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BÚSqueda

Los Verdes

2 mai 2014 5 02 /05 /mai /2014 09:25

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Parece que las elecciones europeas en puertas están sirviendo para sacar del baúl algunas esencias ideológicas más puras y apasionadas.  Los candidatos de los grandes partidos nos sirven platos llenos de inflación retórica que sirve para ocultar las opciones principales que hoy día se juegan en la política europea. Paradójicamente ocurre que la política europea  se saca fuera de la actual campaña electoral aprovechando de la lejanía y del desconocimiento de gran parte del electorado, .

 

Una buena muestra de ello son las posiciones que son adoptadas durante esta campaña electoral por la candidata del PSOE: Elena Valenciano. Ella repite y repite que votando al PSOE es posible “ganar a la derecha” y conseguir un “cambio progresista en el gobernanza de Europa girando hacia una Europa social”. Pero Elena Valenciano sabe muy bien que ambos objetivos están muy alejados de la cruda realidad política e institucional que hoy existe en Bruselas, y están bien lejos hasta de las prioridades políticas de los partidos socialistas europeos.
Habrá que recordarle a la cabeza de lista del PSOE que la práctica política más palpable de los socialistas europeos liderados por Martín Schultz, y de su propio partido PSOE, bien poco tiene que ver con su machacona letanía electoral de “ganar a la derecha”. Conviene no olvidar que el actual Presidente de la Comisión Europea, el conservador portugués Durao Barroso, fue elegido con la mayoría de los votos de los eurodiputados socialistas, y de la gran mayoría de los votos del PSOE. Y no responde solo a un hecho trivial o coyuntural el que el partido socialista de Martin Schultz gobierne en una gran coalición con la abanderada del llamado “austericidio”: la mismísima Angela Merkel. Conviene tomar buena nota sobre el partido socialista de Schultz, el SPD, que no comparte en su programa electoral ninguna de las propuestas concretas sobre la llamada “Europa social” ni sobre una deseable gobernanza “solidaria y federal” sobre el conjunto de la economía financiera europea. Algo similar ocurre con los socialistas gobernantes en Francia e Italia.
Cuando se mira por debajo de la "charlatanería populista" practicada desde la oposición al gobierno del PP por parte los candidatos socialistas, las propuestas en favor de la Europa social frente a la Europa de los mercados y las empresas transnacionales carecen de existencia real y se desvanecen en el plano de la política practicada por los socialistas europeos. Además, también es de sobra conocido que la mayoría de las decisiones de la UE se consensuan y se pactan entre los populares y los socialistas europeos, sea en el Consejo de Ministros de la UE o en el Parlamento Europeo.

 

El candidato de la lista del PP Arias Cañete ya ha ganado las elecciones europeas porque será un comisario del próximo gobierno europeo, sean cuales sean los resultados electorales. Antes del proceso electoral del próximo 25 de mayo, ya se ha decidido que Cañete será un ministro de la próxima Comisión Europea. Es decir, ya se ha pactado que Cañete pertenecerá al brazo ejecutivo o gobierno” de la Unión Europea. De hecho, típicamente ocurre que casi todos los comisarios o “ministros europeos” ya están decididos de antemano mediante los acuerdos a los que han llegado los respectivos gobiernos de los 28 estados miembros de la UE. Esta anomalía democrática es un fiel reflejo de la fuerza que tiene la deriva inter-gubernamental: el dominio de la “Europa de los Estados” frente al proyecto de la “Europa de la ciudadanía”. 

 

Antes de que se dé el proceso electoral europeo, los comisarios o ministros europeos que propondrán la letra de las leyes europeas durante los próximos cinco años, ya están designados por sus respectivos Gobiernos estatales, y es a sus partidos a quienes deben gratitud, obediencia y lealtad. Aunque ciertamente el Parlamento Europeo tiene la posibilidad de cuestionar a cada comisario europeo propuesto y está encargado de ratificar a todo el conjunto de comisarios, lo cierto es que en su historia, el Parlamento Europeo actúa de comparsa ratificando los nombramientos conjuntos previamente pactados y repartidos entre los partidos de la derecha y los socialistas europeos. Aunque el partido más votado propondrá quien será el presidente de la Comisión Europea, en general todo el pescado de cargos políticos institucionales ya está vendido y repartido de antemano entre los dos grandes partidos. El hecho de que el Parlamento Europeo tenga ciertas competencias no anula el gran protagonismo y el poder determinante del Consejo Europeo, que no olvidemos que solo responde a las instancias de inter-gobernabilidad al estar compuesto por los gobiernos de los Estados miembros. Luego la dirección política de la Europa actual no está en el Parlamento Europeo sino en manos del Consejo Europeo compuesto por los gobiernos de los estados miembros. El Consejo Europeo suele fagocitar, apaciguar o contrariar las decisiones del poder legislativo democrático tomadas por el Parlamento Europeo, a pesar de que el Parlamento Europeo es la cámara democrática cuyos miembros eurodiputad@s han salido de las votaciones electorales y las urnas. 

En suma, quien tiene a Europa bien agarrada por los cuernos es el Consejo Europeo, un organismo de dirección política que se constituye por los estados miembros, ahora liderados por una Alemania que traslada unas políticas neoliberales al conjunto de Europa sin responder a la prioridad del interés común por estar muy influidas por la agenda del beneficio económico creciente para las grandes empresas. En consecuencia, resulta escasamente realista y es poco probable que ocurra el proclamado "giro a la izquierda" que la euro-candidata del PSOE Elena Valenciano pregona en cada mitin. Difícilmente podemos esperar que las grandes lineas económicas, sociales y ambientales de la UE vayan a cambiar significativamente en el caso de que los resultados electorales en las próximas elecciones europeas favorecieran a las candidaturas del partido socialista.

 

En todo caso, no debemos despreciar que la Unión Europea tiene en su haber algunos logros valiosos y representa una embrionaria alternativa histórica supra-estatal frente al anacrónico y fraticida reino de divisiones competitivas entre los estados nacionales. La actual crisis de confianza ciudadana en las instituciones europeas exige salir del actual modelo europeo de "club de estados" para iniciar cambios de rumbo hacia una Europa más democrática, social y ecológica. La participación y el voto en las elecciones europeas sigue siendo importante para sacudir y cuestionar el sistema actual de pactos entre las élites políticas y élites económicas en Bruselas, y para propiciar una Europa más política, democrática y transparente.

 

Las candidatas y candidatos europeos en plena campaña electoral habrían de mostrar más honestidad y respeto hacia la ciudadanía y al electorado respecto a las condiciones y la realidad actual de las instituciones y políticas comunitarias. La demagogia narcotizante en boca de los candidatos escenifica una inexistente confrontación entre populares y socialistas en torno al proyecto europeo. Pero este supuesto cruce de sables entre los socialistas y los conservadores europeos elimina la posibilidad de un debate esclarecedor sobre propuestas y contrapropuestas concretas y factibles para las futuras legislaturas europeas.  

Por favor, ¡dejen ya de engañar y de jugar con la ciudadanía mediante la puesta en escena de ideologías caducas en antagonismo pero bien alejadas de su práctica política!.
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25 avril 2014 5 25 /04 /avril /2014 18:54

Mi respuesta a esta opinión de la Comisión Europea sobre el acuerdo de comercio UE-EE.UU.

 

http://elpais.com/elpais/2014/04/23/opinion/1398271213_011657.html

 

El sesgo y la opacidad de las negociaciones EU-EEUU


  El representante de la Comisión Europea Francisco Fonseca Morillo, en su carta al Director del 24 de abril defiende la absoluta transparencia democrática e imparcialidad de las negociaciones sobre la Asociación Transatlántica de Comercio y Inversión (ATCI) entre la Unión Europea y los Estados Unidos.

 
    La triste realidad es que existe una total transparencia solo para las grandes empresas multinacionales, más de 600, que sí tienen acceso a las propuestas y los textos negociados en tiempo real, cortesía del Gobierno de EEUU. En cambio, a la ciudadanía europea y sus representantes les está negado el acceso a dichos textos y por ello desconocen los detalles legales de la negociación en curso. Mientras la gran industria  expresa diariamente a la Comisión Europea sus opiniones concretas sobre la letra exacta de las negociaciones la sociedad civil europea solo puede opinar sobre las ideas generales de la negociación. http://corporateeurope.org/trade/2014/03/civil-society-call-full-transparency-eu-us-trade-negotiations.
 

