Como las miles de personas que se encuentran actualmente acampadas en las plazas por toda España, yo también estoy muy indignado y cada vez más. Os contaré porqué.

Un motivo de mi indignación es el abismo existente entre los bienintencionados objetivos de la Unión Europea y cada vez más difícil realidad de acceso a los medicamentos más imprescindibles. Uno de los objetivos oficiales de la UE en cuanto de Salud Global (EU Council June, 2010) es “de asegurar que las inversiones de la UE en la investigación médica favorezcan el acceso al conocimiento y a herramientas generados como bienes públicos globales y ayudar la producción de productos médicos esenciales a precios asequibles.”

Sin embargo, en el Sur y incluso dentro de la UE, sobretodo en Europa Oriental, la mayoría de las personas afectadas por SIDA no tiene acceso a un tratamiento adecuado simplemente porque no lo pueden pagar.

El motivo para indignarse de verdad es que el actual modelo monopolístico de innovación médica y de acceso a medicamentos constituye generalmente un gran despilfarro de unos recursos limitados, de unos objetivos científicos mal orientados, de prácticas corruptas y anticompetitivas y, en suma, un sistema en gran parte empujado mucho más por el vaivén del mercado que por las necesidades de salud de las personas.

La actual crisis económica y financiera ha puesto de relieve más que nunca estas carencias. Con un ingresos menguantes tanto en los sistemas de salud pública en el Norte como en las donaciones utilizadas en fomentar el acceso a medicamentos en el Sur. En otras palabras, mientras las demandas de los tratamiento no dejan de crecer, se debilita la capacidad de financiar el acceso a estos productos.

Debemos responder a unas preguntas de como responder a esta crisis creciente entre un gasto farmacéutico y sanitario que se dispara y un aumento exponencial de las millones de personas afectadas por el SIDA:

¿Si el actual modelo monopolístico de propiedad intelectual no crea los incentivos necesarios para algunos campos de innovación médica, por ejemplo, para el SIDA pero también el cáncer y la conversión de esta innovación en productos asequibles para la mayoría de la población mundial, como podemos fomentar unas nuevas formas justas de gobernanza del ecosistema de conocimiento médico y al mismo tiempo favorecer un mercado competitivo de medicamentos genéricos avanzados ?

En otras palabras, ¿ Como podemos premiar e dar incentivos a los verdaderos y útiles éxitos biomédicos que no sea mediante el monopolio de la explotación de una patente durante 15, 20 o 25 años?

¿Como podemos evitar la situación actual en la cual la gran mayoría de inversión médica privada se gasta en "más de los mismo" o "drogas copionas" (me too drugs) en la búsqueda de mantener unos altos precios por medio de unas patentes interminables, unos precios que no suelen guardar relación alguna con una contrastada mejora sustancial en los resultados terapéuticos? ¿Como superamos la contradicción en que el gasto farmacéutico crece mucho más rapidamente que los resultados positivos en la salud?

¿Qué podemos hacer para conseguir una mayor apertura, transparencia e intercambio cooperativo en el mundo de la ciencia médica para favorecer la investigación de enfermedades importantes como el SIDA?

¿ Ante la situación actual en que a menudo unas cantidades ingentes de dinero público financian a las patentes privadas y en consecuencia fomentan los altos precios, es posible lograr que la inversión médica pública, española y europea, pudiera revertir en bienes y conocimientos médicos públicos?

En definitiva, ¿Como podemos desligar el gasto en Investigación y Desarrollo del precio de los medicamentos más imprescindibles como los del SIDA?

Public health systems in Europe can no longer pay their pharmaceutical bills and have started to do something about it.

What began in Spain and Greece  as a response to budget deficits has now become a general trend. Now national drug-pricing authorities across Europe are taking on run-away health spending in the context of severe financial constraints.

Underway is a new harmonization in the way governments assess the value of medicines.

Germany recently decided to cut up to 2 billion euros from drug purchases. Spain will have cut 1.6 billion from its 2010 bill while paying from 7.5% to 25% less for generic and patented medicines. Greece and Italy have announced cuts of 1.2 and 1.6 billion respectively in public drug expenditures. Other countries that have also decided to pay lower prices for frequently used health products are: Denmark (40m), Belgium (380 million), France (250m.), Ireland (170 m.), Portugal (80 m) and Switzerland (200 m.).

