“El Plan Valenciano del Cambio Climático y Transición Ecológica 2020-30" no toma en serio la emergencia climática. No propone acciones ambiciosas, concretas y urgentes. Fracasará en reducir sustancialmente los grandes peligros y daños ecológicos existentes en nuestra economía y en nuestro consumo. No mejorará la resiliencia ni la adaptación de los ecosistemas valencianos ante los embates climáticos. Es un plan conformista y continuista con planes ineficaces anteriores que no ayudará a la sociedad valenciana para enfrentarse con más garantías y seguridad frente a la grave crisis climática. Apuesta casi todo mediante medidas tecnológicas de eficiencia y “modernización” mientras hay una carencia de políticas fuertes de restricción, moderación y límites por medio de leyes, impuestos y planes territoriales.
La ley ignora la economía extractiva, los volúmenes de uso de recursos y el consumismo en general
La ley ignora la necesidad de reducir drásticamente el consumo de recursos mientras confía toda a la mejora tecnológica y la eficiencia ignorando que en las últimas décadas los sustanciales cambios técnicos no han reducido el impacto de nuestro creciente consumo sino todo el contrario. No hay metas ni políticas concretas para reducir sustancialmente el transporte por carretera de coches y camiones ni reducir la producción y consumo de cemento ni el uso de plaguicidas ni la producción/consumo de carne, entre otras actividades intensivas en el extractivismo de materiales primarios y en impactos climáticos. Se resigna y no propone nada para decrecer la actividad turística que es una gran derrochadora de recursos de todo tipo y una gran productora de residuos. También acepta sin rechistar la ampliación de infraestructuras que empeoran la crisis climática como son los puertos, las carreteras y los aeropuertos. Ante la sobreexplotación de los menguantes caudales de los rios y la muy destructiva extracción minera de áridos de los montes públicos la Generalitat no tiene nada que decir. Más allá de las competencias autonómicas la estrategia climática no plantea medida alguna ante la creciente contaminación y emisiones de la aviación, de los cruceros y de los buques de contenedores. No evalua los graves impactos climáticos de los tratados de comercio. Tampoco considera el consumo energético y el impacto ecológico cada vez más grande de los aparatos digitales y la acaparadora actividad de las plataformas digitales. No establece criterios para limitar los regadíos y conservar los escasos recursos y ecosistemas hídricos. No plantea la imprescindible ampliación y connexión de los espacios naturales con más protección legal ni ninguna otra medida concreta para proteger una biodiversidad en peligro.
Cinco años de gobernanza climática del Botànic sin ver resultados
No es creíble esta ley. Es una ley retórica, no real. Es una ley para cumplir con el expediente europeo y estatal de hacer una ley en lugar de realmente mitigar y adaptarse frente al cambio climático y el colapso ecológico en curso. Las relativamente ambiciosas cifras de reducción de C02 prometidas no corresponden en absoluto con las muy modestas medidas concretas propuestas para alcanzarlos. Tampoco posee suficientes objetivos concretos medibles con planes de etapas en el tiempo en los distintos campos para dar credibilidad al plan. No hay ningún hecho que hace pensar que al final de esta legislatura en el 2023, después de 8 años de gobernanza climática y ecológica del Botanic, se habrá avanzado en reducir el impacto negativo climático y ecológico de la economia y sociedad valencianas. Solo habrá una serie de iniciativas incipientes, desconexas, anecdóticas y marginales frente a las tendencias dominantes contrarias en la realidad biofísica valenciana. Por ejemplo, los planes urbanísticos, de infraestructuras, de turismo y agricultura en desarrollo o planificados auguran una continuación de la destrucción valenciana del clima y de ecosistemas, tanto local como globalmente. El Plan practicamente no dice nada de estas tendencias territoriales nefastas que encuentran “en la tubería” ni como remediarlas.
