¿Subir la luz el 12% en enero o recortar las renovables o reducir los incentivos al carbón?

El nuevo gobierno del PP debe decidir subir la luz hasta el 12% or recortar radicalmente distintas ayudas energéticas al gas, a las renovables y al carbón.

El déficit tarifario del sistema eléctrico español acumula una deuda de 20 mil millones de euros, 10 mil millones de los cuales es una deuda titulada que tiene que enfrentarse antes del 2013 a un mercado de deuda poco amistoso. El Gobierno del PSOE empeoró la deuda tarifaria al congelar la tarifa de la luz en el 2011. La legislación europea obliga a España una reducción rápida y sustancial de la deuda tarifaria.

Las opciones del nuevo gobierno a corto plazo son pocas. O sube la luz entre el 8% y el 12% o mete las tijeras a la cuantiosas primas o incentivos que recibe el carbón, el gas o las renovables. Las eléctricas y la prensa conservadora piden suprimir las ayudas a la energía solar y de reducir las primas a otras renovables. La izquierda (PSOE e IU) defienden con uñas y dientes las masivas ayudas a la quema del carbón.

Desde una perspectiva ecologista y de racionalidad económica el primer recorte energético debe empezar por el carbón. El carbón español subvencionado tiene un enorme impacto ambiental (cielos abiertos, emisiones CO2....) mientras que carece de la más mínima viabilidad económica.

¿Qué harías tú?

"La primera quema la grasa y te ahorra dinero, el segundo quema el dinero y te llena de grasa."

por vuestra política contra el clima !

Con las subvenciones masivas a la minería del carbón

                    se multiplica por tres su cuota de presencia en el mix eléctrico español! 

Con vuestra anacrónica política pro-carbón nacional habeis conseguido que el dinero público de la ciudadanía se dirija a aumentar espectacularmente las emisiones de CO2 a la atmósfera. Los datos detallan los peores augurios ambientales: un aumento de la extracción y quema de carbón a consecuencia de las masivas subvenciones a esta contaminante fuente de energía. En este pasado mes de marzo del 2011 han aumentado las emisiones de CO2 en España un 82% con respecto al mismo mes de marzo del 2010 gracias a la entrada en vigor de Decreto de ayudas al carbón que subvenciona masivamente la quema del carbón español. Gracias a estos suculentos subsidios  a la compra y quema del carbón por parte de las centrales térmicas, el carbón ha pasado de representar solo el 3.8% del "mix eléctrico" hace un año al 12.8% actual.

Todo lo contrario de lo que habían prometido el Ministro Sebastián y los grandes defensores del carbón, como son los líderes de Izquierda Unida y los sindicatos. Las ayudas estatales al carbón ya están provocando un grave impacto ambiental y climático. La cifras desmienten tajantemente el argumento de que se trataba de simplemente de sustituir la quema del carbón importado por el carbon autóctono, tal y como insistían los empresarios mineros, y muestran que las ayudas al carbón multiplican enormemente el consumo global de la fuente más contaminante en el sistema eléctrico español.

Se da la paradoja de que precisamente cuando más crece la producción eléctrica de las fuentes renovables y limpias (la eólica ya supera a la nuclear) es cuando a la vez hay un fuerte contrapeso en dirección opuesta con el repunte de la contaminación atmosférica por culpa de las subvenciones públicas al carbón. De hecho, solo de febrero 2011 a marzo 2011 han aumentado las emisiones globales de CO2 en un 5.2%. Resulta muy contradictorio que suban las emisiones globales de CO2 mientras las emisiones por la quema de gas natural en la centrales de ciclo combinado han bajado del 21% al 16% en el último año y al mismo tiempo que todas las fuentes renovables juntas ya superan más de la mitad de la electricidad producida.

Es especialmente sangrante el que se haya dado una preferencia a la fuente energética más contaminante cuando lo cierto es que en lugar de escasez  lo que realmente existe es una sobrecapacidad en la producción eléctrica española, esta llega a triplicar la demanda y por ello permite la exportación neta de electricidad a otros países, como Marruecos, Portugal y Francia.

