Blind representatives entering the European Parliament on 13-4-2011
“You can vote against us, you can try to defeat us. Go ahead and oppose a legally binding treaty for our right to read. But, remember, we shall not accept anything less than a new international legal norm.” clearly stated Rodolfo Cattani, leader of Italian Blind Union and secretary general of the European Disability Forum in response to the disturbing European Commission and EU member state opposition to the WIPO Treaty for the Visually Impaired. As another NGO representative added: “The technology exists for blind persons to access most books; it seems the political will does not.” The Commission and many European Governments, while paying lip service to the “book famine” suffered by blind persons, simply reflect the result of years of heavy industry lobbying against any international exception to copyright, even if it would have negligible or no economic impact on the publishing trade.
Over a hundred people participated in the conference “Fair Access to Culture and the Right to Read of Visually Impaired Persons” sponsored by MEPs Luigi Berlinguer, Eva Lichtenberger and Francisco Sosa Wagner from Italy, Austria and Spain, respectively. The organization of the conference was supported by the European Blind Union and the TransAtlantic Consumer Dialogue. Approximately half of the participants were members of visually impaired organizations who travelled to Brussels from Italy, Germany, UK, Spain, Belgium and France. Also attending this event were European publishers and authors organizations, internet server provider representatives, digital rights NGOs, consumer organizations, dyslexic groups and associations of librarians. A number of other Members of the European Parliament, such as Patricica Toia, Christian Engstrom, Malika Ben Arab and Helga Truppel, also participated.
It has become evident that in any open debate the moral and legal logic of the Treaty for the Visually Impaired will prevail and convince. The problem resides in the opaque, dishonest European Union decision making process for common positions at UN institutions like the World Intellectual Property Organization that will make a decision on the Treaty in June. For the past few years there has been a EU Council working group on this issue that has brought together representatives from the 27 EU member states. Unfortunately, these meetings are secretive and there is no way of knowing what is the position of each government. This lack of democratic transparency prevents any accountability for the EU opposition to the Treaty and permits the cynical contradictory spectacle of the European Commission fighting against the Treaty behind closed doors while most European politicians publicly support it! While copyright fundamentalists rule the back rooms of Brussels power brokers, no ones seems to want to openly assume the responsibility of slamming the door in the face of millions of visually impaired persons around the world.
According to some sources, France is leading the hard-line position against the Treaty. Last Monday the French Minister of Culture Mitterrand was handed a letter in favor of a legally binding Treaty at WIPO that was signed by French MEPs from all the major political parties, including Sarkozy´s UMP.
It should be obvious to all that fair copyright laws must be built upon social credibility and legitimacy. If present copyright laws prevent millions of disadvantaged citizens around the world from gaining and sharing access to culture and knowledge, new international norms are needed. Our political institutions must be sensitive and responsive to this growing demand.
¡Enhorabuena al PP, PSOE e IU
por vuestra política contra el clima !
Con las subvenciones masivas a la minería del carbón
se multiplica por tres su cuota de presencia en el mix eléctrico español!
Con vuestra anacrónica política pro-carbón nacional habeis conseguido que el dinero público de la ciudadanía se dirija a aumentar espectacularmente las emisiones de CO2 a la atmósfera. Los datos detallan los peores augurios ambientales: un aumento de la extracción y quema de carbón a consecuencia de las masivas subvenciones a esta contaminante fuente de energía. En este pasado mes de marzo del 2011 han aumentado las emisiones de CO2 en España un 82% con respecto al mismo mes de marzo del 2010 gracias a la entrada en vigor de Decreto de ayudas al carbón que subvenciona masivamente la quema del carbón español. Gracias a estos suculentos subsidios a la compra y quema del carbón por parte de las centrales térmicas, el carbón ha pasado de representar solo el 3.8% del "mix eléctrico" hace un año al 12.8% actual.
Todo lo contrario de lo que habían prometido el Ministro Sebastián y los grandes defensores del carbón, como son los líderes de Izquierda Unida y los sindicatos. Las ayudas estatales al carbón ya están provocando un grave impacto ambiental y climático. La cifras desmienten tajantemente el argumento de que se trataba de simplemente de sustituir la quema del carbón importado por el carbon autóctono, tal y como insistían los empresarios mineros, y muestran que las ayudas al carbón multiplican enormemente el consumo global de la fuente más contaminante en el sistema eléctrico español.
Se da la paradoja de que precisamente cuando más crece la producción eléctrica de las fuentes renovables y limpias (la eólica ya supera a la nuclear) es cuando a la vez hay un fuerte contrapeso en dirección opuesta con el repunte de la contaminación atmosférica por culpa de las subvenciones públicas al carbón. De hecho, solo de febrero 2011 a marzo 2011 han aumentado las emisiones globales de CO2 en un 5.2%. Resulta muy contradictorio que suban las emisiones globales de CO2 mientras las emisiones por la quema de gas natural en la centrales de ciclo combinado han bajado del 21% al 16% en el último año y al mismo tiempo que todas las fuentes renovables juntas ya superan más de la mitad de la electricidad producida.