    La Comisión Europea niega que el futuro pacto UE-EEUU pudiera suponer la bajada "de facto" de las normas europeas ambientales, sanitarias, alimentarias e industriales. Sin embargo,el mismo Sr. Fonseca lo confirma al proponer el eufemismo de "reconocimiento mutuo" para permitir el comercio de productos hechos con leyes distintas entre la UE y los EE.UU., en la mayoría de los casos para reconocer las reglamentaciones mucho más laxas  de los Estados Unidos. En otras palabras, un intento masivo de "blanqueo legislativo"de espaldas a los procesos democráticos normales.

 David Hammerstein, Foro Transatlántico de Consumidores

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15 avril 2014 2 15 /04 /avril /2014 11:27

 

Speaking Notes for INGENIO on CONNECTING INNOVATION AND SOCIETY: OPEN DEBATE AND THE CREATION PUBLIC KNOWLEDGE GOODS

 

Valencia, April 7th, 2014

 

Presentation: I was born in US, I am Spanish and I have been working in the EU Brussels environment for the past 10 years. Ecologist, Sociologist, social activist, public interest lobbyist, a hybrid between many cultures, especially between social sciences and physical natural sciences. I worked on the political debate of Horizon 2020 and previously the Seventh Framework Programme for Research and Innovation of the European Union both as a politician and a consumer representative. I will give a few telegraphic theoretical ideas and then I will make some political proposals on science and innovation.

 

 

A few basic concepts:

 

The facts of the world all include interdependent elements with mutual reciprocity: cosmic, geological, biological, psychological, social and cultural, among others. They are all with a hierarchical dependence within finite limits.

 

1. Innovation: Separation or Connection?Modern society usually forgets the obvious connection between 3 communities: objects, human beings and nature. When these 3 communities are studied they are separated radically with very different levels of value, knowledge and activity in academic sub-disciplines. We have created non communicating silos of knowledge. Science has tried to create pure separate zones between human and non-human, with discourses that are different for each compartment. Innovation studies and science in general should try to connect and open up communication between knowledge communities.

 

2.Science in its cavern often ignores social debate. Questions of science and innovation rarely consider realities that belong to society, such as different rationalities, openness in pluralistic debate, democratic freedoms and human action. These universal principles are seen as completely separate from scientific knowledge that affirms that it relates "objective facts" from the realm of necessity and not the realm of freedom nor subjective belief nor morality. Scientific issues are dealt with as if they were outside of society, they are idealized, seen as pure, as if they were not human constructions and social phenomenon created in concrete social, economic and ideological contexts. Science is a social phenomenon with all its elements of conflict, contradiction, ideology… Today many innovation/science projects take place in a dark, romanticized caves with very little light, little public debate and very little political reflection and projection.

 

3. Social and political sphere that often ignores the representation of the bio-physical world (from science and innovation). On the contrary of physical science side, we have the social political sphere that only speaks of human affairs of the state, representational government, systems of values, equality, rights, ect,, all of which today is almost totally dominated by economicism, the non-realistic fetichism of unlimited economic growth in a finite world. In this social-political world there is practically no room for the representation of the bio-physical world despite being the basis and prerequisite for most social life. How can we escape this contradiction of a political sphere that ignores the bio-physical world and the enclosed, embattled world of science of physical facts that does not consider social, ethical and political questions? A big mistake we make is to think that social reality is only made and directed by people and for people and not at all by any exterior forces. Social reality is a transcendent inasmuch as the State, laws and citizens that has a sui generis reality above individuals but in practice our reality is made up of very diverse actors that are individuals, things and nature,

 

4 We need to represent hybrids for real socially useful innovation. Our reality is hybrid and we need to admit it. Is climate change natural or social? Is medicine social or natural? Is nuclear fusion natural or social? We need knowledge systems that bring together at once the bio-physical world and the social, political, cultural, citizen world with its institutions, beliefs and practices where presently they practically have no visibility or relevance. This is an unescapable need for our societies. I hope innovation studies can help this need of hybrids.

 

 

"Science, Technology and society is not simply about social contexts or human interests or powers related to scientific practices, but it is also about communities, associations between humans, non humans and things, in which human society is only one part of the community of networks and relationships woven like a spiderweb by means of language, discourse and representation. Neither things alone nor humans in themselves can be conceived separately and in isolation- this is a dangerous modern myth- because that would jeopeordize the referential function of language and knowledge as an external reference (nature of things and nature of society)."

 

Bruno Latour: We have never been modern. http://es.scribd.com/doc/38504479/Bruno-Latour-We-Have-Never-Been-Modern

 

Positivism: Reality can´t be reduced only to quantitative, segmented physical measurable data. I am not a positivist because I believe in complex, responsible science that goes way beyond Newtonian lineal cause-effect science, and that takes into account the social, environmental and physical complexity and uncertainty of the empirical and connected reality of people, things and nature.

 

Lobbies in Brussels: 4000 big business lobbyists try to move the EU´s scientific and innovation agenda in their direction; only a handful defend public interest. Scientific issues are dealt with as if they were outside of society, they are idealized, seen as pure, as if they were not human constructions and social phenomenon created in concrete social, economic and ideological contexts. Science is a social phenomenon with all its elements of conflict, contradiction, ideology, personal interest.. This needs to be on the table, transparent and part of the debate in the EU if we are to have socially useful and scientifically serious innovation. There is very little impact of academic proposals on EU research policy while big industry pushes the vast majority of concrete policy proposals in the European Parliament and the European Commission. Most visits by innovation academics to Brussels is to look for funding, not mainly to influence general EU policy.

 

 

We pay, we have a right to know.Complex, democratic science and innovation needs openness to debate, both with experts and citizens, openness about sharing data and knowledge, with a firm commitment to guarantee a clear public return for public investment - that is a majority in most innovation processes. Otherwise it is a rip-off of taxpayers and the public interest.

 

Autism and manipulation between innovation and politics. How can we bring both innovation, scientific studies and the political-social sphere out of their respective caverns? How can we politicize and socialize scientific and innovation debate while bringing scientific debate into the political sphere? Today between the scientific-innovation world and the social-political world there is a mutually autistic and, occasionally manipulative, self-interested, relationship. We cannot leave it in the hands of politicians. The science-innovation community needs to be involved in broad citizen debate with understandable alternatives about innovation policy on the table.

 

 

Zombie Terms: Innovation, Excellence, Technology Transfer….Almost all are based on market penetration or commercial success or getting monetary resources from private or public sources; not primarily taking into account the social, health or environmental interests of the common good. They are ideological self-serving terms to preserve the present power structure of knowledge governance and these terms have very little to do with any empirical evidence outside of formal categories of stock margins, profit levels and high-level journal publishing, citation and academic promotion. They often represent tautologies (everything new, momentarily profitable or economic growth oriented is innovation), "Knock, knock, there is a real world out there!"

 

Just a few examples:

 

1. Common Good(health, environmental protection, security and safety, equality, pluralistic debate, ): Is this the Nuclear Fusion project with billions of public funds? Where is the debate? Are "innovative medicines" innovative or are they just new with little therapeutic value(as most research reflects)? Is a project excellent if its knowledge, generated substantially with public funds or protected by public regulation is locked-up by Intellectual Property Rights and its eventual products are unaffordable or inapproriate to 95% of the worlds population?

 

2.Are we stupid venture capitalists?When the state invests in innovation it plays the role of a kind of venture capitalists. Nevertheless, if the innovation is commercially successful, how does the state get its "return"? Public Return of public investment: The state and the EU as risk capitalists, the most important investors in socially useful innovation for the common good. But where is the Return? Is "trickle down" good enough?

 

3. Open Access: If most research articles are the result of publicly financed projects, why are most of the published articles behind "pay-walls", copyright terms and distribution exclusivity terms signed with scientific publishers? Is it fair that the 3 largest scientific publishers have a profit margin of 38% if most of the articles they publish are a result of research financed by the state and free peer reviews? The EU´s Horizon 2020 program mandates open access publishing for all projects that receive EU funding.

 

4.Open Data: The EU´s Horizon 2020 has mandated the progressive promotion of an open data policy that shall become the norm by 2020. This means that data generated with public funds cannot be enclosed by exclusive monopolies of copyright, patents and commercial secrecy. Data bases that back up journal articles must be accessible.

 

5. Text and data mining: The right to read should be the right to mine with software in scientific research. There needs to be a mandatory exception to copyright to allow the easy use of research articles and data bases for academic initiatives.

