partidos tradicionales, como es Izquierda Unida, que con la simple intención de ganar votantes y hacer defensa de sus prioridades economicistas y productivistas, se ha apropiado paradójicamente de las señas de identidad y de la imagen de marca del espacio verde, del nombre y de las siglas reconocidas internacionalmente y en Europa. Tampoco se ha hecho realidad una acción política "característicamente verde" en las coaliciones electorales que coyunturalmente, algunos partidos verdes y la Confederal de Los Verdes han ensayado, y dentro de un campo político tan sumamente fraccionado y dividido, como lamentablemente es el espacio verde en España.
Ante la escasa presencia electoral, política, social y organizativa de los partidos verdes, también conviene evitar el peligro de ensimismamiento y aislamiento. Los debates identitarios, formativos, o solamente programáticos, y centrados en los valores verdes de nuestros ideales normativos y éticos, aunque sean necesarios, lo cierto es que por sí mismos no pueden hacernos llegar a las instituciones. No pueden sustituir a la acción política, y por ello deben acompañarse de unas apuestas estratégicas adaptadas a cada contexto y coyuntura electoral. Es decir, los debates teóricos y solamente centrados en la agenda programática, carecen de estrategia política realista y practicable. Políticamente constituyen un callejón sin salida y un paralizante derroche de tiempo valioso pero desaprovechado, puesto que desatienden las exigencias prácticas de la acción política, las que implican a diferentes actores y alianzas, y las que conllevan restrictivas posibilidades en el propio campo político donde se insertan, y en cada coyuntura electoral. La tarea prioritaria a realizar ahora, será la de repensar y reconstruir nuestro papel concreto en el estado de cosas en el que nos encontramos, y aprovechar al máximo las oportunidades que se nos ofrece con vistas a los próximos procesos electorales que se avecinan.
Hoy es urgente abrir una reflexión conjunta y contextualizada partiendo del reconocimiento de un hecho central: el actual contexto español de fracaso histórico de la emergencia y el despegue de un proyecto verde con fortaleza, amplio y unido, social e institucionalmente reconocible y creíble, y con identidad propia en España. En lugar de comenzar la tarea reflexiva buscando culpables, es prioritario el diálogo abierto y plural, no solo para descifrar qué ha pasado, sobre todo para diseñar nuevos principios teóricos y prácticos que nos orienten ante los próximos procesos electorales que se avecinan. La prioritaria finalidad será enderezar el rumbo de la nave verde en España. Para ello, será necesario lo básico y central en política institucional: el levantar candidaturas verdes por todas partes con el fin de obtener una presencia verde visible, distintiva y propia, y dejar definitivamente atrás el sufrido papel de ser los eternos convidados de piedra para reflotar y dar votos a otras formaciones políticas.
LA URGENCIA:
Los problemas y las necesidades
Las actuales dinámicas de desregulación política de la economía transnacional operan sin control político en escenarios planetarios y locales, y generan crecientes daños socioambientales que se expresan prácticamente en todos los ámbitos de realidad, superando con ello los límites y las fronteras clásicas de la acción y la legalidad política circunscrita a los territorios de los estados nacionales. A la situación de creciente crisis ambiental generalizada, hoy se añade la actual crisis económica y las políticas paliativas a la misma, como son las respuestas que está dando el Gobierno de Zapatero con los recortes sociales y el ahorro de los gastos del estado, que obvian la necesidad y la oportunidad de comenzar unas reformas en profundidad capaces de avanzar hacia una nuevo modelo verde de economía, producción y consumo. El avance de las agresiones ambientales y sociales que acompañan al desarrollo amenaza hoy las condicione globales y locales de la habitabilidad social y ambiental, lo que plantea la necesidad y el reto urgente de incorporar la política verde como nuevo eje de orientación prioritaria en las tareas de reflexividad, debate y regulación política.
Dada la actual imposibilidad de afrontar con mínimas posibilidades de éxito la escalada de destrucción ambiental y de peligros que acompañan al desarrollo y a su agenda política neoliberal, las propuestas verdes se hacen más necesarias que nunca. Es urgente la búsqueda de frenos de emergencia y de nuevas formas acción política. También la política internacional ha de superar las inercias y los límites tradicionales de un multilateralismo orientado por los intereses y el protagonismo de actores y territorios circunscritos a los estados nación. Frente a los nuevos problemas de agotamiento, debilitamiento y toxicidad en un mundo biofísicamente maltratado que no conoce fronteras políticas ni territoriales, la sostenibilidad ecológica y social han de incorporarse como ejes centrales de toda acción política. Para ello, será necesario sacar las actuales políticas ambientales de su actual posición sectorial, testimonial, errática y marginada.
En este contexto de crisis ecológico-social planetaria y local, será necesaria la constitución de un nuevo ámbito político de regulación y legalidad que supere e integre las políticas de los estados. Necesitamos una Europa política fuerte y unitaria capaz de asumir el papel de actor pro-ambiental en el escenario global, y dentro de los desequilibrios de fuerzas y de la regionalización de la política internacional. La integración y la ampliación europea ha de ir a la par de su liderazgo mundial en la agenda y propuestas de responsabilidad y derechos ambientales. La Europa que necesitamos ha de avanzar en el camino de la superación del modelo de suma de particularismos centrífugos propio de los estados y gobiernos nacionales, porque obstaculizan y retrasan la construcción y la integración de una nueva ciudadanía europea abanderada en los derechos básicos y la justicia ambiental.
La necesidad de los giros verdes en toda acción política se fundamenta en los numerosos daños biofísicos generados, y en su expansión descontrolada a consecuencia de nuestras inapropiadas formas de producción y consumo. Desde hace décadas, el aumento de las lesiones y amenazas globales y locales a la supervivencia del mundo natural, fundan la emergencia histórica del movimiento verde en su dos versiones; la política institucional y las luchas de los grupos y organizaciones ecologistas. De manera muy genérica, se puede afirmar que una nueva conciencia verde de desarrolla con diferentes ritmos y trayectorias en cada país, y se expresa colectivamente en numerosas acciones ciudadanas. Sus políticas verdes obligan a su vez a cuestionar la agenda, las prioridades y las miopías economicistas y productivistas tradicionales, en sus diferentes versiones de derechas, nacionalistas, socialdemócratas, post-comunistas y alter-mundistas.
Muchas de las izquierdas, plurales en sus reformulaciones y refundaciones, continúan optando por cerrar los ojos y dar palos de ciego ante los graves problemas socioambientales que padecemos. Sólo ofrecen más de la misma medicina que enferma con todo tipo de promesas de mejora, pero aún basadas en el anacrónico consenso sobre la productividad y el economicismo. En este contexto, la diversidad del movimiento político y cívico verde nace y desarrolla propuestas alternativas, claramente diferenciadas, y a menudo muy antagónicas a las prioridades de los proyectos políticos de las izquierdas, derechas y nacionalistas. Estas formaciones políticas tradicionales, a pesar de su pluralidad y de sus diferentes tonalidades, apuestan por un más de lo mismo al continuar ancladas en la prioridad de los valores de bienestar, riqueza y desarrollo, propios del libre mercado económico y de la vieja sociedad industrial. Son las mismas prioridades que esquilman y contaminan aceleradamente los frágiles y limitados bienes naturales que necesita la humanidad en su conjunto.
Los partidos verdes de numerosos países europeos, el trabajo del Grupo Verde dentro del Parlamento Europeo, y el Partido Verde Europeo, se han constituido histórica y fundacionalmente como la única fuerza innovadora e impulsora de este proyecto europeo de liderazgo ambiental. La deseable tarea de afianzar el Partido Verde Europeo también exigirá la superación de las miradas circunscritas a los territorios de cada país, desarrollando estrategias específicas de despegue y consolidación de los partidos verdes en cada territorio.