Es especialmente sangrante el que se haya dado una preferencia a la fuente energética más contaminante cuando lo cierto es que en lugar de escasez lo que realmente existe es una sobrecapacidad en la producción eléctrica española, esta llega a triplicar la demanda y por ello permite la exportación neta de electricidad a otros países, como Marruecos, Portugal y Francia.
Este dañino aumento del uso del carbón es consecuencia directa de las inyecciones públicas a esta economía sin rentabilidad propia. Es un despilfarro totalmente innecesario que va contra el interés general y carece de la más mínima racionalidad económica y ambiental. En lugar de gastar el cada vez más restringido dinero público en crear nuevos yacimientos de empleo no contaminante en las cuencas mineras, se ha optado por reflotar y prolongar unos años más la agonía de una actividad caduca, peligrosa y sin futuro, que a la vez destruye las posibilidades de nuestro futuro común.
DAVID HAMMERSTEIN
Mientras que están siendo vertidas miles de toneladas de agua altamente radioactiva que tendrán un incalculable e imprevisible impacto ecosistémico en nuestro océano común, cada vez se alzan más voces de preocupación y de indignación dentro de la comunidad científica y en la ciudadanía sobre la real magnitud del desastre y sobre la generalizada irresponsabilidad institucionalizada hacia la peligrosa energía nuclear.
"Es inexplicable e incomprensible en nuestro marco convencional del conocimiento. Nos vemos obligados utilizar toda nuestra imaginación moral para comenzar a entender lo que estamos haciendo ahora al afectar con radioactividad a las próximas 12 mil generaciones (el plutonio tiene una media vida de 25 mil años). No alcanzamos entender el error por la naturaleza infinita e invisible del problema de la radiación ". Así se expresó una experta en desarme nuclear de la ONU Kathleen Sullivan sobre la catástrofe de Fukushima. Sullivan explica que cuando se trata de materiales radioactivos persistentes, además de ser cancerígenos tienen efectos inter-generacionales que son mutantes de la estructura genética de la vida y ella añade que "esto es permanente y irreversible."
Otra experta nuclear, Jacqueline Cabasso del Western Legal Foundation, refuta tajantemente las palabras tranquilizadoras de las autoridades japonesas sobre la supuesta inocuidad de la exposición a niveles bajos de radiación nuclear, y afirma que "no existe una dosis segura de radioactividad porque estas son acumulativas en el cuerpo. Son totalmente falsas todas estas afirmaciones de las autoridades sobre lo que una persona puede asimilar anualmente sin problemas de salud. Los supuestos umbrales y los niveles máximos son engendros de la industria atómica." Cita estudios concluyentes de la Academia de las Ciencias, la Agencia de Medio Ambiente y del Departamento de Energía de EE.UU para afirmar que incluso unas dosis bajas de radiación ionizante entraña peligros para la salud. La conclusión de la Academia de las Ciencias apunta a que la "evidencia científica actual es consistente con la hipótesis de que existe una relación lineal, sin umbral de dosis, entre la exposición a la radiación ionizante y el desarrollo de cáncer en seres humanos."
Pero las autoridades siguen muy indiferentes y desprecian el alto nivel de exposición radioactiva en zonas cercanas a Fukushima. Por ejemplo, la contaminación tóxica por cesio 137 en el pueblo habitado de Litate es la doble que el nivel que obligó a la Unión Sovietica evacuar a la zona alrededor de Chernobyl. De hecho, la comparación con Chernobyl ya se puede hacer: El Instituto Central de Meteorología y Geodinámica de Viena afirmó el 24 de marzo que "la planta nuclear de Fukushima ha estado emitiendo yodo y cesio radioactivos a niveles que se acercan a los de Chernobyl en 1986. Científicos austriacos han utilizado una red mundial de detectores de radiación (diseñada para controlar a las pruebas de armamento nuclear) para mostrar que el yodo 131 liberado de Fukushima Daichi llega a niveles diarios a 73% de aquellos del desastre atómico del 1986. La cantidad diaria de cesio 137 liberada es alrededor de un 60% de la cantidad liberada de Chernobyl. El mismo grupo de científicos afirman que "Fukushima tiene alrededor de 1760 toneladas de combustible nuclear fresco y usado mientras que Chernobyl solo tenía 180 toneladas."
La "prueba del algodón" del test de estrés para las nucleares europeas
Para calmar las preocupaciones de la opinión pública ante los peligros de la energía nuclear ahora la Unión Europea anuncia la realización de "stress tests" para validar la seguridad de las plantas nucleares europeas. Así, con nuevos controles técnicos plantean recuperar la maltrecha imagen de la industria nuclear y convencer a la ciudadanía de que "esto no es Japón".