 

6. Intellectual Property Rights: What are incentives for socially useful innovation? The present model of IPR monopolies often does not serve the public interest. Counting patents is not always the best indicator of innovation. The IPR system can become mainly a money making operation, an end in itself, as opposed to an incentive for innovation. Often strong IPR enforcement rules and penalties chill or inhibit useful innovation more that they promote it. For example, it is increasingly clear that patent monopolies in medical innovation is not helping to produce the medicines our societies need. Open innovation models, clinical trial transparency, inducement prizes, patent pooling, public-private partnerships and open source collaborative research are some the the alternatives that need to be promoted. We should remember that much of the innovation in the IT field has mainly taken place within weak or light IPR rules that has permitted wide sharing of knowledge. Many of our laws in the EU do not reflect the need for a flexible IPR environment to promote innovation.

http://haieurope.org/wp-content/uploads/2012/04/HAI-Europe_TACD-EU-Innovation-Paper.pdf

 

david@davidhammerstein.org davidhammerstein.com @DaHammerstein http://tacd-ip.org/

 

 



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24 mars 2014 1 24 /03 /mars /2014 02:12

PUEDES FIRMAR AQUÍ:

http://preview.smartfocusdigital.com/go.asp?%2F.2014.digitalmarketing.planetaryhealth.homepage%2FbELA001

humanos-evolucion-codigo-barras.jpg

Este manifiesto es una llamada en favor de la creación de un movimiento social que defienda apoyar la acción colectiva a favor de la salud pública en todos los ámbitos, personal, comunitario, regional, nacional, global y planetario. Nuestro objetivo es responder a las amenazas a las que nos enfrentamos haciendo defensa de la salud y el bienestar humano junto a la sostenibilidad ecológica de nuestra civilización, de los sistemas naturales y humanos que dan soporte a la vida. Reconocemos que el planeta alimenta y sostiene la diversidad de la vida, en la cual coexistimos y de la que dependemos. Nuestra meta es crear un movimiento a favor de la salud planetaria.

 


Nos dirigimos a la ciudadanía y a grupos como son los profesionales de la salud y de la salud pública, políticos, funcionarios internacionales de la ONU y de agencias del desarrollo, y académicos que trabajan en favor de las comunidades. Sobre todo, hacemos un llamamiento a cada persona que tiene un interés en su propia salud, en la salud de los seres humanos y la salud de las futuras generaciones.

 


La disciplina de salud pública es necesaria por sus valores de justicia y equidad social y por su orientación hacia las acciones de pueblos interdependientes y sus comunidades. Nuestros objetivos son proteger y promover la salud y el bienestar, evitar la enfermedad y la discapacidad, eliminar las condiciones sociales y ambientales que dañan la salud y el bienestar y fomentar las capacidades de resiliencia para la mejor adaptación, resistencia y flexibilidad. Para conseguir estos objetivos nuestras acciones deben responder a la fragilidad ecológica del planeta y partir de nuestra obligación para salvaguardar los entornos naturales y humanos en los cuales existimos.

 


La salud planetaria es un bien común y una actitud y filosofía hacia la vida. Se orienta hacia las personas en lugar de las enfermedades, hacia la equidad en lugar de las sociedades injustas. Intentamos minimizar las diferencias en salud por rentas, sexo, educación y lugar de nacimiento. Apoyamos el acceso al conocimiento como una fuente de transformación social y defendemos el derecho a realizar progresivamente el más alto nivel de salud y bienestar sin dañar los procesos biogenerativos del planeta.

 


Nuestros patrones de sobreconsumo pueden causar el colapso de nuestra civilización. Los múltiples daños que inflingen a nuestros sistemas planetarios ponen en peligro nuestro futuro como especie y el del resto de los sistemas vivos. Las ganancias en salud y bienestar de los últimos siglos no son irreversibles, se pueden perder fácilmente, esta es una lección que aún no hemos aprendido de otras civilizaciones que se colapsaron por sobrepasamiento de los límites ambientales. Hemos creado un injusto orden económico global que favorece a una pequeña y rica élite por encima de la gran mayoría.

 


La idea de crecimiento y progreso ilimitados en un planeta finito es una arriesgada ilusión humana y su éxito trae cada vez más amenazas y daños potencialmente peligrosos. También nuestra tolerancia del neoliberalismo y de las empresas multinacionales que persiguen fines muy ajenos a las necesidades de la mayoría, especialmente las personas más vulnerables y marginadas, aumenta los crecientes daños y peligros a los que nos enfrentamos. Vivimos en un mundo donde la confianza que tenemos en nuestros líderes y en nuestras instituciones ha caído a niveles incompatibles con sociedades justas y pacíficas. Con ello se contribuye a la creciente desilusión ciudadana hacia las instituciones de la democracia y los procesos políticos de regulación.

 


Nos urge una transformación tanto en nuestros valores como en nuestras prácticas, basada en el reconocimiento de la interdependencia y la conexión entre los riesgos sociales y ambientales a los que nos enfrentamos. Necesitamos una nueva visión democrática y cooperativa a todos los niveles de la sociedad además de un nuevo principio planetario de bienestar, ecológico y de todas las personas, un principio de supervivencia que afirma que debemos conservar y aumentar la capacidad de resistencia y recuperación de los sistemas naturales y de los sistemas humanos de los que nuestra salud depende. A menudo los gobiernos incumplen sus compromisos, por ello hace falta un control ciudadano independiente para la revisión y mejora de los mismos y para proponer medidas compensatorias.

 

 

Las voces de la salud pública y de la medicina junto a las voces de la conciencia en favor de la salud ambiental planetaria, pueden desempeñar un papel importante para impulsar este movimiento. Conjuntamente con la acción de las comunidades activas podemos enfrentarnos a intereses y fuerzas que hipotecan nuestro futuro. Un movimiento social potente puede defender la salud planetaria y al mismo tiempo apoyar la vía de un desarrollo humano acorde con las exigencias de la sostenibilidad.

 

gente-arbol.jpg

 

Richard Horton, Robert Beaglehole, Ruth Bonita, John Raeburn, Martin McKee, Stig Wall

The Lancet, London NW1 7BY, UK (RH);

University of Auckland, Auckland, New Zealand (RBe, RBo);

Department of Public Health, AUT University, Auckland, New Zealand (JR);

Department of Health Services Research and Policy, London School of Hygiene and Tropical Medicine, London, UK (MM);

Department of Public Health and Clinical Medicine, Umeå University, Umeå, Sweden (SW)

 

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17 février 2014 1 17 /02 /février /2014 18:16

 Moises-Mercado.jpg 

 

Un espectro acecha a Europa. A velocidad supersónica se están cociendo unas negociaciones que pueden acabar socavando hasta los mismos fundamentos democráticos de la Unión Europea sin que se esté dando un debate político ni un mínimo grado de transparencia ante la ciudadanía. Se trata de un nuevo tratado comercial que aspira a un masivo “blanqueo legislativo” que ponga patas arriba muchas leyes estatales y además lo haga de espaldas a los procesos democráticos de los parlamentos y gobiernos estatales. En medio de altas dosis de invisibilidad y oscurantismo político se anuncia el nacimiento del mayor acuerdo comercial de la historia entre EEUU y Europa, etiquetado bajo el nombre de “El Partneriado Transatlántico de Comercio y Inversiones” (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP).

 

En Washington y Bruselas se está negociando intensamente la gran madre de todos los acuerdos comerciales: entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Se trata de un acuerdo comercial que bajo el eufemismo de “armonizar” mercados en realidad busca homogeneizar y unificar a la baja las normas legales ahora existentes en ambas orillas atlánticas. Frente a las diferentes legislaciones que hay a cada lado del Atlántico se quiere establecer un único criterio general común que establezca: que ante las diferencias entre las leyes, será la legislación más laxa y menos exigente la que finalmente regule el nuevo mercado único que se quiere impulsar, que incluye los alimentos que comemos, el aire que respiramos, los medicamentos con los que tratamos las enfermedades. Estamos ante un nuevo ataque comercial a gran escala para debilitar definitivamente los más apreciados valores y los derechos políticos europeos hasta ahora conquistados: sociales, ambientales, sanitarios, financieros y judiciales.


No sería sensato subestimar los peligros nuevos de este posible gran acuerdo. Significaría que se podrían vender una nueva variedad de productos en tiendas europeas que incumplirían las leyes europeas y estatales de seguridad, eficacia y durabilidad. Se perdería con ello la soberanía de los estados europeos y de la misma Unión Europea en su capacidad de autolegislarse, de controlar, hacer cumplir leyes y dictar sentencias judiciales firmes. Además, las grandes empresas podrían recurrir ante un organismo internacional de nueva creación y de carácter extra-judicial para derribar cualquier decisión legal o judicial que no fuera de su agrado comercial y entendieran que interfiere, pone frenos o amenaza el negocio y las ganancias esperadas en el futuro. Por la puerta trasera podrían entrar en Europa los alimentos manipulados genéticamente, unos trangénicos hoy prohibidos en Europa. La leche con hormonas o las peligrosas técnologías de extracción de gas“el fracking” podrían saltar también por encima de los muros de la legislación europea. Un sinfín de deseos empresariales engordan la lista de boda de este nuevo matrimonio comercial entre USA y UE. Este acuerdo comercial transatlántico que se cocina semiclandestinamente anuncia también que aumentaría la desprotección de nuestros datos personales digitales. Los ataques a la sanidad aumentarían al tener que pasar por la obligación de pagar precios más altos durante más tiempo para los medicamentos patentados bajo regímenes de propiedad privada.

