Crisis social y económica

Escrito por Pere Estupinya

10 Mar 2010 - Enlace

Imagina que vas al médico y le dices:

“Mira, que mi madre y mi abuela sufrieron cáncer de mama, y una amiga me ha dicho que debería mirar si tengo mutados los genes BRCA1 y BRCA 2, que se ve están relacionados con éste y otros cánceres... ¿Es eso cierto?”

Doctor: “sí, sí, sería muy conveniente hacerte las pruebas… pero el test cuesta 3500 dólares”

Tu: “¿tanto? Por qué es tan caro?”

Doctor: “Porque estos genes están patentados desde 1995, y los análisis sólo puede hacerlos una compañía al precio que ellos dicton.”

Esto ocurre en EEUU. La compañía se llama Myriad Genetics, fue fundada por los investigadores de la Universidad de Utah que descubrieron las mutaciones BRCA 1 y 2 en 1993, y en estos momentos se enfrenta a una demanda judicial impulsada por dos organizaciones de lucha por los derechos civiles: ACLU, y la Public Patent Foundation (PUBPAT). Los abogados de ambas organizaciones argumentan que los genes humanos no son algo que pueda ser patentado, y si se hizo en su momento fue porque la legislación todavía no estaba desarrollada. Pero esto debe ser rectificado de inmediato por el bien de la población.
 

La demanda fue presentada “en nombre de investigadores, consejeros genéticos, pacientes, grupos de soporte al cáncer de mama, y asociaciones científicas representando a 150.000 genetistas, médicos y profesionales de la salud”. Si el juez les da la razón, puede sentar un importante precedente que afectaría a las miles de patentes genéticas aprobadas por la U.S. Patent and Trademark Office (PTO), y que dan derecho a sus titulares a impedir que alguien investigue o haga tests con “su” gen específico.


Qué os sugiere esta situación? Antes de responder en términos de protección de propiedad intelectual, tngamos en cuenta que no estamos hablando de un videojuego o una obra musical, sino de hacer negocio con una información que puede salvar vidas. ¿Deberían limitarse los derechos de aquellas compañías que han invertido capital privado para encontrar genes asociados a enfermedades?
 

Sé lo que estáis pensando: En otros lugares del mundo hay problemas de acceso a medicamentos básicos muchísimo más dramáticos que éste. Pues vayamos a ellos. Alejémonos del caprichoso mundo desarrollado y adentrémonos en el espinoso asunto de las patentes en la industria farmacéutica.
 

Inconvenientes de las Patentes Farmacéuticas



Éste es el territorio de Judit Rius, abogada de la organización no gubernamental Knowledge Ecology International (
KEI) y profesora adjunta en la Facultad de Derecho de la Georgetown University.

Quedamos para que me explicara las 3 semanas que pasó como voluntaria en hospitales de Santo Domingo ayudando en el drama de Haití, pero terminamos hablando del tema que es experta y por el que ha viajado por medio mundo: buscar alternativas al sistema de patentes que compensen a la industria farmacéutica, pero resulten más justas con la sociedad.
 

Se trata de promover la innovación médica en áreas de salud prioritarias y garantizar el acceso a los más necesitados. Y para ello, la propiedad intelectual y los derechos exclusivos deben dejar de ser el único mecanismo que incentiva a una empresa a invertir en investigación.

 

¿Cuál es el problema fundamental que pervierte la innovación en el desarrollo de nuevos medicamentos? Uno tan claro como éste: El coste de la investigación se recupera con el precio final en las ventas.

Te puede parecer obvio que así sea, pero olvídate del músico que gana su jornal vendiendo CDs. La responsabilidad social de la industria farmacéutica es diferente. Y la manera en que está organizado el sistema de patentes actual conlleva una serie de consecuencias negativas:

a) Enfermedades olvidadas: No hay incentivos económicos suficientes para investigar en enfermedades que afectan desproporcionadamente a países en desarrollo sin capacidad de pagar precios altos por los medicamentos. Ejemplos: herramientas de diagnostico para la tuberculosis, o tratamientos para la enfermedad del chagas.

b) Las farmacéuticas gastan mucho más dinero en marketing y promoción que en I+D. En EEUU, hasta el doble según este estudio reciente.

c) Existe mayor interés económico en retocar fórmulas y patentar productos secundarios sin mejora terapéutica importante, en lugar de fármacos que afectan a pocos individuos, o a países pobres, y que requieran altos costes de innovación.

d) Muchos medicamentos se comercializan a precios demasiado altos para ser asequibles a pacientes y gobiernos, incluso del primer mundo.

e) Enfermos de Sida en países en desarrollo no pueden acceder a medicamentos más efectivos de segunda y tercera generación porque las patentes bloquean la producción de genéricos.


mujer-calavera-copie-5.jpgEn fin, si otorgamos derechos exclusivos a las compañías farmacéuticas para recuperar los costes de la innovación, su comportamiento en el mercado tiende a ser monopolista, imponiendo barreras a la competencia para retardar la entrada de productos genéricos en el mercado.
En Europa, la Comisión Europea se ha percatado del problema y
está investigando el funcionamiento del sector farmacéutico con el objetivo de “averiguar por qué las farmacéuticas no fabrican medicamentos innovadores y por qué no aparecen genéricos alternativos más baratos".
 