El problema con estos "controles de seguridad" proyectados para las centrales europeas es que estarán diseñados por los mismas agencias tecno-optimistas y pro-nucleares, por unos expertos poco o nada independientes. Son los mismos que llevan décadas promocionando las nucleares, ocultando datos y encubriendo los fallos intrínsecos de esta tecnología. Tanto la Asociación Internacional de la energía atómica como Euratom son los mismos organismos que han permitido y han promocionado la expansión irresponsable de la centrales nucleares al ritmo de la exigencias de la industria y de espaldas a cualquier participación y transparencia democrática. Por ejemplo, Euratom está fuera de cualquier capacidad de control y decisión por parte del Parlamento Europeo. Ante el peligro de daños atómicos atroces en su magnitud es evidente que necesitamos expertos y datos independientes sin conflictos de intereses particulares o profesionales con las empresas y el gran negocio atómico.
¿Existen criterios para la gestión de los riesgos y peligros atómicos?
Una primera respuesta de sensatez ha de obligar a la aplicación del Principio de Precaución a las centrales que ya han llegado al final de su ciclo de vida. Se debe exigir el cierre inmediato de todas la centrales atómicas que ya han cumplido su trayectoria de "vida técnica", lo que significará el cerrar a las centrales construidas antes de 1980. Nada de alargamientos y nuevos plazos a la vida útil de maquinarias envejecidas y temibles. También se debería proceder a cerrar las plantas que solo tienen un sistema de refrigeración, las que se encuentran en una zona sísmica y en una zona susceptible de inundaciones o de grandes tormentas del mar. Además, se debería prohibir inmediatamente la utilización del fuel MOX con plutonio por su titánica fuerza de contaminación destructiva.
En cuanto a las "pruebas de estrés" en las plantas nucleares en funcionamiento, éstas no deben depender solo de un reduccionista y engañoso análisis probabilístico sobre el riesgo y la seguridad. También deben hacerse pruebas deterministas, como son la acumulación de acontecimientos raros aunque sean muy improbables, incluyendo los fallos humanos. Los "test de estrés" deben contemplar también las situaciones inusuales, como pueden ser la caída de un avión comercial encima de un reactor y la realización de un atentado terrorista o de un sabotaje.
La apuesta por una cauta gestión de la "seguridad nuclear" también debe implicar una importante reforma institucional, como es la de dar fin a la condición antidemocrática del organismo Euroatom instaurando las exigencias procedimentales de co-decisión en el Parlamento Europeo y de transparencia marcada por el Tratado de Lisboa.
Dentro de este marco de nuevas exigencias para la gestión de los peligros atómicos también se debe revisar la escasa responsabilidad civil de una industria atómica que no asume los posibles costes y pérdidas económicas del funcionamiento de sus plantas nucleares, incluyendo todo el ciclo de vida de su producción y los residuos generados. Es económicamente muy anticompetitivo y socialmente injusto el que esta fuente de energía goce de un "seguro de vida" pagado por las arcas públicas de los Estados. Hay que acabar de una vez con esta doble vara de medir: las empresas crean los incalculables daños y peligros socioambientales que se expanden ilimitadamente en el espacio y el tiempo, pero ante posibles catástrofes, somos nosotros, los ciudadanos-contribuyentes, los que las sufrimos y las reflotamos al asumir los costes económicos de su continuidad y reparación técnica. La responsabilidad civil directa e indirecta de las plantas atómicas ante daños, accidentes, y ante el larguísimo ciclo de vida de los residuos radioactivos, ha de ser asumida íntegramente por las mismas empresas energéticas.
Las centrales nucleares que no puedan cumplir con estos mínimos requisitos sobre la gestión de los peligros que intrínsecamente conllevan, junto a otros imperativos de participación ciudadana e institucional, deberían verse obligadas a presentar un plan de cierre antes del 1 de enero del 2012.
DAVID HAMMERSTEIN
Estamos atrapados en una paradoja. Por un lado no podíamos abandonar la oposición libia a su suerte ya que la conquista de Benghazi por Gadafi significaría una represión muy sangrienta y un retroceso general para la transición democrática en el norte de África. Por otra parte, los bombardeos están siendo considerados muy negativamente por la opinión pública árabe (el domingo pasado hubo una gran manifestación en el Cairo) que se encuentra muy sensibilizada por las intervenciones extranjeras en países musulmanes.
La intervención militar que hace unos días parecía una obligación humanitaria y política ahora amenaza con debilitar la revolución árabe democrática al identificarla con las bombas que caen de los F-18 franceses y británicos en lugar de relacionarla con los los derechos fundamentales y las libertades democráticas. Una prolongada campaña militar occidental podría ser muy contraproducente para los deseados cambios políticos que están siendo promovidos por millones de jóvenes de Marruecos hasta Yemen. Probablemente una cierta intervención militar exterior, muy limitada y precisa fuera necesaria en Libia, pero ahora se deben primar objetivos políticos por otros medios más complejos.