 

Estamos ante una peligrosa jugada para dotar de mayor arrogancia y dominio al mercado, lo que conllevaría gigantescas consecuencias en daños y riesgos sociales, económicos y ecológicos. Las élites económicas y políticas que impulsan la negociación nos prometen con cantos de sirena un edulcorado futuro lleno de crecimiento económico, empleo abundante y grandes oportunidades comerciales. Pero lo cierto es que hay una endemoniada y fundamental condición en la base del nuevo acuerdo comercial: la que exige eliminar todas las “trabas y barreras al libre comercio”. Algo que afectaría de lleno numerosos ámbitos de nuestras vidas, empezando por las regulaciones legisladas por los parlamentos estatales para proteger bienes tan básicos como son nuestra salud, el medio ambiente, los derechos laborales, los derechos de libertad digital. Es decir, con el nuevo pacto comercial EU-EE.UU se proyecta un colosal canje faústico: a cambio de “desatar las fuerzas transatlánticas comerciales, industriales, energéticas y agrícolas con la finalidad de crear el area de libre comercio más grande del mundo”, a la vez se nos demanda desmantelar “de facto” algunas de nuestras más preciadas protecciones y derechos políticos, sociales y ambientales.

 

Solo es posible este nuevo imperio de libre mercado si la política democrática se rinde a los pies del dios del mercado globalizado. Se trata de facilitar y quitar todo obstáculo a las operaciones económicas de las empresas multinacionales más grandes para que no tengan que lidiar con “las complicaciones y restricciones que introducen docenas de leyes distintas y particulares que entorpecen el libre comercio”. Estamos a puertas de lo que podría convertirse en un nuevo marco global de regulación económica que condicionaría y socavaría gran parte de la acción política que hoy conocemos bajo el amparo de las instituciones estatales y europeas. Supondría todo un abismal retroceso histórico con estocadas de muerte contra las garantías mínimas de la política democrática que fundan las instituciones políticas modernas. Se trata de una camisa de fuerza para las instituciones democráticas del presente bajo la promesa de salvación de un futuro prometido repleto de cifras macro-económicas que se nos presentan como la panacea contra el paro y la falta de oportunidades económicas y sociales.

 

El engaño del “reconocimiento mutuo”

 

A pesar de las muchas evidencias de signo contrario, los negociadores de la Comisión Europea insisten en que un acuerdo con EE.UU no cambiará “sustancialmente” las leyes europeas. Esta estudiada retórica al servicio del engaño a la ciudadanía europea utiliza la idea del “reconocimiento mutuo” para disimular lo que llanamente es dar vía libre y facilitar el comercio transatlántico entre la Unión Europea y los EE.UU.

 

Es decir, lo que se pretende es anular automáticamente las diferencias entre las legislaciones estatales y europeas a partir de un reconocimiento mutuo y extra-legislativo de lo que llaman: “equivalencia” de sus leyes, normas y regulaciones de sus productos. Por ejemplo, aunque la UE no permite legalmente la carne con hormonas, ni los pollos tratados con un elemento tóxico como es el cloro, ni los piensos transgénicos, ni los cerdos criados en jaulas de hacinamiento en batería, la UE sí reconocerá globalmente la seguridad alimentaria de la carne estadounidense, que aunque incumpla las barreras legislativas europeas sí pueda tener un acceso libre al mercado europeo y llegar a sus tiendas y consumidores. De forma similar las normas legales más laxas sobre la cantidad de emisiones de CO2 de muchos de los coches norteamericanos también serían aceptables en el mercado europeo. El gas no-convencional procedente del “fracking” se podrá importar libremente de USA a la UE a pesar de violar el cumplimiento de las normas europeas en calidad y ciclo de vida de los combustibles.

 

 

Las empresas denunciantes extrajudiciales de leyes democráticas

 

Uno de los elementos más inquietantes del acuerdo comercial EU-EE.UU. son las llamadas “provisiones de disputas inversor-estado” o lo que se ha decir: “capítulo de protección de las inversiones”. Aquí se estipula que las empresas puedan desafiar cualquier decisión legislativa o judicial de un estado que entienden que les perjudica sus inversiones económicas y negocio. Esto significaría dar un nuevo derecho y poder a las multinacionales estadounidenses para denunciar ante un “tribunal comercial transatlántico” de nueva creación a cualquier ley o decisión judicial de carácter social, ambiental o sanitario. Cualquier estado miembro de la Unión Europea puede ser denunciado si las empresas consideran que pone en peligro sus beneficios esperados. Así, las empresas USA podrían obligar a unas compensaciones económicas masivas si el nuevo tribunal comercial transatlántico les da la razón en torno a que sus inversiones económicas pueden dañarse o no gozan de “suficiente seguridad.”

 

Actualmente ya se pueden rastrean precedentes de este nuevo modelo de acuerdo comercial. Mediante unos mecanismos supra-estatales y comerciales de “disputas entre inversor-estado”, la empresa tabacalera Phillip-Morris está denunciando leyes anti-tabaco de países soberanos como Uruguay y Australia por limitar el uso de sus marcas publicitarias. Otros casos pueden ilustrar con antelación el futuro del mercado único entre USA y UE. La empresa farmaceutica Lily exige compensaciones económicas a Canadá por las decisiones de tribunales canadienses por no aceptar el patentado de uno de sus medicamentos. Un gigante energético pide 191 millones de euros de pago a Canadá por la prohibición del “Fracking” en la región de Quebec.

 

Ahora, a puertas de las próximas elecciones europeas del mes de mayo es el momento de pedir cuentas a los responsables políticos europeos. Dentro de unos meses habrán elecciones europeas y hay que exigir a los candidatos y partidos que se posicionen claramente ante este explosivo tratado comercial que se nos anuncia. La fuerza de su ciclogénesis amenaza con cambiar las normas fundamentales de las reglas de juego de la soberanía política debilitando aún más las exigencias y garantías de la política democrática y reforzando el poder de unas pocas grandes empresas sobre nuestras vidas.

 

 

DAVID  HAMMERSTEIN

 

 

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9 février 2014 7 09 /02 /février /2014 21:19

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      En las próximas semanas el partido verde español EQUO deberá tomar una determinación decisiva sobre su futuro. Tendrá que decidir si acude a las elecciones europeas del próximo mes de mayo en una coalición liderada por un cabeza de lista de la coalición nacionalista valenciana Compromís, o por el contrario, si opta por acudir a los comicios en solitario por todo el Estado. En juego no solo está la posibilidad de conseguir representación parlamentaria europea, también están las posibilidades de avanzar en la implantación territorial de EQUO como fuerza política verde, autónoma, con valor añadido propio y distintivo, y capaz de obtener adhesiones y reconocimiento por parte de la percepción ciudadana.

1. De la “radicalidad democrática” y las primarias abiertas

a un cabeza de lista que “ha de ser valenciano”

Desde su fundación EQUO ha tenido en la apertura y democracia interna una de las piedras angulares de su construcción como partido. De hecho, la dirección de EQUO ha intentado distinguirse de otras fuerzas políticas de izquierdas por su programa de radical participación democrática, incluso primando éste importante aspecto procedimental por encima de buscar marcar claras diferencias de contenido político verde con otros partidos. Sin embargo, ahora esta estrategia choca frontalmente con las condiciones impuestas por sus coaligados electorales de Compromís ante las próximas elecciones europeas. Según la decisión ya tomada por Compromís: el cabeza de lista oficial para todo el Estado será un nacionalista valenciano designado por Compromís, y Equo ocupará el segundo lugar de la candidatura a las elecciones europeas.


Es decir, a partir de esta decisión unilateral de los nacionalistas valencianos de Compromís se hace imposible el cumplimiento de la exigencia democrática de hacer unas primarias abiertas por todo el Estado para decidir el cabeza de lista de la coalición. Esta ha sido la demanda de EQUO a Compromís, pero el partido de mayor peso político de Compromís: el Bloc Nacionalista Valencià, ya ha sentenciado públicamente que el primer candidato “ha de ser un valenciano” que “defienda los intereses valencianos”.

 

2. El único eurodiputado será un nacionalista valenciano

junto a una incierta promesa de dimitir y pasar el testigo a Equo.

