En una rueda de prensa ayer en Luisiana, Barack Obama dijo que el vertido de petróleo estaba relacionado con "el hecho de que las empresas petrolíferas tienen que bajar una milla debajo del nivel del mar y después  perforar 3 millas (5km) más, demostrando la creciente escasez del petróleo lo que hace la extracción cada vez más peligrosa y cada vez más cara". A continuación, el Presidente Obama afirmaba que la búsqueda de más petróleo no era la solución y que urge buscar fuentes alternativas de energía. Sobre su impresión personal sobre el vertido dijo que era epecialmente duro para él, y afirmó: "yo me criaba en Hawai donde el océano es considerado sagrado".

Con estas palabras de sensibilidad sobre los límites y daños ambientales, el debate público se puede acercar un poco hacia la realidad. El problema del vertido del mortecino combustible fósil no responde principalmente a si ha habido incompetencia o no en el accidente, o si se ha dado una falta de responsabilidad por parte de la empresa petrolífera (que por cierto, sí la ha habido, y mucha!), sino que responde más bien a un problema más grave y mucho mayor, el de nuestra adictiva dependencia mortífera a un combustible fósil como es el petróleo, cuya extracción, transporte y quema son estructrualmente biocidas para el conjunto de la humanidad y el planeta viviente. Si además, el océano puede ser considerado como sagrado como dice Obama, los dioses hoy deben estar furiosos ante la manera que tratamos la cuna y equilibrador de toda vida en La Tierra.

Obama también hizo referencia a la múltiple irresponsabilidad institucionalizada que favorecía el accidente: las corruptelas y los conflictos de intereses sectoriales dentro de las mismas agencias gubernamentales encargadas de gestionar la extracción de petróleo y el carbón, con las infames "puertas giratorias" que habitualmente establecen estrechas relaciones de intereses entre los directivos de empresas y los funcionarios de las instituciones públicas, el enorme e invisible poder de los lobbies del combustible fósil, y una ciudadanía rehén cuyos  intereses colectivos están amordazados.  

Salvando las distancias y los diferentes tipos y escalas de destrucción ambiental, el vertido de Luisiana guarda unas similitudes con la situación en la que están las minas de carbón a cielo abierto en el norte de España, principalmente en León. Ambos tipos de extracciones causan unos daños irreparables en las funciones naturales y la capacidad generativa de unos ecosistemas singulares, frágiles y muy valiosos, por un lado los estuarios y zonas húmedas y por otro lado, las montañas protegidas por leyes ambientales europeas y con reconocimientos internacionales por ser santuarios únicos de flora y fauna en extinción, unos paraísos ambientales donde aún resisten los últimos osos pardos y los urogallos, como los del Valle de Laciana en León.

Tanto las plataformas petrolíferas como las minas a cielo abierto extraen un combustible fósil que contamina terriblemente a cada paso de su ciclo, desde la extracción hasta su quema. Las dos actividades mineras también gozan de un gran proteccionismo económico con íntimas redes de complicidades entre los intereses de las administraciones, los gobiernos políticos, y los empresarios mineros, y utilizan para ello numerosas coberturas oficiales que protegen y encubren las muchas ilegalidades y abusos cometidos en sus respectivos gobiernos y sus respectivas administraciones nacionales, regionales y locales. La complicidad entre las empresas mineras y los gestores públicos de los gobiernos han llegado hasta los niveles más altos del poder.  Tanto en EE.UU como en España las actividades del carbón y del petróleo han disfrutado de masivas subvenciones estatales y de la vista gorda oficial ante unos notorios atropellos de las leyes.


En EE.UU como en España las tres Cs van juntas: Contaminación, combustibles y corrupción.

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