Nos parece importante frenar cuanto antes la acción militar y de formular una estrategia europea diplomática y económica. Ya se ha conseguido debilitar a la estructura militar de Gadafi y de salvar el núcleo fuerte de la oposición democrática libia. Ahora seria más sensato proponer un alto de fuego basado en las actuales posiciones de las partes enfrentadas y con una clara linea de separación de las tropas de Gadafi de las ciudades en control de la oposición. La coalición europea podría condicionar la futura compra de recursos energéticos libios y la descongelación de parte de los activos financieros del régimen a la aceptación por parte de Gadafi de la entrada en Líbia de observadores de la Liga Árabe para vigilar el alto de fuego y asegurar la protección de los civiles, además de entablar negociaciones con la oposición con el doble objetivo de facilitar una transición democrática y de mantener la unidad territorial del país que ahora se encuentra en entredicho.
Lo peor seria convertir a Gadafi en una admirada víctima de una "agresión imperialista ávida de petróleo" en lugar de reconocer que es un dictador sangriento que lleva 40 años en el poder. Un boicot europeo al petróleo y gas libios junto con otras medidas económicas, además de la amenaza de más bombardeos, podrían obligar una salida política negociada bajo los auspicios de la ONU y la Liga Árabe.
La otra alternativa es peor, sería la división territorial de Líbia. Pero una guerra prolongada con la continuada implicación extranjera sería aún más nefasta para el futuro de toda la región.
David Hammerstein
"La postura del mundo clásico del copyright
es más una lastimosa resistencia ludita
que un compromiso ilustrado."
Francis Gurry,
Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
Unas eficaces leyes de derechos de autor exigen una alta credibilidad social y una amplia aceptación pública, lo que no es el caso hoy en día. El hecho de que un gran número de ciudadanos de la UE "violen" el copyright en sus prácticas cotidianas con respecto a la música, el cine, el software, la fotografía y la literatura, no quiere dicer que tenemos millones de "malos ciudadanos". Contrariamente, esta situación anómala nos informa sobre las disfunciones de unos mercados no competitivos, de una rígida e injusta gestión colectiva de derechos de autor, de unos modelos de negocio anacrónicos y unas estructuras de precios hinchadas y poco realistas.
Contrariamente a lo que quisieran admitir algunos políticos fuertemente seducidos por los lobbys industriales y por las sociedades de autores, una fuerte protección del copyright no emana por arte de magia de unas sanciones y medidas penales cada vez más estrictas, sino que sólo puede ser construida a partir de unas leyes justas y equilibradas que son fruto de un amplio pacto social. Si se aprueban unas leyes sin la comprensión ni el apoyo de gran parte de la ciudadanía, su aprobación puede ser una victoria pírrica por no plasmarse nunca en las prácticas sociales cotidianas.
El principal reto para la financiación de la cultura, los medios de comunicación y la innovación es el fortalecimiento de nuevos modelos de negocio viables que pueden prosperar en el entorno digital mediante la creación de redes flexibles que son capaces de capturar la imaginación y creatividad individual y social. Por el contrario, estaríamos totalmente equivocados al orientar la atención principal legislativa y social hacia la "piratería" ya que sería desviar un tiempo precioso de la importante tarea de sacar todo el mejor potencial del entorno digital. Aún peor error sería intentar trasladar las mismas normas legales del mundo físico al flujo de datos por el ámbito digital.
Recientes estudios internacionales han demostrado que las nuevas medidas civiles y penales en defensa de derechos de autor no han sido eficaces en la reducción de la incidencia social de la piratería digital. Este es especialmente el caso en el Sur, donde los acuerdos de libre comercio con la UE suelen exigir duras medidas “anti-piratería” a pesar de hecho de que la gran mayoría de los habitantes del Sur no pueden permitirse el lujo de comprar los caros productos culturales de las multinacionales del Norte. En todo caso, las personas se esfuerzan e idean estrategias para acceder a la cultura y el conocimiento por cualquier medio posible; en gran parte del mundo la "piratería" en no una opción, sino una necesidad sin alternativas.
"La piratería" no ha reducido el gasto cultural en la UE según lo revelado por estudios recientes. La cantidad de dinero gastado por los consumidores en la UE sobre los bienes culturales, conciertos y el cine se ha mantenido o, incluso, se ha incrementado en los últimos años. Si bien ha habido una disminución de los gastos en los CDs, esto ha sido compensado por un aumento de otras formas de consumo cultural que incluye cine, teatro, conciertos y otros eventos. Así, los gastos culturales de los europeos se ha trasladado simplemente de un "consumo físico" de los productos culturales hacia unas "experiencias culturales" ya sea en vivo o en formato digital.
Las redes sociales e Internet en general, se han convertido en la ruta clave para llegar a una audiencia para los nuevos grupos musicales y otros creadores. Hace años, muchos músicos iban en giras de conciertos con el fin de vender CDs, mientras que ahora suelen producir Cds con el objetivo de buscar compromisos para conciertos. En muchos casos, las actuaciones en vivo y las crecientes ventas digitales están comenzando a sustituir los ingresos de las regalías distribuidas por sociedades de autores.
Para muchos nuevos músicos la única cosa peor que la piratería digital es que su música no sea pirateada en absoluto y no se escuche, lo que significa que su música seguiría siendo desconocida y sin posibilidades de llegar a un amplio público. La cuestión no es si se copiará o no se copiará, sino de cómo aprovechar de la copia para crear nuevos modos de conseguir unos ingresos razonables para los creadores.