Según todos los pronósticos y el cómputo de resultados electorales anteriores, es previsible que el máximo al que la coalición Compromís-EQUO puede aspirar es el conseguir un único eurodiputado, para lo que necesitará alrededor de 400.000 votos. La propuesta de Compromís es la de que el posible escaño europeo sea rotatorio y sea compartido durante un tiempo con EQUO en función de los votos conseguidos en cada territorio. Pero no hay que olvidar que las experiencias pasadas muestran que este tipo de arreglos a menudo no se llegan a cumplir nunca. De hecho, conviene recordar que recientemente la candidata “rotatoria” de La Confederación de Los Verdes, a pesar de las promesas y pactos previos, en realidad nunca entró a la eurocámara tal y como estaba estipulado en el acuerdo que hicieron con una coalición de nacionalistas en el 2009, en la que se encontraba el partido Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

 

El cumplimiento de este tipo de pactos en las coaliciones electorales está siempre sujeto a muchas incertidumbres y depende de la coyuntura política del momento y del juego de intereses políticos muy fluctuantes. En el caso de que Compromís decidiera romper su coalición con EQUO de cara a las próximas elecciones autonómicas y generales, no habría entonces ninguna razón política de calado que les empujara a cumplir con el acuerdo de cesión del escaño europeo a EQUO durante un periodo de legislatura. Incluso en el escenario mejor de que se le cediera a EQUO la posibilidad de ocupar un cierto tiempo el escaño de eurodiputado, en éste caso hipotético Equo accedería al escaño después del 2016 o en el 2017. Esto significa que antes y durante todo el ciclo electoral de las próximas elecciones autonómicas, municipales y generales, el escaño europeo estaría ocupado y aprovechado políticamente por un nacionalista de Compromís. Todo ello en su conjunto conllevaría una invisibilidad y una pérdida de presencia política para EQUO, algo más dañino si se tiene en cuenta que es un partido muy joven que se encuentra en un necesario proceso de consolidación política.

 

3. La doble vara de medir y la perversión democrática:

condiciones desiguales y asimétricas del “referendum” sobre la coalición

Una vez pactadas las condiciones electorales para concurrir a las elecciones europeas por parte de la coalición Compromís-EQUO, estas se van a someter a “referendum” para adoptar la decisión de aprobarlas o no definitivamente. Pero en este proceso se da una distopía preocupante que daña enormemente la autonomía y libertad de EQUO a la hora de decidir sobre su propio futuro electoral próximo. Lo que ocurrirá es así de sencillo: Compromís y su militancia tiene el derecho a participar y decidir sobre las condiciones de la coalición electoral en un “referendum” de EQUO, abierto a simpatizantes y militantes, pero en cambio EQUO en ningún momento ha tenido derecho a participar en la decisión unilateral tomada por Compromís sobre la persona “valenciana” que será la cabeza de la candidatura conjunta de la coalición Compromís-EQUO.

 

Conviene recordar aquí que precisamente este ejercicio de doble y triple militancia por parte de Compromís dentro del partido EQUO y la imposibilidad de crear una organización propia y autónoma de EQUO en territorio valenciano, es lo que en el 2011 llevó a la amputación de la posibilidad de una organización propia y autónoma de EQUO en todo el territorio Valenciano con la exclusión de centenares de socios de EQUO, entre ellos destacados líderes ecologistas y concejales verdes.

 

4. Un eurodiputado de la Alianza Libre Europea

no lo es del Partido Verde Europeo

A día de hoy, no hay seguridad de que se repita el actual pacto entre Los Verdes y ALE en el Parlamento Europeo. Hay muchos cambios y volatilidad en los pequeños grupos de la cámara europea. Pero hay que destacar que la Alianza Libre Europea (ALE) es el grupo europeo al que pertenece como miembro la fuerza mayoritaria de Compromís: el partido Bloc Nacionalista Valencià. 

 

Paradójicamente también ocurrirá que como Izquierda Unida se presentará a las europeas coaligada con IC-Verds, un partido integrado en el Partido Verde Europeo, esta coalición con IU que competirá electoralmente contra EQUO podrá poner en marcha una campaña electoral de confusión ante la ciudadanía haciendo bandera de un hecho bien cierto: que votando a IU y sus coaligados de IC-Verds hay mucha más seguridad de conseguir un eurodiputado verde (un candidato de IC-Verds con puesto de salida en la lista) que una vez elegido finalmente pertenezca al Grupo Verde del Parlamento Europeo. Algo similar a lo que ocurrió con la alianza electoral de Los Verdes con el PSOE en el 2004, con un pacto que se cumplió y que aseguraba: un puesto de salida para el candidato de Los Verdes dentro de la lista del PSOE, que el eurodiputado verde así conseguido no se sometería a disciplina del PSOE ni iría a parar al Grupo Socialista del Parlamento Europeo sino que con total autonomía en su trabajo y posiciones políticas iría al Grupo Verde del Parlamento Europeo.

 

Lamentablemente nada de esto podrá darse mediante la coalición de EQUO con Compromís, que de conseguir un escaño este iría a integrarse con el grupo nacionalista del Parlamento Europeo y no con el Grupo Verde. ALE es en todo caso una simple alianza táctica que se puede pactar o no al principio de cada legislatura, sus fines prioritarios son bien prácticos, como los de obtener más recursos europarlamentarios. El grupo ALE no mantiene una unidad ideológica fuerte ni una disciplina común en las posiciones políticas ni en las votaciones parlamentarias. Es decir, los Verdes/ALE no existe como fuerza política fuera de la vida organizativa de la cámara europea ni tampoco existe como grupo parlamentario estable. De hecho en casi toda Europa los partidos pertenecientes al grupo ALE compiten electoralmente contra Los Verdes.

 

5. Una gran confusión ideológica y de siglas:

los votantes verdes no son nada nacionalistas ni de la izquierda radical

 

En un análisis realista sobre los costes y beneficios políticos de la coalición de EQUO con los nacionalistas de Compromís se debería tener en cuenta al menos dos cosas centrales: que la gran mayoría de los votantes potenciales de EQUO no son nacionalistas y que la coalición puede dañar la capacidad electoral de EQUO en muchas partes del suelo español.

La gran mayoría los simpatizantes y votantes verdes tienen motivaciones que saltan las clásicos contenedores de la izquierda, como también ocurre en otros países europeos, por lo que no pueden encerrarse en el espacio y la base electoral de la izquierda radical. No toda coalición electoral suma los votos que potencialmente arrastran cada uno de los miembros de la misma. Ocurre incluso lo contrario: que algunas coaliciones vienen a ser “anti-naturales” porque restan votos y no obtienen una simple suma aritmética de los votantes de los partidos coaligados porque los potenciales votantes rechazan combinar “garbanzos con judías”. Típicamente ocurre esto en las coaliciones entre los partidos nacionalistas (guiados fundamentalmente por valores particularistas e identitarios) y los partidos verdes (guiados fundamentalmente por valores universalistas). Esta pérdida de votantes en una coalición con nacionalistas constituye un elemento a tener muy en cuenta porque sus consecuencias no se agotan solo en el presente. El proceso electoral europeo prepara y es parte de una trayectoria política más larga que llega a las próximas elecciones locales y autonómicas, donde se juega la progresiva consolidación social y electoral del proyecto de EQUO.


6. De “otra forma de hacer política”

al engaño en las papeletas para esconder el liderazgo nacionalista

Se ha publicitado la coalición bajo la idea de un compartido y equivalente “co-liderazgo” electoral entre Compromís y EQUO, y dando una falsa idea de simetría y equidad entre ambos. Pero lo cierto es que hasta los mismos procesos y condiciones de la negociación hablan bien claro: la coalición de Compromís-EQUO está fuertemente dominada por el polo nacionalista.

 

Además, en las papeletas electorales fuera de territorio valenciano el engaño a la ciudadanía sería mayúsculo, escasamente ético y poco acorde con los ideales de transparencia y radicalidad democrática tan proclamados por EQUO, puesto que en ellas se sustituiría con otros nombres la cabeza nacionalista de la candidatura Compromís-EQUO, la única candidatura real y oficial. A pesar de que pueda ser legal esta argucia de disimulo y ocultación según la ley electoral, podría ocurrir que los candidatos de EQUO aparecieran encabezando las papeletas electorales aunque el votante no se de cuenta de la trampa: que a quien está votando realmente es a un nacionalista valenciano. Pero también ocurriría que una ciudadanía mínimamente informada y altamente motivada por valores substantivos como los del potencial votante verde, no cae fácilmente presa de este engaño y acaba respondiendo con un “efecto rebote” de castigo y desafección electoral.

 

7. ¿Merece la ciudadanía una opción electoral verde, clara y sin complejos

en todo el suelo estatal como ocurre en otros países europeos? 