No perdamos la perspectiva: Los beneficios que la farmacología moderna ha aportado a las sociedades desarrolladas son inconmensurables. No albergamos duda alguna sobre ello. El reto actual es que ocurra lo mismo en los países en desarrollo.
 

Pero para conseguirlo, no puede ser gestionada como cualquier otra actividad económica cuyo objetivo es maximizar beneficios, ni regirse sólo por leyes proteccionistas de incentivo a la innovación. Debe contemplar otros valores.
 

Tampoco somos ingenuos. El sector privado es de lejos más eficiente que el público. Y si no hay beneficios a la vista, tampoco hay investigación previa. Los incentivos económicos son imprescindibles. La cuestión es: ¿de dónde vienen? Si proceden sólo del precio de ventas, la misión de “garantizar el acceso e innovar en medicamentos para quienes más lo necesitan” se pervierte a favor del “para quienes más puedan pagarlo”.
 

Myriad Genetics debe ser compensada por su contribución al hallazgo de los genes BRCA1 y BRCA 2. Pero sin pasarse, y no necesariamente otorgándole un monopolio.
 

El punto clave según Judit Rius y muchos otros especialistas es contundente: desvincular los costos de la innovación al precio final de mercado. Y para ello, debe haber una alternativa al sistema de patentes como mecanismo para promover la innovación.
 

Atención: no estamos hablando de eliminar las patentes por completo. Las farmacéuticas pueden continuar patentando crecepelos o sobrecitos contra los síntomas del resfriado y hacer su negocio, faltaría más. Pero en asuntos importantes de salud pública a escala global, se necesita otro modelo.

 

Premios en lugar de Patentes

Hay varios modelos en discusión. El concreto en que trabaja Judit con el think tank Knowledge Ecology Internacional es el de Premios en lugar de Patentes.

La idea es sustituir el monopolio de las patentes por un sistema de premios o recompensa a la i+D que, sin perjudicar la economía de las farmacéuticas, dirija la investigación hacia donde más se necesite y cambie la distribución de presupuestos entre marketing/investigación. Por ejemplo: crear fondos dirigidos a innovar en una problemática concreta y premiar a la industria que lo consiga. Luego el conocimiento se hace público, varias empresas producen genéricos, y los precios bajan. Nadie dice que sea fácil, pero lo que sí está claro es que el sistema actual de protección basado en patentes no incita a este fin. Debe ser revisado.
 

Es un cambio de paradigma importante en un país como EEUU donde la salud es vista como una oportunidad de negocio y el precio de los fármacos es pagado por los que tienen la mala suerte de necesitarlos. A escala global ocurre algo parecido. En definitiva, se trata de repartir la suerte si realmente creemos que eso es lo más ético.

     
For many poor citizens of the South the access to essential medicines is often a question of life or death while in the European Union and in the US the present cost of medical drugs is meaning a growing financial crunch for both many individuals already struggling to makes ends meet and for state health systems already burdened with large deficits that are being worsened by enormous pharmaceutical expenditures.  It is evident that the question of access to medicine is of global concern.
 
 Access to medicine is about: opening up market access for competitively priced generic products, the de-linking of research and development costs from drug prices, finding new ways of rewarding innovation in order to fight neglected diseases in the South, pooling medical patents for responding to health emergencies like AIDS, applying the flexibilities of TRIPs for poorer countries´ health programmes in fighting major diseases, convincing the EU and the US to stop imposing on the South draconian IP enforcement conditions in free trade agreements,  allowing the sharing of drug data information and taking the necessary anti-trust measures to guaranee a fair playing field for affordable medicines.
 
 Access to medicine is also about establishing new pro-active economic and institutional structures, both nationally and multilaterally,  that promote sustainable responses to important illnesses far beyond the current efforts of charity or international aide. It means showing that new product innovation costs, including research and development of drugs, can shared differently among public and private actors to allow a fairer market reality to emerge.
 
 Above all, access to medicine is about justice and democracy.  Monopolies over medical knowledge do not favour fair prices nor product innovation where it is really needed in the field of essential medicines. More often than not EU and US institutions promote patent laws and enforcement measures that do not  promote the pubic interest of knowledge sharing,  social redistribution and fair competition in the world´s medical product market. 
  
Powerful industrial lobbies asfixiate our democratic institutions, drowning out the voices of consumers and ordinary citizens who are requesting  more equitable health care on a global scale. In the end it is a question of choice: it is not at all easy to satisfy the narrow interests a few giant companies while progessing toward universal access to the best possible medical care. Unfortunately, we are not before the win-win situation as many of our politicians and lobbyists like to repeat.
     
The same forces that are depriving the world´s poor of affordable products for curable illnesses are also working against lower priced medicines and economically sustainable health care in Europe and the United States. For example, over the past year worrisome official studies have been published both in the US and the EU about the manipulation of the market by Big Pharmaceutical firms that seek to prevent or postpone the market entry of generic medicines.   In the official EU inquiry carried out by the Directorate General for Competition over two-hundred cases were documented where "pay to delay" agreements or "patent thicket" schemes were employed to extend the intellectual property monopoly over medical products far beyond the legal requirement. (footnote.)