La misma industria y las sociedades de autores que empujan la agenda de nuevas leyes represivas de copyright están erigiendo unas barreras en contra de los nuevos modelos de negocio. Apoyan unas rígidas leyes de exclusividad nacionales que impiden la necesaria economía de escala para unos precios competitivos y siguen imponiendo un sistema con fuerte poder de los intermediarios que daña los intereses económicos de los consumidores y de los creadores. Desafortunadamente, la mayoría de las sociedades de gestión colectiva del copyright y la industria de entretenimiento se oponen a las medidas que pudieran crear un mercado digital en toda la UE y el fin al monopolio rígido nacionales en la concesión de licencias y la gestión de derechos de autor.
Para la mayoría de los funcionarios de la Comisión Europea, los "afectados" solo son la industria. La mayoría de los oficiales y políticos de la UE sólo escuchan a las empresas de música y de sociedades de gestión colectiva pero hacen caso omiso de los consumidores que quieren un precio razonable y una mayor facilidad de acceso al mercado y los productos culturales de calidad. A menudo, el proceso de elaboración de las políticas comunitarias en materia de propiedad intelectual en la Comisión Europea ha sido secuestrado por unos lobbys que solo representan a los principales productores de contenidos culturales. Por el contrario, los intereses de los ciudadanos consumidores, activistas de derechos digitales y ONGs globales, se escuchan pero rara vez se toman en cuenta en la formulación de importantes propuestas sobre el derecho de autor.
Cuando las personas pueden comprar on-line a precios muy competitivos, muchas lo prefieren. El valor añadido de calidad, información adicional y la legalidad son importantes para muchos consumidores europeos. La elección ante nosotros es entre un modelo con una “piratería” masiva, unos precios artificialmente altos y la gran intervención de intermediarios, o bien otro modelo con un nivel moderado de piratería junto a unos precios más bajos, una relación más directa entre los creadores y los consumidores, y con menos ganancias para los intermediarios.
Además, debe ser democráticamente cuestionable el legislar leyes contra la piratería para su exportación al resto del mundo, sobretodo si no son compatibles con las garantías procesales jurídicas y otros derechos fundamentales de la ciudadanía. Se ha observado en muchos países que es imposible el hacer cumplir draconianas normas de derecho de autor sin poner en entredicho los derechos civiles y la privacidad. Esta es una situación “perder-perder”: por un lado la represión legal no funciona significativamente en contra de la descarga ilegal, mientras que, al mismo tiempo, estas normas acaban vulnerando a la privacidad, la protección de datos personales y el funcionamiento normal de las garantías judiciales sobre derechos básicos.
Un ejemplo de las salidas que ofrece internet es el del proveedor de música a bajo-coste Spotify. Otras posibles formas diferentes de financiación de la cultura son las contribuciones creativas, las tarifas planas, la microfinanciación, las cooperativas digitales y la publicidad, entre muchos otros. No exite una única solución mágica, ni una solución única para todos. Sólo una combinación de la flexibilidad, la reforma del derecho de autor y planes innovadores de marketing pueden compatibilizar la libertad digital con la mejora económica.
Algunas de las acciones institucionales necesarias son las siguientes:
* Cambiar las normas de la UE de gestión colectiva para facilitar la concesión de licencias en toda la UE, el fin de la exclusividad de las sociedades de gestión colectiva y, en general, avanzar hacia una mayor flexibilidad para promover precios más bajos y una relación más directa consumidor-creador.
* Introducir mecanismos flexibles de "fair use" en la UE como ya existe en EE.UU para poder promover el acceso a la cultura , nuevos modelos de negocio y de crear un entorno de derechos de autor más justo, sensato, equilibrado y creíble.
* Maximizar el uso de las excepciones y limitaciones a los derechos de autor con el objetivo de fomentar un ambiente de amplia competencia entre competidores legalmente autorizado. Aprobar el Tratado de la OMPI de excepción al copyright para las personas con una discapacidad visual.
* La aplicación estricta y cumplimiento de las normas legales sobre competencia sobre las posiciones de dominio de mercado de las empresas de explotación de contenido, la lucha contra la fijación de precios y la imposición términos de licencia en condiciones comerciales irrazonables y en condiciones injustas para los artistas.
* Aprobar un marco comunitario europeo para facilitar el acceso a millones de “obras huérfanas” para investigación, nuevos modelos de negocio y el uso social.
David Hammerstein, TACD
Como ha apuntado John Vidal hoy en el Guardian:
" Los gobiernos y la industria nuclear no pueden aceptar lo que son dos leyes inmutables de la realidad que habitamos: la ley de Murphy y la ley de las consecuencias colaterales no intencionadas.
