Un espectro acecha a Europa. A velocidad supersónica se están cociendo unas negociaciones que pueden acabar socavando hasta los mismos fundamentos democráticos de la Unión Europea sin que se esté dando un debate político ni un mínimo grado de transparencia ante la ciudadanía. Se trata de un nuevo tratado comercial que aspira a un masivo “blanqueo legislativo” que ponga patas arriba muchas leyes estatales y además lo haga de espaldas a los procesos democráticos de los parlamentos y gobiernos estatales. En medio de altas dosis de invisibilidad y oscurantismo político se anuncia el nacimiento del mayor acuerdo comercial de la historia entre EEUU y Europa, etiquetado bajo el nombre de “El Partneriado Transatlántico de Comercio y Inversiones” (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP).
En Washington y Bruselas se está negociando intensamente la gran madre de todos los acuerdos comerciales: entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Se trata de un acuerdo comercial que bajo el eufemismo de “armonizar” mercados en realidad busca homogeneizar y unificar a la baja las normas legales ahora existentes en ambas orillas atlánticas. Frente a las diferentes legislaciones que hay a cada lado del Atlántico se quiere establecer un único criterio general común que establezca: que ante las diferencias entre las leyes, será la legislación más laxa y menos exigente la que finalmente regule el nuevo mercado único que se quiere impulsar, que incluye los alimentos que comemos, el aire que respiramos, los medicamentos con los que tratamos las enfermedades. Estamos ante un nuevo ataque comercial a gran escala para debilitar definitivamente los más apreciados valores y los derechos políticos europeos hasta ahora conquistados: sociales, ambientales, sanitarios, financieros y judiciales.
No sería sensato subestimar los peligros nuevos de este posible gran acuerdo. Significaría que se podrían vender una nueva variedad de productos en tiendas europeas que incumplirían las leyes europeas y estatales de seguridad, eficacia y durabilidad. Se perdería con ello la soberanía de los estados europeos y de la misma Unión Europea en su capacidad de autolegislarse, de controlar, hacer cumplir leyes y dictar sentencias judiciales firmes. Además, las grandes empresas podrían recurrir ante un organismo internacional de nueva creación y de carácter extra-judicial para derribar cualquier decisión legal o judicial que no fuera de su agrado comercial y entendieran que interfiere, pone frenos o amenaza el negocio y las ganancias esperadas en el futuro. Por la puerta trasera podrían entrar en Europa los alimentos manipulados genéticamente, unos trangénicos hoy prohibidos en Europa. La leche con hormonas o las peligrosas técnologías de extracción de gas“el fracking” podrían saltar también por encima de los muros de la legislación europea. Un sinfín de deseos empresariales engordan la lista de boda de este nuevo matrimonio comercial entre USA y UE. Este acuerdo comercial transatlántico que se cocina semiclandestinamente anuncia también que aumentaría la desprotección de nuestros datos personales digitales. Los ataques a la sanidad aumentarían al tener que pasar por la obligación de pagar precios más altos durante más tiempo para los medicamentos patentados bajo regímenes de propiedad privada.
Estamos ante una peligrosa jugada para dotar de mayor arrogancia y dominio al mercado, lo que conllevaría gigantescas consecuencias en daños y riesgos sociales, económicos y ecológicos. Las élites económicas y políticas que impulsan la negociación nos prometen con cantos de sirena un edulcorado futuro lleno de crecimiento económico, empleo abundante y grandes oportunidades comerciales. Pero lo cierto es que hay una endemoniada y fundamental condición en la base del nuevo acuerdo comercial: la que exige eliminar todas las “trabas y barreras al libre comercio”. Algo que afectaría de lleno numerosos ámbitos de nuestras vidas, empezando por las regulaciones legisladas por los parlamentos estatales para proteger bienes tan básicos como son nuestra salud, el medio ambiente, los derechos laborales, los derechos de libertad digital. Es decir, con el nuevo pacto comercial EU-EE.UU se proyecta un colosal canje faústico: a cambio de “desatar las fuerzas transatlánticas comerciales, industriales, energéticas y agrícolas con la finalidad de crear el area de libre comercio más grande del mundo”, a la vez se nos demanda desmantelar “de facto” algunas de nuestras más preciadas protecciones y derechos políticos, sociales y ambientales.