The present patent system, the agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), is the global incentive framework for the development of new medicines.  This method of drug innovation has a certain degree of efficiency when a profitable market exists but fails to adequately meet health needs or develop medicines with  suitable therapeutic value where lucrative markets do not exist.  Furthermore, as a recent Health Action International/Oxfam report states: "Patents for medicines delay competition by prohibiting low-cost copies (generic medicines). This results in higher prices neither developing country governments nor poor people can pay without sacrificing other basic necessities, and has disastrous consequences for millions of poor people." (footnote) 

  The time has come to consider new models of medical innovation that lie outside the current patent system and that could better serve the creation of socially useful medicines for the world´s population.
 



Este Grupo de Trabajo sobre el acceso a los medicamentos cuenta con la presidencia del eurodiputado laborista David Martin, y con el patrocinio de Médicos sin Fronteras. Por primera vez el Parlamento Europeo tendrá un grupo de trabajo activo y visible que promueva el acceso a la medicina a nivel mundial. Importantes parlamentarios de los principales grupos políticos estuvieron presentes en la apertura constituyente de este Grupo de Trabajo, junto a una amplia gama de organizaciones no gubernamentales y la Comisión Europea, que también estuvieron presentes.

En su introducción, David Martin presidente del nuevo Grupo de Trabajo criticó la política de la UE con respecto a la negociación de los Acuerdos de Libre Comercio que imponen severas limitaciones al acceso a los medicamentos genéricos y construyen fuertes barreras a la transferencia de los conocimientos médicos y la tecnología. Fue especialmente crítico con la propuesta de nuevo acuerdo entre la UE y la India, que podría tener indeseables consecuencias de largo alcance teniendo en cuenta el papel liderazgo que la India tiene actualmente en el mercado de medicamentos genéricos en todo el mundo.

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Este Grupo de Trabajo estará compuesto por parlamentarios y representantes de organizaciones no gubernamentales. El Comité del mismo se reunirá periódicamente para estudiar e impulsar tanto la legislación como la agenda comercial de la Unión Europea. En su presentación inaugural, a la que asistieron más de 100 personas, el representante del Transatlantic Consumer Dialogue (TACD) tomó la palabra y expresó su apoyo a los objetivos perseguidos por este Grupo de Trabajo y al tiempo afirmó que "la UE debe poner fin a la contradicción que supone el uso de una retórica que apoya el noble objetivo de la salud mundial y, al mismo tiempo, la defensa de las posiciones e intereses de la gran industria farmacéutica en las instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud. Parece que la mano izquierda de la Comisión Europea: la salud y el desarrollo, no sabe lo que la mano derecha está haciendo: el comercio de la UE y la agenda comercial. Un debate abierto sobre una política justa y coherente de la propiedad intelectual se necesita urgentemente. "


   Under the presidency of Labour MEP David Martin and with the sponsorship of Medicin sans frontiere,  for the first time the European Parliament will have an active and visible working group that promotes access to medicine globally.  Important parliamentarians from all major political groups were present at the opening.  A wide range of NGOs and the European Commission also attended.

   In his introduction the chair of the new working group David Martin criticised EU policy with regards to the negotiation of Free Trade Agreements that impose limitations on the access to generic drugs and contructs barriers to the transfer of medical knowledge and technology.  He was especially critical of the new proposed agreement between the EU and India that could have far reaching consequences considering India´s leading role in the generic medicine market worldwide.

   This working group will be made up of parliamentarians and representatives of NGOs.  It will meet periodically to study and influence both the legislative and trade agenda of the European Union.  

  At the inauguration of the working group that was attended by over 100 people the representative of the Transatlantic Consumer Dialogue (TACD) took the floor and expressed the support for the aims of the working group while stating that "the EU must cease the contradiction of a rhetoric that supports lofty global health objectives while at the same time defending big pharma industry positions within international institutions such as the World Health Organisation.  It seems that the left hand of the European Commission, health and development, does not know what the right hand, the EU trade and commercial ag
enda, is doing. An open debate over a fair and coherent intellectual property policy is urgently needed."


 
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        At  a crucial moment of this week´s meeting at the WHO, in the midst of a heated debate between the South and rich countries on access to medicine,  Director General Margaret Chan decided to open up a three hour discussion on the Haitian relief measures. The EU, the Us and other wealthy countries had spent the whole previous afternoon on the defensive a and employed  extremely obstructive tactics while facing the insistent demands of affordable drugs and greater R and D investments on the part of countries like Brazil, Bolivia and India.

    With the consideration of the Haiti disaster there was a sudden change of mood in the assembly. The EU countries now relaxed and felt good about themselves. One after another there were self-congratulatory statements by European and other northern countries about their expenditures and other quantified actions to respond to the Haiti disaster.  In stark contrast to their cold indifference to the debate on affordable medicine for the poor now all  the industrialised country delegations were warm-hearted, generous and concerned about the fate of the poor and helpless in Haiti. Many of the poorer countries who could only make very modest relief contributions just looked on while the wealthy countries exercised a public session overflowing with  all-round self-esteem and goodness bonding.  Totally gone was the tense uncomfortable ambience that permeated many EU member delegations the day before when they turned their backs on fundamental proposals to share globally essential medical knowledge and products. In the middle of the consideration of the infernal Haiti situation and in the context of the need to know the situation on the ground, WHO Director General Margaret Chan started to cheerfully sing the Oscar and Hammerstein song: "Getting to know you..."  in front of an elated international audience.

