Aunque durante este verano está pegando fuerte un sol de justicia, lo tristemente cierto es que la justicia climática no parece ser una prioridad central del cambio político que se da con los nuevos gobiernos autonómicos y municipales. Puesto que ningún líder político concede prioridad ni discurso público al temible cambio climático, ocurre que solo una pequeña parte de la ciudadanía llega a entender las graves dimensiones civilizatorias implicadas en el problema. Esta reiterada indiferencia política hacia lo que es un problema conjunto de supervivencia, absolutamente nuevo y sin precedentes históricos, carece de agenda y programa responsable a puertas de celebrarse una Cumbre Mundial decisiva sobre el futuro del clima, este próximo otoño en Paris. En el caso español, este atronador silencio político oculta además el trágico y parádojico hecho de que en España, solo en el 2015 han aumentado en mucho las emsiones de CO2 y de otros contaminantes nocivos para el clima, principalmente por la nefasta política energética del gobierno, que ha venido subvencionando y favoreciendo la quema del carbón y la alta participación de combustibles fósiles en el mix energético español.

Este silencio climático político ha de romperse cuanto antes si queremos afrontar con cierta eficacia algunas de las consecuencias sociales y ecológicas más dantescas del cambio climático. El presente y futuro anunciado por los mejores datos científicos respecto a la crónica escasez y esquilmación de los bienes ambientales más básicos, no puede seguir dejándose en manos del mercado y el afán de lucro mercantil que lo mueve. Bien anacrónico, insolidario y despilfarrador resulta ser el consenso político practicado, tanto por las izquierdas y derechas políticas, ancladas como están en el dogma de dar prioridad al crecimiento de la economía física en un planeta finito. Lo que es todo un sueño imposible de realizarse en último término, ya que solo puede darse durante un breve lapso de tiempo y a costa de degradar irreparablemente muchas de las capacidades y metabolismos bioregenerativos básicos de la biosfera, que además sustentan la supervivencia humana. Ya no sirven los indicadores reduccionistas de este economicismo ecológicamente y socialmente suicida, que oculta sistemáticamente de sus cómputos los enormes daños ambientales generados por las políticas de crecimiento.

El cambio climático constituye una emergencia socio-ecológica local y global que exige unas respuestas políticas de una gran envergadura, acordes con la grave situación en la que estamos colectivamente atrapados. Las excusas para externalizar la responsabilidad del problema son muy diversas, aunque no es es cierto que la tragedia climática deba ser afrontada solo por otros, como puede ser el Gobierno, la Unión Europea, la ONU, las multinacionales, los técnicos y expertos, los ciudadanos individuales ... Contrariamente a la idea de que hay que priorizar primero las “necesidades sociales” y aplazar la lucha contra el cambio climático, lo cierto es que los posibles avances en bienestar y justicia social en el presente, tanto aquí como en otros lugares globalmente alejados, están intimamente relacionados con unos profundos cambios en las políticas climáticas. Solo serán posibles las mejoras conjuntas en bienestar y vida buena si se hacen rápidos giros en las formas en que producimos, consumimos y nos comunicamos, algo que implica cambios profundos en las políticas de nuestras ciudades, autonomías y nacionalidades. Los llamados “servicios públicos de calidad” que a menudo defendemos con ardor solo serán posibles si se acompañan de “calidad climática” en muchos ámbitos de intervención política, como son el energético, transportes, vivienda, industria, educación, sanitadad, consumo, agricultura, alimentación... Precisamente los cambios guiados por la “suficiencia ecológica” frente a la abundancia sin límites y el despilfarro, son los que a la vez permitirían mayores cuotas de justicia en el reparto Norte-Sur y también menores desigualdades aquí.

La razón última es que en un planeta con recursos fisicos finitos y cada vez más degradados por la acción entrópica de origen humano, el imperativo del crecimiento de la tarta de la economía física como previo paso para conseguir un reparto más equitativo y mayor bienestar conjunto, es sencillamente una quimera peligrosa. En un planeta finito en materiales solo será posible reducir la pobreza y miseria mediante el alivio concomitante de la riqueza en sociedades sobredesarrolladas y sobreconsumidoras como la nuestra. Por ejemplo, acabar con la pobreza energética que sufren muchas personas y familias requeriría aliviar a la vez la irracional y alegre riqueza del sobreconsumo energético que nos rodea.