Big pharma firms such as Glazosmithkline are already crying wolf and claiming that they won´t be able to finance the research of new drugs.

What is evident is that the present model of medical innovation is more and more unable to deliver the affordable products that our society needs.  It is not only the poor countries of the global South or countries in eastern Europe, but even the wealthiest public health systems of the world that cannot bear the burden of exorbitant prices for medicine.

Maybe the time has come to stop leaving the future of access to medicines in the hands of a few pharmaceutical monopolies and to explore new models of making medicines that are fairer, more useful and more affordable.

This will be the objective of a conference in the European Parliament on November 18th organized by the TransAtlantic Consumer Diaolgue,  Health Action International, Oxfam and Knowledge Ecology International under the auspices of MEPs Eva Joly, Thijs Berman and Carl Schlyter.

David Hammerstein, TACD

Sr. Don Vito, ¿donde está el dinero?

Los empresarios de la minería de carbón: Victorino Alonso y Manuel Lamelas Viloria, han recibido 367 millones de euros en ayudas públicas este año, pero en cambio no pagan las nóminas a los mineros. Según dice hasta el Ministro de Industria Sebastián: "No pueden justificar que no tienen dinero,  tocan a 141.000 euros por cada uno de los 2.600 mineros que emplean."

Sr. Don. Vito:

¿A donde han ido a parar los 367 millones si no paga a sus mineros? 

¿Como se han gastado los miles de millones de subvenciones y dinero ciudadano que ha cobrado Victorino Alonso en los últimos años?

¿Será acaso que el empresario minero Victorino Alonso retiene los sueldos como una arma arojadiza y como un chantaje contra el Gobierno y contra la Comisión Europea con la intención de alentar las protestas sindicales y conseguir aún más subvenciones faraónicas que tanto le benefician?

¿Acaso el Gobierno Español se debe dejar presionar por un empresario como "Don Vito Carbone", que tiene en su haber imnumerables denuncias por irregularidades y atropellos ambientales a causa las actividades extractivas de la minería a cielo abierto que desarrolla destripando impunemente montañas y biodiversidad, como lo que hace en el Valle de Laciana?¿

¿Es que no sabe el gobierno de ZP que este empresario paisano del Presidente ZP ha tenido una sentencia condenatoria que le obliga a pagar por fraude en la calidad del carbón?

¿No sabe el presidente de gobierno que sus actividades mineras a cielo abierto están acusadas de numerosas ilegalidades e incumplimientos de las leyes ambientales europeas, y que han sido denunciadas por la propia Comisión Europea ante el mismo Tribunal Europeo de Justicia?.

Si este empresario minero, que también es presidente de la patronal minera del carbón en España: CARBUNIÓN, está rodeado de escándalos y operaciones turbias por doquier, ¿como es posible que ningún medio de comunicación importante le haya dedicado aún una mínima investigación periodística sobre la oscura trama que rodea a este personaje de la "mafia minera" y sobre sus relaciones con políticos relevantes?

En lugar de ceder a los continuas presiones y amenazas de Victorino Alonso, acaso ¿no seria mucho más sensato cambiar el destino del dinero público y comenzar a invertir en un futuro económico nuevo, viable y honesto en las cuencas mineras? ¿Quien va a defender el interés colectivo y no los particulares beneficios económicos de algunos empresarios en las cuencas mineras mediante unos racionales objetivos sociales, económicos y ambientales? 

¿Es lícito y moral el continuar dando centenares de millones de euros de los contribuyentes aL empresario del sucio carbón: Victorino Alonso, en medio de una galopante crisis económica y de un déficit preocupante de las finanzas públicas, y bajo los recortes y tijeretazos sociales que está dando el gobierno de ZP?

¿Porqué los sindicatos claman al cielo afirmando que hay que salvar una minería del carbón tan ambientalmente destructiva y contaminadora, y en cambio no aplican los mismos criterios para salvar otras actividades económicas hundidas por la crisis, o para defender actividades empresariales compatibles con el cuidado y la protección ambiental?. ¿Porqué no hay que salvar los empleos del textil o del calzado?. ¿Porqué callan ante el hundimiento de muchas actividades empresariales que hinchan la población de precarizados y desempleados?