En continuidad con este nacimiento y legado, en el escenario español se ha de avanzar con una clara y fuerte dirección política hacia mayores cuotas de diálogo y cohesión en el espacio verde. Es radicalmente prioritario el conseguir una integración en torno a una única legalidad y nombre común, con el fin de superar la prolongada situación de fragmentación y de competencia entre partidos, legalidades, siglas y candidaturas verdes en España. Para dar fin a la enquistada y creciente división interna del espació verde, también será conveniente revisar el inadecuado modelo que organiza y da forma legal a las relaciones entre los partidos verdes en España. Este modelo confederal de organización territorial otorga un alto grado de autonomía política y electoral a cada partido miembro en cada proceso electoral autonómico y local, y además convive con la multiplicación de partidos, nombres y siglas verdes fuera de la organización y legalidad confederal.
LA ESPERANZA:
Los cambios y oportunidades a favor de la protección ecológica y los derechos ambientales
Resultan significativamente destacables dos tipos de cambios sociales producidos en España durante las últimas décadas. Por un lado está el crecimiento de los grupos específicamente constituidos y organizados en torno a fines y valores ecologistas, y junto a ellos también ha emergido un ambientalismo ciudadano presente muchas de las movilizaciones y luchas sociales contra proyectos locales de desarrollo. Por otro lado, se ha dado un avance hacia una mayor centralidad y presencia de las políticas ambientales en el campo de la gestión pública institucional. Estas dos tendencias de cambio e innovación social a favor del crecimiento del conservacionismo y la protección ambiental, constituyen algunos de los aspectos esperanzadores en el diagnóstico de las oportunidades abiertas a la acción política verde en el actual contexto.
Pero si en la geografía española comparamos y ponemos en relación, por un lado la trayectoria histórica del movimiento ecologista y las luchas ciudadanas contra los proyectos locales del maldesarrollo, y por otro lado, la malograda y desintegradora evolución de los partidos verdes en España, cuanto menos, destaca a primera vista que entre ambos actores colectivos ha habido un gran desencuentro. El movimiento ecologista y los partidos verdes han ido por itinerarios muy distantes y herméticos.
Después de más de tres décadas de historia de luchas y denuncias llevadas adelante por grupos ecologistas muy diversos, su actual presencia e influencia en la vida política y social no puede pasar ya fácilmente desapercibida ni desatendida. A pesar de que a menudo los éxitos que han empujado son insuficientes, por situarse mucho más en el ámbito cultural de los valores que en el terreno de las prácticas y los comportamientos sociales cotidianos, hay que reconocer sin embargo, que los grupos ecologistas son actores necesarios que presionan y contribuyen enormemente a la difusión y el compromiso ambiental. Con sus críticas y denuncias hacia la irresponsabilidad ambiental de instituciones públicas y privadas, el movimiento ecologista en general, con sus diferentes formas de expresión, acción y denuncia, ha sido capaz de ganarse la credibilidad social, el reconocimiento institucional, y ha favorecido la presencia del ambientalismo en el ámbito sociocultural. Han sabido dar legitimidad y fuerza a las preocupaciones ambientales, y en el actual contexto de una creciente percepción sociocultural en torno a los problemas ecológicos, lideran el empuje hacia los cambios ambientales. Han favorecido las disposiciones y opiniones ambientales de una amplia mayoría social que da apoyo a las intervenciones y políticas ambientalmente más exigentes, y más allá de las cegueras y los bloqueos ejercidos desde la rezagada gestión pública. Además, desde el punto de vista organizativo y estratégico, y partiendo de una enorme diversidad y particularidades que constituyen la red de colectivos ecologistas, ha sabido avanzar hacia una alta integración, especialización y coordinación. Ante los conflictos, debates y luchas concretas, esta eficacia organizativa favorece su reconocida presencia social, su capacidad de interlocución, y su éxito social en el aumento de la receptividad de las políticas de sostenibilidad.
También este avance del ambientalismo social se expresa en el crecimiento de las políticas ambientales cada vez más presentes en las actuaciones concretas de la política institucional, y en los mismos programas electorales de todos los partidos. En los discursos públicos ritualizados y en los lugares comunes de la política oficializada, se han normalizado ciertas dosis de debate ambiental y unas incipientes políticas ambientales. Todos los partidos, de cualquier tonalidad ideológica, ya incluyen las promesas ambientales y la sostenibilidad con mayor o menor grado de retórica y contradicción en relación al resto de prioridades. Este nuevo campo de visibilidad ambiental en el terreno mismo de la política institucionalizada, significa al menos una pequeña puerta de entrada para la cuestión ambiental, que históricamente ha sido radicalmente desalojada de la esfera política y de sus prioridades.
Pero también hay que reconocer los límites y las imposibilidades de este embrionario ambientalismo político, puesto que continúa empeñado en el imposible intento de compatibilizar las prioridades del desarrollo con las de la protección ambiental. Las políticas ambientales practicadas quedan así atrapadas en la ineficacia, sobre todo cuando se ensayan soluciones locales y parciales a problemas que son sistémicos y globales, y que además crecen y crecen sin control. A pesar de su carácter sectorial, marginal, errático, y dada su radical desconexión con el resto de prioridades economicistas practicadas, aún es posible apreciar algunos avances, sobre todo los referidos a las nuevas oportunidades que abren a favor del cambio y la sostenibilidad social y ambiental, en los discursos, actores, conflictos, legislación y proyectos.
LA DECEPCIÓN:
Un espacio verde débil, fragmentado y estéril
La necesidad de consolidación de una fuerza política verde es urgente, y las oportunidades que ofrece el actual contexto social, cultural y político son grandes. Sobre todo, si hacemos caso de los datos que aportan las encuestas de opinión y percepción social en torno al amplísimo consenso y apoyo que reciben los valores de protección ambiental, y más allá de las divisiones y desigualdades sociales generadas por la clase socioeconómica, la edad, el empleo, el sexo, los estudios, el lugar de residencia, o la cultura étnica.
A día de hoy, en el 2010 nos encontramos con un partido, o más bien, con un conjunto de partidos y legalidades, que compiten electoralmente como reinos de taifas. Partidos con variopintas estrategias electorales y de coalición con otras fuerzas políticas o en solitario, pero en realidad, sin apenas militantes, sin censos públicos, sin proyecto estratégico, sin organización estable, sin recursos económicos, sin apenas cargos institucionales y votantes, con muy escasos recursos, y con insuficiente capital humano.
Será necesario preguntarse sobre el papel que ha tenido durante las dos últimas décadas la fórmula política del ecologismo en España: los partidos verdes. Un primer aspecto a destacar en la actual situación, es la incapacidad para crear una mayor integración y encauzamiento de su diversidad. No se ha consolidado establemente en un único y común proyecto político bajo la fórmula organizativa de la Confederación de Los Verdes. Y no solo no se ha conseguido la creación de una única fuerza política, tampoco se ha construido un referente político visible y dotado de la credibilidad y confianza necesarias para una amplia fracción de la ciudadanía votante. Desde su nacimiento, el proyecto confederal de Los Verdes no ha sido capaz de ocupar y construir ese espacio político que demandan al unísono el agravamiento de los problemas ecológico-sociales, el movimiento ecologista y el crecimiento del ambientalismo sociocultural. Al contrario, hoy persisten las múltiples legalidades con siglas verdes y con dispares estrategias electorales bajo una inapropiada organización confederal. Esta forma de legalidad y de relación entre los partidos verdes territoriales permite y favorece la continua división y fraccionamiento en medio de luchas fraticidas. El afán de poder y de control de la organización por parte de personas y grupos, se ha apoyado demasiado habitualmente en inaceptables tácticas estalinistas y cainíticas de depuración interna, con constantes expulsiones y fraccionamientos debilitadores. Y sobre todo, con la consecuencia de reproducir colectivamente una crónica y enfermiza incapacidad para superar los umbrales mínimos de visibilidad y credibilidad social.