Solo es posible este nuevo imperio de libre mercado si la política democrática se rinde a los pies del dios del mercado globalizado. Se trata de facilitar y quitar todo obstáculo a las operaciones económicas de las empresas multinacionales más grandes para que no tengan que lidiar con “las complicaciones y restricciones que introducen docenas de leyes distintas y particulares que entorpecen el libre comercio”. Estamos a puertas de lo que podría convertirse en un nuevo marco global de regulación económica que condicionaría y socavaría gran parte de la acción política que hoy conocemos bajo el amparo de las instituciones estatales y europeas. Supondría todo un abismal retroceso histórico con estocadas de muerte contra las garantías mínimas de la política democrática que fundan las instituciones políticas modernas. Se trata de una camisa de fuerza para las instituciones democráticas del presente bajo la promesa de salvación de un futuro prometido repleto de cifras macro-económicas que se nos presentan como la panacea contra el paro y la falta de oportunidades económicas y sociales.
El engaño del “reconocimiento mutuo”
A pesar de las muchas evidencias de signo contrario, los negociadores de la Comisión Europea insisten en que un acuerdo con EE.UU no cambiará “sustancialmente” las leyes europeas. Esta estudiada retórica al servicio del engaño a la ciudadanía europea utiliza la idea del “reconocimiento mutuo” para disimular lo que llanamente es dar vía libre y facilitar el comercio transatlántico entre la Unión Europea y los EE.UU.
Es decir, lo que se pretende es anular automáticamente las diferencias entre las legislaciones estatales y europeas a partir de un reconocimiento mutuo y extra-legislativo de lo que llaman: “equivalencia” de sus leyes, normas y regulaciones de sus productos. Por ejemplo, aunque la UE no permite legalmente la carne con hormonas, ni los pollos tratados con un elemento tóxico como es el cloro, ni los piensos transgénicos, ni los cerdos criados en jaulas de hacinamiento en batería, la UE sí reconocerá globalmente la seguridad alimentaria de la carne estadounidense, que aunque incumpla las barreras legislativas europeas sí pueda tener un acceso libre al mercado europeo y llegar a sus tiendas y consumidores. De forma similar las normas legales más laxas sobre la cantidad de emisiones de CO2 de muchos de los coches norteamericanos también serían aceptables en el mercado europeo. El gas no-convencional procedente del “fracking” se podrá importar libremente de USA a la UE a pesar de violar el cumplimiento de las normas europeas en calidad y ciclo de vida de los combustibles.
Las empresas denunciantes extrajudiciales de leyes democráticas
Uno de los elementos más inquietantes del acuerdo comercial EU-EE.UU. son las llamadas “provisiones de disputas inversor-estado” o lo que se ha decir: “capítulo de protección de las inversiones”. Aquí se estipula que las empresas puedan desafiar cualquier decisión legislativa o judicial de un estado que entienden que les perjudica sus inversiones económicas y negocio. Esto significaría dar un nuevo derecho y poder a las multinacionales estadounidenses para denunciar ante un “tribunal comercial transatlántico” de nueva creación a cualquier ley o decisión judicial de carácter social, ambiental o sanitario. Cualquier estado miembro de la Unión Europea puede ser denunciado si las empresas consideran que pone en peligro sus beneficios esperados. Así, las empresas USA podrían obligar a unas compensaciones económicas masivas si el nuevo tribunal comercial transatlántico les da la razón en torno a que sus inversiones económicas pueden dañarse o no gozan de “suficiente seguridad.”
Actualmente ya se pueden rastrean precedentes de este nuevo modelo de acuerdo comercial. Mediante unos mecanismos supra-estatales y comerciales de “disputas entre inversor-estado”, la empresa tabacalera Phillip-Morris está denunciando leyes anti-tabaco de países soberanos como Uruguay y Australia por limitar el uso de sus marcas publicitarias. Otros casos pueden ilustrar con antelación el futuro del mercado único entre USA y UE. La empresa farmaceutica Lily exige compensaciones económicas a Canadá por las decisiones de tribunales canadienses por no aceptar el patentado de uno de sus medicamentos. Un gigante energético pide 191 millones de euros de pago a Canadá por la prohibición del “Fracking” en la región de Quebec.
Ahora, a puertas de las próximas elecciones europeas del mes de mayo es el momento de pedir cuentas a los responsables políticos europeos. Dentro de unos meses habrán elecciones europeas y hay que exigir a los candidatos y partidos que se posicionen claramente ante este explosivo tratado comercial que se nos anuncia. La fuerza de su ciclogénesis amenaza con cambiar las normas fundamentales de las reglas de juego de la soberanía política debilitando aún más las exigencias y garantías de la política democrática y reforzando el poder de unas pocas grandes empresas sobre nuestras vidas.
DAVID HAMMERSTEIN
