NOS QUIEREN COBRAR POR LAS CANCIONES DE MACHIN, "NON, JE NE REGRETTE RIEN" DE EDITH PIAF Y TODA LA MÚSICA DE LOS 40, 50 Y 60 DE FORMA RETROACTIVA!

Nos quieren endosar con aún otra medida de exclusión social de la cultura y de cierre de flujo de cultura por Internet. Esta defensa a ultranza de uno de los intereses privados de las empresas discográficas implica la rotura del pacto histórico entre artista y sociedad, que es el que justifica el monopolio temporal de la explotación económica de la música en manos del primero a cambio de que vencido el plazo la producción retorne a la sociedad como un bien de "dominio público".   Hasta ahora el dominio público empezaba a los 50 años. Ahora quieren retrasarlo hasta los 95 años!  Esta medida solo beneficiaría a unos cuantos grandes artistas y perjudica a la gran mayoría de la sociedad. Es un cambio antisocial que cortaría en seco la reversión a la sociedad de bienes intelectuales ya muy explotados durante décadas. Sería un muro más en la privatización del acceso a la cultura.

Esta propuesta del la Comisión Europea ahora debe ser discutida en el Parlamento Europeo. Un debate duro nos espera. Las espadas siguen en alto en la guerra sobre la información y la cultura en nuestro mundo digital.

Desde hace varios meses tengo problemas técnicos con el servicio de ADSL que me provee Telefónica. No puedo acceder en mi portátil al servicio "Wifi" de internet . Mi cuenta estaba perfectamente configurada (por que el portátil de mi compañera conectaba bien con la misma cuenta) pero no podía utilizar internet. Una y otra vez he llamado al número de servicio técnico de Telefónica para pedir ayuda. Siempre recibía la misma respuesta: si no tenía un sistema operativo o programa de correo de Microsoft Windows, sea Vista o Xpres, no me podían ayudar. Cuando les decía que utilizaba el programa de mail de Apple me insistían que no ofrecían ayuda a programas que no fueran de Microsoft. Revisaba mi contrato con Telefónica y no encontraba nada sobre el tipo de software que tenía que utilizar.

Al final decidía cortar mi servicio con Telefónica y contratar un servicio inalámbrico mediante mi entrada USB con Vodafone. Al comprar el modem preguntaba si se instalaba igual en un Apple u otro ordenador que no tuviera Microsoft y me dijeron que sí. Sin embargo, al intentar instalar el modem de Vodafone mi ordenador siempre me daba "error". El libro de instrucciones solo explicaba como instalarlo en Microsoft Windows. Volví a la tienda y me dijeron que volviera el día siguiente a otra tienda de Vodafone para hablar con un técnico. Al día siguiente el técnico intentaba instalar mi modem de nuevo sin éxito. Me aconsejaba volver dentro de una semana para intentarlo otra vez o para devolver mi dinero. Finalmente, me aconsejaba visitar el centro de ventas de Mac a unos kilómetros de distancia. Otra vez monté en mi bici y pedaleaba hacia la tienda de Mac, pensando que llevaba ya muchas horas pérdidas con mi maldito acceso a internet. Todo por culpa de no tener instalados los programas de Windows.

Después de una hora y media de pruebas fallidas el empleado de la tienda de Mac conseguía bajar el programa apropiado e instalar mi modem de Vodafone, ya más de 24 horas después de darme de baja en Telefónica y contratar el servicio con Vodafone.

Es un escándalo como la posición dominante de algunas empresas de telecomunicaciones e informática nos cuesta mucho dinero, limita nuestra libertad de elegir y restringe el acceso universal a internet. No existe la interoperabilidad de los equipos, aparatos o programas sino todo el contrario. Nos quieren imponer en un solo paquete internet, telefonía, hardware y software. Y resulta que siempre es el mismo software de Microsoft. Cuando compras un ordenador casi siempre tienes que pagar al mismo tiempo los cuantiosos derechos de la empresa de Bill Gates porque ya lleva Windows instalado.

