19 décembre 2008
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Después de pasar una jornada en Marbella el viernes pasado no salgo mi asombro de como ha podido durar tantos años el salvaje oeste de la Costa del Sol en medio de una impunidad en todas las instituciones. Es difícil ser muy optimista sobre tendencias nobles humanos al aprender del casi consenso ciudadano a favor de régimen del "dictaladrillo". Incluso hoy, años después de la muerte física de Jesús Gil se constata de que no funciona bien el estado de derecho en Marbella. y de que la clase política no se despega fácilmente de las pautas gilistas. Un nuevo Plan General apoyado por el PP busca legalizar a más de 18 mil viviendas ilegales en forma de una "amnisita" encubierta para burlarse de docenas de sentencias judiciales que piden justicia y reparación después del colosal saqueo del patrimonio público y del Medio Ambiente.Estamos hablando de edificios ilegales construidos en medio de jardines públicos, en el suelo de una oficina de correos, en una playa encima del mar, en los barrancos inundables, en los patios de los colegios... Tampoco se quiere esclarecer el blanqueo de capitales ha sido masivo como ha sido la entrada de dinero procedente de la droga, el tráfico de armas y la prostitución. Una "normalización" de todas las viviendas ilegales significaría una presión fuerte sobre los jueces que quieren que se cumplan unas sentencias judiciales que piden que haya una compensación justa por la pérdida de los valores públicos y naturales que son de todos. Se propone unas ridículas permutas y multas que llegan ni al 10% de valor de los bienes robados de la ciudadanía. Centenares de vecinos valientes de Marbella y una abogada excepcional, la ex-diputada andaluza Inmaculada Galvez, luchan en la calle y en los tribunales a favor de la justicia.
De mi parte, presentaré una serie de preguntas parlamentarias europeas sobre la vulneración de la Directiva Habitat, de Evaluación Ambiental, de la Directiva Marco del Agua y de la Directiva de Contratación Pública. Tanta destrucción ecológica, corrupción rampante y falta de transparencia no puede quedar impune.
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