El informe elaborado por los miembros de la delegación de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Marcin Libicki y Michael Cashman, que viajó a España desde el 27 de febrero al 3 de marzo de 2007, señala entre otras cosas que "un número considerable de los casos documentados en los ayuntamientos revelan planes urbanísticos que no emanan de necesidades reales de crecimiento poblacional y turístico, sino por su avaricia y codicia. (...)
(...) Los residentes de los pueblos a menudo encuentran que el tamaño y la población de sus comunidades rurales se multiplican fuera de toda proporción como resultado de las ambiciones de alcaldes atraídos por los cantos de sirena de los constructores. (...)
(...) Los ciudadanos europeos se han convertido en víctimas de ayuntamientos despiadados que aprueban a sabiendas nuevas construcciones en terreno no urbanizable. Los ciudadanos se convierten en los culpables; la autoridad municipal, en un intermediario pasivo; el gobierno regional se lava las manos y las autoridades nacionales dicen que no pueden interferir a pesar de la Legislación Europea. Esta es la Europa de la libertad de movimiento, la libertad de mercancías y servicios, la libertad de explotar con impunidad. (...)
(...)Es en la Comunidad Valenciana, donde la delegación del Comité de peticiones encontró la mayor arrogancia y la menor explicación sobre los proyectos urbanísticos que han conducido a la destrucción de muchas áreas costeras hermosas y frágiles. Es en esta región de donde se recibe el mayor número de peticiones que describen los desproporcionados sueños urbanísticos de los constructores que son tantos como las pesadillas que sufren los locales que cómo ciudadanos y residentes de la Unión Europea merecerían mucho más."
A dicho informe el eurodiputado de Los Verdes, David Hammerstein declara "a Camps le ha salido el tiro por la culata. El urbanismo valenciano está muy enfermo y la receta europea exige cambios de envergadura. Este informe representa el sentir de la gran mayoría de los parlamentarios reafirmando las claras recomendaciones del informe Fourtou adoptado por el pleno en diciembre de 2005. Las recomendaciones de este informe no solo arrojan dudas sobre la Ley Urbanística Valenciana sino que cuestionan aspectos del mismo proyecto de ley del suelo estatal. Con este informe, además se recogen las inquietudes de 70 nuevas peticiones recogidas durante la visita, con nombres, apellidos y municipios".
Recomendaciones de la delegación de investigación a España de la Comisión de Peticiones:
- Reclamamos a la Comisión que se posicione y valore las cuestiones planteadas en este informe, en especial en lo relativo a una posible infracción de la ley comunitaria y los derechos y principios fundamentales contenidos en el Tratado Comunitario y que afectan a los ciudadanos que se han convertido en víctimas de la urbanización masiva.
- Reclamamos a las autoridades españolas y a los gobiernos regionales, especialmente al Gobierno Valenciano (que tienen la obligación de respetar y aplicar las disposiciones del Tratado Comunitario y de la legislación de la UE) que reconozcan el derecho legítimo del ciudadano a la propiedad que ha adquirido legalmente, y que establezcan por ley criterios más definidos sobre la aplicación del Artículo 33 de la Constitución Española sobre el interés público, para evitar y prohibir que se infrinjan los derechos a la propiedad de las personas por decisión de las autoridades regionales y locales.
- Cuestionamos los métodos de designación y los, a menudo, excesivos poderes otorgados a urbanizadores y constructores por parte de ciertas autoridades locales a expensa de las comunidades locales y de los ciudadanos que han adquirido sus hogares y propiedades de forma legal.
- Instamos a las autoridades locales a consultar con sus ciudadanos y permitirles participar en el desarrollo de proyectos urbanísticos con el objetivo de fomentar un desarrollo urbano sostenible y aceptable, en interés de las comunidades locales, y no únicamente en interés de los urbanizadores, agentes inmobiliarios y otros.
- Condenamos enérgicamente las prácticas encubiertas de ciertos urbanizadores, que determinan la propiedad legítima de los ciudadanos europeos con subterfugios, al interferir en el registro del suelo, y exigimos a las autoridades locales que proporcionen garantías legales apropiadas contra estas prácticas.
- Reclamamos a las autoridades regionales el establecimiento de tribunales administrativos especiales, que permitan la participación de los defensores del pueblo locales. Los mismos deber recibir la información de servicios de investigación independientes, deberán poseer poder de arbitraje en las disputas sobre proyectos urbanísticos, y deberían ser un servicio gratuito para los directamente afectados por dichos programas urbanísticos, incluyendo a las víctimas de contratos de propiedad ilegales relacionados con desarrollos urbanísticos no autorizados.
- Consideramos que cuando la pérdida de la propiedad requiere una compensación monetaria, la misma se debe hacer en base a tasaciones adecuadas y conformes con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo y la Corte Europea de los Derechos Humanos.