Sin aprender de la gestión fracasada del plan climático anterior 2013-2020
El texto del plan certifica que los resultados la anterior “Estrategia Valenciana ante el Cambio Climático 2013-2020” (todavía vigente) "no han sido satisfactorios" pero no se da explicación alguna del porque ha fracasado. El anterior plan climático ha sido gestionado por los mismos responsables políticos de los mismos partidos desde el 2015 hasta el verano de 2020 cuando esto se escribe. ¿Como se asegura que los resultados ahora serán mejores? No hay razón para creer que este plan no siga el mismo camino del fracaso del anterior por no corregir los errores de la gestión vigente en los últimos 5 años y por no contener objetivos concretos medibles legalmente vinculantes en todos los distintos sectores.
Sin freno al desarrollismo urbanístico y viario
Los objetivos climáticos de la ley se cancelan ampliamente si se hace un mínimo cálculo honesto del peso en emisiones(en materiales, obras, nuevas actividades y movilidades motorizadas) de las futuras obras urbanísticas, varías y de infraestructuras de los próximos 5 a 10 años según la planificación territorial vigente. La justificación de esta ley no considera en sus proyecciones los proyectos y planes existentes sobre el territorio valenciano que harán imposibles una sustancial reducción real de las emisiones de CO2 y un freno al deterioro ecológico valenciano. En los próximos años se proyectan docenas de miles de viviendas nuevas innecesarias sin demanda social, alrededor de unas 25 mil solo en la ciudad de València. Están en vías de desarrollo o proyectadas una gran ampliación de autovías como el A-7, la V21, la V-31 y varios más que incentiverán el uso del vehículo particular. El impacto de la ampliación del Puerto de València, la ocupación de suelo de la huerta en la ZAL y en Alboraia y la faraónicas obras contaminantes ferroviarias y urbanísticas del Parc Central no pueden ser compensado en por ninguna medida de mitigación incluida en esta Ley. Solo un freno en seco de estos proyectos previstos irresponsables podría desmontar un previsible espiral de destrucción ecológica, extractivismo y emisiones.
Solo eficiencia sin suficiencia significa más uso y consumo
Es una ley que confía casi todo al aumento de la eficiencia en lugar establecer topes legales para el consumo de recursos. La ley no toma en cuenta que el aumento de la eficiencia suele ir acompañado con el aumento del consumo de recursos de todo tipo. Por ejemplo, desde los años 90 el regadío valenciano se ha modernizado mucho pero el consumo de agua ha aumentado casi el 50% y la superficie agrícola alrededor del 20%. De forma similar la eficiencia energética buscada con la digitalización de los sectores productivos ha coincidido en los últimos 25 años con un aumento de las emisiones directas e indirectas en sectores como el transporte, las plataformas digitales, calefacción/aireacondicionado y los producto manufacturados. Más eficiencia técnica sin medidas claras de límite y suficiencia nunca conseguirán la sostenibilidad. Las propuestas de la ley ignoran totalmente “la paradoja de Jevons” que constata que más eficiencia por si sola suele significar más uso, más consumo de recursos y más generación de residuos.
No es una ley solidaria al ignorar la huella valenciana en la destrucción ecológica global
El plan no es solidaria globalmente. Ignora en sus indicadores concretos y medibles la huella valenciana sobre las minas, bosques, ríos y mares en cualquier punto del mundo. ya que nuestro consumo de recursos y huella ecológica ultrapasan ampliamente la capacidad de carga del planeta. Sin embargo, la regulación concreta de los volúmenes de nuestro consumo de materiales, alimentos, productos energia procedentes de cualquier parte del planeta no se incluye en los indicadores y objetivos del plan. . La contabilidad de emisiones del borrador de Ley valenciana es garafalmente falsa. Un estudio reciente de la ONU (https://rmr.fm/informes-especiales/informe-cientifico-de-panel-de-onu-alerta-sobre-devastacion-ambiental-historica/) ha confirmado que la mayoría de las actividades extractivas mineras, agrícolas y forestales se llevan a cabo en el Sur Global y representan el 50% de las emisiones globales de CO2, que a su vez son causantes de más del 80% de la pérdida de biodiversidad del planeta. El Plan Valenciano ignora totalmente en sus objetivos concretos estas emisiones y esta destrucción ambiental. Precisamente utiliza en sus indicadores las estadísticas climáticas maquilladas y edulcoradas que esconden la realidad de los impactos acumulados procedentes de esta economía extractiva global. https://www.mdpi.com/2079-9276/4/1/25 . Es un hecho profundamente insolidario no mirar más allá de nuestro patio trasero e ignorar “las emisiones a la sombra” acumuladas en los materiales y productos de consumo que importamos. Quedamos con la perversa situación de que con la estrategia y indicadores concretos(y no teóricos) de este plan cuanto más se deslocaliza fuera de España la producción y los suministros de materiales, menos emisiones “valencianas” de CO2 se contabilizan. En el mismo sentido, la ley ignora y no cuenta las grandes emisiones de la aviación y transporte maritimo internacionales.
