La nueva economía debe aplicar el principio de responsabilidad tanto en la política y las leyes como en la producción y el consumo. Debe frenar y reducir la destrucción y las contaminaciones generadas en las personas, los ecosistemas, las especies y animales no humanos, y las generaciones futuras.

Necesitamos una economía de mercado regulada con exigentes normas sociales y ecológicas, y con capacidad de evitar la gran concentración empresarial y favorecer la diversificación y su enraizamiento local y bioregional.

Contrariamente al crecimiento ilimitado de la economía material que destruye los sistemas vivientes, la apuesta por el decrecimiento sostenible conlleva el aumento de la economía inmaterial, es decir, de los flujos de innovación y de intercambio de la cultura y la información de todo tipo.

La nueva economía verde y social exigirá profundos cambios fiscales y legislativos para hacer las paces con el planeta y las personas.