Pero además, esta dinámica de parálisis y descomposición interna ha generado sangrías constantes en el número de militantes, con pérdidas continuadas de aprendizajes y valiosos activos. Nunca se ha llegado a contar con un mínimo número de personas necesario para constituir una masa crítica suficiente y estabilizada.
La desconexión y el encierro endogámico también caracterizan al espacio político verde en España. Sufre un absoluto distanciamiento, no ya de la población en general, sino de las personas y grupos que en el territorio estatal se movilizan a favor de las causas ambientales. El enarbolar sin más los listados de las candidaturas levantadas en cada proceso electoral que llega, también supone un no querer reconocer esta dramática verdad de desconexión social.
Son innumerables las energías destinadas a paliar los conflictos y las divisiones internas, y a buscar en los acuerdos y alianzas con otras fuerzas políticas las soluciones de urgencia por la puerta trasera, para unos más que para otros. Este colectivo desastre entrópico también nos ha llevado a hacer mal incluso lo que parecía que podía ser más viable: el presentar una buena propuesta política con señas de identidad propia y diferenciada.
Los Verdes en toda Europa han sido capaces de crear una propuesta distintiva, innovadora, la más sustantiva si se compara con las reformulaciones que intentan las diversas izquierdas. Por el contrario, Los Verdes en España escasamente han sabido diferenciase de cualquier fuerza de izquierdas más o menos radical. Y esta lamentable situación no solo ocurre en el ámbito del discurso, con mucha más fuerza se ha dado en el terreno de la práctica política. Es decir, indiferenciados e invisibilizados, los partidos verdes en España han desaprovechado muchas de las oportunidades que tienen, y que no dependen directamente de la disposición y escasez de recursos. Sus propuestas políticas, aunque no tanto en los documentos como en la práctica cotidiana, son un conglomerado confuso de elementos ideológicos rescatados de las ruinas de las izquierdas de los años 80 mezclado con alguna dosis de ecologismo. En definitiva, desarrollan unas propuestas demasiado retóricas, dogmáticas y moralistas en sus discursos junto a unas prácticas oportunistas y estalinistas. Esta doble moral política interna ha favorecido constantes sangrías en su militancia y ha acarreado una pérdida constante de crédito ante las demás fuerzas políticas y el electorado.
Otra dinámica estructural que expresa también la ausencia de una cultura verde profundamente enraizada, se da en las habituales prácticas de poder ejercidas por la dirección del partido con el fin de hacerse con el control de la organización: las constantes luchas y divisiones internas. Estas se agudizan intensamente en momentos coyunturales que ponen en juego los recursos escasos y las decisiones importantes. Se trata de una anquilosada situación de continuada guerra fraticida que aborta cualquier posibilidad interna de renovación, estabilidad, alianzas, consenso, continuidad y proyecto. Desde el punto de vista de la cúpula dirigente, siempre existe alguna minoría a dominar y eliminar, que es premeditadamente minorizada en cuanto a su poder y capacidad de acción por parte de una dirección y grupos que se perpetúan casi vitaliciamente, pero sin apenas mecanismos de renovación, control y transparencia democrática. De la minoría imperativamente declarada, no se conoce nunca su fuerza real en cuanto al número de sus miembros y al apoyo que recibe del resto de militantes, ya que esto siempre resulta indeterminable e incognoscible en un régimen organizativo con tan grandes déficits democráticos, y sin miembros ni censos conocidos y públicos. Es estructural y fijo el lugar y la condición de esta minoría estigmatizada y perseguida con todo tipo de campañas y acusaciones sin pruebas, aunque sus protagonistas díscolos vayan cambiando con el tiempo una y otra vez, año tras año. La minoría y las personas concretas que son objeto de premeditadas campañas difamatorias impulsadas por parte de la dirección, sufren el acoso y la criminalización constante mediante el uso de recursos impropios de los derechos democráticos y muy alejados de cualquier mínima exigencia ética. La minoría sirve a la dirección como justificación para reclamar unas continuas medidas disciplinarias, y favorecer así la marginación de las personas y grupos como forma institucionalizada de resolución interna de conflictos, y con ello, a su vez se eliminan los debates de ideas y argumentos entre las posiciones dispares, y también se evita la percepción de las correlaciones de fuerzas presentes a la hora de tomar acuerdos y decisiones. En definitiva, la confrontación interna absorbe mucho tiempo y muchos recursos escasos. Estas circunstancias de patológica y continua división y lucha interna, han impedido históricamente una mínima cohesión y consolidación organizativa. Ante la impotencia de la militancia, se crean y disuelven constantemente órganos y cargos, cuyo funcionamiento está exento de las más elementales garantías democráticas y jurídicas. Hoy, ni siquiera los límites y la composición de partidos integrados en la Confederación de Los Verdes están claros. Unos partidos están dentro, otros están fuera, y otros están dentro y fuera a la vez, según convenga para la votación y los intereses del momento, y marcados por las personas y grupos que llevan la dirección.
Otro de los aspectos en los que también se visualiza esta carencia de cultura verde en las prácticas reales de las direcciones de Los Verdes, se refiere al dominio de una desafortunada cultura política masculina. A pesar de las engañosas apariencias de composición paritaria entre mujeres y hombres en los órganos de dirección, cumpliendo así la legalidad estatutaria del partido, la triste realidad oculta va por otro lado. Los poderes y espacios informales de dirección y control están monopolizados por una muy reducida familia masculina. Tienen una escasa renovación y unas altas exigencias de lealtad y de reconocimiento para las mujeres que quieran tener alguna mínima oportunidad de acceso a este restringido círculo de poder acumulado por la "aristocracia masculina". Las militantes verdes carecen de organización y estrategia autónoma, no desarrollan una voz propia como mujeres verdes dentro del partido.
Estos lastres organizativos concluyen en el resultado más preocupante y penoso, el de una formación política sin apenas votantes. En ninguna convocatoria electoral, y menos aún en las más recientes, se ha conseguido un número suficiente de votantes, no solo para permitir representación en las instituciones, sino para posibilitar el jugar algún papel de influencia en el resultado electoral. Pretender analizar los porcentajes de apoyo electoral con cifras tan minúsculas como son las del 0,7% o las del 1,1% resulta irrelevante o irrisorio. Y esta situación nos la encontramos después de más de una década de alianzas con otras fuerzas políticas, culminadas con un acuerdo electoral de la Confederación de Los Verdes con el PSOE para las elecciones generales y europeas, lo que permitió el tener un parlamentario verde dentro de la mayoría que sustentaba al Gobierno de Rodríguez Zapatero en su pasada legislatura, y otro en el Grupo Verde del Parlamento Europeo durante el periodo 2004-2009. Estas alianzas electorales tenían un doble objetivo: conseguir la puesta en marcha de parte de las políticas verdes, y construir desde una posición institucional más sólida, el Partido Verde y la organización adecuada. En cuanto al primer objetivo los resultados han sido modestos, y con notables diferencias en cada caso. En cuanto al segundo son absolutamente nulos. Después de haber contado con recursos políticos e institucionales, Los Verdes están en la misma situación de debilidad que hace dos, cinco, diez, y quince años, y la mejora ha sido demasiado imperceptible y efímera.
Después de veinte años estamos como al principio, pero más desmoralizados por el esfuerzo, por la entropía derramada y por las oportunidades perdidas. En el espacio político verde hay demasiados partidos verdes en división y antagonismo electoral, sin militantes, sin propuestas propias, sin organización adecuada, y sin votantes.
EL COMPROMISO:
Un espacio propio, autónomo, distinguible, coherente, democrático, ambicioso, y socialmente enraizado
En el intento de valorar y rentabilizar al máximo las dimensiones positivas y combatir las más indeseables, si analizamos la actual situación en su globalidad, se perciben algunas posibilidades esperanzadoras que siguen los pasos de procesos más amplios presentes en la sociedad, ajena como está a la situación interna que arrastramos. En cambio, los aspectos más problemáticos se localizan mayoritariamente en este pequeño y marginal espacio verde habitado por los partidos verdes.