Si algo puede fallar, eventualmente lo hará. Quizás es posible diseñar para prevenir algunos fallos posibles pero es imposible diseñar para prevenir lo incierto y desconocido. La próxima vez el desastre nuclear no tendrá nada que ver con un terremoto o un tsunami, sino que será a causa del terrorismo, el cambio climático, un error fatal en unas obras, un accidente aéreo, algún operario de una planta atómica que se "vuelva loco" o la proliferación de plutonio.
Es sencillamente imposible proteger las centrales atómicas de todas las eventualidades posibles. Los científicos, ingenieros y técnicos nucleares no son dioses y no tienen ninguna llave maestra sobre la seguridad y el futuro".
Si no hubieran otras alternativas para encender una bombilla o para reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera, igual podríamos perdonar a la industria y los gobiernos de tanta irresponsabilidad temeraria y de tantos males sociales y ecológicos evitables. Pero cuando el peligro es tan alto, la escala es tan grande y se extiende sin control humano posible a todo lo largo y ancho del espacio y el tiempo, son necesarias y urgentes otras alternativas posibles. Existen cien formas más seguras de producir energía antes que continuar con las dantescas centrales nucleares. Como aprendices de brujo, los cantos de sirenas de los gobiernos, de la industria nuclear y de unos apologetas tecno-científicos practicantes del nihilismo moral, defienden unas imposibles normas técnicas de "seguridad" para eliminar con ello el debate ético y político, y para con ello continuar convirtiéndonos en rehenes de la peligrosa tecnología y sus instalaciones atómicas. La opción por seguir por el camino nuclear carece de cualquier tipo racionalidad energética, económica, social, política y ética, más bien podría parecer una broma muy pesada lanzada desde el mismísimo infierno.
En sola una generación la industria nuclear ha matado, enfermado o dañado la vida de millones de personas y ha destrozado para siempre millones de kilómetros cuadrados de tierras y ecosistemas vitales del complejo orden de la Biosfera. Ha recibido billones en subvenciones públicas, y cuesta otros muchos billones a los ciudadanos contribuyentes para intentar limpiar sus desastres y daños irreversibles. Además, las operaciones de la industria atómica están rodeadas por mentiras, encubrimientos, incompetencia financiera y opacidad informativa.
Ahora esta industria inmoral presiona para extender la vida útil de las centrales ya envejecidas y llenas de peligrosas corrosiones, y los gobiernos serviles al gran negocio particular de esta mortecina economía energética, como el de ZP, han ido corriendo para eliminar las trabas legales que lo impedían en el territorio español, o incluso plantean construir unas nuevas plantas. El grado de irresponsabilidad e ignominia institucionalizada es escandaloso cuando lo que está en juego es la misma habitabilidad y salud de grandes extensiones del planeta y de los seres humanos.
La ciudadanía europea deberá exigir con fuerza el fin de la energía atómica mediante una Iniciativa Legislativa Popular y un referendum europeo sobre el abandono de la energía nuclear en la Unión Europea.
DAVID HAMMERSTEIN
Los terremotos son inevitables, pero las nucleares no lo son. Un terremoto y un tsunami son acontecimientos geológicos que se gestan en las entrañas de la Tierra, totalmente ajenos a los designios e intereses humanos. En cambio, las centrales atómicas, junto a su normal y corrosivo funcionamiento tecnológico, sus accidentes y la contaminación que irradian centenares y mies de años son en realidad hechos de construcción humana, que se idean, se proyectan y desarrollan con decisiones políticas y científico-técnicas conscientes junto a metas sociales. Nada o casi nada podemos hacer para frenar un terremoto o un tsunami. En el mejor de los casos podemos construir nuestras casas mejor o tener unos minutos de aviso en el caso del tsunami. Pero sí que podemos hacer muchas cosas para prevenir los terribles y muy duraderos impactos mortíferos de la energía nuclear.
La catástrofe natural en el Japón junto a la catástrofe nuclear que le ha seguido pone de relieve al menos dos ideas fundamentales en torno a la vida natural y las tecnologías humanas. De una parte conviene no olvidar que no debemos albergar la ilusión de poder domar y esquilmar a nuestro antojo el conjunto de las fuerzas de la naturaleza, tal y como se muestra en la inmensa fuerza destructiva del terremoto en Japón y del tsunami posterior. Por otra parte, también son difícilmente domesticables las fuerzas desatadas por la propia inventiva humana mediante peligrosas tecnologías con gigantesco poder para generar consecuencias ambientalmente destructivas e irreversibles que se alargan enormemente el tiempo y en el espacio. Esta posibilidad de catástrofe radical fruto de la acción conquistadora de los humanos apela a nuevos y prudentes principios éticos capaces de orientarnos para evitar los terribles males atómicos que ahora se expresan las "seguras centrales atómicas" japonesas. Ante este tsunami atómico en Japón nos urge domesticar la irresponsable prepotencia y ceguera faústica de los seres humanos que amenaza la habitabilidad de planeta mediante el cierre de las centrales nucleares.