Además de ser una responsabilidad ética fundamental el concebir el clima como un bien común imprescindible del que dependen las sociedades sociedades humanas y el resto de la biodiversidad, las políticas climáticas pueden ser también el eje vertebrador del cambio social. Constituyen una oportunidad histórica de transformar el caduco modelo productivo heredado del crecimiento por el crecimiento para favorecer el bienestar conjunto y unos estilos de vida más justos, participativos y descentralizados, al tiempo que compatibles con la preservación y reparación ecológica de nuestra casa planetaria común y maltrecha. Lejos de ser un lujo para futuros tiempos de bonanza económica, las políticas climáticas, muchas de las cuales no cuestan nada o exigen poca inversión económica, habrían de marcar el camino contra la actual crisis económica y sus injustas consecuencias sociales.

Nada de esto sucederá si seguimos con las tímidas y débiles iniciativas en favor de la eficiencia o ahorro ambiental, las que se han implantado hasta ahora. Solo constituyen unas gotas en el mar las pequeñas y aisladas iniciativas de eficiencia o ahorro energético, como son las medidas de cambiar las bombillas del alumbrado, reducir la velocidad de circulación del tráfico o el instalar unas pocas placas solares en edificios públicos. A pesar de constituir avances positivos, están todavía a años luz de las medidas estructurales y transversales de choque que el cambio climático reclama.

Nos enfrentamos a un dilema de opciones, en el que hay que elegir entre el creciente desorden catastrófico causado por el cambio climático o el “lo cambio todo”. A la vista está el fracaso rotundo de las políticas sectoriales del “medio ambiente”, con resultados medibles y evaluables. Ya es tarde y no valen las embrionarias políticas climáticas encerradas en el “gueto ambiental”, bien acotado, marginal y alejado de las prioridades políticas económicas y sociales del crecimiento en el contexto histórico en el que estamos. Lo que está en juego es el cambio de nuestros hábitos prácticos individuales y colectivos de despilfarro y sobreconsumo. Desgraciadamente, tampoco hay tiempo por delante para solo confiar en un aprendizaje cultural y el cambio de mentalidades, ya que el cambio cultural y educativo es muy lento y apenas puede ser programable ni controlable. Además, la desestabilización climática y sus múltiples aterradoras repercusiones en los ecosistemas, son ya muy visibles y más intensas y aceleradas de lo que se creía, según confirman las últimas previsiones de las comunidades científicas mejor informadas. Esta condición temporal reduce las posibilidades que tenemos para hacer los giros necesarios, el tiempo se acorta más y más. En consecuencia, se hacen más imprescindibles las decisiones políticas valientes y los cambios estructurales aquí y ahora, acordes con la altura del enorme reto climático. Se trata de prevernir lo peor y adaptarnos en lo posible a lo que nos viene encima sin remedio.

Los nuevos equipos políticos formados en los ayuntamientos y las autonomías tienen una clara responsabilidad por delante: salir cuanto antes de las declaraciones de principios retóricos en torno a la preocupación por el cambio climático. Han de establecer unos objetivos ambiciosos y vinculantes de reducción de CO2, pública y objetivamente evaluables. Las metas realizables como mínimo han de estar entre un 25% y 35% de reducciones para el año 2020 y en comparación con el año 2005. Han de estar respaldados por planes concretos en todos y cada uno de los ámbitos de gestión, afectando a instituciones públicas y privadas. Las políticas de suficiencia contra las del despilfarro se hacen necesarias y en lo esencial significan hacer mucho más con mucho menos. Por ejemplo, un objetivo deseable para el 2020, como es el de reducir el tráfico rodado al menos un 30% en los cascos urbanos, puede conseguirse mediante la peatonalización y grandes restricciones al espacio cedido a los coches privados, mediante peajes urbanos y tasas de circulación y aparcamiento de carácter estrictamente finalista (cuando los recursos así conseguidos se dedican a la mejora y ampliación del transporte público y de los específicos daños ambientales generados).