To say it was surreal would be an understatement. "Getting to know you..", indeed. What a welcome for me to the WHO!

  No doubt it is much easier for many countries to treat basic health care  as a question of charity and emergency relief than  to consider it as a basic human right that demands structural changes in the way we manage, own and develop medical knowledge.  Nothing much to sing about.
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   The battle lines have been drawn at the World Health Organization this week in Geneva. On one side many countries from the South, led by Brazil, India and Bolivia supported by NGOs, are pushing for changes to guarantee much greater access to essential medicines for the world´s poor.  On the other side the European Union, under the Spanish Presidency, and the US, are ignoring the demands for access to medicine and are overtly blocking any progress at the WHO to assure affordable prices or technology transfer of life-saving drugs of neglected diseases.

  This confrontation took place at the Executive Board of the WHO that met this week to study the report of the Expert Working Group on the financing of  R and D for essential medicines.  The tone of the debate was especially hot due to accusations that the expert report had been manipulated and heavily lobbied by large pharmaceutical interests that had enjoyed privileged access to internal documents and to the members of the expert panel.

 It was considered scandalous by many observers that after months of work the expert panel had totally ignored the proposals of countries from the South to de-link R and D costs from medicine pricing, to study prize innovation schemes, to promote technology transfer to the South and to initiate new intellectual property strategies including patent pools to both bring down radically the price of the most drugs and to boost research into neglected diseases.  As reflected by leaks the Expert Working Group had faithfully  followed the instructions of the Pharmaceutical lobby´s organization IFPMA. According to notes by industry lobbyists accompanying the leaks of confidential internal WHO documents "the report is totally fair to industry" and “the overall result [of the working group’s report] is in line with most of the industry positions on this matter,” but states as well that “there is still room for them to introduce new language”.

 While Brazil, India, Bolivia and Thailand voiced serious concern and even successfully demanded an internal investigation into the lack of credibility of the process, the European Union, the US and others voiced no objections to the report and even tried to prevent an open-ended review of its content. The disturbing contradiction is that while no one denies that the present medicine market excludes nearly half of the worlds population, the EU refuses to accept any serious discussion of changes in the status quo of the intellectual property regime concerning essential medicines that could save millions of lives.  Upon being pressed by the representative of the Transatlantic Consumer Dialogue (TACD) at a WHO side meeting organized by the EU under the Spanish Presidency,   European Commission representatives from the DG Sanco and from DG Research refused to clarify the EU position on access to medicine nor to explain why they rejected the proposals of Southern countries and NGOs such as Medicin sans Frontier and Health Action International.  Privately, and on a related issue,  a high-level Spanish official admitted that the EU was going too far in trying to force Latin American countries into very restrictive IP chapters of bilateral Free Trade Agreement.

  While the EU verbally supports the global health objectives of the UN´s Millennium Objectives and devotes important economic resources to that objective,  its political actions at international forums such as the WHO to date seem to reflect a staunch defense of "business as usual" or the interests of large industrial lobbies. This contradictory EU position on access to medicine surely deserves more attention and scrutiny by the European Parliament and by European public opinion.

 For detailed analysis see keionline.org




En el Parlamento Europeo, Phillip Lowe, el Director General de Competencia de la Comisión Europea, presentó un informe sobre los comportamientos anti-competitivos de las empresas farmacéuticas. 

El europeo medio gasta alrededor de 430 euros en medicamentos cada año. Este gasto podría reducirse sustancialmente si hubiera más entradas al mercado de medicamentos genéricos. Más genéricos significaría, además, poder aliviar el enorme gasto farmacéutico de los sistemas estatales de salud pública. Es también una simple cuestión de acceso a medicamentos ya que el consumo de medicamentos se incrementa en 60% cuando se caduca una patente sobre un producto (20 años) y cuando entra en el mercado un nuevo genérico. Si extendemos el debate a los países empobrecidos del Sur la dramática realidad es que la ausencia de genéricos puede llegar a ser una cuestión de vida y muerte. En cuanto de los gastos de la propias empresas en el desarrollo de los medicamentos el Sr. Lowe apuntó que el 1.5% de sus gastos eran en investigación y el 15% en los ensayos clínicos.

 
  
En este contexto las grandes empresas farmacéuticas maniobran para retrasar al máximo la salida al mercado de versiones genéricas de sus productos. Según la Comisión Europea las empresas utilizan un abanico de "herramientas" para proteger sus medicamentos más rentables (blockbusters). En primer lugar, intentan crear un muro de protección con nuevas patentes parecidas (los "clusters" y "thickets") para complicar legalmente la comercialización de nuevos genéricos. Así oscurecen y dificultan la tarea de determinar qué patentes merecen protección. Muchas empresas de genéricos deciden finalmente no comercializar un producto  al no poder permitirse el lujo de pagar los grandes gastos judiciales de litigios largos y complicados sobre unas patentes con unos "pasos innovadores" muy discutibles. En el 2008 los gastos judiciales sobre las patentes supusieron unos 420 millones de euros.
 
