3 avril 2009
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| "La ciudadanía ha apostado por un consumo desenfrenado y un crecimiento imposible de mantener" |  |  |  |
| Escrito por Vicente Martínez Ayala |
Usted es miembro de la comisión de peticiones del Parlamento Europeo, por lo que recibe las denuncias de incumplimiento de las directivas europeas. Hemos visto como en 2007, 254 de las 1.506 quejas que se tramitaron provenían de España, sobre todo referidas al medio ambiente, que fue el tema más recurrente con 288 denuncias (144 de España). ¿Qué ha ocurrido en España para que estos datos se incrementasen de esta forma? ¿Han visto los políticos españoles un filón en el medio ambiente para poder financiar proyectos que de otra forma no se podrían realizar?
Detrás del incremento de las peticiones ciudadanas ha sido la realidad de los abusos urbanísticos relacionados con el boom de la construcción, un hecho singular en toda la Unión Europea. Además, las visitas e intervenciones de la Comisión de Peticiones en muchas cuestiones como la Ley Urbanística Valenciana, La M-30, el Puerto de Granadilla y el Polo Químico de Huelva han animado a la participación ciudadana española en las instituciones europeas.
¿Quién o quiénes son los culpables de haber llegado a esta situación, si cuando un gobierno, como el valenciano, aprueba un plan como el de ‘Manhattan’ en Cullera, y después vuelve a salir elegido en las próximas elecciones?
Todos somos responsables, tanto los políticos como la sociedad en su conjunto. La mayoría de la ciudadanía ha apostado por un consumo desenfrenado y un crecimiento imposible de mantener. Nuestra economía y nuestra cultura tienen los pies de barro al ignorar la base natural de nuestro bienestar y de pensar que todo puede seguir igual indefinidamente con unos simples ajustes técnicos o marqueting verde. Huelga decir que la especulación desbocada, la corrupción por doquier y unas leyes urbanísticas que permiten el crecimiento irracional tienen la culpa también. Hoy hay claros señales de que la fiesta se ha terminado.
¿Cree que constructoras, promotoras, ayuntamientos, políticos… se aprovechan de la lentitud de la justicia para crear proyectos ilegales, porque saben que se van a salir con la suya?
La justicia es muy lenta, tortuosa y carísima. Casi nunca un juez se atreve a tomar medidas cautelares para paralizar un proyecto. Cuando llega la justicia suelen llegar tarde y mal. Hasta ahora pocos jueces resisten la presión y actúan con energía ante los casos de abusos urbanísticos.
¿No se ha propuesto una reforma de las leyes para que la Unión Europea pueda intervenir de una forma más directa en las infracciones urbanísticas?
Ya está la Ley Urbanística Valenciana ante el Tribunal Europeo de Justicia por vulnerar la Directiva de Contratación Pública y hay numerosos procedimientos de infracción sobre cuestiones ambientales. Sin embargo, la planificación territorial propiamente dicha es de competencia de los estados miembros. La UE solo puede actuar sobre cuestiones del mercado interno y del medio ambiente que sí son de competencia europea.
Hemos comentado que usted era miembro de la comisión de peticiones del Parlamento Europeo, con lo que recibía las denuncias ciudadanas que incumplen las directivas europeas. ¿Cómo puede el Parlamento Europeo dirigirse a los ciudadanos con este tipo de propuestas, cuando el propio Parlamento crea directivas que ponen en peligro derechos fundamentales, como el de privacidad o de libertad de expresión? Es el caso del Paquete de Telecomunicaciones, en el que determinadas enmiendas conllevan diversos riesgos.
He estado muy activo en contra de cualquier intento de crear una "policía digital" y en defensa de la neutralidad de internet al margen de los contenidos. Además, hasta ahora hemos ganado la batalla en contra de las patentes sobre el software. Desde la Comisión de Industria he luchado durante años en contra de un régimen de propiedad intelectual injusta e invasora de la privacidad en el mundo digital. Hemos podido aprobar en el pleno una enmienda dentro de Paquete de Telecom (que incluye la Directiva de Servicio Universal) que garantiza la protección de los derechos fundamentales en Internet. Ahora estamos negociando con el Consejo, los estados, para que acepten la opinión del Parlamento en defensa de los usuarios dentro del texto final de la ley.
En España se impuso un canon para acabar con la piratería, en el que al comprar un determinado producto se le cobraba este canon por piratería ¿Hay quién dice que esto es anticonstitucional porque priva al consumidor del derecho a la presunción de inocencia, qué opina?
Estoy en contra del canon por ser un impuesto injusto e indiscriminado. Ya que estamos en la época digital hay que cambiar de modelo de negocio para primar el servicio y el valor añadido cultural por encima del simple mercadeo con derechos de propiedad intelectual. Ahora se propone en el Parlamento Europeo extender el copyright sobre de 50 a 95 años lo que sería otro atentado en contra del acceso a la cultura.
Usted es defensor del software libre ¿Qué le diría a sus compañeros eurodiputados que están en contra? ¿Qué opina de la apuesta del gobierno español al respecto mediante el CENATIC?
No entiendo que esté alguien en contra de la interoperabilidad y a favor de los monopolios que te obligan encerrarte en una sola marca comercial que es menos segura, más cara y mucho menos democrática. Con la iniciativa openparliament.eu intentamos romper el bloqueo del Parlamento Europeo por Microsoft y permitir el acceso a los sistemas de la UE de los estándares abiertos y el software libre. No conozco la iniciativa de CENATIC.
¿Se llegará algún día a tener un control férreo de las conexiones a Internet por parte de las autoridades civiles?
Sería terrible y estamos luchando con uñas y dientes en contra. No creo que lo alcancen porque muchos de los países del Sur como Brasil y Suráfrica están a favor de un Internet abierto y libre, con marcos relajados de propiedad intelectual. Es una cuestión de libertad y de justicia social mundial.
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