El engaño de la "neutralidad climática"
El engañoso y elástico camino de la “neutralidad climática” deja la puerta abierta a seguir contaminando si se “repara” con algunas obras “buenas” como la plantación de árboles o la inversión en placas solares. Esta falsa “neutralidad” se basa en una contabilidad de emisiones contaminantes muy creativa sin una sólida base científica para poder declarar “la neutralidad” cuando el complejo paper de los sumideros de C02 y la eficacia de las “medidas compensatorias” son muy inciertos y debatidos en el ámbito científico. La ley permite de forma engañosa que las empresas “compensen” sus emisiones con medidas sin concretar ni valorar su eficacia compensatoria cuando la experiencia de los últimos 30 años de políticas clilmáticas muestran que la contaminación “propia” no se compensa con “sumideros ajenos”. Hecha la ley, hecha la trampa.
El reduccionismo del enfoque casi exclusivo en la energía eléctrica renovable.
El plan refleja una visión reduccionista energética centrada el fomento de las renovables y la movilidad eléctrica que no asegura una menor dependencia de los combustibles fósiles. La ley favorece una dependencia futura del gas natural y no aprecia ampliamente la relación compleja entre la energía y una transición ecológica. Juega todo a una carta: un aumento de la electrificación de la economía que actualmente se encuentra desde hace años estable alrededor del 20%. Más producción de electricidad renovable puede simplemente ser una suma al mix energético actual, como hemos visto en los últimos 20 años, y no reducir la dependencia del petróleo, gas y carbón. que sigue siendo alrededor de 80% del mix energético. No habrá una gran reducción de emisiones si no se acompaña el fomento de las renovables con una radical reducción de la demanda de estos combustibles fósiles y de las emisiones acumuladas en todos los materiales y productos que importamos de cualquier punto del mundo. Actualmente el aumento de la producción de renovables simplemente suma más energía en lugar de sustituir las energías sucias. El plan también confunde el sector eléctrico con el sector energético. No contabiliza la enorme inversión energética en materiales, infraestructuras y emisiones necesaria para aumentar la electrificación del mix energético ni es realista sobre el papel de la energía solar y eólica que hoy representa menos del 5% de la energía que consumimos directa o indirectamente mediante la economía material. La filosofía engañosamente tecno-optimista de la ley pregona la idea de que con el fomento de las renovables vamos camino hacia un país “descarbonizado”. Nada más lejos de la verdad. Actualmente el petróleo sigue significando globalmente(lo más importante en una economía globalizada) el 33% de la energía primaria, el gas el 24% y el carbón el 27%, frente a solo un 5% de las renovables, un 6% de la hidroeléctrica y un 4% de la nuclear, lo que muestra lo lejos que se está de un sector energético descarbonizado. En lugar de contar la dura realidad de una “transición energética” la ley da la simplista y localista idea de “desenchufar lo fósil” y “enchufar lo renovable” sin considerar los imprescindibles cambios radicales en nuestra pautas de consumo, transporte y urbanismo. Peor aún: la ley valenciana fomenta más consumo del combustible fósil del gas que considera como “menos contaminante” cuando hay abundante literatura científica que afirma que el impacto climático del gas es muy grande y creciente. https://m.publico.es/redirect/blogs/ecologismo-de-emergencia/2018/11/02/gas-renovable//amp Nadie dice que un cambio energético es fácil pero la ley dulcifica una realidad muy tozuda lo que es la mejor manera para no cambiar nada.