Otras tácticas de las empresas para aumentar su monopolio sobre la fórmulas químicas son las de firmar acuerdos con las empresas de genéricos para con ello retrasar durante unos años la entrada al mercado de los productos económicos ("pay for delay"). Se trata de otra práctica anticompetitiva que distorsiona el mercado en contra de los consumidores, de los contribuyentes y de la salud. La Comisión documentó más de 200 de estos tratos de 2002-2008.
Finalmente, también se comentó la estrategia comercial de "evergreening" (verde perenne) mediante una planificación de unas muy pequeñas mejoras en cada producto para evitar la pérdida de mercado frente a los genéricos.
 
 En cuanto de los remedios se habló muy poco. El Director General Lowe no quería hablar de medidas fuertes de la Comisión contra las empresas y tachó los procedimientos de infracción de Derecho Comunitario como "tigres de papel", por ser muy lentos y poco eficaces. Dejó claro que la mayor responsabilidad sobre el control de estas prácticas era de los estados miembros, y que tampoco el ámbito de la competencia tenía todas las soluciones. Ante una pregunta sobre los "premios a la innovación" para fomentar los genéricos de última generación, respondió que era un concepto digno de consideración y estudio.

   Over the next few years key political decisions will be taken in the EU, the US and within international  institutions that will attempt to redefine the global governance of access to knowledge, establishing a new balance between universal public interest and property rights in many fields of innovation and creation.  

At present  a broad and heated debate is developing within European Institutions concerning intellectual property, the access to knowledge and the democratic management of digital ecosystems.  The access to knowledge issues being discussed are quite transversal in nature, crosssing many policy areas from scientific research  to industrial innovation, from market competition to international trade, from  the defence of fundamental rights to the push for  development in the South, from the quest for harmonised legal systems to the move for the access to universal public health. As clear and contrasting policy options are being revealed these issues are meriting growing public awareness among European citizens.

These discussions are taking place in the midst of an intense offensive on the part of large industrial interests and content owners who would like to intensify and strengthen  European and international measures against IP violations. Today much of the visible direct political pressure being placed upon EU institutions is in favour of  much tougher IP regimes.  The strengthening of criminal measures on a European and international level, the negotiation of trade agreements with extremely strict IP clauses, the negotiation of an international IP agreement disguised as a trade accord, ACTA, with a very broad scope and profound impact, as well as the attempt to end the net neutrality of current Internet governance, are all part of the current campaign of content owners, some  incumbent firms and a number of Northern countries.  At the same time, with much less presence in these debates are the voices of civil society, the governments of developing countries , consumer organisations and the interests of other innovative private businesses that all tend to support, in varying degrees and forms, more flexible legal frameworks for intellectual property regulation that provide more guarantees for innovation, social justice, public health and human rights concerns.

      


Resulta escandaloso e inmoral. Solo el 5% de la literatura escrita en braile y en audio se encuentra en un formato accesible para las personas ciegas. Más de 300 millones de personas ciegas deben vivir sin el alimento espiritual de los libros por el solo negocio implicado en las reglas de propiedad intelectual. Cristopher Friend, lider del la Unión Mundial de Ciegos ha preguntado:

"¿Cuanto tiempo tardaremos hasta que el mundo se de cuenta de que cerrar el paso al acceso del conocimiento es vulnerar un derecho humano básico?"

  Las restricciones de los derecho al autor evitan que organizaciones de ciegos puedan compartir y circular recursos culturales y de lectura. Por ejemplo, las novelas de Harry Potter, tanto en sus versiones de braile en papel como en sus versiones en audio, solo tienen unas pocas copias maestras en inglés lo que hace inviable su circulación en otros paises por el alto coste.

Muchos otros libros no pueden circular por no existirse en formatos abiertos e interoperables. Mientras que cada vez se han extendido más los derechos privados en el mundo digital, no se ampliado la protección de los grupos más desfavorecidos como los ciegos. 

 En una coferencia celebrada el día 13  de julio sobre el acceso a la lectura de las personas ciegas se exigía un tratado internacional específico para crear excepciones a los derechos de propiedad intelectual.  Esta reivindicación  de limitar los derechos de autor para este grupo social marginado ha sido rechazada por la Asociación Internacional de Editores que prefiere soluciones determinadas  solo por la libertad del mercado.  

   La polémica está servida dentro la Organización Mundial de Propiedad Intelectual que actualmente tiene un su agenda, además de los derechos de las personas ciegas, el medio ambiente, el cambio climático, la salud y la seguridad alimentaria.

 



La demagogia y el populismo xenófobo abundan en el debate europeo sobre la inmigración. Lo que escasea es una discusión rigurosa sobre las causas y soluciones prácticas del movimiento de millones de personas de paises del Sur hacia Europa.
 
En tiempos de boom económico impulsado por el cemento, la construcción, y el turismo, los desplazados inmigrantes son bienvenidos en su faceta de mano de obra barata, y las leyes de frontera hacen manga ancha. Otro cantar muy distinto sería el reconocer en las personas inmigrantes unos derechos de ciudadanía que les capacitara como actores políticos y culturales, o como una vecindad que ha de recibir un similar trato en derechos que la ciudadanía del propio territorio.

Pero en el actual contexto de la crisis económica, la inmigración parece implicar demasiados inconvenientes y gastos sociales para los países de acogida. Se olvida demasiado rápidamente la base social y económica de "la prosperidad propia" que descansa sobre una emigración económica y ambiental, sobre una mano de obra domesticada y pobremente remunerada.
 