Este dañino aumento del uso del carbón es consecuencia directa de las inyecciones públicas a esta economía sin rentabilidad propia. Es un despilfarro totalmente innecesario que va contra el interés general y carece de la más mínima racionalidad económica y ambiental. En lugar de gastar el cada vez más restringido dinero público en crear nuevos yacimientos de empleo no contaminante en las cuencas mineras, se ha optado por reflotar y prolongar unos años más la agonía de una actividad caduca, peligrosa y sin futuro, que a la vez destruye las posibilidades de nuestro futuro común.

DAVID HAMMERSTEIN

He sido muy crítico con muchos aspectos de la política ambiental del Gobierno pero cuando acierta con unas propuestas hay que decirlo bien claro.

Reducir la velocidad máxima en las autovías y bajar el precio de los trenes de cercanías son medidas que salvan vidas, mejoran nuestra salud y contribuyen a luchar contra el cambio climático. También, como insiste el Gobierno, puede reducir un poco nuestra dependencia energética exterior.

Resulta bastante irresponsable y demagógica la oposición frontal de Izquierda Unida y del PP a la reducción del tope de velocidad. Es imposible negar que cuanto más lentamente viajamos en coche, más lejos llegamos con menos gasolina, más salud y menos contaminación.

De que haya, además, otras soluciones al problema no quita valor de las nuevas medidas del Gobierno.

Huelga decir que existen otras posibles iniciativas de eficiencia y ahorro que serían aún más contundentes para paliar nuestra muy nociva y malean adicción del petróleo y gas (y a la vez crear puestos de trabajo): los limites al acceso del tráfico particular a los centros de las ciudades, los peajes urbanos combinados con un fuerte abaratamiento del precio de los autobuses y metros urbanos, un plan de choque de eficiencia energética de las viviendas, el apoyo decidido a las fuentes renovables como el económico solar térmico para agua caliente que sustituye el gas o el hydro- almacenamiento del exceso de la potencia eólica y un sinfín de medidas concretas orientadas a dar preferencia al ciclista, el peatón y al usuario del transporte público.

Obligar por ley una conducción más lenta es muy positiva no solo por el ahorro en el recibo energético. También disminuirá los accidentes en carretera y la gravedad de las mismas. Bajarán las emisiones de CO2 y de otras contaminantes biocidas. El ruido de los coches también será proporcionalmente menos en un país con un gran problema de contaminación acústica. Si además los barrios de nuestras frenéticas grandes ciudades tuvieran bastante más parsimonia y tranquilidad saldríamos todos ganando en salud física y mental.

3. PRIORIDAD AL PASO DEL TRANSPORTE PÚBLICO.  La calidad y eficacia del transporte público exige carriles reservados con bordillo de separación para los autobuses, tanto en las calles principales como en las autovías de acceso a las grandes ciudades. Tanto los autobuses como los tranvías deben tener prioridad en los pasos de semáforos. Hay que abaratar al transporte público y adaptarlos a las necesidades singulares de grupos específicos como por ejemplo pueden ser las mujeres. Es también viable introducir pases gratuitos o reglados para los estudiantes, los parados y las personas mayores.  La calidad del transporte ha de mejorarse con tablones digitales que informen de los horarios de paso de los autobuses en las paradas, como ocurre en otros países europeos.


4. DE LA ZONA AZUL A LAS ZONAS CALMADAS. Los aparcamientos en los centros urbanos han de favorecer a los residentes y no a los visitantes. Para desanimar el uso del coche en grandes ciudades hay que instaurar “zonas calmadas en superficie” en el centro de las ciudades, y donde los residentes paguen muy poco y los no residentes paguen comparativamente 15 o 20 veces más. Calmar el tráfico obliga a reducir la velocidad de circulación en las zonas residenciales y centros históricos a una velocidad máxima de 30Km/hora, y en las que el aparcamiento esté restringido o prohibido, y el peatón tenga la preferencia. También las campañas municipales de educación vial han de fortalecer a la defensa de los más débiles: peatones y ciclistas.

5. LA CIUDADANÍA DE A PIE GANA.  Las ciudades se hacen más saludables, más comunitarias y más seguras, cuando se dan todas las ventajas a los desplazamientos peatonales. La habitabilidad urbana, el encuentro social, la diversidad y el disfrute ciudadano ganan con más espacios públicos e itinerarios peatonales de penetración al centro y en los barrios. Hay que favorecer la ciudadanía peatonal con espacios verdes, plazas y entornos monumentales peatonalizados, paseos y aceras anchas, cruces más seguros con el pavimento levantado, itinerarios peatonales con continuidad para rutas infantiles y escolares seguras, y accesos adaptados para las personas mayores, los minusválidos y la infancia. Reequilibrar y ganar como mínimo un 50 % del espacio público para el peatón.