Son posibles y deseables los pactos con instituciones de todo tipo, como pueden ser las universidades, el comercio, las empresas, los sindicatos, para la adopción de compromisos concretos en la necesaria reducción del uso del coche, del consumo de energía, de agua y de muchos productos contaminantes generados a lo largo de todo el ciclo de sus actividades. Es urgente y realizable la reducción drástica y ejemplarizante de la dependencia pública y privada de la electricidad producida con combustibles fósiles. Además, los ayuntamientos y gobiernos autonómicos deben apuntarse al creciente movimiento internacional en favor de la desinversión financiera en los fondos y bancos que invierten en las empresas de los combustibles fósiles. Pueden ser muchas y muy innovadoras las políticas de justicia climática, como por ejemplo son la instauración de tasas turísticas finalistas dedicadas a proyectos climáticos, la creación de ventajas fiscales para la rehabilitación ecológica de edificios, los diseños bioclimáticos en instalaciones de todo tipo, los techos verdes y huertos urbanos, unos estrictos criterios de planificación urbana que pongan freno a la noria de la expansión urbanizadora, la conservación y el aumento de la permeabilidad del suelo mediante nuevas normativas urbanísticas y de los espacios verdes en los cascos urbanos. Existen muchas medidas más que pueden ser objetivables con indicadores y cuantificables, que mediante compromisos concretos entren en los campos de la reforestación integral,  agricultura regenerativa que conserva la fertilidad del suelo evitando la erosión y la pérdida de agua del modelo intensivo, la producción y el consumo ecológicos,  el "acceso abierto" al  conocimiento y a las tecnologías climáticas, o como son otras diversas iniciativas sociales de la economía participativa del bien común.

Si se apuesta por un claro compromiso con la dura realidad del cambio climático, para facilitar el camino hacia la justicia climática los nuevos mandatarios municipales y autonómicos se verán obligados a tomar decisiones políticas difíciles y conflictivas. Se hace necesario el debate público y social para movilizar un amplio respaldo ciudadano. Para empezar habría que romper el silencio y la censura mediática instaurada sobre este problema civilizatorio que nos afecta a tod@s, humanos y no humanos, nacidos y nuevas generaciones que heredarán las consecuencias de nuestras acciones en el presente.

El cambio político será climático o simplemente no será.

David Hammerstein, commonsnetwork.eu

La prueba del algodón de la defensa climática es el carbón y parece que Podemos está a punto de suspender el examen. Dejar el combustible fósil más contaminante en el suelo o seguir quemándolo es una cuestión fundamental y urgente para el presente y futuro del planeta. Otra pregunta muy relevante es si el dinero público de la ciudadanía debe subvencionar la destrucción de la habitabilidad de los ecosistemas básicos que dan soporte a nuestras sociedades. Las recientes declaraciones de los líderes autonómicos de Podemos de Castilla y León y de Asturias a favor de los subsidios públicos para garantizar la viabilidad económica de la minería de carbón mediante la concesión de incentivos económicos a las centrales térmicas que compran carbón español  dejan bastante claro que el morado de Podemos puede quedar muy manchado del negro del carbón. Con una apuesta política innecesaria, destructiva y cara a favor de la continuación del carbón, Podemos abandona en el presente cualquier mínimo compromiso ecológico y ético frente a uno de los desafíos sociales globales más graves.

En concreto el nuevo Decreto Real a favor del "carbón nacional" apoyado por Podemos significará  90.000 euros (aumentado del 72.000 euros/megawatio anterior) de dinero público de Gobierno Central entregado a una central térmica por cada megawatio de carbón quemado en una central térmica. Así las térmicas adquieren un compromiso de compra anual de 5.6 millones toneladas de "carbón nacional" frente a los 3.8 millones de toneladas anuales actuales.  Sería más de 405 de millones de euros de fondos públicos en total.No hay una estimación del impacto del nuevo Decreto sobre el crecimiento de las emisiones contaminantes ni sobre la salud humana ni sobre los ecosistemas circundantes. Y esto sin contar el impacto de todo el ciclo de extracción, lavado y transporte del carbón, sean de las minas de interior o de las terriblemente destructivas minas a cielo abierto.

