31 décembre 2014
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Solo habrá “tratamientos para todos” los centenares de miles de enfermos en España de la hepatitis C cuando se produzca una versión genérica de los medicamentos más eficaces, como es el fármaco Sovaldi. Que no se olvide que esto ya ha ocurrido antes, y por tanto es posible, viable y necesario hacerlo de nuevo. Ocurrió cuando docenas de millones de vidas se salvaron cuando la penicilina, la vacuna contra el polio o los tratamientos contra el SIDA, fueron producidas y vendidas como medicamentos genéricos, es decir, libres de patentes y por ello socialmente asequibles al obviar la protección monopolística orquestada por la grandes empresas farmacéuticas mediante las patentes sobre los medicamentos.
Aunque sería posible que el Gobierno Español dedicara más recursos que los 100 millones actuales para la compra del tratamiento al desorbitado y arbitrario precio actual, también es cierto que esta medida sería muy torpe e insuficiente por no cubrir las necesidades de la población de enfermos de la Hepatitis C. Significa no aportar soluciones reales al elevadísimo coste económico del medicamento eficaz. De hecho, la vecina Francia está gastando más de 800 millones de euros en compras del mencionado fármaco a pesar de existir bastantes menos afectados franceses de hepatitis C que en España. Pero incluso este desembolso público más generoso tan solo cubriría el tratamiento de menos de 10% de los diagnosticados en España.
Así de claro, solo unos medicamentos genéricos pueden alcanzar a todas las personas enfermas y pueden hacer realizable el derecho universal al acceso a los mismos al rebajar el precio del fármaco a una pequeña fracción del actual.
Pero resulta muy sorprendente que el actual debate mayoritario recogido en la prensa se oriente hacia la miope opción de solo tratar a los 30 mil pacientes más graves. Esta política ineficaz e injusta del Gobierno español de solo dar el medicamento ante los casos más críticos, margina y elimina de dicho tratamiento precisamente a los más de 700.000 infectados, los que curiosamente sí pueden ser totalmente curados de la hepatitis C sin necesidad de convertirse en “enfermos crónicos”. Gran parte del problema es que en el actual contexto de crisis y recortes económicos el Estado y la ciudadanía contribuyente está pagando el lujazo despilfarrador de más de 25 mil euros para cada tratamiento de tres meses, y la causa de ello es el inmovilismo político de no querer desafiar legalmente la sacrosanta propiedad intelectual de los monopolios farmacéuticos. El Gobierno español tampoco participa en iniciativas europeas para forzar una sustancial rebaja de los abusivos precios del medicamento Sovaldi contra la Hepatitis C, como tampoco está en contra de los altos precios de fármacos vitales para los tratamientos del cáncer o el SIDA. Las prioridades del Gobierno español siempre anteponen el gran negocio de las patentes que injustamente encarecen los fármacos y los hacen inaccesibles para muchos de los pacientes. ¡Los beneficios privados de unas empresas extranjeras contra el bien público de la sanidad y su acceso socialmente equitativo y universal!.
No podemos fiarnos de la repetida cantinela del Gobierno y de las empresas farmaceúticas que usan la misma justificación retórica para los desorbitados precios del fármaco en nombre de una supuesta gran inversión económica en la investigación y “la innovación” cuando los gastos en la misma suelen representar tan solo menos del 5% de los beneficios y son superados por creces por los gastos de marketing en la promoción. El caso particular de la Hepatitis C y el medicamento de Sovaldi es paradigmático dado que la empresa Gilead no ha inventado nada. El origen real de este medicamento sometido al monopolio de la patente no es un proyecto de inversión y experimentación biomédica emprendido por dicha empresa Gilead sino que es simplemente el resultado de una operación especulativa de compra del portafolio de patentes de un pequeño laboratorio californiano. Contrariamente, el verdadero origen del avance científico básico tiene su fuente en una investigación británica con fondos públicos.
Tampoco conviene olvidar que el derecho internacional permite a cualquier gobierno nacional emitir una licencia obligatoria para fabricar un medicamento como genérico cuando existe una gran necesidad de salud pública. El caso de la Hepatitis C encuadra perfectamente en este supuesto.
DAVID HAMMERSTEIN
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