Seguramente, con los años Japón podrá reparar parte de lo destruido por el terremoto y el tsunami, pero los efectos de invisible contaminación por fuga radioactiva se sufrirían durante generaciones ampliándose en el espacio y en el tiempo. Mientras la devastación de las catástrofes naturales es inmediata y visible, la profunda muerte atómica es inter-generacional e inter-especies, penetra y se incuba por todos lados, en nuestros cuerpos, en los seres vivos, en el aire, en el suelo y en el agua para décadas o siglos.
La actual crisis nuclear en Japón es un serio aviso para los irresponsables y optimistas planes nucleares en España y en Europa. Ante los enormes peligros intrínsecos de esta fuente energética los defensores pro-nucleares se quedan sin legitimidad más allá de retóricas engañosas y de encargos pagados por el lobby atómico. Se deberá priorizar el avance hacia las energías renovables en la agenda política mediante un rápido giro hacia la puerta de salida de la energía nuclear, el cierre programado de las plantas y una gestión responsable de los residuos radioactivos.
Postdata:
Algunas perlas de las "autoridades competentes", japonesas y nuestras.
"Hay pocas posibilidades de una fuga masiva de radioactividad como Chernobyl".
No ha habido información extensa e independiente sobre los niveles reales de contaminación radioactiva. Aunque la fugas radioactivas finalmente resulten no ser tan masivas, los peligros ahora y en los años venideros para las personas y el medio ambiente pueden ser graves. Bajo optimistas discursos técnicos de más seguridad y control, el principal objetivo del secretísimo y opacidad informativa es no asustar a la opinión pública, no dañar más la imagen y privilegios de la industria nuclear, ni castigar electoralmente a gobiernos y partidos, .
"Aprenderemos las lecciones de este accidente y así las centrales serán más seguras que nunca".
La energía atómica es una tecnología sometida a un gigantesco desgaste en sus materiales, es peligrosa en sí misma, lo que hace imposible el querer prevenir los fallos y anomalías internas y externas que pueden afectarla. Es imposible erradicar sus males y las posibles amenazas naturales y humanas que pueden desencadenar catástrofes inimaginables. La gran mayoría de centrales atómicas son vulnerables a atentados terroristas, a accidentes aéreos, a grandes inundaciones, a fuertes terremotos, a tsunamis, a fallos humanos en cadena, a fallos y accidentes técnicos y contaminaciones en el ciclo de producción, traslado y almacenaje de los materiales radioactivos, y también se corre el peligro añadido de sufrir robos y ventas de materiales y fuel radioactivo para otras aplicaciones, como es la creación de "bombas sucias" o como son los chantajes, entre otras amenazas. Las terribles consecuencias de cualquiera de estos incidentes serían irreparables y muy duraderas en el tiempo. Aunque puedan parecer "improbables", ya se están dando. No debemos jugar a la ruleta rusa con la mortífera y terminal contaminación radioactiva.
El Principio de Precaución exige el plantear el peor de los escenarios posibles, frenar y evitar el escenario de lo peor poniendo todos los medios necesarios a nuestro alcance.
Getting beyond the futile, damaging “war on digital piracy” and the “enforcement agenda”
“Classic copyright world´s stance is more one of sorry luddite resistance than enlightened engagement.”
Francis Gurry, Director General of World Intellectual Property Organization
Effective copyright laws need social credibility and broad public acceptance; this is not the case today. The fact that a large proportion of EU citizens “violate” copyright law in their daily practices with regards to music, film, software, photography and literature does not tell us that we have millions of “bad citizens”. Instead, this predicament informs us upon the shortcomings of noncompetitive markets, rigid models of collective management of copyright, archaic business models and unrealistic pricing structures.
Contrary to what some heavily-lobbied politicians might believe, strong copyright protection does not magically emanate from an “enforcement agenda” of ever-stricter penalties and criminal measures but instead can only be built from fair, balanced and socially understood laws and practices.
The principal challenge for the sustainable financing of culture, media and innovation is the establishment of viable business models that can thrive in the digital environment by creating flexible, shared networks that capture both individual and social imagination. To continue focussing legislative and social attention on “piracy” is to divert precious time and energy away from the important task of harnessing the full potential of the digital environment.
Recent international studies have shown that new copyright enforcement measures and laws have not been effective in lowering the general incidence of digital piracy. This is specially the case in the Global South where EU free trade agreements often aim at extending the European “enforcement agenda” to the rest of the world despite the fact that most citizens of the developing world cannot nearly afford over-priced cultural products dominated by a few Western companies. People strive to access culture and knowledge by any means possible; in much of the world “piracy” in not a choice but a necessity.
“Piracy” has not reduced cultural spending in the EU as revealed by recent studies. The amount of money spent by consumers in the EU on cultural goods, concerts and cinema has either maintained or increased in recent years. While there has been a decrease in expenditures on CDs, this has been compensated by an increase of other forms of cultural consumption including cinema, theatre, concerts and other events. Cultural expenditure has simply shifted from “physical consumption” to mainly “cultural experiences” either live or digital.
Social networks and Internet in general have become the key path for reaching an audience for emerging musical groups and other creators. Years ago many musicians went on concert tours in order to sell CDs while now they make a CDs to get concert engagements. In many cases live performances and growing on-line sales are starting to substitute income from royalties distributed by collecting societies.
