Una vez estuve en un bar cercano al Parlamento mirando un partido de futbol de la Eurocopa, y llegó a mi mesa un jarra de cerveza sin que yo la hubiera pedido. A los pocos minutos apareció un lobbyista de una gran empresa española de telefonía con una gran sonrisa. La verdad es que en Bruselas hay lobbyistas industriales hasta en la sopa. En mucha menor medida hay representantes ciudadanos, consumidores, ecologistas y sindicatos.
Los lobbyistas de las grandes empresas, son omnipresentes en las salas de reuniones parlamentarias, pululan por las sesiones de la Comisiones parlamentarias y por los pasillos. ¡Hay una plaga de más de quince mil! A menudo, son los mismos lobbyistas quienes escriben y corrigen gran parte de la enmiendas presentadas por los grupos políticos a las leyes que se aprueban el Parlamento Europeo. Es habitual que los eurodiputados simplemente firmen la propuestas de ley elaboradas por una empresa química concreta, por un laboratorio farmacéutico, o por un fabricante de coches o de juguetes. La ciudadanía europea nunca llega a conocer a estos protagonistas ocultos que redactan las propuestas de texto para las nuevas leyes que se aprueban, y desconoce que su representante político puede estar siguiendo al pie de la letra los intereses de lucro de una empresa privada, en lugar de orientarse por las necesidades colectivas como suele estar escrito en los programas electorales y las declaraciones públicas.
Cuando se consideran unos paquetes legislativos europeos fundamentales, como son de Telecomunicaciones o el de Energía, la mayoría de l@s diputad@s europeos de los grandes partidos defienden a capa y espada los intereses de las empresas consideradas "campeonas nacionales". Es decir, hacen una defensa infatigable de los intereses económicos de las grandes empresas que ocupan posiciones dominantes en sus propios países, como pueden ser: Deutche Telecom, Telefónica, EON, Iberdrola, Siemens o Nokia. Dejan entonces de importar loa ciudadanía consumidora, el medio ambiente, o los derechos y garantías sociales, y así se protegen los intereses de sus "estrellas" nacionales por encima de cualquier otra apuesta política europeísta o ideológica.
Los propios gobiernos de los estados miembros ejercen también una presión asfixiante que limita radicalmente la correcta aplicación del Derecho Comunitario. Cuando existe algún procedimiento de infracción abierto contra un país por vulnerar alguna Directiva europea, las embajadas, los ministerios y los propios eurodiputados, ponen en marcha una tromba de declaraciones y presiones para evitar que el incumplimiento de la ley europea llegue al Tribunal Europeo de Justicia. Hay numerosos casos de verdadero escándalo por el repetido incumplimiento legal, como pueden ser los casos denunciados de las minas a cielo abierto en montañas ambientalmente protegidas, los puertos industriales, las contaminaciones por actividades químico-industriales, las urbanizaciones con una contratación pública sin concurso o publicidad, la pesca ilegal, etc.
No es sorprendente de que haya presiones de todo tipo sobre la legislación europea. Lo que de verdad es inadmisible en una cultura democrática es la total falta de transparencia sobre las actividades de los lobbies, la ausencia de información pública sobre qué empresas están detrás de qué ley y cuales de las enmiendas presentadas a voto en el Parlamento Europeo llevan el puño y letra de unos intereses muy privados.