Cuando los líderes sindicales arengan a las movilizaciones y protestas en nombre del empleo para unos pocos mineros, ¿acaso no será que lo que realmente quieren CCOO y UGT son las monstruosas subvenciones públicas que a ellos también les benefician? ¿No será esta la razón profunda que explica el porqué solo defienden con tanta pasión la minería destructora del clima y los ecosistemas exigiendo la continuidad de la sangría de dinero público, ya que no solo reflota con gigantescas subvenciones una contaminante minería carente de rentabilidad, sino que además, al mismo tiempo permite la creación de una gran plantilla de "aristocráticos" liberados sindicales?. ¿No será que para mantenerse en sus privilegiados tronos y dotarse de ingentes recursos públicos necesitan seguir reavivando el falso mito de que el carbón es la única fuente posible para el bienestar y futuro en las cuencas mineras de León y Asturias?

DAVID HAMMERSTEIN

AWARDING PRIZES FOR DRUG INNOVATION AS A WAY OF ENDING WASTEFUL MONOPOLIES THAT PREVENT AFFORDABLE MEDICINES

“The current system is incredibly wasteful and constantly gamed by Big Pharma. The prize fund approach would radically reform the market for innovation, in the same way the Internet has radically changed the way we use telecommunications. The supply of useful innovation would be a highly competitive activity, rather than one that is crippled by irrational incentives, corrupt marketing practices and unproductive rent-seeking activities.”

James Love, Knowledge Ecology International and TransAtlantic Consumer Dialogue

1.  One size medical patents do not fit all social needs.  Patent monopolies could be effective incentives in some areas of invention but they are very innefficient in rewarding innovation in many important fields of medical research and development. They do not stimulate investment in basic science or pre-commercial research, nor for neglected tropical diseases that tend to affect countries of the South, nor for research on the potential harmful effects of an existing drug.

2. High prices mean bitter medicine for poor.  Monopolies often lead to very high prices, specially when no comparable subsititute is available. This is particularly the case with regards to severe illnesses such as cancer or AIDs. The extremely high cost of medicines has a dramatic impact on the world´s poor, on patients everywhere and on the economic viability of  public health systems.

3. Investing in more of the same does not meet social needs nor public health priorities.  Linking large private investment in medical research and development with the price of new drugs encourages the marketing of expensive “me too” or “copy-cat” products that do very little more than existing treatments.  These products are prescribed by doctors who do not pay for them and generally the price of similar drugs are driven up.  In the end the marked increase in price of many new medicines often bears little relation with a substantial improved therapeutic outcome for patients. We should be paying for improved treatments and not for improved marketing campaigns of “copy-cat” products.

4. Reward medical R and D success with money instead of monopoly.  The core of a Prize Innovation Scheme is to reward a significant biomedical R and D success with money from a prize fund instead of granting a legal monopoly over the eventual product. The awarding of these prizes would be rigurously based on empirical scientific evidence that proves significantly improved health results of the new drug as compared with existing treatments. These prizes, obviously, would not be oriented toward most medicines but especially toward those drugs used for treating the most severe and widespread illnesses. An innovation prize system would allow the most advanced products to be marketed at low generic medicine prices from day one meaning massive savings for health-care systems and relief for state debt that supplies public services. This could have a positive ripple effect by generally lowering the price of medicines by promoting generic competition.

5.  “Openness” and sharing that fuels innovation needs to be promoted.  The promotion of the sharing of medical knowledge should also be rewarded by innovation prizes.   If important medical technology research on the development of a new drug is done transparently, this “open-source dividend” should be compensated economically by the proposed prize scheme.

6. De-linking the cost of medical R and D from the price of medicines is the solution. “De-linkage” of investments in research from prices is supported by both the World Health Organization and the European Union and affects the management of patent monopolies on products.  De-linkage or “disassociation” (as put forth by the EU Council)  is considered worldwide as a key new strategy for providing affordable medicine to the world´s population, ending wasteful investments, orienting R and D toward real health needs and confronting neglected diseases.