For most new musicians the one thing worse than digital piracy is not being pirated at all, which means their music would remain known and without future possibilities. The question is not whether copying will exist or not but instead of how to take advantage of copying to create new, reasonable forms of income for creators.
The same industry and collecting groups pushing repressive copyright enforcement laws are holding up the barriers to new sustainable business models through rigid national laws that prevent economy of scale and continue imposing a system with strong intermediary power that damages the economic interests of both consumers and creators. Unfortunately, most collecting societies and industry oppose measures that will create a EU wide digital market, the end of exclusivity and the end to rigid national monopoly for licensing and copyright.
For most EU authorities the “stakeholders” are industry. Many EU politicians only listen to music companies and collecting societies and totally ignore consumers who want reasonably priced easily accessible quality cultural products. Often the EU policy making process on intellectual property at the European Commission has been captured by a concentrated group of interests representing major content producers. In contrast, the interests of consumers, digital rights activists and global social justice NGOs are only listened to but rarely taken into account in important European Commission policy proposals on copyright.
When people are able to buy on-line at very competitive prices, people do. The added value of quality, extra information and legality are important to many European consumers. Our choice is between one with massive piracy, higher prices and great intervention of intermediaries or a moderate level of piracy with lower prices, more direct relationship of creators and consumers with lower intermediary profits.
It is democratically questionable to legislate anti-piracy laws, and to export to them to the rest of the world, if they are not compatible with legal due process and other fundamental rights. In many cases it has been observed that it is impossible to enforce draconian new copyright rules without threatening civil rights and privacy. This is a lose-lose situation: the laws do not significantly slow illegal downloading while they do affect privacy, data protection and the normal workings of judicial guarantees.
Low cost music suppliers like Spotify and others offer one of many business models facilitated by Internet. Other possible different forms of financing culture are creative contributions, flat-rates, micro-financing, digital cooperatives and advertisement, among many others. There is no magic solution, no one size fits all. Only a combination of flexibilities, copyright reform and innovative marketing schemes can harmonize digital freedom and economic sustainability.
Some of the institutional actions needed are the following:
* Change EU collective management norms to facilitate EU wide licensing, the end of exclusivity of collecting societies and, in general, greater flexibilities to promote lower prices and more direct relationship creator-consumer.
* Introduce flexible “fair-use” mechanisms in EU to promote new business models and to create a more balanced and credible copyright environment.
* Maximize the use of copyright limitations and flexibilities toward the goal of fostering an environment of broad competition between legally authorized (e.g. licensed on reasonable terms) competitors; Approve the WIPO Treaty for the Visually Impaired.
* Exercise to the fullest competition law restrictions on the market power of content-holding firms, against price fixing in the digital spree and with strong duties to license on reasonable commercial terms and against licensing terms that restrict competition, cross-border commerce and unreasonable terms for artists.
* Approve an EU framework to permit easy access to millions of orphan works for research, new business models and social use.
David Hammerstein, TACD
He sido muy crítico con muchos aspectos de la política ambiental del Gobierno pero cuando acierta con unas propuestas hay que decirlo bien claro.
Reducir la velocidad máxima en las autovías y bajar el precio de los trenes de cercanías son medidas que salvan vidas, mejoran nuestra salud y contribuyen a luchar contra el cambio climático. También, como insiste el Gobierno, puede reducir un poco nuestra dependencia energética exterior.
Resulta bastante irresponsable y demagógica la oposición frontal de Izquierda Unida y del PP a la reducción del tope de velocidad. Es imposible negar que cuanto más lentamente viajamos en coche, más lejos llegamos con menos gasolina, más salud y menos contaminación.
De que haya, además, otras soluciones al problema no quita valor de las nuevas medidas del Gobierno.
Huelga decir que existen otras posibles iniciativas de eficiencia y ahorro que serían aún más contundentes para paliar nuestra muy nociva y malean adicción del petróleo y gas (y a la vez crear puestos de trabajo): los limites al acceso del tráfico particular a los centros de las ciudades, los peajes urbanos combinados con un fuerte abaratamiento del precio de los autobuses y metros urbanos, un plan de choque de eficiencia energética de las viviendas, el apoyo decidido a las fuentes renovables como el económico solar térmico para agua caliente que sustituye el gas o el hydro- almacenamiento del exceso de la potencia eólica y un sinfín de medidas concretas orientadas a dar preferencia al ciclista, el peatón y al usuario del transporte público.
Obligar por ley una conducción más lenta es muy positiva no solo por el ahorro en el recibo energético. También disminuirá los accidentes en carretera y la gravedad de las mismas. Bajarán las emisiones de CO2 y de otras contaminantes biocidas. El ruido de los coches también será proporcionalmente menos en un país con un gran problema de contaminación acústica. Si además los barrios de nuestras frenéticas grandes ciudades tuvieran bastante más parsimonia y tranquilidad saldríamos todos ganando en salud física y mental.