Según la Radiografía social del medio ambiente en España de Greenpeace "las emisiones de las centrales térmicas de carbón son un enemigo en la lucha para el cambio climático, pero, además, sus efectos también son un riesgo para la salud, pues esas emisiones llegan a pulmones y circuito sanguíneo, provocan asma, enfermedades cardio-respiratorias, cáncer y hasta la muerte". Estas térmicas han provocado al menos 535 muertes prematuras, 120.000 horas laborables perdidas y 5.800 años de vida perdidos.

Es muy preocupante que los eurodiputados actuales de Podemos en Bruselas puedan apoyar una extensión del tope legal comunitario de 2018 para finalizar las ayudas al carbón Decisión 2010/787/UE del Consejo (ya tenían que haber terminado las subvenciones en el 2010 pero la presión asfixiante del lobby del carbón consiguió una prorroga). Según las declaraciones de algunos de sus líderes autonómicos los futuros diputados de Podemos en el Congreso de Diputados también apoyarán a la quema del carbón.

Apostar por el carbón es una postura que más bien responde a los postulados de una vieja izquierda anacrónica y “extractivista” (como apunta Naomi Klein en su reciente libro). Además, refleja una gran insensibilidad social y ecológica ante los cambios ecológicos necesarios en Europa para cumplir con las demandas de justicia ambiental que plantearán los países del Sur en la cumbre climática de la ONU en Paris el próximo diciembre.

La posición de Podemos a favor de la quema del carbón se basa en unos mitos y unas falsedades que no tiene base en los hechos.

Por ejemplo, el líder de Podemos Asturias Emilio León afirma: “Mientras el carbón sea necesario, apostaremos por el carbón autóctono”.

Ni el carbón es necesario ni debemos elegir entre el carbón autóctono y el importado. Existe una gran sobrecapacidad de generación eléctrica en España con fuentes mucho menos contaminantes que el carbón, incluso excluyendo la fuente nuclear, y las futuras demandas eléctricas pueden ser satisfechas por el crecimiento de las renovables, el ahorro y por la eficiencia energética.

El carbón “autóctono” o “nacional” subvencionado generalmente no sustituye al carbón importado sino aumenta radicalmente el porcentaje de carbón en la mezcla energética española y en consecuencia las emisiones contaminantes. Cuando en marzo de 2010 todavía no existía el Real Decreto que subvenciona la quema del carbón “nacional” había bajado la participación del carbón en el “mix eléctrico” al solo 3.8% del total. Un año después de la entrada en vigor de las subvenciones, ahora respaldadas fuertemente por Podemos, había subido al 12.8% del total. Como resultado dantesco, las emisiones de CO2 del sector eléctrico subieron el 82% en solo un año en medio de una crisis económica!

La cifras desmienten tajantemente el argumento de que se trata simplemente de sustituir la quema del carbón importado por el carbon autóctono, tal y como insisten los empresarios mineros y Podemos, y muestran que las ayudas al carbón multiplican enormemente el consumo global de la fuente más contaminante en el sistema eléctrico español. Huelga decir que también que hay que luchar contra el carbón importado.

Los líderes de Podemos de Castilla y León y de Asturias exigen que los presupuestos generales del Estado incentivan mediante subsidios la compra del carbón para mantener el empleo en las cuencas mineras ahora “para ir buscando alternativas económicas de re-industrialización a medio y largo plazo”.

Es chocante que Podemos utiliza los mismos argumentos que los negacionistas y de la derecha ante el cambio climático: siempre y durante décadas trasladan el problema hacía un futuro indeterminado sin asumir responsabilidad alguna aquí y ahora. Esto es el cuento de la lechera que surge cada vez se acerca el fin de la subvenciones al carbón y otros compromisos vinculantes climáticos.