7. Public investment in medical R and D for public interest and affordable medicines.  Existing large public investment in medical R and D does not revert back into affordable products for citizens because EU and government R and D funding is oriented to private intellectual property monopolies. If a portion of this taxpayer money was set aside for innovation prizes and the public management of patent rights over essential medicines this would result in lower prices and greater competition across the board.

8.  Financing of alternative medical innovation can come from many private and public sources.   The money for the Innovation Prize Fund could come from many sources, both public and private.  The first pilot programmes should have strong support from the EU budget, particularly the Framework for Research.  Then funding should be diversified with funding from state  and private health insurances, foudations,  and eventually a new tax on pharmaceutical profits, luxury goods or financial transactions.

David Hammerstein, TACD

Ha dejado de ser una verdad la creencia común sobre el jugoso y seguro empleo del funcionariado. Con el radical ajuste de las cuentas del Estado decidido por el Gobierno de Zapatero se ha quebrado la vieja idea de que el valor más solvente es el "Papá Estado". Mientras las crisis económicas de antes del Euro se solucionaban con unas devaluaciones de la peseta o del dracma, ahora se despachan con unos duros ajustes sobre los servicios públicos, los pensionistas y hasta con las personas dependientes. Curiosamente, la gran mayoría de la prensa  y de los expertos afirman que no hay más remedio que apretarnos el cinturón de esta manera.

Es evidente que la economía española vivía en una burbuja irreal y especulativa durante muchos años, lo que ahora nos obliga a una clara austeridad en el gasto público y en el consumo en general. Pero aún así, nos podemos preguntar si sería posible una respuesta anti-crisis practicable y eficaz que fuera a la vez mas justa y más ecológica. Y la respuesta es que si, aunque la actual voluntad política de nuestros gobernantes parece mirar hacia otro lado.

Según muchas opiniones cualificadas, el déficit del estado podría beneficiarse de más presión fiscal sobre las actividades contaminantes para aliviar así la intensificación de la presión fiscal sobre los sueldos. Existen un sinfín de actividades muy contaminantes y nada rentables que se mantienen solo porque reciben grandes y continuadas subvenciones públicas año tras año, como es la minería de extracción del sucio carbón y su quema en centrales térmicas para la producción de electricidad. Que sea el propio Estado quien impulse y siga reflotando económicamente estas peligrosas actividades carece de toda cautela y sensatez dada su alta contribución a la destrucción de ecosistemas locales de montaña con alto valor en biodiversidad, y dada su alta participación en el calentamiento global del clima. Esta economía mortecina artificialmente mantenida con los impuestos ciudadanos este año recibirá más de mil millones de ayuda del Estado para mantener menos de 5 mil empleos (más de 85 mil euros por cada empleo minero, todo un lujazo aristocrático de despilfarro para las debilitadas arcas públicas). En este caso el agente económico que amenaza nuestro clima y nuestra salud no son las libres fuerzas del mercado, sino el propio Estado. 

También se podrían recortar las cuantiosas subvenciones agrícolas a las explotaciones más químico-intensivas, que envenenan con pesticidas y nitratos las aguas, las tierras fértiles y los alimentos que consumimos. Las ayudas deberían redirigirse desde criterios acoplados: sociales y ambientales, y pasar de las grandes explotaciones agrarias y propietarios con altas rentas hacia los pequeños productores locales, los que al tiempo que producen alimentos de alta calidad nutritiva y ecológica a la vez se convierten en guardianes de la naturaleza al regenerar y proteger los ecosistemas agrícolas, y establecen una relación más próxima con los consumidores. En época de crisis como la actual, es precisamente un momento apropiado para reconocer estas incongruencias y acometer las reformas estructurales necesarias para los desafíos socio-ecológicos del presente y futuro.  

En cuanto a las obras públicas, no és lógico que se siga con el mismo ritmo de construir más autovías y de promocionar el uso del coche privado con motores de combustión de derivados del petróleo. Si se declarara una moratoria sobre la construcción de nuevas autovías, se podría ahorrar mucho y se podrían concentrar parte de los recursos del Estado en el transporte público, el que da un trato más benigno a los bienes naturales comunes. Con ello ganaría el clima y el bolsillo de las personas más necesitadas.  