Con la crisis económica, ha llegado la hora de las rebajas. La invitación a hacer las maletas con toda la familia, a aceptar unos raquíticos finiquitos por el tiempo de trabajo realizado y después de años de cotizaciones para las arcas públicas del estado. Con este imperativo de desarraigo, han de abandonar de repente los colegios, las amistades y empresas, todo al son del  bajón de la economía especulativa. Ahora son personas sobrantes, y se convierten en residuos de usar y tirar para las sociedades de acogida. 
 

En todo el proceso de la inmigración nuestra responsabilidad y nuestro injusto trato con las sociedades del Sur se suele encubrir y callar de mil maneras. Se esconden las injustas políticas comerciales y el proteccionismo económico practicado hacia los propios productos y mercados, que arruina las economías locales más allá de nuestras fronteras. También se oculta nuestro saqueo ecológico en nombre de la extracción de materias primas que exigen nuestros estilos suntuosos de vida y consumo. Se realizan acuerdos pesqueros que roban y acaban con las proteínas y el alimento a otras sociedades mediante la sobre-explotación de los ecosistemas marinos. Es gigantesca nuestra responsabilidad con millones de refugiados ambientales y sociales, que están obligados a desplazarse ante las dramáticas alteraciones ecológicas producidas por las emisiones industriales de CO2 y los gases invernadero de la minoritaria población del autoproclamado primer mundo. Hay toda una diplomacia europea que calla y respalda las dictaduras corruptas. Abundan unas políticas de cooperación que a menudo se orientan a favorecer un neocolonialismo económico liderado por los intereses de unas pocas grandes empresas del Norte, o que dependen de unos designios y estrategias geopolíticas, que no tienen en cuenta las necesidades de subsistencia y de bienestar de unas poblaciones jovenes del Sur, que sobreviven entre grandes esperanzas y enormes frustraciones.  
 

Parece una obviedad el hecho de que no puede haber "papeles para todos" ya que sería imposible una avalancha de millones de persona en búsqueda de condiciones de vida digna. Pero en cambio, si puede haber reconocimiento y protección, papeles y derechos, para las personas que ya llevan tiempo viviendo y trabajando aquí. En definitiva, es posible y es urgente una nueva política que opte por afrontar la inmigración ya desde los países de origen, con inversiones sociales, formativas, y culturales.  La forma de parar el terrible comercio con seres humanos es abrir las puertas de la Unión Europea de forma legal y con una mayor justicia. La inmigración ilegal es el resultado de una política solo basada en la represión.

 

    La reciente decisión del Gobierno de aumentar la presión fiscal sobre la gasolina y el tabaco es doblemente acertada.  Por un lado genera recursos públicos para sufragar los gastos de la crisis económica, y con ello pagar el subsidio de desempleo, mientras que al mismo tiempo desanima el uso del coche y el hábito de fumar, es decir, dos actividades contaminantes de bienes comunes como son la atmósfera y el aire, y esenciales para nuestra salud y la del planeta . 

 

     Conviene recordar que desde hace un año ha caído el precio del petróleo casi el 50% y que la presión fiscal de España es de la más bajas de Europa. Ya era hora que se tomara una medida de este tipo, aunque resulte muy embrionaria e insuficiente. Es de pura lógica económica y ambiental. 
 

    Además, son unos impuestos justos a pesar de ser indirectos ya que todos y todas nos beneficiamos por la mejora de la salud ambiental y el fumar menos (como resultado de un precio mayor), y además, son las personas con menos ingresos económicos las que más van a beneficiarse de las políticas sociales que han de financiarse con los ingresos obtenidos por el aumento de los impuestos sobre la gasolina y el tabaco.

 
Ayer el Presidente Zapatero afirmó que hay que cambiar de modelo económico pasando de tener "montañas de cemento a montañas de conocimiento."  Mejor tarde que nunca. Pero me hubiera gustado oír lo mismo hace cinco años acompañado por un giro político a tiempo en contra del ladrillo, lo que nos hubiera ahorrado mucho sufrimiento social y ambiental. Es chocante recordar que solo han pasado dos meses desde que el mismo PSOE en el Parlamento Europeo luchó con uñas y dientes en vano en contra del Informe Auken que criticaba las nefastas consecuencias económicas del desbocado modelo urbanístico español.  
 
Presidente Zapatero: ¡Bienvenido al club! Algunos llevamos muchos años advirtiendo de los peligros del modelo especulativo español. Ahora toca ser consecuente con su nueva apuesta económica.

En un reciente artículo en La Vanguardia el sociólogo
Manuel Castells critica la contradicción con el cambio pregonado por Zapatero con el dar subvenciones a la compra de coches de una industria anacrónica o  de pensar que con simplemente inundar la aulas con ordenadores vamos a dar la campanada en la sociedad del conocimiento, cuando esto requiere una inversión y formación de una generación. Además, Castells hace una llamada a favor del apoyo del tercer sector de economía social y de servicios públicos dentro un contexto general de fomentar las pequeñas empresas y de desviar el destino de fondos públicos que ahora están destinados sobretodo a las grandes multinacionales. 
 
