La Ministra de Sanidad Ana Mato ha cerrado en falso la crisis por falta de acceso a uno de los medicamentos más eficaces para curar la hepatitis C. Seguirán sin ser tratados la gran mayoría de pacientes que requieren el medicamento Sofosbuvir. El Gobierno no ha tomado medida alguna para rechazar el secuestro monopolístico de unas farmacéuticas que utilizan las patentes para chantajear a centenares de miles de enfermos con unos precios astronómicos.
En primer lugar la falta de transparencia institucional es escandalosa. No sabemos el precio que se paga con el dinero público para cada tratamiento de tres meses a la empresa estadounidense Gilead. No hay ninguna proyección oficial sobre cuantos pacientes se podrán tratar ni cuales son los criterios clínicos para elegir los pacientes elegibles para el “racionamiento” del medicamentos. Tampoco sabemos el presupuesto que habrá para el servicio de salud de cada comunidad autónoma.
Con el presupuesto prometido de 125 millones el Estado solo cubrirá el tratamiento de una pequeña fracción de los pacientes que necesitan el Sofosbuvr. Un cálculo simple basado en el precio de 25 mil euros (el precio pagado para un medicamento más limitado, Semiprevir) resultaría en que menos de 5 mil pacientes podrán ser tratados, una pequeña fracción de los que parecen necesitar Sofosbuvir por su genotipo, su afectación de los efectos secundarios o por otras complicaciones de salud.
Para desviar la atención del problema el Gobierno ha arojado dudas sobre la eficacia del tratamiento y apunta que ciertos pacientes muy graves no responden bien al medicamento. Es sorprendente (y me alegro) que el Gobierno duda de la fiabilidad de los ensayos clínicos de un laboratorio privado y espera ver los resultados clínicos reales sobre el terreno. Por el contrario, para la gran mayoría de los productos médicos comprados por la Seguridad Social no existe una revisión independiente de la eficacia y la seguridad de los medicamentos. Ni siquiera suele haber acceso a los resultados clínicos completos para los investigadores independientes. Además, España no cuenta con un organismo científico estatal solvente e independiente de "evaluación de las tecnologías para la salud" como tiene otros países como Gran Bretaña o Alemania.
En ningún momento ha cuestionado el Gobierno una de las causas estructurales del problema de unos precios astronómicos: un modelo biomédico que se basa en la exclusividad que otorgan las patentes privadas. No plantea ninguna medida para modificar, flexibilizar o romper un sistema de monopolio opaco, caro, ineficaz y muy injusto. Es normal que las farmacéuticas intenten ganar el máximo de beneficios. Lo que no es nada normal es que dejamos que un bien común tan importante como la salud sea dominado por puros intereses particulares mercantiles y especulativos.
También sufrimos la consecuencias de un mercado farmacéutico estatal y europeo atomizado a merced de las maniobras divisorias de las farmacéuticas. Es chocante que el Gobierno no aclara su posición ante la propuesta francesa de una negociación conjunta de países de la UE con las farmacéuticas sobre medicamentos muy caros com Sofosbuvir ni apoya otras iniciativas europeas para flexibilizar las patentes y orientar el modelo europeo de I y D de medicamentos hacia las necesidades reales de salud.
