El GOBIERNO DESOYE AL G-20, APOYA MASIVAMENTE AL CARBÓN y RECORTA LAS RENOVABLES

 

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   Es precisamene en periodo de recesión económica y de caida de la demanda eléctrica la política del Gobierno español quiere aumentar aún más las ayudas económicas a esta actividad anacrónica y no rentable que apenás existe en los países europeos ocidentales. Con inmensas cantidades de dinero público el presidente Zapatero quiere fomentar  la quema de carbón en las centrales térmicas en lugar de continuar con el crecimiento de las energías renovables y limpias, cuyas ayudas quiere recortar más. Con este alargamiento artificial y económicamente ruinoso de la vida de la minería de carbón en España se tirarían por la ventana los compromisos de reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera, la real liberalización del mercado energético, y el cumplimiento de la legislación europea en España.  Se trata de todo un ejercicio irracional de proteccionismo en la defensa numantina de un sector industrial en declive y sin viabilidad económica en respuesta a las presiones neocaciquiles de empresas sucias y sindicatos mimados que históricamente subsisten gracias a  ingentes cantidades de dinero público . Resultan escalofriantes, semisecretas y de dudosa legalidad las  cifras económicas totales implicadas en salvar al "carbón nacional".  Este pasado enero el Gobierno ha condonado más de 5.000 de euros de deuda acumulada en el periodo 1998-2001 (un billón de las antiguas pesetas ) a los empresarios mineros españoles, especialmente las empresas asturianas y leonesas, y ahora intenta poner en práctica unas ayudas estatales en los Presupuestos de 2010 para que las eléctricas compren al carbón nacional. Pero a pesar de que el gobierno no puede condonar deudas tributarias ni deudas presupuestarias, ni practicar el proteccionismo dentro de la UE, parece ser que las citadas ayudas que se justifican por los costes sociales y técnicos derivados de planes de modernización, reestructuración y racionalización de la actividad de las empresas mineras, se regularán por el Reglamento de los Presupesto Generales del Estado y por Órdenes Ministeriales.

El gobierno de Zapatero parece que juega a hacer equilibrios insensatos e imposibles entre el aumento de los daños y amenazas ecológicas implicadas en la quema de la energía fósil del carbón, el proteccionismo estatal que viola las reglas del mercado único europeo y los actuales privilegios mineros. Esta política dantesca e irracional debe cuestionarse con urgencia, y aún más ante una situación de recesión, de un creciente déficit público y de unos apuros económicos que afectan a otros sectores de la economía nacional. En todal confrontación con las  medidas del Gobierno, conviene recordar que los líderes mundiales de la cumbre de G-20 ha adoptado una posición clara sobre las ayudas públicas al carbón: "Los subsidios a los combustibles fósiles son ineficientes porque fomentan el despilfarro, reducen nuestra seguridad energética, impiden la inversión en fuentes de energía limpias y socavan los esfuerzos para hacer frente a la amenaza del cambio climático". El derecho comunitario tampoco avala el apoyo al carbón.  El Reglamento (CE) de 2002 se expone que “las ayudas estatales a la industria del carbón, persiguen la reducción tendencial de los costes de producción como medio de garantizar el carácter decreciente de las ayudas estatales, disponiendo que las unidades cuyo funcionamiento no sea preciso para garantizar el acceso a reservas, deberán incluirse en un plan de reducción de actividad. Esta reducción origina pérdidas de empleo y de activos no amortizados, por lo que resulta necesario asumir costes de las prejubilaciones y bajas incentivadas, así como ayudas a cubrir pasivos de las empresas que reduzcan su actividad”. Solo se avalan las ayudas como medidas de reconversión y el paulatino cierre del sector, nunca para dar preferencia a la quema de carbón nacional.

Pero en el sentido diametralmente contrario están obrando el Presidente Rodriguez Zapatero y el Ministro de Indústría Miguel Sebastián.  El Gobierno Español no solo ignora las  recomendaciones del G-20 sino que vulnera distintas Directivas europeas sobre el mercado energético al seguir subvencionando con dinero estatal el apuntalamiento del sector de carbón español que está muy lejos de ser económicamente rentable y que solo puede sobrevivir con ayudas e incentivos públicos. 

El Gobierno debe salir del miope cortoplacismo actual y librarse de unos lobbies industriales enquistados que desangran los arcas públicos. Sobretodo hay que tener el coraje de decir la verdad. Las cuencas mineras de León y de Asturias no tienen un futuro económico en el carbón y deben emprender una reconversión económica hacía actividades límpias y rentables compatibles con los singulares entornos naturales donde se encuentran. No podemos seguir desperdiciando miles de millones de euros de dinero público sin crear unas alternativas económicas viables y sostenibles cara al futuro. Ni la economía ni el clima lo permiten.