Hoy día las exigencias socio-ecológicas han de ponerse en el centro de toda política y actuación puesto que nos jugamos bienes tan básicos como son la tierra fértil, los alimentos, el aire limpio, el agua potable, la salud y el mismo futuro. Es prioritario salir del desdén institucionalizado que impulsa el sobrepasamiento de los límites físicos del planeta y la creciente degradación de bienes y servicios ambientales fundamentales para el bienestar. Los problemas ecológicos son sociales en sus causas y en sus consecuencias. Llegamos muy tarde porque muchos de ellos ya son irreversibles y carecen de soluciones adecuadas, lo que nos obliga a respuestas paliativas pero sin poder frenar sus nefastos daños. 

 

Hay que decirlo una y mil veces: las problemáticas ecológicas son en sí misma sociales y además son transversales, no tienen escapatoria por afectar a toda acción y proyecto humano. Es falsa la acusación de que el ecologismo político solo se preocupa por el medio ambiente y no por la sociedad. No hay separación entre lo social y lo ambiental. Las causas y las posibles soluciones a la crisis económica del empleo son también ecológicas. Pero contrariamente, la izquierda y la derecha están incapacitadas para comprender y dar respuestas eficaces ante los problemas socioambientales por están instaladas en la anacrónica ceguera de seguir creyendo que el medio ambiente constituye solo un tipo más de problemas sectoriales que han de ser tratados por separadoPor esta razón sufren gran marginalidad y silencio los grandes problemas ecológicos y se encuentran en orfandad política muchas de las luchas locales socioecológicas contra los daños y riesgos tóxicos que les afectan directamente. Por ello han emergido históricamente los partidos verdes en muchos países y por ello se hace necesaria la existencia del espacio verde en todo el territorio estatal y marcadamente distintivo. 

 

La posibilidad de presentarse en solitario a las elecciones europeas con la marca EQUO en todas las autonomías del Estado seria una valiente apuesta de construcción autónoma, nítida y supondría un empoderamiento de largo alcance. Esta posible opción estaría repleta de responsabilidad y coherencia al ponerse del lado de los problemas socio-ambientales que crecen sin control y que con urgencia necesitan salir de ostracismo para ser colocados en todos los debates y propuestas de cambio. Un camino propio, también duro y arriesgado, en respuesta a la imperiosa necesidad de construir  el singular espacio político de la ecología política con visibilidad y reconocimiento social y electoral.

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31 janvier 2014 5 31 /01 /janvier /2014 10:29

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En la editorial de El País publicada el día 19 de enero bajo el título: “Evaluar la ciencia”: 
http://elpais.com/elpais/2014/01/19/opinion/1390162302_081024.html, a partir del relevo del científico Juan Carlos Izpísua al frente del Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona se asevera acertadamente “el imperativo de asegurar que los fondos dedicados a la ciencia se invierten adecuadamente y logran los objetivos que justifican su atribución”. También se apunta en dicho editorial que “precisamente en tiempos de crisis y recortes hay que evaluar con mayor rigor la investigación científica con dinero público”. Ciertamente, los tiempos de escasez son tiempos que obligan a reevaluar a detalle todas las prioridades para adaptarse a las nuevas restricciones contextualmente impuestas. Pero en dicha editorial, cuando se apunta la necesidad de asegurar los “retornos” obtenidos de la investigación biomédica se hace de una manera muy parcial y tendenciosa.  Exclusivamente se nombran dos parámetros para evaluar estos llamados “retornos”: la exigencia de atraer talentos de otros laboratorios y la de lograr financiación en concursos internacionales competitivos.

 

Pero estos dos únicos indicadores sobre las consecuencias exigibles en la investigación científica biomédica son muy problemáticos. Resultan muy insuficientes a la hora de calibrar el bien común fundamental que habría que preservar: que "el retorno" o los fines del quehacer científico en el campo médico se dirijan prioritariamente al conjunto de la sociedad y a las necesidades colectivas de mejora en tratamientos sanitarios. No puede creerse en estos tiempos en los que la invocación de la llamada "excelencia" se ha convertido en bandera, esta pueda ser una señal de mejora si en lo que realmente consiste es en encerrar con grandes cadenas el conocimiento generado con el dinero público de todos en silos estancos, herméticos, caros y sin visibilidad. 

Tampoco puede llamarse “excelente” a la política de privatizar el conocimiento financiado por la ciudadanía contribuyente mediante el patentado privado de los descubrimientos científicos o levantando altos muros de pago que favorecen solo a editores de revistas y publicaciones y a oligarquías académicas al tiempo que discriminan y obstaculizan el acceso libre a los resultados publicados, a los datos brutos de la investigación y a los procesos y pruebas metodológicas realizadas. 

Hay que decirlo bien alto y claro: romper las cadenas de la privatización del conocimiento y compartir los resultados científicos rentabiliza y redistribuye mucho más la inversión pública hecha, además de ser una medida de ahorro y eficiencia en tiempos de crisis y recortes. Entres otras cosas, se evita la duplicación de estudios y pruebas y con ello el despilfarro de recursos escasos. También se fiscalizan más los posibles fraudes o las exigencias de fiabilidad del proceso de investigación y producción de datos. Además, económicamente y socialmente resulta muy ventajoso el no poner patentados sobre los resultados científicos al permitir que puedan ser reutilizados libremente en otros proyectos investigadores, sin el muro selectivo y excluyente del pago de licencias puestas al servicio del lucro de multitud de actores económicos y no al servicio del avance en la salud colectiva.
 
¿Es acaso lícito que el mismo Estado que financia una investigación tenga que volver a pagar una segunda vez mediante unos precios altísimos unos productos biomédicos cuando el ciclo científico de vida  del producto ya contiene ingentes cantidades de dinero público invertido?. ¿Debemos los ciudadanos contribuyentes estar castigados a pagar dos o tres veces por el mismo medicamento o aparato médico producido por la inversión pública para asegurar primero el negocio particular de ciertas empresas?.

 

El Estado actúa entonces como un simple “capitalista de riesgo”. Invierte su dinero en investigaciones biomédicas inciertas y movidas por la curiosidad científica, pero paradójicamente ante posibles éxitos científicos estos le revierten en forma de más gastos públicos y más costes económicos añadidos, a lo que se añade además el secuestro y la pérdida del nuevo conocimiento generado con los recursos públicos. Parece más sensato desde la misma lógica económica que el Estado inversor también participe en los “retornos” o beneficios cuando una iniciativa científica obtiene cierto éxito y acaba consiguiendo avances y productos médicos. Resulta escandaloso en el plano político y moral que el imperativo de la defensa de los bienes públicos de conocimiento sea sistemáticamente ignorado por las instituciones políticas y universitarias, siendo que estas en cambio sí permiten otorgar licencias privatizadoras del conocimiento generado en dichas instituciones sin claras condicionantes sociales de "retorno", como son el acceso abierto y los precios asequibles.

 

Como vemos el problema de “los retornos” esperados a la sociedad de los productos del trabajo científico son bastantes más que la mera retórica de la “excelencia competitiva”. Esta pone las ambiciones competitivas del individualismo meritocrático tan extendido en la academia y el negocio privado, siempre por encima del interés común de la sanidad y la inversión pública en la misma. Pero contrariamente, lo que realmente habría que evaluar es si los objetivos, los procesos de investigación, los resultados y los usos posteriores de un proyecto científico biomédico han pasado por los exigentes filtros de interés común de la sociedad. Es claro que en la investigación científica en general, y en la experimentación biomédica especialmente, deben primar las necesidades de salud pública, algo bien alejado al orientarse simplemente a la caza de recursos financieros o, aún peor, a ir a remolque de los estrechos deseos comerciales de las industrias farmacéuticas.

 

Las actividades y "los retornos" de la ciencia deben ser evaluados y debatidos por una nueva cultura democrática que haga de la transparencia una virtud cívica irrenunciable, lo que requiere profundas reformas institucionales. Para recolocar el interés común y público en el centro de sus objetivos urge sacar el quehacer científico del oscurantismo de la caverna que lo pone al servicio del negocio privado y de las inercias de lucha competitiva por el prestigio o por la subida en el escalafón académico, pervirtiéndose con ello hasta los mismos ideales epistemológicos de producción del conocimiento científico. 
DAVID  HAMMERSTEIN

 

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21 janvier 2014 2 21 /01 /janvier /2014 08:56



PRESENTACIÓN DE UN NUEVO GRUPO DE EXPERTOS Y SOCIEDAD CIVIL:

“POR UNA RESPUESTA TRANSPARENTE, INNOVADORA Y JUSTA ANTE LA CRISIS DE  LA SANIDAD PÚBLICA”

El Grupo de Trabajo sobre Salud, Medicamentos e Innovación inicia hoy su andadura con vocación integradora y constructiva con recomendaciones en la evaluación del acceso a la salud, la transparencia, la gestión de los medicamentos caros patentados y el fomento de nuevos modelos de innovación a favor del bien común.