Muchas instituciones públicas, como el mismo Parlamento Europeo, exige que tengas Windows para acceder a la información pública. Y podríamos seguir con muchos ejemplos de esta tiranía. Mucha retórica sobre "la libertad del consumidor", "el libre mercado" y "la sociedad de información", pero la dura y tozuda realidad nos exige luchar contra la nueva injusticia social electrónica.

Nos preocupa a Los Verdes en el Parlamento Europeo algunas propuestas peligrosas dentro del "Paquete de Telecomunicaciones" que vulneran el principio de neutralidad de la red como un medio de comunicación, atentan contra la privacidad de los usuarios, amenazan la libertad en internet y sobretodo, superan claramente el ámbito legal del Paquete de Telecomunicaciones al hablar de contenido, al hablar de lo que es "lícito" o "ilícito", legal o ilegal, de la propiedad intelectual, de filtros de información, de tipos de aplicaciones prohibidas y de la posibilidad de restringir el servicio de un usuario según los contenidos que baja de la red. Además, se intenta meter por la puerta de atrás, sin publicidad y con nocturnidad, referencias a las leyes de propiedad intelectual cuando nada tienen que ver con los objetivos del Paquete. Este nuevo marco legislativo solo debe hablar de la infraestructura, del mercado y de la protección de los consumidores y no de convertir los servidores de internet en policías digitales.

Los consumidores europeos han alzado la voz de alarma por la falta de garantías de calidad de servicio para los usuarios. El Supervisor de la Protección de Datos de la UE ha cuestionado la posibilidad de que las direcciones IP dejen de ser datos privados. Muchos servidores de Internet rechazan las propuestas de informar sobre los contenidos de sus clientes y erosionar su confianza. Muchos colectivos temen posibles medidas contra los sistemas P2P de intercambio de datos y algunas empresas de comunicación creen que perderán la posibilidad de utilizar la red con un mínimo de igualdad de trato.

Según algunos analistas jurídicos el actual texto del Paquete contiene los requisitos legales previos para poner en práctica "la respuesta graduada" de Sarkozy que permite a las servidoras limitar o cortar el servicio de internet a los usuarios que hayan recibido 2 avisos por haber descargado lo que consideran "contenido ilícito".

Se está librando una batalla importante sobre el futuro de Internet en el Parlamento Europeo.

David Hammerstein, eurodiputado de Los Verdes

Nos preocupa a Los Verdes en el Parlamento Europeo algunas propuestas peligrosas dentro del "Paquete de Telecomunicaciones" que vulneran el principio de neutralidad de la red como un medio de comunicación, atentan contra la privacidad de los usuarios, amenazan la libertad en internet y sobretodo, superan claramente el ámbito legal del Paquete de Telecomunicaciones al hablar de contenido, al hablar de lo que es "lícito" o "ilícito", legal o ilegal, de la propiedad intelectual, de filtros de información, de tipos de aplicaciones prohibidas y de la posibilidad de restringir el servicio de un usuario según los contenidos que baja de la red.  Además, se intenta meter por la puerta de atrás, sin publicidad y con nocturnidad, referencias a las leyes de propiedad intelectual cuando nada tienen que ver con los objetivos del Paquete. Este nuevo marco legislativo solo debe hablar de la infraestructura, del mercado y de la protección de los  consumidores y no de convertir los servidores de internet en policías digitales.

Los consumidores europeos han alzado la voz de alarma por la falta de garantías de calidad de servicio para los usuarios. El Supervisor de la Protección Datos de la UE ha cuestionado la posibilidad de que las direcciones IP dejen de ser datos privados. Muchas servidoras de Internet rechazan las propuestas de informar sobre los contenidos de sus clientes y erosionar su confianza. Muchos colectivos temen posibles medidas contra los sistemas P2P de intercambiar datos y algunas empresas de comunicación creen que perderán la posibilidad de utilizar la red con un mínimo de igualdad de trato.

Según algunos analistas jurídicos el actual texto del Paquete contiene los requisitos legales previos para poner en práctica "la respuesta graduada" de Sarkozy que permite a las servidoras limitar o cortar el servicio de internet a los usuarios que hayan recibido 2 avisos por haber descargado lo que consideran "contenido ilícito".

Se está librando una batalla importante sobre el futuro de Internet en el Parlamento Europeo.