En el campo energético sufrimos las consecuencias de un superavit de producción de energía y de nuevos proyectos a consecuencia de la miope megalomanía de los últimos decenios. Plantear ahora, como hace el Sr.Felipe González, el renacimiento de la carísima energía nuclear resulta un disparate que está totalmente fuera de cualquier lógica económica realista. Además, también hay que paralizar muchos proyectos en marcha de plantas de producción eléctrica mediante ciclos combinados de gas, como los de Asturias y otras comunidades, y cerrar de una vez las centrales térmicas de carbón más inactivas. Cuesta mucho más dinero a los contribuyentes el mantener las humeantes plantas abiertas que queman los muy contaminantes combustibles fósiles, que generar empleo en otros campos socialmente más útiles e intensivos en mano de obra y ambientalmente más bondadosos. Para conjugar una política social y verde, este dinero seria mucho mejor gastado en ayudas a una multitud de pequeñas obras domésticas e industriales de eficiencia y ahorro energéticos.

Para defender la sanidad pública urge rebajar más el enorme gasto público farmacéutico. Las patentes privadas sobre los medicamentos de las grandes empresas farmacéuticas pesan como una losa sobre el presupuesto de la Seguridad Social. En tiempos de crisis de las cuentas del Estado la promoción de medicamentos genéricos debe tener absoluta prioridad por encima de las estrictas reglas de la propiedad intelectual. Urge aliviar la asfixiante presión de los lobbies de "la salud" para salvar la salud pública de la ruina. Incluso se debería considerar la concesión de "licencias obligatorias" (que obvian las patentes) para fabricar ciertas medicamentos genéricos en contra del cáncer y el SIDA, además de "premios a la innovación" para sacar adelante nuevos avances en medicinas genéricas con patentes públicas. También, se debería lanzar una seria campaña en contra de la sobremedicación tanto de cara al público como hacia los mismos profesionales de la medicina. La actual crisis económica también puede servir para fomentar unos hábitos de vida más saludables.

Otro recorte obvio y sustancial podría darse en los gastos militares, sobretodo en la compra de nuevos aviones y barcos. También se deberían eliminar muchas trampas fiscales que permiten a las personas más ricas en ingresos económicos, como son los grandes futbolistas de alta competición, pagar menos impuestos.

También, para avanzar en la eliminación de los gastos públicos más inmorales, se puede empezar por cortar todas las partidas presupuestarias para las corridas de toros y otras fiestas que incluyan el maltrato animal en nombre de la diversión y el entretenimiento.  

La banca debe ser la primera en hacer sacrificios con un límite sobre sus espectaculares beneficios, con unos controles draconianos sobre operaciones especulativas y unos verdaderos fines sociales para las Cajas de Ahorro. Huelga decir que hay que imponer una mayor transparencia al sector bancario español. A escala europea y mundial se debería instaurar una tasa sobre las transacciones bursátiles y otro impuesto global sobre las emisiones de CO2 en el comercio internacional. Lo que no puede ser es que los estados salven a la banca y sus beneficios con el dinero público, mientras la cuentas públicas se van hacia la ruina.

Finalmente, todos y todas debemos admitir la necesidad de consumir menos pero mejor, tanto por la crisis económica como por la ecológica, las dos cabalgan a la vez y las dos muestran sus temibles consecuencias por todos los lados, y por ello estamos ante la oportunidad de diseñar cambios estructurales de fondo para intentar dar inteligentes y complementarias respuestas a ambas. La urgencia de la crisis económica no puede dejar en el olvido las necesidades imperiosas de la vida que muere y se esquilma por cada rincón del planeta. Las leyes ambientales han de avanzar al igual que ha de crecer el enorme potencial de una economía verde respetuosa con el mundo viviente y la salud de nuestros cuerpos y nuestras vidas. La cruda realidad es que no podemos seguir con el voraz y adictivo consumo actual, y la única opción económica razonable, deseable y posible es un decrecimiento organizado, equitativo y verde.