Madrid, 20 de enero de 2014. Hoy el Grupo de Trabajo sobre Salud, Medicamentos e Innovación (GTSMI), una iniciativa de un conjunto de organizaciones y expertos de diversos ámbitos, ha realizado su presentación pública en el evento “Acceso a medicamentos e innovación en tiempos de crisis” que ha tenido lugar en el Ateneo de Madrid. Esta misma mañana el Grupo se ha reunido previamente con los principales partidos políticos y algunas instituciones para presentarles su manifiesto fundacional y explicarles sus principales preocupaciones. Además, en el acto público han participado asociaciones científicas y profesionales, empresas del sector farmacéutico, ONG, representantes del área de innovación del Ministerio de Economía y Competitividad y de la Comunidad de Madrid y asociaciones de pacientes, entre otros.

Entre los miembros promotores del GTSMI se encuentran la Confederación Española de Consumidores y Usuarios, Médicos del Mundo, Salud por Derecho, Trans-Atlantic Consumer Dialogue, Farmacéuticos sin Fronteras, No Gracias, los expertos Joan Rovira, David del Campo, Judit Rius y Xavier Seuba; y se pretende que más entidades y particulares se sumen a la iniciativa en breve.

Vanessa López, directora de la Fundación Salud por Derecho, explica que “el grupo surge como respuesta ante una gestión injusta e ineficaz de la crisis, pero también por las debilidades estructurales y tradicionales del proceso de investigación, desarrollo, regulación y comercialización de los medicamentos, no sólo en España, si no a escala global”. El Grupo se propone contemplar el problema desde una perspectiva completa, pues como afirma López: “a la inequidad en el acceso a los medicamentos que siempre han sufrido los pacientes en los países empobrecidos y a la falta de investigación en las llamadas enfermedades olvidadas, se une ahora una preocupación creciente por la sostenibilidad del sistema en los países de altos ingresos y la calidad de la innovación”.

David Hammerstein, asesor de políticas de la organización de consumidores Transatlantic Consumer Dialogue declara que “una respuesta justa y participativa a la crisis exige mucha más transparencia sobre el  gasto de recursos públicos, sobre los precios pagados en la compra de medicamentos, sobre la evaluación rigurosa de su eficacia y seguridad y, en general, sobre los impactos reales sobre la salud de los recortes sanitarios”.

La falta de información en la mayor parte de los aspectos relacionados con el medicamento, especialmente los que hacen referencia a la investigación clínica, precios reales de transacción, relaciones entre la industria y los prescriptores, motivación de las decisiones de regulación, fijación de precio,  financiación pública, etc., es una de las áreas detectadas por el Grupo como un problema fundamental. Abel Novoa, presidente de No gracias afirma que “es imprescindible aportar luz a los procesos de generación, difusión y aplicación del conocimiento clínico, porque la transparencia en medicina salva vidas”, y añade: “la falta de transparencia va en contra de la salud de los ciudadanos, de la equidad social, de las obligaciones éticas profesionales y de la propia innovación"

También faltan estudios de impacto formales e independientes que evalúen el impacto de las medidas adoptadas por el gobierno, pero existe evidencia convincente de que se ha deteriorado sustancialmente el acceso de los colectivos más vulnerables. A este respecto Stefan Meyer, director adjunto de Médicos del Mundo, mantiene que “los copagos son injustos porque afectan mucho más a las personas con menos recursos y infligen un castigo adicional a las personas enfermas. Además, son ineficaces porque ni generan un ahorro ni inducen a un uso más racional de los fármacos.”


Desde la perspectiva integral que incorpora el GTSMI, el problema empieza en la investigación y desarrollo de los medicamentos. Joan Rovira, profesor emérito de teoría económica de la Universidad de Barcelona y experto en política del medicamento sostiene que “la I+D biomédica debe financiarse adecuadamente y es probable que requiera más recursos de los que se le está dedicando; pero hay que hacerlo con mecanismos e incentivos que aseguren que las innovaciones supongan un aportación real a la salud y el bienestar social y faciliten un acceso equitativo a las mismas”.

Algunas de las recomendaciones ya aportadas por el Grupo de trabajo son: 1. La evaluación independiente del impacto de los recortes sanitarios y la introducción de medidas correctivas 2. La  publicación de información clave relativa a los medicamentos,  tal como los precios pagados por las distintas administraciones.   3. Cambios en el modelo de innovación biomédica para orientarla más hacia las necesidades de salud y para evitar la privatización de conocimiento generado con inversión pública. 4 La creación de un organismo estatal transparente y participativo que evalúe la eficacia, seguridad y coste-beneficio de los productos farmacéuticos. 5. Considerar la posible utilización de las licencias obligatorias como potencial instrumento para asegurar el equilibrio entre los derechos del innovador/titular del derecho y los de la sociedad.







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Para más información, entrevistas y declaraciones:
Ramón Herrero –  Fundación Salud por Derecho
Tfno.: 91 429 93 87 / 672 23 59 74
HYPERLINK "mailto:Ramon.herrero@saludporderecho.org"Ramon.herrero@saludporderecho.org

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18 janvier 2014 6 18 /01 /janvier /2014 14:06

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Es una obviedad que el actual contexto social de la crisis se impone muy duramente e injustamente para muchas personas pero esto no explica en absoluto la sorprendente emergencia de una “rebelión vecinal” en la ciudad de Burgos. Seguramente hay aspectos del procedimiento y del contenido del proyecto de obras del bulevar que son muy discutibles y algunos modificables y mejorables. Sin embargo, tengo grandes dificultades para encontrar razones sensatas para dar mi apoyo a las movilizaciones vecinales de Burgos ante un proyecto de remodelación urbana de una avenida. Más bien tengo bastantes motivos sociales y ambientales para rechazarlas.

 

Según todas las informaciones de muy diversas fuentes, la motivación principal que enciende las protestas en Burgos en el barrio del Gamonal es la defensa numantina del mantenimiento de aparcamientos en superficie y gratuitos para los coches particulares de los vecinos frente a un proyecto de bulevar que sustrae espacio público ocupado por coches particulares. Aunque ciertamente otras explicaciones ajenas a estas causas que han prendido la mecha del conflicto han venido a sumarse aposteriori. En el intento de dotar de mayor legitimidad esta “rebelión vecinal” se han ido sumando más justificaciones intelectualizadas y politizadas aposteriori queriendo con ello vestir la lucha con más honorables motivaciones añadidas.

 

Unas inflamadas apelaciones populistas al actual contexto de la crisis económica y el azote del desempleo, a la especulación, al caciquismo o la corrupción de la clase política, a la falta de dotaciones de servicios básicos en el barrio, al poder del pueblo..., ciertamente señalan problemas estructurales de gran calado que exigen respuestas y cambios en los niveles estructurales donde se generan, pero ¿acaso se solucionarían frenando unas obras para remodelar una calle?. Unas metas tan pequeñas como son las de paralización de unas obras se han revestido de grandes banderas retóricas que han servido para disimular y justificar una de las causas profundas del gran malestar de los vecinos, que es bien concreta: la amenaza de perder el privilegio del libre y gratuito uso del espacio público para aparcar el vehículo particular.

 

En medio del reino de confusión informativa creada conviene decirlo claro: es de consenso mundial entre los urbanistas que la provisión de aparcamientos de forma gratuita es una política de transporte y urbanismo espantosa. La ciudad que gana espacio público eliminando tráfico rodado de particulares, aire contaminado y ruidos gana en salud, calidad de vida y bienestar colectivo. Además, hay que recordar que un proyecto del bulevar no pertenece ni afecta solo al barrio concreto donde se ejecuta sino al conjunto de la ciudad, por tanto la vecindad local carece de legitimidad para usurpar el poder de decidir sobre el mismo.

 

Entre tanto ruido y alboroto provocado por esta “rebelión vecinal” conviene concretar algunas de las virtudes y algunos costes de la obra rechazada por los vecinos: ampliaba sustancialmente el espacio público, reducía el tráfico de 4 a 2 carriles, establecía el acceso restringido al autobús y los residentes del barrio, creaba un carril bici, construía un aparcamiento subterráneo cuyas plazas costarán 19.600 euros para una concesión de 40 años. Conviene separar entonces el grano de la paja, distinguir elementos de avance colectivo y de retroceso para concretar soluciones posibles y mejoras del proyecto original.

