La semana que viene el Parlamento Europeo votará la nueva Directiva de Copyright.
Estamos ante una nueva privatización de la cultura, la educación y la ciencia que amenaza los comunes del conocimiento con un encierro clasista que permite acciones fácticas y hechos consumados por parte de grandes empresas privadas no incluyen las mínimas garantías de transparencia, posibilidad de recurso, presunción de inocencia y un proceso justo. Es un precedente muy peligroso para la privacidad y el futuro de la democracia. Además, es un ataque frontal a la neutralidad de la red, la no discriminación a los contenidos por parte de los servidores de internet.
El problema principal planteado que está en juego es dar la responsabilidad policial no-selectiva a las plataformas digitales privadas por el contenido subido por sus usuarios que podiera infringir los derechos de autor. Han empaquetado esto bajo la etiqueta "compartir el valor" pero la gran mayoría del valor seguirá con las grandes editoriales, la industria musical y las plataformas que controlan los derechos de autor. Resulta que a pesar de unos ingresos más altos que nunca de la industria cultural, gracias a los ingresos digitales, el reparto de estos ingresos sigue siendo muy injusto para los pequeños creadores. Bajo el disfraz de una revisión de derechos de autor y en lugar de enfrentarse a este reparto injusto, la Comisión Europea introduce una propuesta que impone obligaciones para que las plataformas en línea filtren TODO el contenido que suben los usuarios para corregir esta "brecha de valor". El contenido filtrado podría ser cualquier cosa: código de software, contribuciones de Wikipedia, documentos compartidos en Dropbox, etc. lo que sea. La Comisión Europea, empujada por los lobbies industriales y sus aliados políticos del PP y el PSOE, quieren que la industria lo filtre todo, lo que abre la puerta a todo tipo de abusos fácticos sin ninguna garantía normal del estado de derecho. En la práctica, esto requeriría que las plataformas en línea monitoreen de manera exhaustiva todo lo que se esté cargando/subiendo/bajando y eliminarlo si pudiera generar cualquier incertidumbre legal. Esto amenaza los derechos humanos protegidos por el derecho europeo e internacional, y daría lugar a un enorme "chill factor" o "efecto de enfriamiento" sobre la libertad de expresión, la censura privada masiva y socavaría la innovación y la competencia justa. Muchos creadores y artistas se oponen a esta ley porque favorecerá el control y concentración de la cultura, las noticias y el espectáculo por parte de las grandes empresas. Google, Youtube y Facebook no tendrán problemas para afrontar este reto tecnológico y financiera pero supondrá unas barreras infranqueables para los nuevos start-ups y pequeñas plataformas. El mal que genera es mucho más que el bien que hará a una minoría de creadores. Se tira el bebé con el agua sucia del baño.
Hay otras formas más democráticas y eficaces para mejorar las rentas de los pequeños creadores sin minar los derechos fundamentales.
