29 septembre 2009
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LA HIPOCRESIA AMBIENTAL DE TODOS LOS PARTIDOS PARLAMENTARIOS
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2010: 967 MILLONES PARA LA MINERÍA DE CARBÓN Y SOLO 67 MILLONES PARA LA ENERGÍA RENOVABLE
¿Se puede estar comprometido en la lucha contra el temible cambio climático y a la vez defender la continuidad de las inmensas ayudas estatales directas e indirectas a una actividad tan contaminante y poco rentable como es la extracción de carbón? Esta doble vara de medir es la que practican al unísono el gobierno de Zapatero y el resto de parlamentarios y partidos políticos de todo tinte y color, y con ello se secuestra la posibilidad de un debate público abierto que afronte con rigurosidad el urgente reto de transición hacia economías y actividades no dañinas con los ecosistemas vivientes tan amenazados y de los que irremediablemente dependemos.
Resulta muy preocupante la gran irresponsabilidad de un gobierno empeñado en violar las reglas del mercado único europeo al querer apostar por el manteniendo del proteccionismo al sucio sector del carbón nacional que amenaza la salud de frágiles y comunes bienes naturales, en vez de afrontar con valentía la transición hacia actividades económicas realmente compatibles con la protección ambiental. Se trata de una política energética basada en que el Estado siga pagando muy generosamente para que continúe la quema del combustible fósil nacional que tanto contribuye a la destrucción del clima planetario, y con ello dando pasos en dirección opuesta a los compromisos climáticos adquiridos en Kioto, y alejándonos con ello del objetivo marcado por la Unión Europea: conseguir que el 20% de nuestro consumo eléctrico provenga de fuentes limpias de energía para el año 2020.
A pesar del markenting publicitario de Zapatero en la apuesta contra el cambio climático, lo cierto es que la cuota de energías renovables en el mix eléctrico español sigue estando muy lejos de la meta europea. Desde las instituciones europeas se percibe como una anomalía insólita este "consenso del carbón español", ya que además de arrasar montañas y ensuciar la atmósfera amenaza con erosionar la credibilidad de la próxima presidencia española en Bruselas.
La actual reglamentación de las ayudas al carbón termina el 31 de diciembre de 2010 y a partir de ese momento, la Comisión Europea pretende "únicamente" otorgar ayudas al cierre de empresas, a la reestructuración, a favor de medidas medioambientales, o a la mejora a la innovación. Pero resulta especialmente chocante el comprobar que incluso algunos diputados que supuestamente se autodenominan "ecologistas" y muy de izquierdas, callan y otorgan cuando se trata de prolongar a costa de la ciudadanía contribuyente una actividad extractiva temeraria y sin viabilidad económica: la minería del carbón en España. El grupo parlamentario ER-IU-ICV, a través de su portavoz Gaspar Llamazares, ha presentado una proposición no de ley en el Congreso en la que insta al Ministerio de Industria a que defienda junto a las organizaciones sindicales del sector una prórroga para el actual reglamento de ayudas al sector del carbón para asegurar la supervivencia de la minería del carbón nacional más allá del 2018, al entender que las empresas carboneras españolas se verían abocadas al cierre debido a que no son competitivas sin esas ayudas públicas, y argumentando que son la única fuente de energía propia y por tanto la única garantía de abastecimiento.
Bajo esta mentalidad esquizoide y sometida al abismo y la contradicción entre palabras y hechos están las posiciones de defensa ambiental practicadas por los partidos de izquierdas: por un lado dan argumentos de contaminación y riesgo ambiental para estar contra de las centrales nucleares, pero por otro lado no muestran ningún reparo en apoyar la financiación pública de las centrales térmicas de carbón que más CO2 contaminante emiten a la atmósfera común.
Toca señalar bien claro que en este antieuropeo proteccionismo estatal del carbón participan todos los partidos parlamentarios. En el consenso a favor del sucio y peligroso carbón están PSOE, PP, ERC, IU e ICV, que han apoyado con sus votos el alargamiento de las subvenciones masivas al sector del carbón español y al plan del carbón. Con gigantescas ayudas económicas incluidas el los actuales Presupuestos del Estado, el Gobierno y el conjunto de fuerzas parlamentarias buscan incentivar y abaratar la compra del carbón nacional para que las centrales térmicas de carbón continúen con su quema mortífera. Ningún partido, grande o pequeño, ha levantado su voz en contra de la propuesta de dar centenares de millones de euros de dinero público a las empresas eléctricas para que compren carbón nacional en lugar de la electricidad procedente de fuentes limpias y renovables de energía, como es la energía eólica (de la cual se quiere reducir las primas).
En el fantástico y mágico reino del mercadeo publicitario tan visitado por el Presidente de Gobierno, resulta políticamente conveniente el hacerse la foto como líder defensor de la lucha mundial contra el cambio climático, pero en el reino de la roca dura de los hechos y las verdades prácticas el examen que ha de superar el Presidente Zapatero está en el terreno de poner definitivamente freno a las generosas subvenciones públicas concedidas a actividades ambientalmente contaminantes y económicamente no rentables, y defendidas por el frente de los intereses particulares y contaminantes de empresarios y sindicatos mineros.
¿En la actual discusión parlamentaria sobre los Presupuestos del Estado en el Congreso de Diputados alguien estará dispuesto a enfrentarse a las ayudas destinadas al carbón? ¿Acaso se puede ser "ambientalmente sensible" en nombre de la sostenibilidad y la defensa del clima, y al mismo tiempo defender la continuidad y el proteccionismo estatal con el carbón?.