Tal y como se señalaba anteriormente, son tendencias sociales sinérgicas: la presencia del ambientalismo sociocultural, la credibilidad y constante puesta en escena del movimiento ecologista, la mayor centralidad y visibilidad de las políticas ambientales y de derechos civiles. Los partidos verdes y sus propuestas políticas nacen precisamente para dar centralidad y protagonismo a los problemas socioambientales que en el pasado, o no eran considerados, o solo lo eran de forma marginal y sectorial. A pesar de las limitaciones políticas también existentes en el actual contexto histórico, y básicamente debidas a las restricciones del sistema político y electoral para la entrada de nuevos actores políticos, siguen existiendo oportunidades para la emergencia y regeneración del espacio verde en España.
También hay otros aspectos esperanzadores: la situación antes descrita respecto al mundo interno no está en la voluntad de la mayor parte de militantes y simpatizantes. La inmensa mayoría de personas que se han acercado a esta formación política, aportan una voluntad sincera de construir un espacio verde realmente innovador, y desean conseguir una influencia social y una política real, y no meramente testimonial y subalterna. Pero las dinámicas internas en las que se han visto inmersas han tenido efectos perversos, como son el desánimo y el abandono, o como son la participación en todos los problemas internos, y con ello el derroche improductivo de energías que impide desarrollar el proyecto plural e integrador que la mayoría de militantes desea y defiende.
Una de las primeras característica que hay que recuperar es la clara apuesta por otra cultura política. No vale ya seguir recurriendo explicaciones en las que siempre son otros los culpables de nuestro fracaso. El repertorio de excusas, como son las del sistema electoral, los medios de comunicación, el voto útil, o el boicot de las instituciones y de los grandes partidos, está ya más que agotado. Es obvio que la tarea tiene grandes dificultades externas, pero igualmente hay que reconocer que buena parte de nuestros malos resultados electorales se explican por nuestros malos hábitos y por factores entrópicos internos. Son las direcciones políticas y la necesaria reflexividad crítica de los partidos verdes las que tienen que responsabilizarse de los malos resultados. Y esto no significa el hacerse cargo solamente de los resultados electorales, si no sobre todo, de la continuada labor de destrucción interna que viene hipotecando el futuro de la política verde en España. El proyecto verde tiene que ser impulsado por gente que crea en él, y por las personas y grupos que a él se sumen desde el compromiso y la aceptación de la pluralidad y la participación como valores básicos.
Para ello son imprescindibles unas nuevas formas de hacer política que den sustancia y forma a la cultura política verde, algo que también ha de poder dar cohesión, coherencia e identidad. Y para ello hay que erradicar la gran distancia existente entre las prácticas y los discursos. Es imprescindible un empuje radicalmente innovador y abierto para la participación y el debate plural, donde las decisiones no estén ya atadas de antemano, y se adopten con procesos de transparencia, y en las que todas las personas implicadas asuman la responsabilidad de sus actuaciones. Hay que abandonar las formas estalinistas de anular el debate de posiciones plurales, la participación orgánica y el pensamiento crítico.
Necesitamos una fuerza política implicada realmente en la sociedad y en sus problemas. Para ganar eficacia, utilidad y legitimidad social y electoral, es insuficiente el conseguir ser una fuerza testimonial que declara discursivamente sus posiciones, pero sin mediar ni participar en las opiniones sociales construidas y en el diálogo social. La tentación de quedarse encerrado en el ideal mundo de las propuestas programáticas es una buena receta para no salir de la marginalidad y del desánimo, al tiempo que conduce al agotamiento y la autocomplacencia acrítica como coartada justificativa. Es prioritario el recuperar el compromiso con la sociedad y la voluntad para redirigir y abrir las fuerzas y recursos internos hacia otros grupos y sectores sociales cercanos.
El inicio de una profunda regeneración participativa, ha de ser hoy una prioridad también catártica y depurativa para un renacimiento verde que permita recuperar las mejores voluntades y pasiones de las personas.
LA ESTRATEGIA:
La imposible unidad de los partidos verdes y la apuesta por el partido/red
La triste realidad a constatar a día de hoy, es que la "unidad de los verdes", tan pregonada por todos los partidos verdes, es solo pura ficción sin ningún puerto de llegada. Más allá de haberse convertido en una expresión sincera de las aspiraciones individuales de la mayoría de las personas militantes y simpatizantes, no existe una mínima hoja de ruta creíble y practicable para esta unidad.
Están ausentes las condiciones necesarias y una real voluntad política por parte de los partidos miembros, y sobre todo, de la Confederal de Los Verdes, para que pueda darse este deseable objetivo de integración unitaria de todos los partidos dentro de una única legalidad y siglas. Es prácticamente nula la posibilidad de alcanzar la unidad en estrategia política y electoral bajo una fórmula de organización federal. No se ha conseguido esta posible unidad para acabar definitivamente con la multiplicación de los partidos y siglas verdes, y para terminar con la dispersión y la confusión del voto en los próximos procesos electorales a la vista.
Continuar priorizando el empeño en una unidad imposible e inviable contribuye a dar continuidad a la fragilidad y el bloqueo del potencial político verde en el territorio español. Si no se producen avances claros en este terreno, son nefastas las consecuencias directas de convertir esta valiosa y común aspiración de unidad en el único centro que vertebra toda la actividad e iniciativas de los partidos, los grupos y las personas. La búsqueda de una unidad sin condiciones de partida y llegada, y sin paralela estrategia político-electoral concreta, acaba absorbiendo la mayoría de las energías y voluntades en un camino sin fin y sin plazos temporales, hasta llegar al agotamiento y la desesperanza generalizada. También se desaprovechan las oportunidades para reconstruir el espacio verde en otra dirección y bajo otras fórmulas posibles.
En estas condiciones, el mantener y aunar todas las fuerzas en conseguir la meta de la "unidad de los verdes" pero enarbolándola en abstracto, sin condiciones, ni procesos, ni plazos, ni exigencias detalladas para la misma, y fuera de todo contexto y estrategia política y electoral, carece de todo sentido y sensatez política. Seguir usando la bandera de la unidad como valor y como meta consensuada que consume la mayoría de energías en organizar encuentros y reuniones para conseguir una unidad metafísica que en realidad nunca llega, es una receta para continuar en la parálisis organizativa y la descomposición política general del espacio verde. También es un medicina para avanzar en el agotamiento y el desenganche de personas activas y de candidaturas electorales. En este contexto de búsqueda del continente de la unidad, se dejan en horfandad las asambleas locales y los grupos cívicos que sí quieren hacer política real, y que tienen la voluntad de levantar candidaturas verdes en las próximas elecciones municipales.
No solo se intensifica la extrema parálisis y la debilidad política cuando esta aclamada unidad no se acompaña de la exigencia de condiciones mínimas para que sea posible: la refundación de todas las legalidades y partidos bajo un único nombre, una única legalidad, unas únicas siglas, y un único partido federal y no confederal. También puede acabar convirtiéndose en un arma arrojadiza que actúa en sentido opuesto. Puede servir de argumento eficaz y de cortina de humo para los intereses políticos totalmente contrarios: el anquilosamiento del espacio verde por permanecer en el encierro y la eterna lucha "internalista" junto a la desconexión social y electoral que comporta.