Castells concluye con unos interestantes apuntes prácticos sobre el decrecimiento y la desmercantilización necesarios para realmente transformar nuestra economía:
 
"De lo que se deduce que no se trata sólo de reactivación económica, sino de transformación del modelo socioeconómico. No solamente pasando de la economía del desconocimiento a la del conocimiento, sino, mientras tanto, aceptando la desmercantilización de una parte de la vida cotidiana. Plantando tomates para comérselos. Complementando el coche con la bicicleta. Trabajando menos y cobrando menos pero disfrutando más de los goces vitales mediante el acceso a la nueva riqueza de tiempo disponible. Cuidándose de su cuerpo en lugar de comprar más fármacos. Intercambiando música y cine en la red en lugar de pagar cánones medievales a los monopolios gremiales. Cuidando a los niños de los otros mientras los otros cuidan de los tuyos, aprovechando que muchos tienen más ratos libres. Aprovechando para visitar a nuestros viejos antes de que se mueran de soledad. Y redescubriendo el placer de un paseo al sol porque no pasa nada si llegamos tarde. Como, en realidad, no tenemos muchas opciones, habrá que aprender a compaginar los estertores de una vieja economía descerebrada, los albores de una nueva economía de la innovación y la expansión de un tercer sector de actividad en donde en lugar de vivir para pagar el consumo vivimos directamente para consumir nuestra propia vida sin intermediación monetaria. No es una utopía, sino una práctica variopinta que surge de la necesidad. Tiempos de crisis, tiempos de esperanza."
 




Hoy hemos aprobado en el Parlamento Europeo una ley que baja sustancialmente el precio de mandar un sms entre países de la Unión Europea. Después del 1 de julio el precio máximo de mandar un sms roaming será de 11 céntimos. Actualmente suele costar más de 50 céntimos en muchas operadoras. Además reduce el coste de mandar datos y de dejar mensajes de voz. Es un éxito para los consumidores europeos. 
 

(Aquí está mi intervención de un minuto en e Pleno del PE)
  

Cuando el mercado no funciona para establecer precios justos la Unión Europea debe intervenir.  Hemos vuelto a romper un tabú. El mercado libre no es sagrado y menos aún en tiempos de crisis cuando el bolsillo del consumidor europeo sufre más que nunca.  Con este acuerdo de establecer unos límites a los abusivos precios de llamadas y sms roaming (entre países) gana el consumidor, gana la comunicación entre los países europeos y gana la Europa útil y positiva.
 
El recibo de teléfono de millones de europeos podría bajar o, al contrario, al solo costar 11 cm el sms podemos estar tecleando sms durante gran parte del día!
 

Especialmente positivas son las medidas de transparencia que consigue unos cobros por segundo a partir de los treinta segundos.  Los precios máximos para sms y para datos podían haber sido  más bajos y justos pero en aras de un acuerdo hemos llegado a este compromiso. Gracias Comisaria Redding y gracias a los colegas de todos los grupos por poder dar un ejemplo feliz de la acción de la Unión Europea  durante estos tiempos de crisis



Frente a una globalización especulativa en crisis debemos optar por políticas de relocalización. La producción, compra y promoción de productos locales debe estar al centro de cualquier iniciativa seria frente a la actual crisis eco-económica, una forma de enfrentarnos a la vez tanto a las consecuencias del sobrecalentamiento de las finanzas como al cambio climático que amenaza la habitabilidad del planeta. Por el contrario, la deslocalización del consumo y de la producción suele acelerar la destrucción del clima y de comunidades cohesivas. 

Al reorientar a nuestro consumo y producción a los productos locales reducimos los peligros ecológicos y las incertidumbres económicas.  Lo más obvio es que eliminamos millones de kilómetros de viajes de las mercancías con unos ahorros masivos en emisiones contaminantes. La relocalización de la cadena de suministro reduce radicalmente la huella ecológica de lo que compramos. Para el medio ambiente y para nuestra salud  la trazabilidad de los procesos de producción de los productos locales y regionales son mucho más transparentes y controlables que de un producto que viene de China o de Suráfrica. Los impactos ecológicos sobre el aire, sobre ríos o sobre los bosques suelen ser más visibles y aquí es mucho más posible la aplicación de normativas ambientales y de seguridad alimentaria de la Unión Europea. Además, así evitamos un "dumping ambiental" a terceros países con marcos legales ambientales más laxos

El fomento de productos locales y regionales puede fortalecer un "metabolismo circular" de la economía que "recicla" los beneficios sociales a la propia comunidad, evitando la sangría de la competencia feroz de un sinfín de costosos mediadores de las grandes cadenas comerciales multinacionales que a menudo fuerzan la pérdida de calidad de los productos con prejuicios tanto ambientales como sociales.  

Una salvedad: la promoción de productos locales debe ser en positivo, comenzando por políticas de compra de las instituciones públicas y  con la aplicación de altas normas ambientales. Cuidado con las medidas proteccionistas o el rechazo de productos de fuera pueden degenerarse en la xenofobia y el racismo.

 


"La ciudadanía ha apostado por un consumo desenfrenado y un crecimiento imposible de mantener" PDF Imprimir E-Mail
 
Escrito por Vicente Martínez Ayala 



Usted es miembro de la comisión de peticiones del Parlamento Europeo, por lo que recibe las denuncias de incumplimiento de las directivas europeas. Hemos visto como en 2007, 254 de las 1.506 quejas que se tramitaron provenían de España, sobre todo referidas al medio ambiente, que fue el tema más recurrente con 288 denuncias (144 de España). ¿Qué ha ocurrido en España para que estos datos se incrementasen de esta forma? ¿Han visto los políticos españoles un filón en el medio ambiente para poder financiar proyectos que de otra forma no se podrían realizar? 