El coche eléctrico como la "propuesta estrella" condenada al fracaso
El borrador de ley tiene como “propuesta estrella” la promoción de coches eléctricos. En el mismo sentido, conseguir que haya más coches eléctricos, hasta el 15% del parque móvil en el 2030, no es un logro muy positivo cuando para aquella fecha el número total de coches habrá crecido al menos 15% de los cuales 85% seguirán siendo de combustión. Tampoco toma en cuenta que el vehículo eléctrico solo reduce las emisiones en entre el 17 y el 30% al considerar las emisiones acumuladas en sus materiales y producción. Además, un informe británico muy reciente (https://www.bbc.co.uk/news/amp/science-environment-53353258?__twitter_impression=true) afirma que 80% de la reducción en emisiones de los coches eléctricos será cancelada por la construcción de nuevas infraestructuras varias(muy presente con ampliaciones de autovías en la Comunidad Valenciana), aparcamientos y las sustunciales emisiones de sus frenos y neumáticos(cuyos residuos acaban en el mar). La introducción paulatina de coches eléctricos no reducirá marcadamente las emisiones ni la contaminación urbana, si el volumen total de viajes y vehículos circulando no disminuye radicalmente. El plan de electrificación del transporte no es creíble según los propios cálculos del plan en el Anexo 2 . Así no se entiende como la promoción del coche eléctrico es una de las iniciativas estrellas del plan al ser un producto de consumo muy caro que exige la construcción de infraestructuras de recarga, grandes ayudas públicas e ingentes cantidad de espacio público robado al peatón, el ciclista y el usuario del transporte público. Tampoco aborda seriamente el crecimiento del transporte de mercancías en camiones y buques muy contaminantes ni las emisiones de la aviación, todo para el cual no hay un recambio tecnológico posible, al menos a corto a medio plazo(precisamente cuando hay que actuar más climáticamente). No establece objetivos concretos y vinculantes para trasladar el transporte de mercancías de la carretera al ferrocarril. Ignora totalmente los datos recientes de que “la renovación del parque automovilístico” que muestran que los coches nuevos no reducen las emisiones totales al haber coches cada vez más pesados y más potentes incluso si son híbridos o más limpios. La misma definición de “coche eléctrico” no está clara en la propuesta ley: un vehículo debe tener uno de sus motores que se puede enchufar a la red eléctrica. Quiere decir que la mayoría de su fuente de energía puede seguir siendo la gasolina o gasoil mediante coches híbridos. En suma, es totalmente falso y engañoso referirse en el plan a los coches con motores eléctricos como vehículos “zero emisiones” o “libre de emisiones”.
Un cheque en blanco para la agricultura industrial biocida
No impone ningún objetivo concreto a la agricultura y la ganadería mientras este sector queda exento de obligaciones del uso de renovables, de la reducción radical del uso de tóxicos(como pide la Comisión Europea), nitratos y agua y mucho menos producción de carne cuando el sector agrícola y ganadero tiene un enorme impacto sobre el suelo, el agua y el aire de la Comunidad Valenciana y globalmente sobre la biodiversidad. Es chocante la falta de objetivos concretos y medibles para un sector con unos impactos fundamentales para la resiliencia, adaptabilidad y mitigación frente a la emergencia climática. A pesar de ser el sector clave para frenar la pérdida de biodiversidad la ley apenas aborda esta problemática. El silencio de la ley frente a los impactos del sector alimentario es atronador. Mientras la producción de carne representa el 14.5% de las emisiones de CO2 a nivel global, en todo su ciclo, este plan no incluye ningún objetivo concreto ni estrategia para reducir el volumen total de la ganadería valenciana ni las importaciones de piensos ni la reducción del consumo de carne por la ciudadanía valenciana. Incluso habla de aumentar la ganadería extensiva y el cultivo de de piensos animales. Habla de evitar las macrogranjas pero de forma engañosa al no establecer límites del número de cabezas de ganado por comarcas o municipios. Ignora el hecho de que las macrogranjas operan por subcontrataciones a pequeñas explotaciones en la Serranía, por ejemplo, que sufre por la contaminación por nitratos de los acuíferos. De hecho, el plan no propone medidas concretas preventivas para los centenares de municipios valencianos que sufren desde hace muchos años la contaminación de los acuíferos por nitratos a causa de la ganadería/agricultura. Es una situación que no mejora. La ley es insensible al hecho de que centenares de miles de valencianos no pueden beber el agua del grifo con seguridad.