A su vez, esta situación descrita sobre el estancamiento político que desde hace un par de años ha acompañado a la estrategia de "la unidad", alimenta dos destacables tipos de actitudes esencialistas. Estos dos tipos de comportamientos orientan un agotador e inacabable proceso sin tierra firme para la búsqueda de la ansiada unidad, ya que pierden algunos principios básicos de realidad política, y que necesariamente han de fundar la misma existencia de cualquier partido político. Las actitudes sectarias, que ahondan en percibir y buscar argumentos para la excelencia y distinción propia, y al tiempo ayudan a la separación entre las partes, proyectando y concentrando los males y las exigencias de reparación en los otros. Y las actitudes franciscanas, que contrariamente, buscando la necesaria comunidad de objetivos, convierten imaginariamente en fines y avance político lo que en realidad solo son simples procedimientos y medios dialógicos y discursivos que necesariamente han de estar incorporados en toda acción política y en toda acción colectiva, como son el crear espacios y momentos de encuentro para generar confianza y debate entre las partes separadas y en discordia.
Ante esta dramática situación de enquistamiento de la división de los partidos verdes, resulta obligado el plantearse cuanto antes unas nuevas fórmulas innovadoras que sumen voluntades verdes, y que intenten superar el crónico fracaso político y electoral al que está abocado el espacio político verde en España. Para poder aglutinar apoyos y simpatías sociales se tendrán que establecer unas nuevas condiciones ilusionantes y viables, y para ello habrá que tomar buena nota del pasado y del presente para no repetir errores.
Las recientes y exitosas experiencias políticas en Francia, pueden orientarnos y darnos luz en este camino posible. A continuación se señalan algunas de las condiciones deseables que podrían guiar el ensayo exitoso del partido/red con una estrategia política ante los próximos procesos electorales.
1. Cualquier iniciativa de partido/red para construir un futuro con posibilidades de éxito electoral y político ha de conservar el mensaje verde, con un programa central y nítidamente verde, sin que de pie a posibles identificaciones con los partidos de izquierda radical. La razón práctica de esto es que una parte importante del votante potencial no está motivado por un debate y la clásica confrontación entre las posiciones entre izquierda y derecha. Esto no significa el que no se adopten como propias unas propuestas claras sobre el reparto y la justicia social, el empleo, las políticas sociales y los servicios públicos.
La creación de una nueva entidad política: el partido/red, no es equivalente a las pasadas y actuales coaliciones autonómicas y locales con IU, que la historia muestra que han sido un fracaso político para la emergencia del proyecto verde en España, ya que invisibilizan y convierten en rehén a la parte verde, malogrando cualquier distinción social e ideológica de IU, y en la práctica avalan contradictoriamente las políticas productivistas de IU.
2. Para el futuro éxito político y electoral del nuevo partido/red, este ha de organizarse bajo nuevos parámetros y fórmulas alejadas de las organizaciones políticas tradicionales. Han de buscarse otros mecanismos asociativos para la militancia, la participación y el apoyo al proyecto político de partido/red. Se ha de poder permitir que parte de sus miembros y de sus candidaturas no sean afiliados/as de los partidos verdes.
3. El futuro partido/red ha de tener una única identidad y nombre propio reconocible. Hay que evitar por todos los medios una imagen de simple suma de identidades y siglas a modo de "sopa de letras". También hay que huir de imágenes y marcas ya acuñadas corporativamente en cada comunidad autónoma por otras formaciones políticas.
4. Deberá constituirse una asamblea fundacional que de legitimidad y participación a las personas que estén identificadas y apoyen este proyecto de partido/red pero que no sean miembros de ninguno de los partidos verdes. También habría que apostar por dar continuidad y estabilidad futura a la asamblea de la red así creada, y más allá de los éxitos o fracasos electorales coyunturales que pueda cosechar este proyecto político de partido/red en cada proceso electoral.
5. Será necesario un nuevo nombre y una nueva imagen de marca para el proyecto del partido/red. Ha de abandonar la palabra: verde. Esta no debería ser usada como nombre común ni como seña de identidad. La experiencia histórica nos muestra que está electoralmente "quemada" en el territorio español, puesto que no hay ninguna manera de evitar su uso por partidos y candidaturas verdes que puedan levantarse, o por otras fuerzas políticas que la añaden a sus siglas y logos propios, o que la utilizan en coaliciones electorales con algún partido verde. Continuar invirtiendo en la palabra: verdes, también sería un gran error porque no son evitables las muchas legalidades verdes actualmente existentes, y sus posibles candidaturas electorales conllevan la confusión social, fraccionando y arrastrando votos hacia ellas.
6. Un posible proyecto de partido/red con el nombre de "Izquierda Verde" estrecharía mucho su potencial apoyo social y su base electoral, creando además gran confusión y desánimo en el electorado al percibirse el polo verde con escaso protagonismo y centralidad. Colocaría la parte verde como secundaria y como adjetivo, y no como sustantivo, y se repetirían con ello las tácticas empleadas por otros partidos como Izquierda Unida, creando confusión electoral con esta formación política.
7. No solo el nombre de Izquierda Verde es ya un problema porque marca un estricto y limitado terreno para la obtención del apoyo electoral, y lo circunscribe exclusivamente dentro del espacio político de la izquierda. Además, conviene tener en cuenta que este nombre es la retórica habitualmente empleada por IU, y hay que huir de confusiones de percepción social con este partido.
Los potenciales votantes verdes responden a unas escalas de valores y motivaciones plurales, y dentro de ellos, los valores ecológicos ocupan un lugar central. Por tanto, desde el punto de vista de las percepciones sociales, mediante la designación de identidad pública que se adquiere con el nombre, no será conveniente encerrar y acotar el proyecto partido/red en el contenedor de la izquierda. Esto sería un error de bulto, ya que tácticamente conviene adoptar un nombre en el que todos los valores puedan caber y sentirse cómodos, con el que pueda sentirse bien e identificado cualquiera, venga de donde venga en términos de sensibilidad ideológica. A menudo, se llega a los planteamientos verdes por razones identitarias y particularistas (amenazas a valores propios: mi pueblo, mis tierras, nuestro paisaje, nuestros montes ...), y la mayoría de las luchas socioambientales en España son de este tipo. Pero también se llega a las posiciones verdes por razones universalistas en torno a derechos comunes amenazados.
8. Para la viabilidad y el éxito futuro de la estrategia del partido/red, este ha de adoptar una "posición moderada" en relación a los debates sobre el modelo de estado. Sería una hipoteca política y electoral difícil de superar la identificación del partido/red con las posiciones nacionalistas, o con los clichés y estereotipos discursivos ligados a los nacionalismos periféricos o al españolismo centralista. Gran parte del potencial electorado verde, se siente ajeno, cansado o molesto en relación al debate sobre el modelo de autogobierno y las propuestas nacionalistas. Si en el conjunto del territorio electoral se identifica socialmente el proyecto de partido/red como un proyecto nacionalista concreto, esto hipotecará gravemente su viabilidad y éxito político y electoral.
9. Será conveniente la creación de una gestora plural capaz de hacerse portavoz de los partidos verdes, dado que por las razones anteriormente comentadas, la Confederal de Los Verdes carece de cualquier legitimidad para aglutinar posiciones y representar a las/os militantes y partidos verdes en el camino a recorrer en el nuevo proyecto político de partido/red.
En el proyecto de partido/red se han de cumplir también con las exigencias del reparto paritario entre mujeres y hombres en los órganos y el acceso a los recursos generados. Una útil y visible regla práctica para la ordenación de las candidatas y candidatos en las listas electorales: la "cremallera".
10. Las fuentes de financiación del nuevo proyecto de partido/red han de ser variadas y repartidas, y no han de provenir exclusivamente de un partido político.
MARA CABREJAS
Valencia, julio 2010
Este mito tan divulgado es parte de las artimañas empleadas por el frente pro-carbón en España para ganar credibilidad y apoyo social. En el 2010, la capacidad de generación eléctrica española «sobrepasa los 93.000 megavatios (MW), cuando la punta de demanda no está por encima de los 46.000 MW. Por tanto, el índice de cobertura es más que satisfactorio», esto afirmaba el experto economista Julio Lago, de la Universidad de León.
