Se quiere extender el derecho de autor, reducir el dominio público de la cultura y encarecer el acceso al patrimonio musical y audiovisual.

     Centenares de organizaciones de consumidores, bibliotecas y de ciudadanos por todo el mundo han condenado la propuesta de extender de 50 a 95 años los derechos de autor. Con la excusa de supuestamente ayudar al bienestar de los músicos los fuertes lobbies industriales han empujado esta propuesta que se enfrenta a la opinión de la gran mayoría los expertos y académicos en propiedad intelectual.

     El verdadero objetivo de la extensión de los derechos de autor, que será votada dentro de dos semanas en la Comisión Jurídica del PE, es de entregar centenares de millones de euros de los bolsillos de los consumidores europeos  a las 4 discográficas más grandes del mundo. Más de 80% del dinero generado por el aumento de derechos pagados irá a parar a la gran industria y casi todo el resto irá a los músicos más famosos. La inmensa mayoría de artistas musicales recibirán entre O.50 y 26 euros al año.

    La mala situación de los músicos es debida a que son sujetos a unos contratos leoninos que dan todas la ventajas a las discográficas. Nada cambiará cuando se extiende el término de los derechos de autor.

     Distintos gobiernos como el británico o el sueco consideran que la propuesta no tiene contacto con la realidad. Otras voces expertos van más allá y acusa a la Comisión Europea de deliberadamente engañar a los eurodiputados y de ignorar sus propios estudios negativos para satisfacer a unos estrechos intereses empresariales.

·         Una propuesta antisocial e anti-ilustrada. La extensión del copyright es un atentado contra el acceso social a la cultura porque colocaría  gran parte del patrimonio cultural europeo (canciones, películas, material audio) en un vacío comercial.

·         Una propuesta injusta que solo beneficia a los más ricos y poderosos.  Todos los estudios solventes de Propidad Intelectual en Europa ha demostrado que la propuesta no ayuda a los intérpretes musicales más pobres. En cambio demuestran que los dueños de catálogos antiguos ganarán millones.

                -   En contra de los consumidores y las bibliotecas públicas.

                     Se oponen a la propuesta las 42 organizaciones de consumidores
                     más grandes, más de 650 mil bibliotecarios y docenas más.                

      Ayúdanos a defender la cultura pública frente a este intento de privatización y apropiación abusiva de la música y sonidos que dan sentido a nuestras vidas.