 

También debería ser objeto de preocupación la gran ola de simpatía generada por unas demandas vecinales retrógradas que nos retrotraen a las ideas del desarrollismo urbano español de hace décadas. Con los ojos vendados una variopinta izquierda social y política ajena a las necesidades sociales en favor de avances en la ecología urbana ha apoyado alegremente a los vecinos de Gamonal. Estos nuevos héroes urbanos son convertidos a voz de pronto en un nuevo "sujeto revolucionario" a la vez que se ocultan y disimulan algunos de los dudosos intereses particularistas que les empujan.

 

Pero ahora que las resistencias vecinales han conseguido paralizar la obra del bulevar es previsible que los vecinos movilizados también se paralicen y decaigan dejando con el culo al aire a los grupos "solidarios" movilizados en otras ciudades. ¡Fueron tan fugaces las movilizaciones vecinales como cortas fueron sus metas reales!. 


Poca legitimidad puede tener la estrategia de luchar por luchar bajo la simple consigna de "nosotros podemos" planteando grandes exigencias pero sin atender a los contenidos y las metas concretas que se persiguen en el terreno práctico de una actuación. El separar la acción colectiva de la razón práctica concreta bajo la persecución de grandes ideales abstractos hace que nunca se consideren adecuados los cambios y avances aunque sean parciales, los únicos posibles mientras la revolución no llega. Esto solo puede generar monstruos y la historia está ahí para recordarlo. Cuando se trata de mejoras posibles en el terreno de la ecología urbana, como en este caso es la restricción del tráfico en favor de peatones, bicis y la mayor habitabilidad y salud urbana, se desechan y frenan al condicionarlas siempre a otros factores y metas sociales que se persiguen, y al final el saldo definitivo es la parálisis y "un más de lo mismo" dado que tampoco se consiguen las grandes metas sociales enarboladas. Este es el eterno problema de una izquierda que es incapaz de reconocer que los avances en protección y salud ambiental son un bien común, también de carácter social y cada vez más primordial ante la gravedad del deterioro creciente de los ecosistemas. Por ello, las mejoras ecológicas no han de supeditarse y colocarse siempre a la espera de otras exigencias sociales habitualmente inalcanzables. 


También la "democracia participativa" puede traer muchos peligros si se asume de partida que unos cuantos tienen el derecho a decidir sobre algo que afecta al conjunto de la ciudad y si además se establece que el fruto de tal decisión es bueno y adecuado por el simple hecho de emanar de la asamblea vecinal. ¿Acaso basta con que unos afectados por un proyecto de reforma urbana se opongan al mismo y pataleen fuerte aunque carezcan de reflexión sobre si el proyecto avanza o retrocede en el bien común?. Con grandes banderas como exigencias emancipatorias puestas como condición y freno para la mejora en el terreno de los hechos prácticos la izquierda se encuentra incapacitada ante las oportunidades de cambios, aunque estos sean pequeños e imperfectos. La izquierda pierde todo rumbo y brújula de orientación, como ocurre cuando degenera en una estrategia “foquista” que busca aumentar la tensión social sumándose a todo foco de lucha que se active, sin más.

 

DAVID HAMMERSTEIN

 

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16 janvier 2014 4 16 /01 /janvier /2014 09:00

 

      Las oscuras negociaciones para el

acuerdo de comercio UE-EE.UU.

 

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La Comisión Europea duda publicamente de la imparcialidad del Tribunal Europeo de Justicia para opinar sobre el acuerdo comercial UE-USA, declara “tener muy presente la lista de deseos de la industria farmacuética” y señala que las opiniones de los consumidores sobre el copyright y las patentes son “desagradables” y “deben preocupar a la industria”.

 

Mientras avanzan a velocidad de crucero las secretas negociaciones del pacto comercial más grande de la historia, el martes 14 de enero tuvo lugar en Bruselas una reunión informativa supuestamente dirigida a “la sociedad civil” y organizada por la Comisión Europea.

 

Desde el inicio resultan muy chocantes las condiciones de partida del proceso negociador por basarse en un gigantesco desequilibrio y un desigual trato dado a las grandes empresas multinacionales y a la ciudadanía. En el terreno informativo existe una total transparencia para las grandes empresas multinacionales que sí tienen acceso a los textos negociados en tiempo real (por cortesía del Gobierno USA). Pero contrariamente, a los grupos y ONGs defensores de los interes colectivos de la ciudadanía europea les está negado el acceso a dichos textos y por ello desconocen la letra de la negociación en curso, que para ellos es sencillamente secreta. Para la ciudadanía la opacidad informativa en cuanto a los contenidos es absoluta.

 

También conviene aclarar que en dicha reunión se dió una clamorosa ausencia de la “sociedad civil”, que era la supuestamente convocada, porque la realidad fue que más el 90% de las 200 personas presentes eran representantes de los intereses industriales y comerciales. Algunos rasgos inquietantes caracterizaron dicha reunión impulsada por la propia Comisión Europea: las respuestas de los negociadores europeos fueron en todo momento evasivas y ambigüas. La aportación de información sobre el detalle de las negociaciones brilló por su ausencia cuando fueron preguntados los negociadores sobre la contratación pública de servicios como la salud, los derechos laborales, el bienestar animal o el impacto ambiental.

 

Algunos de los presentes en dicha reunión preguntaron a los negociadores europeos sobre la posible condición de ilegalidad europea en la que se incurriría si se aplicara el mecanismo de “provisiones de disputas inversor-estado”(investor-state dispute mechanism). Es decir, un procedimiento que permitiría que las empresas puedan desafiar cualquier decisión legislativa o judicial de cualquier estado europeo si entienden que les perjudica sus intereses comerciales. Esto daría derecho a las multinacionales estadounidenses a denunciar cualquier ley o decisión judicial, de carácter social, ambiental o sanitario de cualquier estado miembro de la Unión Europea ante un organismo de nueva creación: el “Tribunal Comercial Transatlántico”. Es decir, cualquier legislación estatal podría incumplirse y convertirse en papel mojado si los intereses comerciales de empresas particulares entienden que se pone en peligro “la seguridad de sus inversiones” y sus beneficios económicos. 

 

La respuesta de la Comisión Europea fue cuanto menos sorprendente y surrealista ante la posibilidad de que se diera una opinión del Tribunal de Europeo de Justicia sobre la posible ilegalidad de crear de este mecanismo extrajudicial dotado de poderes capaces de saltar por encima de la legislación de los estados. El portavoz de la Comisión Europea afirmó que no sería legítima una intervención  del Tribunal Europeo de Justicia porque “no sería imparcial para una parte como es EE.UU porque los miembros del Tribunal Europeo de Justicia son designados por los estados miembros del la Unión Europea”. ¡Todo un radical y público cuestionamiento de esta honorable institución europea en boca de un alto representante de la Comisión Europea!. Es evidente el tremendo mensaje que quieren trasmitir los negociadores de la Comisión Europea: hacer inservibles las las instituciones políticas europeas como la de Tribunal Europeo de Justicia al supeditarlas a un "más justo e imparcial tribunal extrajudicial transatlántico", de carácter comercial y compuesto por expertos y peritos ligados a los intereses industriales.

 

Una reveladora anécdota más de la reunión se produjo cuando un representante de los consumidores (Diálogo Transatlantico de Consumidores) llamó la atención de la Comisión Europea sobre las palabras de uno de los negociadores europeos: Pedro Velasco. Ante un grupo de empresarios este negociador tachó de “desagradables” y “preocupantes” las opiniones de esta organización de consumidores que lucha contra los monopolios de la propiedad intelectual. El señor Velasco no solo se negó a disculparse sino que aprovechó la ocasión para dar una larga arenga en favor de un régimen duro de defensa de las rigidas normas para proteger las patentes y el copyright sobre el conocimiento.

 

También llama mucho la atención que en medio del reciente escándalo por el espionaje masivo de los EE.UU sobre los datos personales de millones de europeos, curiosamente la Comisión Europea solo fue capaz de decir que el flujo libre transatlántico de datos nada tiene que ver con la privacidad y la protección de datos”. No hubo ni una palabra sobre la dudosa viabilidad de unas negociaciones para un acuerdo comercial cuando una de las partes espía masivamente a la otra, ni tampoco se dijo nada de la necesidad de un acuerdo transatlántico para la protección de datos personales.

 

En conclusión, el horizonte que se nos anuncia con las actuales negociaciones del pacto comercial UE-USA es bien negro. De seguir el rumbo actual, no solo podrían cambiar muchas de la reglas del juego del comercico mundial, sino que se cuestionaría dramáticamente la capacidad soberana de autolegislarse que funda las instituciones políticas de los estados nacionales. Serían muy graves las consecuencias de retroceso y de pérdida de condiciones fundamentales para los poderes democráticos y el ejercicio de la política. Pero la ciudadanía europea de seguro que no quedará cruzada de brazos y hará oír con fuerza su voz para evitar este temible descarrilamiento colectivo. 

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