            
Esta vez ha sido un volcán. Otras veces han sido acontecimientos climáticos extremos, amenazas terroristas, un embargo de petróleo, una grave enfermedad contagiosa o unas fugas radioactivas. No hay que ser un catastrofista para darse cuenta de la gran fragilidad de nuestras cadenas internacionales de aprovisionamiento, de nuestras comunicaciones aéreas, del comercio globalizado, y de la misma gobernanza política. El colapso del tráfico aéreo de los últimos días plantea muchas preguntas incomodas que sugieren una clara falta de capacidad de reacción y flexibilidad de nuestras instituciones y de los gobiernos ante los obligados ajustes que han de darse en nuestras pautas tecnológicas.

Las cenizas de un volcán en el Atlántico han puesto en jaque algo más que el modelo de transporte de Europa. También se ha puesto de relieve la falta de resilencía y de capacidad de adaptación flexible de unos sistemas tecnológicos que no tienen en cuenta ni los riesgos naturales ni los peligros engendrados por las formas de vivir de los humanos. Unas infraestructuras altamente técnicas, muy centralizadas y muy globalizadas, tienen grandes dificultades para resistir los "estornudos" de la naturaleza que tienen vida propia y singular, y no están bajo los designios humanos, como son las emisiones del volcán de Islandia.

Si la naturaleza se manifestara con bastante más fuerza, sea por reacciones volcánicas, o sea por el desorden climático ¿qué nos llegaría a pasar? 

 Este evento imprevisto de la naturaleza nos ha impuesto una repentina lentitud y parsimonia, una calma chicha frente al frenesí normal de la "jet set" de los hombres de negocios y de los turistas que saltan de continente en continente. De repente y sin quererlo nos encontramos ante un pequeño experimento de "decrecimiento" y de "localización".

¿Que pasaría si se dieran dos o tres explosiones volcánicas más ? O si ocurriera un gran fallo informático, o una importante fuga radioactiva, o una amplia amenaza terrorista, o una aguda crisis energética?

No parece que podamos tener los reflejos culturales ni la sabiduría política necesaria para reaccionar a tiempo ya que de seguro que hemos sobrepasado numerosos límites críticos. No parece que vayamos a adelantarnos con unas formas de vida alternativas que impliquen una reducción radical de nuestros largos desplazamientos, y una ralentización y relocalización de nuestra dañina economía. Un elemental principio de precaución exigiría tener en cuenta estos posibles y realistas escenarios de catástrofe para frenarlos en lo posible y evitar la pérdida de todo control sobre los acontecimientos de la naturaleza que nos golpeen fuertemente desde el caos y el sufrimiento.

 

Si no llegaran ni los políticos, ni los hombres de negocios, ni muchos productos perecederos a sus distintos ¿que haríamos? Nuestro sistema político y económico que dependen de las gigantescas distancias y de una gran velocidad en el movimiento masivo de personas y de bienes, se puede quebrar de improvisto ante un pequeño capricho de la naturaleza. El despertar del volcán ha supuesto todo una cura de humildad de la gran soberbia humana y de su exagerado tecno-optimismo que vive en la ilusión de tenerlo "todo controlado."

  La primera reacción de muchos "responsables políticos" europeos en Bruselas, donde trabajo,  ha sido de rabia e incredulidad con el grito "yo tengo que llegar a mi reunión mañana en Madrid!" o "me tienes que encontrar una solución para salir hoy!".

 Se suprime de golpe de las televisores la imagen misma de la "gente guapa y poderosa" que se suele tomar en los aeropuertos.  La prensa vive como una gran hecatombe que no salgan los aviones, algo considerado aún peor que una carretera bloqueada.  Resulta muy inquietante para nuestra sociedad que gran parte de los aeropuertos europeos se encuentran totalmente vacíos e inservibles. De repente se descubren los barcos y los trenes (medios más ecológicos) y, más importante, se da cuenta que no es tan imprescindible llegar "más lejos y a más sitios lo más rápidamente posible."

