Sobre el encubrimiento y la justificación de la contaminación química ya hay una gran tradición española. A esta labor deshonesta se prestan un ejercito de técnicos, científicos y políticos de todos los colores y rangos.  Porque una auténtica "prueba del algodón" en la defensa del medio ambiente y de la salud se da cuando una actividad industrial importante se enfrenta con una enorme catástrofe ecológica generada por la propia actividad. El polo químico de Huelva, y en concreto las operaciones de la empresa de fertilizantes Fértiberia, han gozado durante muchos años de impunidad gracias a un consenso político, sindical y empresarial que ha podido esquivar la ley y el sentido común para seguir vertiendo toneladas y toneladas de veneno sobre el entorno de Huelva. El agua, suelo y aire de Huelva han quedado muy maltrechos.

Los Fosfoyesos (subproducto de ácido fosfórico) es el nombre popular de uno de los vertederos tóxicos más grandes de Europa, que se encuentra  en las marismas de Mendaña, junto al río Odiel, y a unos 500 metros del mismo casco urbano de la ciudad de Huelva. Más de mil hectáreas de vertidos acumulados desde el 1968 contienen un terrible cóctel explosivo y mortífero de metales pesados y radioactividad. No es una casualidad el que Huelva tenga una de las tasas de cánceres más altas de España,  alrededor de 50% más que la media española para algunos tipos de esta enfermedad.

Sencillamente, no hay palabras ni tiene nombre lo que sucede en Huelva.  Sentencias judiciales sin ejecutar y crecientes enfermedades cancerígenas. Pero, no pasa nada.

Desde la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, se ha abierto un procedimiento de infracción contra España por parte de la Comisión Europea que ha inspeccionado in situ la zona de Fosfoyesos.  Hemos tenido distintas sesiones en la Comisión de Peticiones con la presencia de los valientes líderes ciudadanos de la Mesa de la Ría y de Greenpeace. Hemos organizado una conferencia en Huelva con el título "Fosfoyesos: cómo limpiar el polo químico y no morir en el intento" . Y finalmente, parece que la combinada presión europea, judicial y cívica, está teniendo un éxito parcial aunque muy tarde. 

El Gobierno ha anunciado el fin de los vertidos antes del 2012 y la restauración de la zona. Sin embargo, los científicos encargados del plan de restauración por la Junta, curiosamente son precisamente los mismos que han trabajado a favor de la continuidad de esta industria sucia y que han negado la gravedad del problema socioecológico creado. La Junta de Andalucia se niega a la participación de técnicos de Greenpeace en el grupo de expertos.