En marzo de 2010 el carbón, tanto el nacional como el importado, solo produjo el 3.4% de la electricidad en España, lo mismo que la energía solar. En el 2009 el carbón produjo alrededor del 9% de la electricidad consumida. Pero hay que añadir además, un dato muy significativo de esta anacrónica y cancerígena anomalía del carbón en España: que sin las masivas subvenciones públicas del estado, esta producción eléctrica proveniente de la minería de interior y de los cielos abiertos sería fácilmente cubierta por otras fuentes energéticas más eficientes y limpias.
Pero a pesar de esta sangría de dineros públicos y de daño ecológico en todo el ciclo productivo del carbón, continúa la ceguera y la insensatez común de sindicatos, partidos de izquierda y derecha, y del mismo gobierno, en su empeño en defender lo indefendible: un gran negocio privado para unos cuantos empresarios mineros. Conviene entender que se trata de una actividad deficitaria e inviable económicamente, pero incomprensiblemente reflotada y mantenida por el estado y los recursos públicos de la ciudadanía, y a costa de la salud y calidad ambiental colectiva. La alternativa necesaria está en invertir los dineros públicos en una reconversión industrial a favor de un empleo más acorde con la producción limpia y la economía verde del siglo XXI, la única que realmente puede abrirnos paso a un futuro realizable de bienestar colectivo.
También hay que destapar el falso mito de nuestra supuesta dependencia energética. España no depende de Francia para la obtención de electricidad. España exporta cada vez más energía a Portugal y a Marruecos que la que entra desde Francia.
No es verdad que "el carbón es la única fuente autóctona de energía en España" tal y como repite machaconamente el coro carbonífero de los sindicatos junto a la patronal minera en España: CARBUNIÓN. Esta falsa opinión se difunde habitualmente en boca del presidente y portavoz de la patronal minera española: el empresario minero Victorino Alonso, muy conocido por las numerosas denuncias de atropellos e ilegalidades que lleva en su haber en la provincia de León, a causa de la minas de carbón a cielo abierto que destruyen irreversiblemente ecosistemas de montaña de gran valor ambiental, reconocidos internacionalmente, y protegidos por la legislación ambiental europea, por lo que actualmente está en curso la iniciativa de denuncia ante el Tribunal Europeo de Justicia por parte de la misma Comisión Europea por violación de la Directiva Habitat.
La energía renovable que produce mucha más electricidad que el carbón, también se podría decir que es totalmente "española" y autónoma, si se quiere entrar en este lenguaje retórico utilizado como cortina de humo para ocultar los graves problemas económicos y ambientales del carbón. Más claro, la eólica, la hidráulica, la solar y la biomasa también son fuentes energéticas totalmente "autóctonas" y "nacionales", y el carbón no tiene ninguna ventaja ni les gana en esto.
Conviene repetirlo una y otra vez para salir de los debates propios del reino de la confusión, y cuyos cantos repiten al unísono: gobierno, partidos, empresarios mineros y sindicatos. En España, según todos las cifras y la información aportada por los expertos, hay un exceso de potencia instalada y de capacidad de producción eléctrica. Hasta el mismo presidente de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán, ha afirmado que en España no había sitio para ninguna nueva central de ciclo combinado hasta el año 2020. Además, hay que tener en cuenta que en el 2011 está previsto el que se ponga en marcha el gasoducto Argelia-Almería, que suministrará el 25% del gas natural que consume el país sin necesidad de regasificadoras. Más consumo de gas natural, que es una fuente ambientalmente menos destructiva que el carbón, significará también menos demanda de electricidad.
En resumen, la extracción del carbón en las minas de Asturias, León o Aragón, no es una necesidad estratégica para garantizar el suministro ni una necesidad para la autonomía energética del país. En el caso hipotético de que hubiera una guerra u otra grave emergencia catastrófica que cortara las lineas de suministro de energía, siempre quedará el carbón español en el suelo como un último recurso energético. Es mucho mejor, y es mucho más inteligente y cauto el dejarlo ahí por ahora, bien enterrado y bajo tierra, y no seguir empeñados en contaminar y desestabilizar el clima común, y en destripar nuestras maravillosas montañas y la valiosa vida que ellas albergan.
Jaque mate al carbón en España:
el principio del fin de un sucio negocio
La Comisión Europea ha cortado por lo sano. La minería de carbón español tiene los días contados. Por una vez la racionalidad ambiental y los intereses colectivos parecen haber vencido. El clima, los sistemas vivientes y la ciudadanía, ganan.
Ha fracasado la insensata apuesta de Zapatero a favor de dar continuidad a los masivos subsidios a la no rentable y muy contaminante actividad minera del carbón para la producción de electricidad en España, unas subvenciones que según la misma Unión Europea debían terminar a finales de este año 2010. Contrariando la propuesta del Comisario Almunia que pretendía extender las ayudas al carbón hasta el 2023, la Comisión Europea ha apostado por permitir la ayuda estatal solo hasta el 2014 y bajo unas estrictas condiciones que obligan al cierre de toda la minería europea económicamente deficitaria. Es decir, el cierre de todas las empresas mineras del carbón que en España absorben de las arcas públicas las exhorbitantes cifras de unos 85 mil euros al año para mantener a cada minero empleado. Ahora la UE solo permitirá la ayuda estatal al carbón para el proceso de desmantelamiento y rehabilitación de las minas. Este es el compromiso alcanzado en medio de una agria tensión, debido a que otros Comisarios querían establecer inmediatamente una radical supresión de las subvenciones al carbón por parte de los estados miembros.
También ha quedado totalmente fuera de juego el "Real Decreto Español" ideado por el ministro Sebastián, que pretende impulsar la quema de "carbón nacional" y compensar a las empresas térmicas españolas con primas económicas para que lo compren y quemen con precios fijos y con la garantía de colocación de la electricidad que produzcan. Con esta contundente posición contra las subvenciones a los empresarios del carbón adoptada por la Comisión Europea, pierde toda credibilidad y fuerza no solo el Real Decreto de ayudas económicas a las térmicas de carbón, sino todo el frente pro-carbón en España. Se malogra su desesperada búsqueda de apoyos europeos, y cae por los suelos la legitimidad de las demandas de más y más subvenciones al sucio carbón por parte de los sindicatos UGT y CCOO, los partidos PP, PSOE e IU, la patronal minera y el mismo gobierno de ZP. La falsa retórica sobre el supuesto valor estratégico y de seguridad del carbón "nacional" dentro del mix eléctrico español no ha convencido en Bruselas. En la reunión de Comisarios ni siquiera se ha llegado a discutir la delirante propuesta española de alargar los plazos para poder continuar con las inyecciones de dinero público a las extracciones mineras. La política de reflotar año tras año esta actividad empresarial inviable económicamente entra en conflicto frontal con la filosofía y contenido del nuevo marco europeo sobre el carbón, que aboga por la libre competencia y el fin de la protección de la energía extraída del carbón, ambientalmente muy destructiva de ecosistemas locales y muy contaminante del clima común.
Sin embargo, la decisión adoptada por la Comisión europea no es formalmente definitiva, y este es un aviso para no bajar la presión por parte de los intereses ambientales y ciudadanos en juego. Un nuevo marco de regulación del carbón en Europa se ha de concretar en los próximos meses ya que el reglamento actual del carbón prohibe las subvenciones al carbón después del 31 de diciembre el 2010. Todavía el Consejo Europeo, es decir, los 27 estados miembros de la Unión Europea, debe refrendar la propuesta adoptada por la Comisión Europea.
