El Gobierno debe primar el derecho a la salud
ante los monopolios farmacéuticos y los precios desorbitados
Una pastilla de Sofosbuvir contra la hepatitis C cuesta en producir 2.5 euros pero se vende por 650 euros.
Un tratamiento de 3 meses cuesta 55.000 euros.
Existen 800 mil españoles infectados.
Los desorbitados precios marcados para muchos medicamentos se deben a que están sometidos al régimen de patentes privadas, como ocurre con el tratamiento farmacológico contra la Hepatitis C tratada con el fármaco Sofosbuvir. Las patentes sobre un producto, lo son durante un determinado periodo de tiempo (de 15 a 20 años) y otorgan el privilegio a los dueños de la patente de un régimen de exclusividad en el mercado y una amplia libertad de precios, supuestamente para incentivar la “innovación”. Los altos precios no guardan relación alguna con el dinero invertido en su investigación y desarrollo, ni mucho menos con sus marginales costes de producción. Los precios de un medicamento patentado se establecen arbitrariamente al vaivén del mercado y las ambiciones puestas en el gran negocio perseguido por las grandes empresas farmacéuticas.
Entre 130 y 150 millones en el mundo personas están afectadas por esta situación. El 99% de esta población (incluida la española) queda sin acceso al tratamiento, así que resulta muy chocante que no haya una respuesta fulminante por parte de las instituciones políticas responsables de proteger la salud pública frente a la posición abusiva de una empresa estadounidense que tiene el monopolio de la producción de un medicamento exitoso contra la hepatitis C.
Resulta muy curioso que en España, en medio de grandes recortes en la sanidad pública, no haya una respuesta inmediata por parte de las autoridades políticas para proteger el sistema de salud pública frente al monopolio abusivo de una empresa estadounidense. Ni siquiera se intenta apoyar una alternativa mediante una versión genérica y barata del medicamento, ni se buscan las vías de oposición jurídica a la patente sobre el medicamento contra la hepatitis C dado que tiene importantes lagunas legales. Tampoco se apuesta por la estrategia de unirse a otros países europeos para hacer una compra pública coaligada que resulte ventajosa para conseguir precios más bajos del medicamento. A pesar de ser la salud un bien común básico y universal que debería estar protegido, resulta que la fijación de los precios de un medicamento que salva vidas, como es el caso del Sofosbuvir contra la hepatitis C, responde simplemente a la oportunidad de negocio y a la finalidad de obtener grandes y rápidos beneficios económicos para empresas particulares.
Centenares de miles de afectados españoles merecen el mejor tratamiento posible contra la hepatitis C. Sin embargo, la sanidad pública española ya ha dicho que no compraría el medicamento a este precio o que reduciría mucho su compra y limitaría el número de enfermos que podrían recibir su tratamiento. Es verdad que pagar 55 mil euros para un tratamiento de 3 meses podría romper la caja común de los presupuestos para la salud pública española, pero esta opción responde a que no se cuestiona el monopolio de una patente que posee la empresa farmacéutica estadounidense Giliad, que puede poner los desorbitados precios que quiera del medicamento. Pero un gobierno que se precie como defensor del los bienes colectivos fundamentales y el interés común no está obligado a aceptar tales abusos ni ha de convertirse en rehén de los intereses económicos y los suculentos beneficios de empresas particulares.
Si el Gobierno Español realmente apostara por defender la salud pública tiene distintas armas para hacerlo, la mayoría son complementarias. En su poder tiene algunos mecanismos para debilitar la posición dominante de la empresa farmacéutica y bajar significativamente el precio del fármaco para hacerlo barato y abundante. Algunas de estas estrategias posibles y necesarias son:
1. Una licencia obligatoria. Cualquier gobierno podría iniciar los trámites para la emisión de una licencia obligatoria que le permite fabricar Sofosbuvir como un producto genérico, tal y como establece el Acuerdo de Doha de Salud Pública de la Organización Mundial de Comercio (OMC) ante casos de necesidad de salud pública. Así podría limitar los derechos de propiedad intelectual en caso de necesidad de salud pública. Mediante estas flexibilidades y excepciones existentes en el derecho internacional el Gobierno Español podría promover la producción de Sofosbuvir por una empresa de productos genéricos a un precio mucho menor, o podría importarlo de otro país en una versión genérica. Concretamente, en el artículo 31 del acuerdo de TRIPS de la OMC se afirma que cualquier país puede emitir licencia obligatorias para “permitir la producción de un producto patentado por otros o utilizar el proceso patentado sin el consentimiento del titular de la patente".
2. Oponerse a la patente. Se puede desafiar judicialmente la legalidad de la patente sobre Sofosbuvir, tal y como está haciendo el Gobierno de India, que intenta mostrar la carencia de un verdadero paso innovador que pueda justificar la patente ya que la misma molécula fue patentada previamente como un medicamento contra el cáncer.
3. Formar un bloque con otros países europeos para hacer unas compras públicas coaligadas. Se trata de unirse para hacer unas compras conjuntas con otros estados europeos con la finalidad de mejorar la capacidad de negociación y obtener precios significativamente más bajos por el medicamento. Pero está ocurriendo lo contrario, incluso el posible establecimiento de un precio europeo máximo para Sofosbuvir, algo que ha propuesto del Gobierno Francés, ha sido rechazado por la Comisión Europea y por el mismo Gobierno Español. Se trata de una muestra más de la extrema pasividad y servidumbre del Gobierno Español ante los intereses de negocio de las farmacéuticas.
4. Negociar conjuntamente con otros países la compra (buy-out) del medicamento o pagar la cesión de la patente a un fabricante de medicamentos genéricos. De esta manera podría fabricar y vender el fármaco com genérico a precios socialmente asequibles. Por ejemplo, Egipto ha llegado a un acuerdo para importar de India el medicamento Sofosbuvir como genérico, a un precio 100 veces menor que el precio exigido por empresa farmacéutica Giliad en Europa.
5. Desligar (de-link) la innovación biomédica de la producción y márketing de los productos. Existe un amplio movimiento social y científico en favor de nuevos modelos de innovación guiados por las necesidades sanitarias reales, en lugar de por las meras demandas de beneficios particulares en el mercado. Se trata de incentivar con fondos públicos la investigación médica más urgente sobre enfermedades como la hepatitis C, el cáncer o el HIV/SIDA, con un control público sobre la propiedad intelectual. Esto permitiría la producción de medicamentos genéricos asequibles de acceso universal.
Los enfermos de hepatitis C no solo son víctimas de una enfermedad, también lo son de las patentes y monopolios sobre los medicamentos. Pero existen remedios para ello.
DAVID HAMMERSTEIN
Diálogo Transatlántico de Consumidores