6. LAS BICICLETAS NO SON PARA EL VERANO, SON PARA TODO EL AÑO. Es urgente la aprobación de planes municipales para cambiar los hábitos motorizados mediante el fomento del uso la de la bicicleta en la vida laboral y actividades cotidianas. Los carriles-bicis han de tener continuidad, estar separados, seguros y rectos, y han de tener itinerarios que lleguen a los destinos más importantes reduciendo con ello la ocupación del espacio público por parte de los coches y no el de los peatones. Las instituciones públicas y las empresas deben dar facilidades y ventajas a sus empleados para el aparcamiento y el uso de la bicicleta , y deben incentivar estas prácticas saludables con múltiples medidas posibles.

7.  REDES INTERMODALES PARA UN TRANSPORTE RÁPIDO Y EFICIENTE. El transporte realmente intermodal ha de facilitar el paso de la bicicleta al tren o al autobús, y además debe ofrecer aparcamientos periféricos para el acceso a los trenes de cercanías. El uso del transporte público ha de tener un billete único intercambiable que oferte modalidades y comodidad en los usuarios. En las afueras de las ciudades han de potenciarse los aparcamientos disuasorios para los vehículos privados.

8. MORATORIA SOBRE LAS GRANDES INFRAESTRUCTURAS VIARIAS. Prioridad al gasto en el transporte público y en obras de pacificación urbana que favorezcan el transporte colectivo, el uso del ferrocarril, la bicicleta y el movimiento peatonal.  Hacen falta medidas para extender el peaje al uso de todas las autovías y con ello incentivar el uso alternativo del tren y el autobús. Reequilibrios del gasto público a favor del tren y en detrimento de las inversiones en grandes infraestructuras viarias y carreteras.

9. AIRE PURO PARA UNA RESPIRACIÓN URBANA RESPONSABLE CON EL CLIMA. El transporte motorizado con combustibles petrolíferos lesiona los metabolismos de la atmósfera, y por ello es un fenómeno y problema energético. Han de adoptarse medidas municipales de lucha contra el cambio climático global y el efecto invernadero en cumplimiento del Protocolo de Kyoto, con objetivos vinculantes de zonas y municipios responsables con el clima.  Se deben  aplicarse estrictamente las normativas europeas sobre la calidad del aire, el ozono, las partículas en suspensión, y el NO2.  Además, nos hace falta un cumplimiento estricto de la legislación europea sobre las emisiones atmosféricas de cada vehículo y sobre las normas de contaminación acústica. Hace falta una información pública, continuada y comprensiva sobre la calidad del aire en cada ciudad y en las zonas congestionadas de mayor riesgo.

10. VENTAJAS Y EJEMPLOS PARA MANTENER LA SALUD DEL PULMÓN URBANO. En nuestras ciudades ganamos habitabilidad ecológica colectiva e individual si se dan ventajas fiscales y ayudas directas a la compra de los coches más limpios, como son los híbridos. Todas las instituciones públicas y empresas deben de adoptar medidas de ejemplaridad ambiental comprando los vehículos menos contaminantes, más eficientes y más silenciosos del mercado, y como condiciones en las subcontrataciones de servicios.

David Hammerstein

Jaque mate al carbón en España:

el principio del fin de un sucio negocio 

     La Comisión Europea ha cortado por lo sano. La minería de carbón español tiene los días contados. Por una vez la racionalidad ambiental y los intereses colectivos parecen haber vencido. El clima, los sistemas vivientes y la ciudadanía, ganan.  

