Hoy en España, en toda Europa y en Estados Unidos, ante la crisis económica hay voces que exigen un plan público de salvación para los fabricantes de automóviles. Una inaudita orquestación entre empresarios, sindicatos, y gobiernos centrales y de comunidades autónomas, demanda una infusión de miles de millones de euros de la ciudadanía contribuyente para subvencionar las bajadas de ventas de la grandes empresas fabricadoras de vehículos como son la Renault, la Ford, la Opel y otras marcas de coches que ya han restringido radicalmente la producción ante la rápida caída de las ventas de coches a efecto de la crisis económica. Están en juego muchos puestos de trabajo en grandes fábricas que han constituido los motores de las economías de ciudades como Valencia, Zaragoza y Valladolid.
Pero quizás, para intentar ayudar a estas empresas con dinero público habría que responder previamente a algunas preguntas: ¿Realmente es de interés público el que los gobiernos socialicen las pérdidas automovilísticas? ¿Cuales son los objetivos sociales, económicos y ambientales que justifican tal "interés público"?
Hace unos 25 años se llevó a cabo en España una necesaria reconversión industrial de la siderurgia y de otros sectores productivos por considerarlos ineficientes y anacrónicos. Hoy día, ante el deterioro acelerado de la vida planetaria y los daños al clima estamos en una situación aún más urgente con la industria de fabricación de coches. Esta actividad terriblemente contaminante y destructora de la vida exige una reconversión industrial. Hoy resulta inadecuada, anacrónica y peligrosa el tipo de tecnología y el capital fijo invertidos para la fabricación de las grandes marcas de coches con motores de combustión de gasolina. Esta vieja tecnología ya no sirve para los retos energéticos y climáticos a que nos enfrentamos. No podemos seguir durante más tiempo el actual modelo dominante de un coche pesado con un alto consumo de gasolina y con grandes emisiones contaminantes a la atmósfera. El empeño en continuar ciegamente por el mismo camino energético y tecnológico del petróleo, además de aumentar nuestra dependencia energética exterior y poner en peligro nuestra salud y la del planeta, carece de una mínima racionalidad económica ante la subida del precio del petróleo cada vez más escaso y ante la creciente demanda social de coches más eficientes y menos contaminantes,
Para poder afrontar con mínimo éxito la actual crisis económica y social sería mejor dedicar los escasos recursos públicos disponibles a una reconversión ecológica del sector del transporte privado. ¿Porqué echar miles de millones de euros a un pozo sin fondo de unas empresas que se muestran inviables, mal gestionas y sin futuro?. ¿Porqué el gobierno no condiciona las ayudas públicas a unos nuevos modelos productivos que den prioridad a los coches eléctricos, a los coches híbridos y a una nueva red energética inteligente para la recarga de pilas de coches que utilizan fuentes renovables de energía ? ¿Porque no se afronta una reconversión del sector hacía una menor dependencia en el petróleo, y a favor de unas emisiones de contaminantes radicalmente más bajas?
Es posible buscar unas salidas dignas con ayudas públicas para garantizar el empleo de los trabajadores del sector automovilístico mediante nuevas iniciativas de reconversión en tecnología limpia, y también es posible regular legalmente las horas y el reparto del trabajo existente para intentar absorber parte de la fuerza de trabajo excedentaria. Resulta un lujo dejarnos llevar por la defensa numantina de unas maquinas humeantes que dependen de una técnica que desprecia los conocimientos y la sabiduría tecnológica alcanzados en el siglo XXI. Como ha dicho recientemente el periodista estadounidense Thomas Friedman: "Si desaprovechamos de la oportunidad de ganar la carrera del Coche 2.0 porque seguimos empeñándonos en salvar el Coche 1.0, no se podrá culpar a nadie más que los nuevos accionistas: nosotros, los contribuyentes."