 Escribo estas lineas desde el sur de Francia en medio de un periplo de 24 horas en tren desde Bruselas a Valencia. Hay docenas de personas mayores y jóvenes sentados en los pasillos del vagón durante horas y horas, los revisores han dado por imposible el control de los billetes, y los horarios parece que se han parado en el tiempo. No hay bastantes vagones ni trenes para acoger la gran afluencia de viajeros de todo tipo que intentan llegar a sus casas. Sin embargo, la verdad es que yo estoy disfrutando de unos beneficios colaterales que me ofrece el viaje: sentir la exuberancia de la primavera que se extiende por el centro del territorio francés con sus hermosos paisajes de lagunas, sus zonas húmedas en el sur. Después de los centenares de vuelos que he tomado hacia Bruselas en los últimos años, nunca había apreciado los lentos latidos de la tierra por donde pasaba desde el aire. Los vuelos aéreos son un experimento mental de gran abstracción que nos adormece vitalmente y nos hace olvidar lo que ambientalmente supone el coger un avión.

 Esta pequeña crisis volcánica nos ha de obligar a tomar decisiones personales con más seriedad sobre donde estamos y hacia donde queremos llegar, pero al mismo tiempo en el plano social exige un debate político sobre un verdadero "plan de emergencia" para las próximas erupciones volcánicas de todo tipo que se avecinan.
 
David Hammerstein

Escrito por Pere Estupinya

10 Mar 2010 - Enlace

Imagina que vas al médico y le dices:

“Mira, que mi madre y mi abuela sufrieron cáncer de mama, y una amiga me ha dicho que debería mirar si tengo mutados los genes BRCA1 y BRCA 2, que se ve están relacionados con éste y otros cánceres... ¿Es eso cierto?”

Doctor: “sí, sí, sería muy conveniente hacerte las pruebas… pero el test cuesta 3500 dólares”

Tu: “¿tanto? Por qué es tan caro?”

Doctor: “Porque estos genes están patentados desde 1995, y los análisis sólo puede hacerlos una compañía al precio que ellos dicton.”

Esto ocurre en EEUU. La compañía se llama Myriad Genetics, fue fundada por los investigadores de la Universidad de Utah que descubrieron las mutaciones BRCA 1 y 2 en 1993, y en estos momentos se enfrenta a una demanda judicial impulsada por dos organizaciones de lucha por los derechos civiles: ACLU, y la Public Patent Foundation (PUBPAT). Los abogados de ambas organizaciones argumentan que los genes humanos no son algo que pueda ser patentado, y si se hizo en su momento fue porque la legislación todavía no estaba desarrollada. Pero esto debe ser rectificado de inmediato por el bien de la población.
 

La demanda fue presentada “en nombre de investigadores, consejeros genéticos, pacientes, grupos de soporte al cáncer de mama, y asociaciones científicas representando a 150.000 genetistas, médicos y profesionales de la salud”. Si el juez les da la razón, puede sentar un importante precedente que afectaría a las miles de patentes genéticas aprobadas por la U.S. Patent and Trademark Office (PTO), y que dan derecho a sus titulares a impedir que alguien investigue o haga tests con “su” gen específico.

Sé lo que estáis pensando: En otros lugares del mundo hay problemas de acceso a medicamentos básicos muchísimo más dramáticos que éste. Pues vayamos a ellos. Alejémonos del caprichoso mundo desarrollado y adentrémonos en el espinoso asunto de las patentes en la industria farmacéutica.
 

Inconvenientes de las Patentes Farmacéuticas

Éste es el territorio de Judit Rius, abogada de la organización no gubernamental Knowledge Ecology International (KEI) y profesora adjunta en la Facultad de Derecho de la Georgetown University.

Quedamos para que me explicara las 3 semanas que pasó como voluntaria en hospitales de Santo Domingo ayudando en el drama de Haití, pero terminamos hablando del tema que es experta y por el que ha viajado por medio mundo: buscar alternativas al sistema de patentes que compensen a la industria farmacéutica, pero resulten más justas con la sociedad.
 

Se trata de promover la innovación médica en áreas de salud prioritarias y garantizar el acceso a los más necesitados. Y para ello, la propiedad intelectual y los derechos exclusivos deben dejar de ser el único mecanismo que incentiva a una empresa a invertir en investigación.

¿Cuál es el problema fundamental que pervierte la innovación en el desarrollo de nuevos medicamentos? Uno tan claro como éste: El coste de la investigación se recupera con el precio final en las ventas.