Silencio ante el espiral de impactos y peligros digitales
La ley valenciana ignora totalmente las emisiones, grandes impactos ambientales del enorme extractivismo global y residuos peligrosos creados por un sector digital que crece vertiginosamente (ya representa entre el 3% y el 10% de las emisiones de CO2 según la contabilidad utilizada y cuyos residuos muy difícilmente reutilizase solo se reciclan alrededor del 15%(aquí como en otros sectores la economía circular no funciona) por la complejidad de sus componentes. En los últimos cinco años ha habido un incremento del 21% en los residuos electrónicos y en el 2030 se espera que se duplican. El consumo energético de sector digital crece exponencialmente sin que haya medida concreta alguna en la ley valenciana al respeto. Los componentes de los aparatos electrónicos se extraen y se fabrican con las energías más sucias y contaminantes con una enorme repercusión sobre la biodiversidad, el clima y la salud de las personas del Sur Global. La ley Valenciana también ignora totalmente que la generación digital del 5G puede significar hasta cinco veces más consumo energético del sector digital. Mientras tanto el avance incesante de la “digitalización” se proyecta como una máxima prioridad política de la misma Generalitat Valenciana. Cualquier consideración de las disparadas cifras de emisiones, consumo eléctrico, minería y residuos imposibles de reciclar/reutilizar evidencia que el “Screen New Deal”(Nuevo Trato Digital) no es nada compatible con un verdadero “Green New Deal” que aminora los peligros ecológicos. Lejos de “desmaterializar” la economía, la digitalización creciente mediante las distintas plataformas digitales, de Amazón-Uber-Deliveroo-Glovo-Lyft, aumentan las emisiones, los residuos y el extraccionismo. La ley valenciana ignora este hecho ambiental muy visible en la vida cotidiana valenciana en lugar de establecer límites y regulaciones ambientales a la explosión digital.
Residuos y "economia circular" que no reduce en origen los peligros del "usar y tirar".
La propuesta ley habla de la economía circular de forma genérica sin objetivos claros de reducción de la generación de residuos. Ignora el hecho de que según numerosos estudios científicos la gran mayoría de nuestros residuos no puede ser reciclada ni reutilizada de forma eficiente con un ahorro energético y material. La única forma de haber menos generación de residuos imposibles de reciclar y reutilizar es de reducir drásticamente la generación de residuos, es decir producir menos. Por lo tanto, una verdadera economía circular exigiría que usemos mucho menos combustibles fósiles (que no es lo mismo que usar más energía renovable), y que acumulemos menos materias primas en los productos básicos y embalajes. Lo más importante es que necesitamos hacer menos cosas: menos automóviles, menos microchips, menos edificios. Esto daría como resultado una doble ganancia: necesitaríamos menos extracción de recursos, mientras que el suministro de materiales descartados disponibles para su reutilización y reciclaje seguiría creciendo durante muchos años. No hay objetivos de reducción del consumo de recursos en la propuesta ley. El concepto de economía circular en esta ley se alinea la sostenibilidad con el crecimiento económico; en otras palabras, más automóviles, aunque sean eléctricos, más microchips, más edificios. Así piensa la ley que la economía circular fomentará "el crecimiento económico sostenible". Incluso el mayor reciclaje total de una fracción de los recursos, exige una condición adicional de simplificación de los procesos industriales: que todo este hecho con madera y metales simples, sin utilizar materiales sintéticos, semiproductos. conductores, baterías de iones de litio o material compuesto. En su actual forma “la economía circular” solo se aplica a una pequeña fracción de la economía material valenciana. Solo podemos conseguir una sociedad de reparación, reutilización y reducción de materiales mediante unas leyes y fiscalidades contundentes no mencionadas en esta propuesta de ley. Este plan valenciano, a pesar de muchas expresiones retóricas, sigue orientado a medidas “final de la tubería” de reciclaje que nunca nos acercará a una verdadera economía circular con menos extracción de recursos y mucho menos huella ecológica.