Ha fracasado la insensata apuesta de Zapatero a favor de dar continuidad a los masivos subsidios a la no rentable y muy contaminante actividad minera del carbón para la producción de electricidad en España, unas subvenciones que según la misma Unión Europea debían terminar a finales de este año 2010. Contrariando la propuesta del Comisario Almunia que pretendía extender las ayudas al carbón hasta el 2023, la Comisión Europea ha apostado por permitir la ayuda estatal solo hasta el 2014 y bajo unas estrictas condiciones que obligan al cierre de toda la minería europea económicamente deficitaria. Es decir, el cierre de todas las empresas mineras del carbón que en España absorben de las arcas públicas las exhorbitantes cifras de unos 85 mil euros al año para mantener a cada minero empleado. Ahora la UE solo permitirá la ayuda estatal al carbón para el proceso de desmantelamiento y rehabilitación de las minas.  Este es el compromiso alcanzado en medio de una agria tensión, debido a que otros Comisarios querían establecer inmediatamente una radical supresión de las subvenciones al carbón por parte de los estados miembros.  

  También ha quedado totalmente fuera de juego el "Real Decreto Español" ideado por el ministro Sebastián, que pretende impulsar la quema de "carbón nacional" y compensar a las empresas térmicas españolas con primas económicas para que lo compren y quemen con precios fijos y con la garantía de colocación de la electricidad que produzcan. Con esta contundente posición contra las subvenciones a los empresarios del carbón adoptada por la Comisión Europea, pierde toda credibilidad y fuerza no solo el Real Decreto de ayudas económicas a las térmicas de carbón, sino todo el frente pro-carbón en España. Se malogra su desesperada búsqueda de apoyos europeos, y cae por los suelos la legitimidad de las demandas de más y más subvenciones al sucio carbón por parte de los sindicatos UGT y CCOO, los partidos PP, PSOE e IU, la patronal minera y el mismo gobierno de ZP. La falsa retórica sobre el supuesto valor estratégico y de seguridad del carbón "nacional" dentro del mix eléctrico español no ha convencido en Bruselas. En la reunión de Comisarios ni siquiera se ha llegado a discutir la delirante propuesta española de alargar los plazos para poder continuar con las inyecciones de dinero público a las extracciones mineras. La política de reflotar año tras año esta actividad empresarial inviable económicamente entra en conflicto frontal con la filosofía y contenido del nuevo marco europeo sobre el carbón, que aboga por la libre competencia y el fin de la protección de la energía extraída del carbón, ambientalmente muy destructiva de ecosistemas locales y muy contaminante del clima común. 

Sin embargo, la decisión adoptada por la Comisión europea no es formalmente definitiva, y este es un aviso para no bajar la presión por parte de los intereses ambientales y ciudadanos en juego. Un nuevo marco de regulación del carbón en Europa se ha de concretar en los próximos meses ya que el reglamento actual del carbón prohibe las subvenciones al carbón después del 31 de diciembre el 2010. Todavía el Consejo Europeo, es decir, los 27 estados miembros de la Unión Europea, debe refrendar la propuesta adoptada por la Comisión Europea.

De momento, podría ser que España y Alemania se opongan a la propuesta anti-carbón de la Comisión Europea, y podrían intentar juntarse con algunos otros países mineros como son Rumanía, República Checa y Hungría, para formar "una minoría de bloqueo" dentro del Consejo Europeo, y con ello intentar paralizar una posible nueva ley europea que cuente con el apoyo mayoritario de los estados miembros de la UE. Para conseguir obstruir la aplicación de la nueva norma aprobada por la Comisión Europea, el gobierno español puede intentar aprovecharse del hecho de que el sistema de voto mayoritario en el Consejo Europeo y establecido por el Tratado de Lisboa aún no se aplica, ya que el Consejo de Ministros ha decidido regirse hasta el 2014 por la norma de "mayoría cualificada" establecida por el Tratado de Niza para las votaciones en su seno.  

El debate sobre las subvenciones a la minería de interior y a las extracciones de los cielos abiertos también alcanzará al Parlamento Europeo, que tendrá que pronunciarse sobre el futuro del carbón en Europa. Siguen en alto las espadas de la confrontación entre el gran negocio para algunos empresarios mineros y la salud ecológica común y colectiva.

DAVID HAMMERSTEIN

Esta mañana activistas de Greenpeace han sustituído el logo de BP por uno más acorde con su política ambiental. El nuevo logo está teñido de petróleo.

Con esta acción queremos denunciar la irresponsabilidad de esta empresa y del sector petrolero en general, y demandar un cambio de modelo energético que termine con la dependencia del petróleo.

Te invitamos a participar y a que difundas la nueva imagen corporativa entre amigos y familiares, y también que cambies tu foto de perfil en las redes sociales. Te puedes descargar los logos aquí