Las cuencas mineras han recibido miles de millones de euros de ayudas públicas durante los últimos 25 años para un cierre paulatino y socialmente justo de a minería de carbón. Por desgracia las mafias patronales y la corrupción sindical y política han despilfarrado la mayoría de estos recursos. Pero invertir ahora más dinero público en apuntalar unas minas social y ambientalmente inviables es postergar aun más las alternativas sociales necesarias. Podemos debe elegir entre tirar más dinero a un pozo sin fondo o construir ya alternativas compatibles con el medio ambiente y el empleo.

Podemos no niega el cambio climático en abstracto pero sí en los hechos y en el presente. Es una ironía que sus máximos líderes como Podemos como Pablo Iglesias hayan firmado el manifiesto ecologista “La última llamada” https://ultimallamadamanifiesto.wordpress.com/el-manifiesto/ que afirma que la acción climática, sobretodo en el rico Norte, es “inaplazable” dentro de una "transición rapida" hacia otro modelo energético y de produccion pero al mismo tiempo, posterga en el tiempo las medidas energéticas que se pueden tomar ahora. Es triste que Podemos utilice supuestas y falsas coartadas sociales del “presentismo” productivista que queman las naves de la casa común (como afirma el Papa) en un pacto faústico y efímero simplemente para ganar un apoyo electoral puntual.

Podemos debe responder a algunas preguntas relevantes:

¿Es socialmente justo dar dinero público al carbón en lugar de la sanidad pública o la educación cuando existe una gran escasez de recursos públicos?

¿No es mucho más sensato y eficaz para el empleo invertir en sectores económicos viables y socialmente útiles como las renovables, la rehabilitación energética o el desarrollo rural sostenible?

¿Por qué Podemos con razón niega las subvenciones públicas al maltrato animal de los espectáculos taurinos pero en cambio, está a favor del enorme maltrato planetario, social y natural, que representa la quema del carbón?

Ahora que Podemos entra en la política institucional debe asumir la responsabilidad de elegir. ¿Luchar contra el cambio climático o defender el carbón?

Nos hemos despertado de la pesadilla sobre la última amenaza de amputación que ha padecido la Huerta de Valencia: la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad de Valencia impulsado por Rita Barberá y el PP, que incluía la desaparición de 411 hectáreas de Huerta a cambio de más dosis de asfalto, hormigón, túneles, rotondas y carreteras. La Huerta de Valencia que históricamente envolvía la ciudad hoy es fuente de bienes y servicios inconmensurables que son más necesarios que nunca: despensa alimentaria de proximidad; pulmón verde y de descongestión urbana; muro de contención de la incesante expansión urbana de la capital y los pueblos metropolitanos; lugar y paisaje para el disfrute estético y recreativo; legado de usos, costumbres e identidad; memoria cultural y arquitectónica; agroecosistema único en el mundo con una singular comunidad de plantas, animales, tierras hiperfértiles de aluvión del cuaternario; clima benigno y aguas del río Turia que riegan los campos agrícolas mediante la ingeniería hidraúlica inmemorial de las acequias que sangran el Turia; pequeñas explotaciones agrícolas con policultivos y con capacidad de producir diversas cosechas al año y la gente que trabaja la tierra o vive en ella, como labradores y guardianes de la Huerta.

Como ha venido sucediendo desde hace décadas la resistencia ciudadana se ha enfrentado a este nuevo proyecto de "maldesarrollo" que mordía tierras de la Huerta que aún sobrevive. Antes de las recientes elecciones los portavoces de diferentes partidos dieron su apoyo a la conservación de la Huerta rompiendo con ello el crónico desprecio de nuestros antiguos gobernantes cementeros. Han reconocido la necesidad urgente de un plan de protección supramunicipal de la Huerta metropolitana para la conservación de sus tierras y usos agrícolas y para frenar las recalificaciones urbanas del suelo. Así lo han declarado los aspirantes al gobierno municipal y autonómico: no más negocio inmobiliario que destroce las tierras vivas de la Huerta favorecido por políticos sin escrúpulos. Ahora, después de los resultados electorales se abre una nueva esperanza para la Huerta.