De momento, podría ser que España y Alemania se opongan a la propuesta anti-carbón de la Comisión Europea, y podrían intentar juntarse con algunos otros países mineros como son Rumanía, República Checa y Hungría, para formar "una minoría de bloqueo" dentro del Consejo Europeo, y con ello intentar paralizar una posible nueva ley europea que cuente con el apoyo mayoritario de los estados miembros de la UE. Para conseguir obstruir la aplicación de la nueva norma aprobada por la Comisión Europea, el gobierno español puede intentar aprovecharse del hecho de que el sistema de voto mayoritario en el Consejo Europeo y establecido por el Tratado de Lisboa aún no se aplica, ya que el Consejo de Ministros ha decidido regirse hasta el 2014 por la norma de "mayoría cualificada" establecida por el Tratado de Niza para las votaciones en su seno.
El debate sobre las subvenciones a la minería de interior y a las extracciones de los cielos abiertos también alcanzará al Parlamento Europeo, que tendrá que pronunciarse sobre el futuro del carbón en Europa. Siguen en alto las espadas de la confrontación entre el gran negocio para algunos empresarios mineros y la salud ecológica común y colectiva.
DAVID HAMMERSTEIN
Hay un intenso debate abierto sobre las patentes sobre la vida o las llamadas "biopatentes". En medio de un vacio legal por la falta de una clara regulación política en Europa, la Oficina Europea de Patentes (EPO) lleva varios años registrando las patentes de distintas formas de vida vegetal. Esta forma de propiedad privada aplicada a los productos de la naturaleza está provocando una creciente contestación por parte de consumidores, agricultores y ecologistas.
Actualmente el Tribunal de Apelación (Board of Appeal) de la EPO está considerando varios recursos en contra de la concesión de patentes para algunas variedades de tomate (supuestamente especial para el Ketchup!), y para el brócoli (se afirma mejorar sus propiedades anticancerígenas naturales y sus valores en contra de las enfermedades vasculares). El tribunal de la EPO decidirá en breve si las variedades patentadas contituyen unos "significantes pasos innovadores tecnológicos" o si simplemente se intenta patentar "unos procesos biológicos convencionales" ya existentes en la naturaleza. Sorprendentamente, el Tribunal de la EPO afirma que "no puede tener en cuenta en su fallo las consideraciones sociales, económicas o ecológicas"! Cada vez se plantean más interrogantes sobre cómo la EPO supuestamente puede tomar unas decisiones puramente "técnicas" totalmente fuera de cualquier realidad social. Ha sido muy criticado de que la EPO no está sujeta a ningún control democrático por parte del Parlamento Europeo y de que a menudo ha estado bajo la influencia asfixiantes de poderosos lobbies industriales.
El patentado de organismos y procesos vivos también amenaza con extenderse a los animales de la crianza industrial intensiva, lo que ya está provocando un amplio debate y críticas de carácter ético, ecológico y científico en la Unión Europea. Muchas voces cualificadas exigen la regulación política del "novel food" y de las patentes sobre la vida, ya que pueden tener unas temibles consecuencias ambientales, sanitarias y sociales, y que hoy por hoy son incalculables e imprevisibles.
Durante siglos el mundo rural global ha aplicado conocimientos en la mejora de las variedades de semillas para adaptarlas a sus cosechas, y ha conseguido la mejora de sus razas de ganadería para adaptarlas a los cambiantes contextos meterológicos y geográficos. Este valioso legado histórico-cultural de conocimiento y de sabiduría del campesinado mundial ha sido considerado hasta hace poco tiempo un patrimonio común de la humanidad.
Pero en los últimos años también ha habido una creciente apropiación privada del conocimiento agrícola por parte de unas pocas empresas y laboratorios, que están poniendo en peligro la seguridad alimentaria de muchas comunidades locales y hasta la conservación de la diversidad biológica. Miles de nuevas patentes agrícolas y ganaderas pueden concentrar el poder alimentario en unas pocas manos, lo que puede significar un enorme daño social debido a unos precios más altos, tanto para consumidores como para los agricultores locales, que se verían abocados a un círculo vicioso de dependencia del agri-business.
No es cuestión de dejar este asunto complejo y peligroso bajo las simplista mirada de la Oficina Europea de Patentes y de los intereses comerciales de sus lobbistas industriales de turno. Más que nunca se urge una regulación política democrática que acote y limite las patentes sobre la vida en la Unión Europea, y de acuerdo con la opinión mayoritaria de la ciudadanía europea.
David Hammerstein
Diálogo Transatlántico de Consumidores (TACD)
El pasado año, en la "fiesta minera" organizada por la UGT en la localidad leonesa de Rodiezmo, el Presidente del Gobierno José Luís Rodriquez Zapatero prometió conseguir un estable futuro económico para la minería de carbón durante la Presidencia española de la Unión Europea.
Se comprometió a dar continuidad a las masivas subvenciones públicas que reciben los empresarios mineros del sucio carbón y también apoyó las nuevas primas económicas para la quema del "carbón nacional" por parte de las centrales térmicas de producción eléctrica.
Así, incomprensiblemente, en tiempo de crisis económica y de fuertes recortes en prioridades sociales, con el dinero público de la ciudadanía Zapatero promete seguir reflotando la económicamente inviable minería extractiva de su amigo y paisano Victorino Alonso, un potente empresario minero leonés que actualmente es el presidente de la patronal minera española CARBUNIÓN, y además es muy conocido por la gran cantidad de denuncias que recibe en razón a las actividades ilegales y los abusos ambientales de las minas de carbón a cielo abierto en montañas de valiosa biodiversidad y ambientalmente protegidas por las leyes europeas, como son las de Laciana en la provincia de León.
En sus entusiastas proclamas de tinte obrerista y populista, Zapatero no ha tenido en cuenta que sus aireadas posiciones "pro-carbón" iban a chocar de lleno con los objetivos ambientales y la legislación de libre competencia de la Unión Europea.
Hoy, un año después, Zapatero ha tenido que encajadar un duro golpe político que malogra sus aspiraciones de alargar las subvenciones a la extracción del mortífero carbón en España, porque la Comisión Europea ha rechazado las ayudas estatales a las empresas de carbón económicamente inviables, como las españolas, y en consecuencia ha dictado el cierre de todas las minas españolas antes del 2014.
Con las manos vacías y con una buena ducha de la fría realidad que se ha decidido en Bruselas, parece imposible que Zapatero quiera repetir de nuevo sus insensatas arengas en favor del carbón en Rodiezmo, y tampoco es previsible el que quiera ir a presentar allí el rotundo fracaso europeo de sus promesas de más subvenciones públicas para la minería del carbón.
DAVID HAMMERSTEIN
Estos días se vota en el plenario de Estrasburgo el informe Gallo. Una vez más, la industria se dedica a criminalizar a sus propios clientes. Una vez más, siguen sin darse cuenta de que ninguna empresa que base su modelo en atacar a sus clientes tiene posibilidades de supervivencia. Y una vez más, siguen aferrados a un barco que se hunde, en lugar de encontrar alternativas para reconvertirse y evitar ese hundimiento, que ellos mismos están acelerando.
05-07-2010 - En el Informe Gallo, se repite el mismo esquema que ya hemos visto en tantas otras propuestas similares. El usuario es un delincuente a priori y lo único que importa defender son los intereses de los gestores ( como si la cultura fuese a desaparecer si los actuales gestores lo hicieran) Sólo de forma leve se menciona que los ciudadanos y consumidores también tenemos derechos. El pretendido equilibrio que dicen que hay que conseguir entre los derechos de autor y los de los ciudadanos sigue sin aparecer por ninguna parte, tampoco en este informe.
La industria sigue sin (querer) enterarse. Está por ver si son finalmente los políticos los que acaben por dar un paso al frente en defensa de la ciudadanía y empiecen a marcar los límites entre el uso y el abuso de los derechos de autor. En sus manos estará poner finalmente algo de cordura, y empezar a defender los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos y a la vez consumidores; consumidores sin los cuales la industria de la cultura, que no la cultura en sí, estaría muerta.