Te puede parecer obvio que así sea, pero olvídate del músico que gana su jornal vendiendo CDs. La responsabilidad social de la industria farmacéutica es diferente. Y la manera en que está organizado el sistema de patentes actual conlleva una serie de consecuencias negativas:

a) Enfermedades olvidadas: No hay incentivos económicos suficientes para investigar en enfermedades que afectan desproporcionadamente a países en desarrollo sin capacidad de pagar precios altos por los medicamentos. Ejemplos: herramientas de diagnostico para la tuberculosis, o tratamientos para la enfermedad del chagas.

b) Las farmacéuticas gastan mucho más dinero en marketing y promoción que en I+D. En EEUU, hasta el doble según este estudio reciente.

c) Existe mayor interés económico en retocar fórmulas y patentar productos secundarios sin mejora terapéutica importante, en lugar de fármacos que afectan a pocos individuos, o a países pobres, y que requieran altos costes de innovación.

d) Muchos medicamentos se comercializan a precios demasiado altos para ser asequibles a pacientes y gobiernos, incluso del primer mundo.

e) Enfermos de Sida en países en desarrollo no pueden acceder a medicamentos más efectivos de segunda y tercera generación porque las patentes bloquean la producción de genéricos.

En fin, si otorgamos derechos exclusivos a las compañías farmacéuticas para recuperar los costes de la innovación, su comportamiento en el mercado tiende a ser monopolista, imponiendo barreras a la competencia para retardar la entrada de productos genéricos en el mercado. En Europa, la Comisión Europea se ha percatado del problema y está investigando el funcionamiento del sector farmacéutico con el objetivo de “averiguar por qué las farmacéuticas no fabrican medicamentos innovadores y por qué no aparecen genéricos alternativos más baratos".
 

No perdamos la perspectiva: Los beneficios que la farmacología moderna ha aportado a las sociedades desarrolladas son inconmensurables. No albergamos duda alguna sobre ello. El reto actual es que ocurra lo mismo en los países en desarrollo.
 

Pero para conseguirlo, no puede ser gestionada como cualquier otra actividad económica cuyo objetivo es maximizar beneficios, ni regirse sólo por leyes proteccionistas de incentivo a la innovación. Debe contemplar otros valores.
 

Tampoco somos ingenuos. El sector privado es de lejos más eficiente que el público. Y si no hay beneficios a la vista, tampoco hay investigación previa. Los incentivos económicos son imprescindibles. La cuestión es: ¿de dónde vienen? Si proceden sólo del precio de ventas, la misión de “garantizar el acceso e innovar en medicamentos para quienes más lo necesitan” se pervierte a favor del “para quienes más puedan pagarlo”.
 

Myriad Genetics debe ser compensada por su contribución al hallazgo de los genes BRCA1 y BRCA 2. Pero sin pasarse, y no necesariamente otorgándole un monopolio.
 

El punto clave según Judit Rius y muchos otros especialistas es contundente: desvincular los costos de la innovación al precio final de mercado. Y para ello, debe haber una alternativa al sistema de patentes como mecanismo para promover la innovación.
 

Atención: no estamos hablando de eliminar las patentes por completo. Las farmacéuticas pueden continuar patentando crecepelos o sobrecitos contra los síntomas del resfriado y hacer su negocio, faltaría más. Pero en asuntos importantes de salud pública a escala global, se necesita otro modelo.

Premios en lugar de Patentes

Hay varios modelos en discusión. El concreto en que trabaja Judit con el think tank Knowledge Ecology Internacional es el de Premios en lugar de Patentes.

La idea es sustituir el monopolio de las patentes por un sistema de premios o recompensa a la i+D que, sin perjudicar la economía de las farmacéuticas, dirija la investigación hacia donde más se necesite y cambie la distribución de presupuestos entre marketing/investigación. Por ejemplo: crear fondos dirigidos a innovar en una problemática concreta y premiar a la industria que lo consiga. Luego el conocimiento se hace público, varias empresas producen genéricos, y los precios bajan. Nadie dice que sea fácil, pero lo que sí está claro es que el sistema actual de protección basado en patentes no incita a este fin. Debe ser revisado.