El dilema que atraviesa la Huerta de Valencia plantea su papel en un mundo cada vez más desregulado, privatizado e individualizado, sometido a los grandes poderes desterritorializados que actúan fuera de la gobernanza política, social y democrática de los estados y la sociedad civil. En medio de este descarrilamiento colectivo el papel de la Huerta periurbana de Valencia adquiere un valor estratégico para conseguir el viejo sueño de una sociedad buena y justa, acogedora y garante de la humanidad. El pensamiento y la estrategia de futuro para la Huerta ha de sincronizarse y cooperar con las exigencias éticas adaptadas a los dramáticos tiempos históricos que vivimos. Se ha de evitar la repetición de discursos y proyectos disecados del pasado que sean contraproducentes ante las nuevas condiciones de dominio de los mercados globalizados. El espectro de posibilitades para conservar y cuidar el bien común que es la Huerta no es el mismo que el de hace décadas, hoy cabe reconocer sus múltiples e irrenunciables valores: agrícolas y urbanos, económicos, culturales y sociales, físicos y ecológicos, presentes y futuros. A la hora de orientarnos en las metas del presente y del futuro ninguno de estos elementos han de ser desdeñados o subestimados, conviene conciliarlos sin establecer fronteras excluyentes. Porque, en caso de hacerlo caeríamos en la paradoja de querer salvaguardar la Huerta anulando a la vez la valiosa mezcla sinérgica de bienes y servicios que la conforman.

Ante una agricultura anacrónica y marginal, tal y como es vista por las mentalidades obsesivas y compulsivas del neodesarrollismo urbano, la Huerta metropolitana ha de ganar derecho a la existencia, dignidad y respeto. Hoy día son metas irrenunciables: la protección legal y supra-municipal de sus tierras mediante legislación y normativas autonómicas; el fomento de una actividad agrícola con rentabilidad económica y libre de agrotóxicos químico-industriales; la comercialización de sus productos en los mercados locales; el etiquetado y la marca de distinción y calidad que aporte valor añadido a sus productos y de información sobre el origen y la trazabilidad de los alimentos al tiempo que amplie las oportunidades de elección informada de consumidores y ciudadanos.

También resulta imprescindible que los políticos que estrenan gobernabilidad cumplan sus promesas y adopten medidas de ejemplaridad y buenas prácticas institucionales, haciendo posible que los alimentos ecológicos de la Huerta sean una exigencia y tengan prioridad en las compras públicas y en las condiciones de contratación para que finalmente lleguen a las mesas de los comedores escolares, centros sanitarios, bares y restaurantes de centros cívicos, culturales, universitarios, etcétera.

Los minicultivos de la Huerta han de perder su posición de servidumbre al servicio de las demandas inacabables de todo tipo de equipamientos urbanos. Ni un metro cuadrado más de pérdida del nuestra despensa más próxima de tierras y alimentos vegetales cuando las inseguridades e incertidumbres del nuestro tiempo son máximas y crecen sin control en paralelo al aumento de los daños y peligros ecológicos locales y globales, caracterizados por ser colosales y perdurables en el tiempo y el espacio, y por escapar a nuestras limitadas posibilidades de conocimiento y protección.

No puede aplazarse la transición a la agricultura ecológica y el abandono de la agricultura químico-industrial causante de numerosas enfermedades y muertes humanas y no humanas, que son señales del colapso traumático al que aceleradamente avanzamos. La agricultura orgánica aportaría beneficios económicos añadidos a los campesinos de la Huerta, atraería a nuevos productores y consumidores y además reforzaría el cambio de mentalidades y valores.

La emergencia de nuevos valores y creencias culturales también es parte de la lucha por la defensa de la Huerta sin tóxicos industriales. Rachel L. Carson en su clásico libro "Primavera silenciosa" nos alertaba sobre los circuitos demoledores de la agro-química industrial para los pájaros, los insectos y el resto de animales y seres humanos. Carson nos recordaba que nuestra actitud hacia los venenos ha experimentado un sutil cambio, al principio estaban contenidos en envases señalados como peligrosos mediante una calavera y dos tibias.