Por lo tanto, si los políticos quieren defender realmente a los creadores (que nada tienen que ver con los que manejan el dinero de los creadores) y si realmente quieren defender y promover la cultura en un mundo conectado y globalizado, sólo tienen una salida:
1. Rechazar contundentemente el discurso de la criminalización de los consumidores de soportes digitales y equipos electrónicos. .
Se criminaliza a los usuarios y consumidores de nuevas tecnologías cuando se les cobra un canon por soportes y dispositivos "por si acaso" alguna vez copian contenido protegido, aunque en la mayoría de los casos no acaben haciéndolo. Siguiendo este curioso modelo de recaudación, habría que plantearse también encarcelar a la gente durante un período de tiempo determinado para que cumplan la condena por anticipado, "por si acaso" alguna vez cometen un asesinato. No importa que la inmensa mayoría de nosotros nunca lo lleguemos a cometer.
2. Rechazar las trabas a que los usuarios legítimos de las obras ejerciten el derecho a disfrutarlas, derecho por el que ya han pagado al adquirirlas. .
Cuando se implementan sistemas DRM para proteger el contenido, se está impidiendo el disfrute de la obra por el consumidor que la ha adquirido. Cuando un sistema DRM sólo permite reproducir una obra en el ordenador de sobremesa e impide, por ejemplo, copiarla al ordenador portátil o al reproductor mp3 para poder disfrutarla también al salir de viaje, se está privando del derecho a disfrutar la obra por el que se ha pagado ya. El DRM no piensa, los bits no razonan, y el único objetivo de estos sistemas es dificultar la copia a todos, sin excepción, sin distinguir si el usuario que la intenta hacer está legitimado o no para ello.
3. Darse cuenta de que, además, los sistemas de protección anticopia son inútiles, y que por tanto, las medidas que pretendan legalizarlos o imponerlos son una completa pérdida de tiempo y recursos. .
En el mundo digital no existe nada imposible de copiar, de igual forma que suele decirse "que el agua no tiene huesos" y fluirá antes o después por cualquier resquicio, por pequeño que éste sea. Cada vez que la industria de contenidos crea contenido protegido por alguna variante de DRM, miles de personas de todo el mundo encuentran un reto interesante en descifrarlo y acaban por conseguirlo. Sin embargo, como ya se ha dicho, el consumidor que ha adquirido la obra encuentra un sin fin de obstáculos para poder disfrutarla como es su derecho, penalizándolo como si estuviera haciendo algo ilegal. En definitiva, no se consigue evitar la copia y a la vez se penaliza al usuario que la ha adquirido legítimamente. Todo inconvenientes y ninguna ventaja.
Y cuanto antes quiera darse cuenta la industria de que no hay nada imposible de copiar, antes podrán empezar a plantear un debate serio entre todas las partes implicadas sobre una nueva visión de los derechos de autor, que logre el justo equilibrio entre el incentivo a la creación que debe existir y el derecho al acceso al conocimiento compartido por parte de la sociedad en su conjunto.
4. Reducir el período de vigencia del copyright. .
Mucha gente está de acuerdo en que el autor debe recibir una adecuada compensación por su obra para que tenga algún incentivo que le motive a seguir creando y que le permita vivir de su trabajo, esto es, de la creación artística. Pero... ¿95 años de vigencia? Lo único que consigue eso es precisamente que el creador no tenga ningún interés en seguir generando cultura porque bastará que haya trabajado unos años para que tanto él, como sus hijos y nietos, puedan vivir de las rentas sin dedicarse a nada más, y por tanto, desincentivando el que se siga generando riqueza cultural.
5. Descubrir que pagar por copias no tiene sentido en un mundo digital.
El origen de pagar por las copias se remonta a los inicios de la imprenta, cuando había que sufragar de alguna manera los enormes gastos que suponían la construcción y mantenimiento de las máquinas y del personal que se dedicaba a realizarlas. Hoy día, pagar por copias ya no tiene sentido puesto que el coste de realizar copias perfectas de bits es prácticamente cero. Como dicen algunos, hoy día la única diferencia entre el original y la copia es la cajita en la que viene envuelta cada una.
6. Descubrir que compartir es rentable. .
Cualquier experto en marketing sabe que el boca a boca tiene un efecto multiplicador en lo positivo, y devastador en lo negativo. Una mala experiencia con un producto de una compañía hará que muchos de nuestros parientes y amigos jamás se planteen adquirirlo, mientras que una experiencia muy positiva hará que transmitamos ese entusiasmo que hemos sentido a todos ellos, aumentando las probabilidades de venta del producto.
De igual forma, compartir una obra de un artista sin ánimo de lucro como se hacía en los tiempos del casette aumenta la posibilidad de que un artista sea conocido, difunde su obra y eso aumenta las probabilidades de que la gente se decida a asistir a sus conciertos o a adquirir merchandising relacionado con ese autor.
Si se analizan estudios serios sobre la compartición de archivos, como el exhaustivo informe de 142 páginas que encargó el gobierno holandés se descubre que compartir la cultura no sólo no es perjudicial, sino que además puede ser muy rentable, y constituye uno de los factores principales que explican el por qué hoy día se consume más cultura que nunca. La difusión no mata la cultura, la promueve.
7. Reconocer el actual secuestro de la cultura.
Hoy día, toda la ciudadanía está "secuestrada" por la mal llamada industria cultural. Una industria que, por ejemplo, dirige a la gente diciéndole a través de las denominadas radiofórmulas lo que le tiene que gustar y lo que tiene que comprar. Es más, un artista que no guste a los directivos de una discográfica jamás podrá ver su disco publicado ni llegar a su posible audiencia si no es compartiendo su obra en Internet. No parece que el modelo actual en el ámbito musical sea la mejor forma de incentivar la diversidad en la creación cultural ni de generar riqueza (no sólo económica) para la sociedad, sino que más bien genera "cultura fotocopiada" que no aporta nada nuevo.
Además, si alguien quiere adquirir un disco de los denominados "descatalogados", jamás podrá conseguirlo porque esa misma industria ha decidido que ya no va a suministrar la obra. Sin embargo, el uso de Internet y el hecho de que el coste de las copias utilizando este medio es prácticamente nulo permitiría que se pudiera adquirir en cuestión de segundos cualquier obra, rebajando drásticamente el coste de volver a ponerla en circulación y por tanto, haciendo que sea rentable; algo que, con el actual modelo de negocio ya obsoleto, no lo es. Por tanto, la industria se apropia de unas obras que se niega a poner a disposición de los consumidores, a pesar de que los consumidores estén dispuestos a pagar por ellas.
Éstos son sólo algunos de los hechos que deberían descubrir políticos como los que tienen que votar esta semana el Informe Gallo; y esperamos que esos políticos sean sensibles al cambio cultural que ha supuesto Internet, y por tanto rechacen claramente este informe.
Éste es el punto de partida para empezar a analizar con seriedad cómo debemos plantearnos la cultura y su gestión en un entorno, el del siglo XXI, dominado por Internet, donde las copias como tales no tienen valor, donde la gente quiere decidir por sí misma la cultura que le gusta y la que no, donde los protagonistas de la cultura deben ser los creadores y los consumidores, no los intermediarios, y donde compartir, como siempre ha ocurrido, nos enriquece a todos.
Asociación de Internautas
Esta mañana activistas de Greenpeace han sustituído el logo de BP por uno más acorde con su política ambiental. El nuevo logo está teñido de petróleo.
Con esta acción queremos denunciar la irresponsabilidad de esta empresa y del sector petrolero en general, y demandar un cambio de modelo energético que termine con la dependencia del petróleo.
Te invitamos a participar y a que difundas la nueva imagen corporativa entre amigos y familiares, y también que cambies tu foto de perfil en las redes sociales. Te puedes descargar los logos aquí