Sabemos que la extracción de carbón en España no tiene futuro por razones ambientales y económicas, pero paradójicamente todos los partidos parlamentarios están subidos en el consenso de "más carbón al fuego" y con ello en el reino de la confusión y el engaño social, como si esta minería tuviera un porvenir espléndido.
David Hammerstein
Resulta muy preocupante la gran irresponsabilidad de un gobierno empeñado en violar las reglas del mercado único europeo al querer apostar por el manteniendo del proteccionismo al sucio sector del carbón nacional que amenaza la salud de frágiles y comunes bienes naturales, en vez de afrontar con valentía la transición hacia actividades económicas realmente compatibles con la protección ambiental. Se trata de una política energética basada en que el Estado siga pagando muy generosamente para que continúe la quema del combustible fósil nacional que tanto contribuye a la destrucción del clima planetario, y con ello dando pasos en dirección opuesta a los compromisos climáticos adquiridos en Kioto, y alejándonos con ello del objetivo marcado por la Unión Europea: conseguir que el 20% de nuestro consumo eléctrico provenga de fuentes limpias de energía para el año 2020.
A pesar del markenting publicitario de Zapatero en la apuesta contra el cambio climático, lo cierto es que la cuota de energías renovables en el mix eléctrico español sigue estando muy lejos de la meta europea. Desde las instituciones europeas se percibe como una anomalía insólita este "consenso del carbón español", ya que además de arrasar montañas y ensuciar la atmósfera amenaza con erosionar la credibilidad de la próxima presidencia española en Bruselas.
La actual reglamentación de las ayudas al carbón termina el 31 de diciembre de 2010 y a partir de ese momento, la Comisión Europea pretende "únicamente" otorgar ayudas al cierre de empresas, a la reestructuración, a favor de medidas medioambientales, o a la mejora a la innovación. Pero resulta especialmente chocante el comprobar que incluso algunos diputados que supuestamente se autodenominan "ecologistas" y muy de izquierdas, callan y otorgan cuando se trata de prolongar a costa de la ciudadanía contribuyente una actividad extractiva temeraria y sin viabilidad económica: la minería del carbón en España. El grupo parlamentario ER-IU-ICV, a través de su portavoz Gaspar Llamazares, ha presentado una proposición no de ley en el Congreso en la que insta al Ministerio de Industria a que defienda junto a las organizaciones sindicales del sector una prórroga para el actual reglamento de ayudas al sector del carbón para asegurar la supervivencia de la minería del carbón nacional más allá del 2018, al entender que las empresas carboneras españolas se verían abocadas al cierre debido a que no son competitivas sin esas ayudas públicas, y argumentando que son la única fuente de energía propia y por tanto la única garantía de abastecimiento.
Bajo esta mentalidad esquizoide y sometida al abismo y la contradicción entre palabras y hechos están las posiciones de defensa ambiental practicadas por los partidos de izquierdas: por un lado dan argumentos de contaminación y riesgo ambiental para estar contra de las centrales nucleares, pero por otro lado no muestran ningún reparo en apoyar la financiación pública de las centrales térmicas de carbón que más CO2 contaminante emiten a la atmósfera común.
Toca señalar bien claro que en este antieuropeo proteccionismo estatal del carbón participan todos los partidos parlamentarios. En el consenso a favor del sucio y peligroso carbón están PSOE, PP, ERC, IU e ICV, que han apoyado con sus votos el alargamiento de las subvenciones masivas al sector del carbón español y al plan del carbón. Con gigantescas ayudas económicas incluidas el los actuales Presupuestos del Estado, el Gobierno y el conjunto de fuerzas parlamentarias buscan incentivar y abaratar la compra del carbón nacional para que las centrales térmicas de carbón continúen con su quema mortífera. Ningún partido, grande o pequeño, ha levantado su voz en contra de la propuesta de dar centenares de millones de euros de dinero público a las empresas eléctricas para que compren carbón nacional en lugar de la electricidad procedente de fuentes limpias y renovables de energía, como es la energía eólica (de la cual se quiere reducir las primas).
En el fantástico y mágico reino del mercadeo publicitario tan visitado por el Presidente de Gobierno, resulta políticamente conveniente el hacerse la foto como líder defensor de la lucha mundial contra el cambio climático, pero en el reino de la roca dura de los hechos y las verdades prácticas el examen que ha de superar el Presidente Zapatero está en el terreno de poner definitivamente freno a las generosas subvenciones públicas concedidas a actividades ambientalmente contaminantes y económicamente no rentables, y defendidas por el frente de los intereses particulares y contaminantes de empresarios y sindicatos mineros.
¿En la actual discusión parlamentaria sobre los Presupuestos del Estado en el Congreso de Diputados alguien estará dispuesto a enfrentarse a las ayudas destinadas al carbón? ¿Acaso se puede ser "ambientalmente sensible" en nombre de la sostenibilidad y la defensa del clima, y al mismo tiempo defender la continuidad y el proteccionismo estatal con el carbón?.
Sabemos que la extracción de carbón en España no tiene futuro por razones ambientales y económicas, pero paradójicamente todos los partidos parlamentarios están subidos en el consenso de "más carbón al fuego" y con ello en el reino de la confusión y el engaño social, como si esta minería tuviera un porvenir espléndido.
David Hammerstein