La defensa y conservación de la Huerta no ha de limitarse exclusivamente a la preservación de suelos y a la rentabilidad económica del sector y los productores agrarios, dejando de lado el compromiso con los derechos básicos a la salud de la ciudadanía y los consumidores urbanitas, que son la mayoría social. La preservación de las funciones ecológicas de la Huerta no solo son las que aligeran la hipertrofia y la inhabitabilidad urbana, también son las funciones ecológicas de las propias actividades agrícolas, que se caracterizan por encarnarse en metabolismos cíclicos y cooperativos con semillas, aguas, sol, tierras, plantas, animales, cosechas... Dado que las sociedades humanas nunca han dejado de ser sociedades de seres vivos, a pesar de las creencias deformadoras de la modernidad tecnoindustrial, se hace prioritaria la capacitación profesional para prácticas agrícolas que se concilien con las necesidades biogenerativas de la vida planetaria y el cuidado de nuestra salud.

Los productos ecológicos y próximos son el único futuro bueno al que moralmente podemos dirigir nuestras aspiraciones. No hemos de postergar nuestras preferencias: una Huerta ecológica y rentable que abandone los pesticidas, herbicidas y plaguicidas que envenenan y matan el palpitar vital de tierras, aguas, aire, animales, plantas, ecosistemas, alimentos y de nuestros cuerpos. La preservación de la Huerta agrícola ha de encarnarse dentro de las necesidades conjuntas, de salud humana y de cuidado ecológico, presentes y futuras, de la ciudad y el campo, con una fuerte alianza entre el mundo agrícola y la ciudadanía urbanita. Llevar la ecología a la agricultura es colocar en el centro las necesidades vitales y primarias de nuestra existencia: de hortalizas, verduras y frutas nutritivas y saludables. Es abrazar la vida y llevar la ética del cuidado y de la compasión a nuestras cocinas y a nuestras dietas alimentarias para conseguir una vida larga con salud y disfrute al tiempo que hacemos las paces con un planeta cada vez más esquilmado y moribundo.

Defender la Huerta ecológica es también una lucha contra el cambio climático en curso, uno de los problemas ecológicos globales más graves para la supervivencia de las poblaciones humanas y la biodiversidad. Significa poner frenos a la adicción urbanizadora, al protagonismo de los vehículos privados, a las carreteras, a la extracción y al consumo de las energías fósiles del carbono, gas y petróleo que contaminan y alteran caóticamente los equilibris atmosféricos con los que ha surgido la vida humana y del resto de especies. Tal y como nos advierte la mejor información científica disponible, y tal y como nos recorda Naomi Klein en su reciente libro "Esto lo cambia todo. El capitalismo contra el clima": si no cambiamos pronto el modelo extractivista de producción y consumo, una Tierra sobrecalentada, inhabitable y muda de vida es el mundo al que inevitablemente nos dirigimos.

A pesar de que a menudo somos víctimas inocentes y prisioneros de poderes que se nos imponen, lo cierto es que también somos responsables de nuestras decisiones allí donde tenemos capacidad para tomarlas y ejercerlas. No hay excusa para no combatir los problemas ecológicos con los medios locales que tenemos a nuestra disposición, como puede ser el consumo. No hay coartada posible para desatender las desigualdades sangrantes entre los seres humanos, entre estos y el resto de especies, y entre los humanos actuales y las generaciones del futuro. Si queremos un futuro habitable y justo en la única casa terrestre que tenemos, finita y enferma, hemos de hacer la transición a una agricultura ecológica, porque es el único camino ante los imperativos de la competitividad individualizada del beneficio económico y los mercados globalizados. Sin este sabio y valiente paso el deterioro irreversible y el abandono de la Huerta continuará sin retorno posible hasta su definitiva desaparición.

Mara Cabrejas y Sal·lus Herrero

Profesores de sociología

Versión catalana: http://opinions.laveupv.com/sallus-herrero/blog/5454/lhorta-ecologica-es-futur