Detrás del incremento de las peticiones ciudadanas ha sido la realidad de los abusos urbanísticos relacionados con el boom de la construcción, un hecho singular en toda la Unión Europea. Además, las visitas e intervenciones de la Comisión de Peticiones en muchas cuestiones como la Ley Urbanística Valenciana, La M-30, el Puerto de Granadilla y el Polo Químico de Huelva han animado a la participación ciudadana española en las instituciones europeas.

¿Quién o quiénes son los culpables de haber llegado a esta situación, si cuando un gobierno, como el valenciano, aprueba un plan como el de ‘Manhattan’ en Cullera, y después vuelve a salir elegido en las próximas elecciones?



Todos somos responsables, tanto los políticos como la sociedad en su conjunto. La mayoría de la ciudadanía ha apostado por un consumo desenfrenado y un crecimiento imposible de mantener. Nuestra economía y nuestra cultura tienen los pies de barro al ignorar la base natural de nuestro bienestar y de pensar que todo puede seguir igual indefinidamente con unos simples ajustes técnicos o marqueting verde. Huelga decir que la especulación desbocada, la corrupción por doquier y unas leyes urbanísticas que permiten el crecimiento irracional tienen la culpa también. Hoy hay claros señales de que la fiesta se ha terminado.

¿Cree que constructoras, promotoras, ayuntamientos, políticos… se aprovechan de la lentitud de la justicia para crear proyectos ilegales, porque saben que se van a salir con la suya?

La justicia es muy lenta, tortuosa y carísima. Casi nunca un juez se atreve a tomar medidas cautelares para paralizar un proyecto. Cuando llega la justicia suelen llegar tarde y mal. Hasta ahora pocos jueces resisten la presión y actúan con energía ante los casos de abusos urbanísticos.

¿No se ha propuesto una reforma de las leyes para que la Unión Europea pueda intervenir de una forma más directa en las infracciones urbanísticas?


Ya está la Ley Urbanística Valenciana ante el Tribunal Europeo de Justicia por vulnerar la Directiva de Contratación Pública y hay numerosos procedimientos de infracción sobre cuestiones ambientales. Sin embargo, la planificación territorial propiamente dicha es de competencia de los estados miembros. La UE solo puede actuar sobre cuestiones del mercado interno y del medio ambiente que sí son de competencia europea.


Hemos comentado que usted era miembro de la comisión de peticiones del Parlamento Europeo, con lo que recibía las denuncias ciudadanas que incumplen las directivas europeas. ¿Cómo puede el Parlamento Europeo dirigirse a los ciudadanos con este tipo de propuestas, cuando el propio Parlamento crea directivas que ponen en peligro derechos fundamentales, como el de privacidad o de libertad de expresión? Es el caso del Paquete de Telecomunicaciones, en el que determinadas enmiendas conllevan diversos riesgos. 

He estado muy activo en contra de cualquier intento de crear una "policía digital" y en defensa de la neutralidad de internet al margen de los contenidos. Además, hasta ahora hemos ganado la batalla en contra de las patentes sobre el software. Desde la Comisión de Industria he luchado durante años en contra de un régimen de propiedad intelectual injusta e invasora de la privacidad en el mundo digital. Hemos podido aprobar en el pleno una enmienda dentro de Paquete de Telecom (que incluye la Directiva de Servicio Universal) que garantiza la protección de los derechos fundamentales en Internet. Ahora estamos negociando con el Consejo, los estados, para que acepten la opinión del Parlamento en defensa de los usuarios dentro del texto final de la ley.

En España se impuso un canon para acabar con la piratería, en el que al comprar un determinado producto se le cobraba este canon por piratería ¿Hay quién dice que esto es anticonstitucional porque priva al consumidor del derecho a la presunción de inocencia, qué opina?

Estoy en contra del canon por ser un impuesto injusto e indiscriminado. Ya que estamos en la época digital hay que cambiar de modelo de negocio para primar el servicio y el valor añadido cultural por encima del simple mercadeo con derechos de propiedad intelectual. Ahora se propone en el Parlamento Europeo extender el copyright sobre de 50 a 95 años lo que sería otro atentado en contra del acceso a la cultura.

Usted es defensor del software libre ¿Qué le diría a sus compañeros eurodiputados que están en contra? ¿Qué opina de la apuesta del gobierno español al respecto mediante el CENATIC?


No entiendo que esté alguien en contra de la interoperabilidad y a favor de los monopolios que te obligan encerrarte en una sola marca comercial que es menos segura, más cara y mucho menos democrática. Con la iniciativa openparliament.eu intentamos romper el bloqueo del Parlamento Europeo por Microsoft y permitir el acceso a los sistemas de la UE de los estándares abiertos y el software libre. No conozco la iniciativa de CENATIC.



¿Se llegará algún día a tener un control férreo de las conexiones a Internet por parte de las autoridades civiles?

Sería terrible y estamos luchando con uñas y dientes en contra. No creo que lo alcancen porque muchos de los países del Sur como Brasil y Suráfrica están a favor de un Internet abierto y libre, con marcos relajados de propiedad intelectual. Es una cuestión de libertad y de justicia social mundial.


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